Liga Municipal reconoce facultad de distritos municipales para establecer oficinas de planeamiento

La Liga Municipal Dominicana (LMD) emitió la resolución No. 02-2025, mediante la cual reconoce la potestad de los distritos municipales para establecer sus propias Oficinas de Planeamiento Urbano, en cumplimiento con la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial y la Constitución dominicana. 

 El documento, firmado por el secretario general y presidente del Comité Ejecutivo de la LMD, Víctor D´Aza, fue aprobado el pasado 28 de marzo de 2025. En él, se exhorta al Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived) a aplicar la disposición legal, particularmente en los distritos que superan los 15,000 habitantes. 

 En ese sentido, también se exhortó a contratar personal técnico calificado y reconoció la facultad de los consejos de regidores para establecer arbitrios relacionados al uso del suelo, mientras los distritos siguen dependiendo de las tasas del municipio matriz. 

 El artículo 24 de la ley 368-22 establece que los gobiernos locales con una población mayor a 15,000 habitantes, según el censo de 2010, pueden gestionar y autorizar el uso de suelo a través de estas Oficinas de Planeamiento Urbano, en coordinación con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD). Sin embargo, persiste una limitación para que estos distritos establezcan tasas o arbitrios propios, debiendo aplicar provisionalmente los establecidos por el municipio al que pertenecen. Pedro Richardson, director ejecutivo de la Federación Dominicana de Distritos Municipales (Fedodim), recordó que "llevamos tres años reclamando al MIVED el cumplimiento de la Ley 368-22, mientras su ministro continúa violando su artículo 24, que otorga a los gobiernos locales capacidad para autorizar el uso del suelo mediante estas oficinas". 

Ministerio Público refuerza acusación contra Adán Cáceres con nuevas pruebas financieras

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público continuó este martes con la incorporación de pruebas en el juicio que se sigue contra el mayor general Adán Cáceres Silvestre y otros militares y policías acusados de estafar al Estado dominicano por más de 4,500 millones de pesos. 

 Durante la audiencia, peritos adscritos a la Unidad de Investigación Criminal del Ministerio Público presentaron informes periciales de naturaleza financiera, los cuales se incorporaron como evidencia ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. 

 Entre los documentos presentados figura el informe núm. 122 del auto de apertura a juicio, relacionado con Santiago Antonio Suárez Peguero, y el informe núm. 130, correspondiente al denominado Ministerio Jesús Vino, Vive y Vuelve. En ambos se evidencian múltiples transferencias realizadas desde la Asociación Campesina Madre Tierra, propiedad de Cáceres Silvestre, utilizando presuntos prestanombres. 

Familias denuncian que quieren desalojarlas con títulos falsos en Montecristi

Familias expresaron su temor a ser desalojadas de sus viviendas que han ocupado durante décadas, luego de que terceros han sacado títulos de propiedad de los terrenos donde se encuentran las casas, en la comunidad de Carbonera, provincia Montecristi. 

 En ese sentido, el señor Carlos Cruz dijo que tiene 75 años y que nació en una casita en el terreno donde lo quieren desalojar, por lo que pidió la intervención del Gobierno. “Aquí han titulado con nosotros adentro y han venido como cuatro gente con título”, dijo.

 Entre tanto, el señor Islandy Torres dijo que son aproximadamente 30 viviendas que buscan desalojar y que, si revisan la fecha del título, se darán cuenta de que el documento fue sacado de manera fraudulenta. “Estas personas han adquirido ese título de una forma fraudulenta, ellos hicieron un deslinde; no pusieron letreros, no notificaron a nadie. Ellos han hecho lo que han querido porque están manejando personas que no tienen recursos para enfrentarlo”, dijo Torres.

 La envejeciente Milagros Cruz dijo que han sido fundadores de la comunidad y que terceros han sacado títulos a los terrenos que hoy ocupan, y que nunca han sido invasores por lo que hacen un llamado al presidente Luis Abinader para que intervenga ante la problemática.

