DGII actualiza montos de contribución para gestión integral de residuos

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó este jueves sobre la actualización de los montos de la contribución especial para la gestión integral de residuos sólidos, conforme a lo establecido en la Ley 98-25 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, promulgada el 15 de diciembre de 2025. 

 La normativa modifica la Ley 225-20, del 30 de septiembre de 2020, específicamente el artículo 36, que regula la contribución especial obligatoria destinada a crear un fondo para mitigar los efectos negativos de la disposición de los residuos y desarrollar un sistema de gestión de los mismos. 

 La contribución aplica a toda persona jurídica o entidad, incluyendo asociaciones sin fines de lucro y otros patrimonios autónomos y entidades gubernamentales, así como cualquier otra entidad que reporte anualmente sus ingresos a la Dirección General de Impuestos Internos, deberá pagar una contribución especial obligatoria en base a sus ingresos. 

 La DGII resalta que la ley indica: "la contribución establecida en este artículo es de carácter obligatorio para toda persona jurídica e institución pública o privada domiciliada en el territorio nacional, amparada en cualquier régimen fiscal, independientemente de que perciban o no beneficios y entrará en vigencia a partir del cierre fiscal del año 2025". 

ONESVIE propone renovar por ley las normas de construcción sismorresistente en RD

Santo Domingo, RD.- La Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructuras y Edificaciones (ONESVIE) propone renovar por ley las normas de construcción sismorresistente en RD) planteó la necesidad de actualizar y fortalecer, mediante una ley, las normas de construcción sismorresistente que rigen las edificaciones públicas y privadas en República Dominicana, como parte de una estrategia nacional orientada a reducir los riesgos y la vulnerabilidad sísmica. 

 Así lo afirmó su director general, Leonardo de Jesús Reyes Madera, quien explicó que el país cuenta con un reglamento técnico aprobado en 1978 que establece parámetros para el diseño y la construcción de estructuras seguras, pero cuya aplicación estricta y actualización resultan impostergables ante los desafíos actuales. 

 Reyes Madera señaló que una correcta implementación de estas normas permitiría intervenir en edificaciones identificadas como frágiles y vulnerables, transformándolas en infraestructuras más resilientes. “Yo siempre digo que hay un terremoto para cada edificio, pero habría menos vidas en peligro si se aplicaran las correcciones previstas en las normas establecidas”, expresó el funcionario, al destacar la importancia de la prevención y la adecuación estructural en zonas de alta amenaza sísmica. 

El funcionario enfatizó que tanto los constructores privados como los contratistas del Estado deben cumplir rigurosamente con las normas técnicas vigentes y subrayó la necesidad de una supervisión continua y efectiva por parte del Ministerio de Vivienda y Edificaciones, entidad responsable de otorgar las autorizaciones correspondientes. 

Condenan empresa agrícola al pago de RD$60 millones por daños ambientales en San José de Ocoa

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Acogiendo la solicitud del Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Proedemaren), un tribunal de primera instancia impuso una multa y una indemnización por RD$60 millones a la empresa Agroforestal MACAPI, así como una pena de dos años de prisión suspendida a su propietario por los daños ambientales ocasionados en Loma Redonda, en San José de Ocoa.

 La sentencia, dictada por el juez Alfis Brandeli Castillo Castillo, del Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San José de Ocoa, impone dos años de prisión, en modalidad suspendida, al agroempresario Manuel Castillo Pimentel. 

 Por gestiones de la Proedemaren, el Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San José de Ocoa, notificó la decisión al Ministerio Público, el pasado 10 de diciembre de 2025. 

 La sentencia condenatoria, marcada con el número 00010/2023 y dictada en fecha 11 de mayo de 2023, estaba pendiente de notificación. 

 La empresa y Castillo Pimentel fueron procesados por violación a las disposiciones de los artículos 40, 41, numerales 8 y 18, y párrafo II, 80,121, 122,124, 126, 138, 156, 174,175 numeral 1 y 183 de la Ley 64-00 Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales; artículos 62 numeral 1, 63, 64, Ley 57-18, Ley Sectorial Forestal de la República Dominicana; en perjuicio del Estado Dominicano. 

