Denuncian presunta estafa de más de US$1.1 millones en venta de terrenos en Jarabacoa

Jarabacoa, La Vega. — Un ciudadano estadounidense denunció haber sido víctima de una presunta estafa inmobiliaria por un monto superior a un millón 181 mil dólares (US$1,181,000), dinero que habría sido entregado como parte de una supuesta inversión en terrenos ubicados en el municipio de Jarabacoa, provincia La Vega. 

La denuncia fue presentada a través del abogado Carlos Manuel Novas Méndez, quien representa legalmente al extranjero afectado y solicitó al Ministerio Público que se imponga prisión preventiva contra los imputados, al considerar que existen elementos suficientes que comprometen su responsabilidad penal. 

 De acuerdo con la querella, la víctima habría realizado una primera entrega de US$700,000, luego de firmar cartas de intención de compra con los acusados, quienes se comprometieron a transferir los títulos de propiedad de los terrenos a más tardar en diciembre de 2025. Sin embargo, según explicó la defensa, tras cumplirse los plazos acordados no se produjo la entrega de la documentación legal correspondiente ni la formalización de la venta, lo que llevó al inversionista a sospechar que se trataba de un esquema fraudulento. 

 El jurista indicó que el monto total entregado posteriormente superó el millón de dólares, cifra que al cambio actual equivale a más de RD$70 millones, lo que configura, a su juicio, una estafa de gran magnitud. 

 La parte querellante sostiene que los imputados utilizaron promesas falsas y documentación preliminar para generar confianza y lograr que el extranjero realizara las transferencias de dinero, sin que existiera una intención real de completar la transacción inmobiliaria. 

 El caso se encuentra ahora en manos del Ministerio Público, que deberá profundizar las investigaciones y determinar las responsabilidades penales correspondientes en torno a esta presunta estafa millonaria en una de las zonas turísticas y de inversión más activas de la región norte.

Fuente:https://elnacional.com.do/extranjero-denuncia-estafa-en-jarabacoa/

Quejas en Los Praditos por desalojos sin indemnización de propiedades

Moradores del sector Los Praditos en el Distrito Nacional denunciaron este lunes que están siendo desalojados por el Ministerio de Vivienda y Edificaciones, sin recibir el pago justo por sus terrenos y viviendas, en medio de un plan para viabilizar calles en ese sector. 

 El desalojo forma parte del Plan de Integración Urbana del Ministerio de Vivienda y Edificaciones, que busca ampliar algunas calles y conectarlas con otras. Sin embargo, la desposesión ha generado incertidumbre entre los residentes, porque, según ellos, algunos solo han recibido parte de la indemnización, otros dicen que nada de dinero. 

 Desalojos generan incertidumbre y protestas 

«Ahí en la calle 9, yo soy dueño del colmado Corona, me desalojaron de ahí, me mandaron a mudar de ahí. Yo me mudé y todavía a mí no me han pagado y no me llaman. ¿Cuál es el problema que está pasando? Si van a desalojar, que completen el dinero», manifestó Domingo Plasencia, residente de Los Praditos. 

 «Lo mandaron a salir, pero todavía no le han entregado el dinero, no, nada. Cada vez que están en proceso, pero no resuelven», relató Juan de los Santos, residente de Los Praditos. 

El cartel de «terratraficantes» detrás del fraude inmobiliario en RD

El programa de investigación Reporte Especial con Julissa Céspedes reveló la existencia de un presunto entramado organizado que habría operado durante años utilizando mecanismos legales y judiciales para apropiarse de propiedades inmobiliarias en distintas zonas del país, dejando a familias enteras en procesos legales prolongados y, en algunos casos, sin acceso a sus propios bienes. 

 La investigación expone un patrón que, según los testimonios y documentos analizados, se repite en varios expedientes: la creación de supuestas deudas, procesos de embargo inmobiliario acelerados, transferencias de títulos bajo cuestionamiento y el uso de decisiones judiciales que otorgaban apariencia de legalidad a operaciones posteriormente impugnadas por los afectados. 