Juezas suspenden juicio del caso Medusa hasta que Suprema decida recurso de imputado

SANTO DOMINGO.- Los jueces del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional suspendieron el juicio seguido a los implicados en el entramado de corrupción que encabezaría el exprocurador Jean Alain Rodríguez y compartes, desmantelado mediante la Operación Medusa. 

 Las magistradas adoptaron esta decisión hasta tanto la Suprema Corte de Justicia (SCJ) conozca un recurso de casación con el que se busca revocar el fallo que envió a juicio a Juan Azael Martínez Pimentel, implicado en el caso Medusa, dictado por los jueces de la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Por ello, la jueza presidenta del tribunal, Claribel Nivar, aplazó el juicio a los implicados en el expediente del caso Medusa para el 21 de julio, a las 9:00 de la mañana. 

 Debido a una serie de incidentes, las juezas no han podido dar inicio formal al juicio seguido a los imputados, entre ellos el exprocurador Jean Alain Rodríguez y otros acusados. Se recuerda que el juez del Tercer Juzgado de la Instrucción, Amauris Martínez, había dictado un “No ha lugar” a favor de Martínez Pimentel. 

Abogados y ciudadanos de Puerto Plata condenan agresión al propietario de Fun City

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Abogados y ciudadanos de Puerto Plata han criticado la agresión de que fue objeto el empresario norteamericano Michel Gurevich, de 71 años, propietario del parque de diversiones Fun City, por miembros de la Policía Nacional y del Ayuntamiento de Montellano. 

 Gurevich trató de impedir que funcionarios del ayuntamiento de Montellano y miembros de la Policía Nacional intentaran habilitar un camino que alegan es de uso público, para lo cual el empresario reclamaba que se le mostrara la orden judicial en ese sentido. 

 Recordó que lleva más de 35 años residiendo en el país y que compró esos terrenos a un hombre de nombre, Juan Paliza, amparados en los títulos correspondientes y que ahora se le quiere obligar a habilitar un acceso para una propiedad que se construye en la zona sin que esto sea el resultado de una decisión de un tribunal. 

 Gurevich fue tirado al piso y esposado luego de aplicarle varias descargas eléctricas. En una comunicación difundida por el alcalde Héctor Almonte, afirma que se trata de un acceso público en litis judicial desde 2018, y que el cierre fue impedido por Catastro y Planeamiento Urbano, con apoyo policial. La Policía Nacional alegó que el empresario se tornó agresivo; sin embargo, en el video se ve cómo este insiste en requerir la orden judicial. 

 Abogados consultados expresaron su sorpresa de que la acción se ejecutara un domingo y que no se procediera de la forma habitual. El reconocido abogado José Carlos González expresó en su cuenta de Facebook, que; “hasta tanto haya una sentencia con la cosa irrevocablemente juzgada, esa declaración acelerada, desacertada, imprudente y sin fundamento, lo que demuestra la justificación de una desesperación en la acción de un domingo para ejecutar, en el ámbito inmobiliario”.

Fuente:https://elnuevodiario.com.do/abogados-y-ciudadanos-de-puerto-plata-condenan-agresion-al-propietario-de-fun-city/

Alcaldía De Santiago Afirma Había Paralizado Obra Que Colapsó

Santiago, R.D. — La Alcaldía de Santiago informó que la construcción que se derrumbó recientemente en el sector La Esperilla había sido paralizada días antes por las autoridades debido a irregularidades graves en su edificación. 

 Según un informe del Ministerio de la Vivienda (MIVED), el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) y el Ayuntamiento, se emitieron órdenes formales de suspensión de las labores tras detectarse violaciones a los estándares de seguridad y construcción. 

 A pesar de las advertencias, los constructores continuaron trabajando en la plaza comercial propiedad de inversionistas de origen chino lo que provocó su desplome en el que resultaron heridas al menos dos personas.