Defensa de Guerrero niega irregularidades en expropiaciones

Santo Domingo.– Eduardo Núñez, abogado del exministro de Hacienda Donald Guerrero Ortiz, afirmó este jueves que los pagos por expropiaciones realizados durante la gestión de su defendido respondieron exclusivamente al cumplimiento de obligaciones legales del Estado dominicano. 

El jurista explicó que dichos desembolsos derivaron de sentencias judiciales definitivas, decretos de expropiación y avalúos oficiales emitidos por la Dirección General de Catastro Nacional, en apego a los procedimientos establecidos en las leyes núm. 150-14 y 107-13. 

 Según Núñez, una parte significativa de estos casos corresponde a expropiaciones efectuadas hace varias décadas, algunas desde los años 50 y 60, cuando el Estado ocupó terrenos destinados a carreteras, aeropuertos, parques y otras obras públicas sin completar en su momento la compensación a los propietarios. 

 “La Constitución prohíbe que el Estado ocupe propiedades privadas sin una compensación previa y justa. Estos pagos no fueron una decisión discrecional, sino el cumplimiento de una obligación jurídica pendiente”, sostuvo. 

 El abogado detalló que más del 40 % de los pagos fueron ordenados directamente por tribunales, incluyendo decisiones de la Suprema Corte de Justicia. El resto, explicó, se realizó con base en tasaciones técnicas de Catastro Nacional, en muchos casos por debajo del valor de mercado y posteriormente validadas por instancias judiciales.

Ministerio Público afirma que el general vinculado al caso Coral no ha justificado 23 inmuebles

Santo Domingo.– El Ministerio Público aseguró que el general Julio Camilo de los Santos Viola, implicado en el entramado de corrupción administrativa revelado mediante el caso Coral, poseía 23 inmuebles a su nombre que no ha podido justificar. 

 Según el órgano acusador, el 98 % de esas propiedades fueron adquiridas después de haber sido designado subjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep). La afirmación fue realizada durante la presentación de pruebas contra los últimos diez acusados del proceso, en una audiencia celebrada ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. 

En contraste, abogados de algunos de los implicados sostienen que el Ministerio Público incurre en contradicciones en las evidencias presentadas ante el tribunal. 

 En el expediente también figuran como acusados el exjefe del Cusep, Adán Cáceres Silvestre; el exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), Juan Carlos Torres Robiou; así como otras 45 personas físicas y jurídicas, señaladas de sustraer más de 4,500 millones de pesos de fondos públicos del Cusep, el Cestur y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani). 

Audiencia 

El tribunal aplazó para el 3 de febrero la audiencia en la que el Ministerio Público continuará con la presentación de su acusación, en un proceso en el que solicita condenas de entre cinco y 20 años de prisión contra los imputados.

FuenteL https://noticiassin.com/ministerio-publico-afirma-que-el-general-vinculado-al-caso-coral-no-ha-justificado-23-inmuebles-2028698

Codia advierte ilegalidad en megaproyecto City Center

La Delegación Provincia Santo Domingo del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), solicitó la paralización de la construcción del mall City Center by LadyLee, porque, aseguran, no cuenta con el permiso de suelo de parte del ayuntamiento de ese municipio, con los que violan las leyes y reglamentaciones técnicas del país. 

 Jeudi Rubio, presidente de la delegación, reveló que los propietarios de este megaproyecto --cuya inversión se estima en 700 millones de dólares-- iniciaron sus trabajos sin la licencia de construcción avalada por el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mived). 

 Enfatizó que resulta alarmante que una obra de esta magnitud económica y multifuncional fuera inaugurada con un “primer picazo” presidencial, cuando técnicamente aún carece del permiso de uso de suelo que debe emitir la Sala Capitular del ayuntamiento local. 

 “Los propietarios del proyecto no cuentan con el permiso de suelo por parte del ayuntamiento, por lo cual el Mived, que otorga la licencia de construcción para la ejecución de cualquier proyecto en el país, y más ese megaproyecto, no cuenta con la permisología inicial, por lo tanto, no entregan la licencia y no se autoriza el inicio de la obra, si el ayuntamiento no emite la autorización al uso de suelo,” manifestó. 