 Entre los casos documentados figuran propietarios que aseguran haber terminado sorprendidos con demandas ejecutivas por obligaciones que afirman no haber contraído, así como procesos de adjudicación que culminaron con el traspaso de terrenos y viviendas a terceros.

 En varios expedientes se describen embargos y subastas que, según las presuntas víctimas, se realizaron sin la debida notificación o bajo procedimientos que hoy son objeto de revisión judicial. 

Abinader afirma el Gobierno elimina trabas y acelera la recuperación del turismo en Puerto Plata

El presidente de la República, Luis Abinader, aseguró hoy que el Gobierno ha venido eliminando las principales trabas que afectaban el desarrollo del turismo en Puerto Plata, mediante una estrategia integral que combina inversión pública, atracción de marcas hoteleras internacionales, fortalecimiento institucional y mejora de infraestructuras.

 Durante su intervención en la inauguración del hotel Holiday Inn-Cofresí, el mandatario sostuvo que la ausencia de marcas internacionales —sobre todo norteamericanas— incidió en el retroceso del destino. 

Afirmó que el objetivo del Gobierno es relanzar Puerto Plata con una oferta hotelera moderna y competitiva. "Cuando tenemos marcas internacionales, Puerto Plata vuelve a una comunidad turística global que nunca debió perder", expresó el gobernante. 

 El presidente Abinader agregó que el gobierno ha intervenido problemas estructurales que afectaban la imagen del destino, como la rehabilitación de playas, el ordenamiento urbano, la eliminación de focos de contaminación, la modernización de vertederos y una inversión superior a 600 millones de pesos, en la recuperación integral de Playa Sosúa.

Sacerdotes y comunitarios denuncian presión militar y vuelven a cuestionar convenio minero en Pedro García

Este domingo, sacerdotes y líderes comunitarios de la zona del distrito municipal Pedro García, en Santiago, alzaron su voz contra lo que consideran una estrategia de poder para favorecer proyectos mineros en la Cordillera Septentrional, además de denunciar la presencia de fuerzas militares durante sus manifestaciones pacíficas. 

 El Padre Nino Ramos cuestionó públicamente el convenio firmado entre el Ministerio de Energía y Minas y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) para desarrollar un diplomado en periodismo minero. 

Según sus palabras, esta iniciativa busca “neutralizar las voces críticas” frente a los proyectos extractivos que amenazan la llamada Madre Sierra. “¿Periodismo minero: educación o estrategia de poder?”, preguntó Ramos, al advertir que la academia no debe convertirse en instrumento de legitimación de intereses contrarios a la defensa del medio ambiente y las comunidades.

 Durante el encuentro, otros sacerdotes denunciaron que las autoridades han enviado militares y policías para vigilar y dividir las manifestaciones. “Nos mandaron como si fuéramos delincuentes, con armas largas. Si bloquean la marcha vehicular, vamos a trancar la calle (autopista) y no va a pasar nadie”, expresó uno de los religiosos, recordando incidentes previos en Santiago y Yásica. 

Medio Ambiente lleva al TC disputa por terrenos del Parque Nacional Jaragua

El Ministerio de Medio Ambiente depositó un recurso de revisión ante el Tribunal Constitucional (TC), buscando revocar una sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que ordena la actualización del Catastro Nacional de Áreas Protegidas, lo que implicaría la exclusión de terrenos de la franja costera del Parque Nacional Jaragua. 

 La disputa legal, que se hizo pública recientemente, enfrenta la “visión de desarrollo turístico” de la región suroeste contra el régimen constitucional de protección ambiental. El recurso se dirige específicamente contra la Sentencia 0030-1643-2025-SSEN-00786, dictada por la quinta sala del TSA, la cual acogió una acción de amparo de cumplimiento interpuesta por la sociedad comercial Inversiones del Sur, S.R.L. 