 El director de la Defensa Civil en Santiago, Francisco Arias, explicó que se colocaron avisos de “Obra paralizada” en el lugar, pero los trabajos prosiguieron, incluso en fase final antes de su apertura prevista. Los equipos de rescate trabajaron hasta las 7:00 p.m. sin encontrar más víctimas, y las labores se suspendieron tras confirmar que no había personas atrapadas entre los escombros.

De tres a cinco años de prisión podría ser condenado quien lleve a cabo un desalojo sin una orden judicial

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los propietarios o arrendadores, abogados y alguaciles que realicen o ejecuten desalojos sin las formalidades que establezca la ley serán sancionadas con pena de tres a cinco años de prisión y multa de diez a veinte salarios mínimos del sector público. 

 Así lo estipula el proyecto de ley de alquileres de bienes inmuebles y desahucios que está a la espera de su aprobación en el Congreso Nacional. Esta iniciativa que es de la autoría del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco y que está dentro del grupo que fueron priorizadas para aprobarse en esta legislatura fue estudiada en una comisión especial. 

 Dicha comisión, que estuvo liderada por el diputado y vocero de la bancada oficialista, Amado Díaz rindió un informe favorable. 

 Esta normativa de ley también establece que el inquilino no puede subalquilar la propiedad sin una autorización expresa y por escrito del propietario del inmueble. “Tampoco podrá cederlo a título gratuito o por simple tolerancia. En caso de violación, el propietario o arrendador podrá invocar la terminación del contrato sin ninguna formalidad”, señala el artículo 25 de la pieza. 

Fideicomiso en Ciudad Juan Bosch somete a invasores de terrenos

Santo Domingo.– El Fideicomiso para la Construcción de Viviendas de Bajo Costo de la República Dominicana (Fideicomiso VBC-RD) informó que ha iniciado acciones legales contra ocho personas que fueron arrestadas por ocupar ilegalmente terrenos del proyecto Ciudad Juan Bosch, patrimonio protegido por ley desde 2014, mediante aprobación del Congreso Nacional. 

La intervención se realizó mediante un operativo ejecutado por el Cuerpo de Seguridad de Ciudad Juan Bosch, cuyos agentes sorprendieron a los involucrados mientras intentaban apropiarse de parcelas reservadas para desarrollo habitacional planificado. 

 A través de una nota de prensa, el Fideicomiso VBC-RD declaró que este tipo de actos representa una violación grave a las normativas legales y urbanísticas del país, además de poner en riesgo el orden, la inversión y la seguridad de miles de familias que habitan en la zona. “Tenemos el deber de proteger los límites de este proyecto y el patrimonio del fideicomiso. Estas acciones ilegales atentan contra el modelo de desarrollo estructurado que representa Ciudad Juan Bosch”, precisó la entidad.

Propietarios en Cana Bay Resort denuncian presunta estafa y abuso por parte de la administración

Punta Cana, RD – Más de 300 propietarios de inmuebles en el complejo Cana Bay Resort, en Punta Cana, denunciaron este viernes presuntos actos de estafa, abuso de poder y violación contractual por parte de la administración del residencial turístico.

 Los denunciantes aseguran que están siendo obligados a firmar un reglamento interno que consideran contrario a las cláusulas pactadas en los contratos originales de compraventa , lo cual vulnera sus derechos como legítimos propietarios. 

 Según su testimonio, el objetivo de la administración sería despojarlos de sus propiedades para dar paso a la construcción de un nuevo complejo hotelero , lo que, afirman, representa no solo un atropello a su inversión, sino también un riesgo para la seguridad jurídica en el país. “Esto no solo afecta nuestro sueño de tener una vivienda propia y digna, sino que también pone en entredicho la autoridad del clima de inversión en República Dominicana”, expresó mediante un comunicado. 

 Los propietarios hacen un llamado urgente a las autoridades competentes , incluyendo a la Procuraduría General, al Ministerio de Turismo y al Poder Judicial, para que intervengan y frenen lo que califican como una violación sistemática a sus derechos adquiridos.