El proyecto de ley que regularía el mercado de viviendas para alquiler, que tras perimir el presidente de la Cámara de Diputados ha dicho que retomaría en agosto, impulsaría la inversión en viviendas para arriendo, la cual durante décadas estuvo desincentivada por una sobreprotección a los inquilinos, que dificultaba hasta en muchas ocasiones lo imposible que el propietario de la vivienda recuperara su posesión.
Esa sobreprotección perjudicaba a todo el que acudía al mercado en busca de una vivienda de alquiler ante una oferta restringida que se expresaba en viviendas de menor calidad y con precios altos.
El proyecto de ley corregiría esa situación al crear una jurisdicción especializada que permitirá que los desalojos a los inquilinos que no paguen se ejecuten en un plazo máximo de dos meses.
A la vez, el inquilino recibiría una justa protección al establecer el proyecto que los gastos legales serían compartidos entre las partes y al limitar al equivalente de sólo dos meses de alquiler el depósito exigible para la entrada en vigencia del contrato.
Aunque llegaría tarde, después de la falta de una regulación justa haber hecho mucho daño por décadas al desarrollo de un mercado de viviendas para arriendo, con su secuela en términos de la accesibilidad a viviendas de buena calidad y a precios competitivos, la aprobación de ley, de ser completados los trámites pendientes en el Congreso, dibujaría un futuro promisorio para este mercado en el mediano y largo plazo, en beneficio tanto de los inquilinos como de los inversionistas inmobiliarios.
Los cambios que se están produciendo en el mercado de viviendas de América Latina y el Caribe obligan a la adopción de una regulación de ese tipo.
Tanto en la región como en RD, por mucho tiempo hubo un predominio de la vivienda propia, a diferencia de otras regiones del mundo sobre todo en países avanzados.
Pero esa realidad está cambiando. Ya hoy para muchos jóvenes la vivienda en propiedad no es el principal objetivo de acumulación del patrimonio. Además, ya mucha gente no sabe dónde va a terminar viviendo y, en consecuencia, prefieren alquilar una vivienda en vez de comprarla o construirla.
Ha sido tal el cambio de tendencia que ha llevado al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a plantear que se vuelva a la vivienda social en alquiler, llevando al Estado a promover este tipo de vivienda.
Cifras aportadas en un estudio de la Cepal confirman este cambio de tendencia: en 2002, en América Latina había en promedio un 73,1 % de dueños y un 16,4 % de inquilinos, en 2022 se registran 66 % y 20,9 %, respectivamente.
Y la aprobación del referido proyecto de ley ayudaría al país a dar respuestas a las necesidades que crearía en el sector inmobiliario ese cambio de tendencia.
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