 El conflicto

El caso gira en torno a varias parcelas ubicadas en los municipios de Oviedo y Pedernales, las cuales, según la empresa reclamante, quedaron fuera de los límites del Parque Jaragua, tras la promulgación de la Ley 266-04, que declaró como polo turístico prioritario la región suroeste. 

No podrán aplicar el Código de Trabajo a empleados del Ministerio de la Vivienda

A pesar de la costumbre de décadas y de sus normas internas, el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived) tendrá que dejar de aplicar el derecho laboral común para regular la relación con sus colaboradores y comenzar a regirse por la Ley sobre Función Pública (41-08). 

 Este error significó un sacrificio importante de recursos públicos, debido a que el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) pagó derecho a cesantía a la mayor parte de sus empleados en el 2022 cuando se transformó en ministerio. 

 Una exempleada demandó a la entidad por el pago de prestaciones laborales en el 2016 y logró varias sentencias a su favor que ordenaron pagarle cerca de 4.5 millones de pesos producto de un cálculo hecho conforme al Código de Trabajo que incluyó la cesantía, preaviso, vacaciones, salario de Navidad, conquista laboral y una compensación por el atraso.

 De aplicarse la Ley de Función Pública, la accionante recibiría un monto significativamente menor, porque la Ley de Función Pública establece un pago máximo de 18 salarios mensuales que, en su caso, sumarían 810,000 pesos. La institución apeló el fallo del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional ante la Corte de Trabajo y luego la Suprema Corte de Justicia, pero perdió en ambas ocasiones.

Defensa de Donald Guerrero niega imputaciones del MP y descarta vínculos con red del caso Calamar

La defensa técnica de Ángel Donald Guerrero Ortiz afirmó que su representado no participó en la supuesta estructura criminal que, según el Ministerio Público, operó desde el Ministerio de Hacienda para falsear documentaciones y ejecutar pagos irregulares por más de 21,000,000,000.00 de pesos. 

 En ese sentido, los abogados sostuvieron que Guerrero Ortiz, exministro de Hacienda, no falseó ni omitió información al momento de presentar su declaración jurada de bienes, desmintiendo uno de los señalamientos centrales de la acusación. 

 Agrega que Donald Guerrero dice que el MP solo quiere hacer ruido y que él cumplía con su trabajo y los bienes que le atribuyen él los había adquirido antes de su gestión de ministro. Esta es la audiencia preliminar del caso, realizada en el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional con la magistrada Altagracia Ramírez como jueza. 

 El expediente acusatorio establece que la presunta red utilizó el organigrama del Estado para conformar una estructura criminal integrada, además del Ministerio de Hacienda, por la Contraloría General de la República, la Dirección General de Bienes Nacionales, el Consejo Estatal del Azúcar, la Dirección General de Catastro Nacional, el Banco de Reservas y la Dirección General de Presupuesto. 

República Dominicana se destaca en reunión sobre minerales críticos en Washington

Washington, D.C., Estados Unidos – La República Dominicana participó en la I Reunión Ministerial sobre Minerales Críticos, convocada por el gobierno de los Estados Unidos de América y realizada en el Departamento de Estado, en Washington, D.C. 

En este encuentro, el país se proyectó como un actor dentro de la estrategia global para fortalecer y diversificar las cadenas de suministro. 

 La delegación oficial estuvo encabezada por el Ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, e integrada por el Ministro de Energía y Minas, Joel Santos, y el asesor sénior presidencial, Manuel Tavares. 

 El encuentro, al que asistieron representantes de los gobiernos de 50 países, fue inaugurado por el vicepresidente de Estados Unidos, James David "J.D." Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, quienes enfatizaron la importancia de contar con redes internacionales confiables para satisfacer las necesidades de minerales críticos, incluidas las tierras raras. 

En la misma línea, delinearon los ejes centrales de la reunión el asistente especial del presidente Donald Trump y director senior para Cadenas Globales de Suministro, David Copley, así como el subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Jacob Helberg.