Luis Abinader recibe la nueva cédula de identidad y electoral con mayores niveles de seguridad

El presidente de la República, Luis Abinader , y la primera dama, Raquel Arbaje , recibieron este lunes la nueva cédula de identidad y electoral , un documento con mayores niveles de seguridad , tecnología avanzada y estándares internacionales , durante un acto realizado en la sede de la Junta Central Electoral (JCE).  La entrega fue encabezada por el presidente del órgano electoral, Román Jáquez Liranzo . 

Para obtener el nuevo documento, Abinader y Arbaje iniciaron un proceso de cinco pasos, que incluyó turno único, entrega de la cédula anterior, captura de datos biométricos , fotografía, firma, huellas dactilares y verificación de datos personales . 

 El presidente Abinader fue el primero en completar el procedimiento, convirtiéndose en el primer dominicano en recibir la nueva cédula de identidad y electoral . La primera dama, Raquel Arbaje, fue la segunda persona en realizar el proceso, durante el cual debía retirar los aretes y la argolla para cumplir con los protocolos de seguridad y estándares tecnológicos internacionales . 

 Al concluir el trámite, Abinader destacó que el nuevo documento garantiza mayor seguridad y refuerza la identidad nacional . “Invito a todos los dominicanos de todos los sectores, de todos los partidos, a las iglesias, a los sectores educativos y sociales, a acudir a tener esta cédula, que es una cédula con mucha mayor seguridad y nos da una identidad mucho más segura”, expresó.  Durante el acto, el mandatario dijo que en su nueva cédula figura su estado civil como casado , a diferencia del documento anterior, que lo registraba como soltero . 

DGII fija nuevo monto para el pago del IPI en el 2026

SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) dio a conocer el monto de los inmuebles que durante el año 2026 estarán libres del pago del impuesto al patrimonio inmobiliario(IPI), cuya nueva cifra representa un incremento de 4.95 %, con relación al año 2025. 

 El ajuste anual para las personas físicas se calcula aplicando una tasa del 1% sobre el valor excedente del umbral establecido, que es un monto fijado por la entidad recaudadora, a partir de la inflación publicada por el Banco Central de la República Dominicana. 

En el caso de los fideicomisos, se aplica sobre el valor de los inmuebles bajo la titularidad, sin importar su monto. Este impuesto se paga en dos cuotas semestrales, siendo la fecha límite para el pago de la primera cuota el 11 de marzo y la segunda el 11 de septiembre de cada año. 

 Según las nuevas cifras publicadas por la DGII los inmuebles destinados a viviendas y solares urbanos no edificados cuya suma no sobrepase los 10,695,494, estarán exentos de impuestos durante el presente año, en cumplimiento con lo establecido en el Artículo 14 párrafo I de la Ley 253-12 sobre el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible, del 13 de noviembre de 2012. 

Joel Santos aclara que no existe contrato de explotación minera en la Cordillera Septentrional

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, aclaró hoy que el Gobierno dominicano no tiene ninguna intención ni contrato firmado para la explotación minera en la Cordillera Septentrional, y precisó que lo único existente es una concesión de exploración, la cual no implica explotación de recursos.

 Santos ofreció la explicación durante una rueda de prensa que se realizó en la gobernación Santiago de los Caballeros, ante la preocupación manifestada por comunitarios de las provincias Santiago y Puerto Plata, esto a raíz de un llamado a marcha convocado para este viernes por el padre Nino, en rechazo a una supuesta explotación minera en la referida zona. “El Gobierno no ha iniciado ni tiene planes de iniciar ningún proceso de explotación minera en la Cordillera Septentrional. No existe ningún contrato de explotación aprobado ni en proceso”, afirmó el funcionario de Energía y Minas.

   El ministro explicó que la concesión vigente corresponde únicamente a actividades de exploración, las cuales se limitan a estudios geológicos, geofísicos y geoquímicos con fines científicos y técnicos, sin que ello represente compromiso alguno de explotación futura. 

 Santos precisó que dicha concesión fue otorgada en julio de 2024, durante la gestión del ministro que le antecedió, y reiteró que la exploración no equivale ni conduce automáticamente a la explotación minera. Además, indicó que los procesos de exploración están debidamente regulados por el Ministerio de Energía y Minas y la Dirección General de Minería, y deben cumplir estrictamente con la Ley 146-71 de Minería y la Ley 64-00 de Medio Ambiente, bajo supervisión permanente de las autoridades competentes.