con todos los riesgos legales que suponía la normativa para que la ley de extinción de dominio entrara en vigencia en agosto próximo, la Cámara de Diputados aprobó postergar la decisión para enero de 2024.
Conforme a las explicaciones ofrecidas por su presidente, Alfredo Pacheco, aplazar la fecha para ajustar la normativa fue la decisión más sensata.
Pacheco señaló que la zarandeada ley de extinción requiere de una normativa, que aún no ha sido aprobada, sobre la administración de los bienes incautados.
Se ha propuesto el Instituto Nacional de Custodia de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio, con unas atribuciones que podrían chocar con la Constitución.
Era lo más indicado entonces posponer la aplicación para profundizar en el estudio y análisis de la ley para administrar bienes incautados. Por las explicaciones la decisión fue resultado de conversaciones con distintos sectores, entre los que figura la Procuraduría General de la República.
Algunos aspectos, como la discrecionalidad para la venta y disposición de bienes incautados sin que haya sentencia definitiva, han sido cuestionados por abogados y entidades de la sociedad civil.
Por el tiempo que ha transcurrido puede ser criticable la postergación para que la ley de extinción acabe de entrar en vigencia, pero será siempre mejor esperar unos días que desafiar los riesgos legales que supone la normativa que será revisada por los legisladores.
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