MIVED refuerza acciones preventivas y de fiscalización en construcción de obras


EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED) informó que, en un esfuerzo continuo por mejorar la seguridad y el cumplimiento de las normativas en la industria de la construcción, ha intensificado sus acciones preventivas y proactivas desde inicios del 2023 a fin de garantizar la protección y el bienestar de los ciudadanos, así como promover prácticas constructivas seguras y reguladas en todo el país.

 Mediante un comunicado de prensa, el MIVED recordó que lanzó una campaña de concientización dirigida a los constructores, con el objetivo de informarles sobre la obligatoriedad de obtener una autorización antes de ejecutar cualquier trabajo previo a las labores regulares de una obra. 

 Esta medida explicó que se fundamenta en el Reglamento General de Edificaciones y Tratamientos de Planos (R-021), que establece la base legal para la solicitud de dichas autorizaciones. Añade que, a través de esta campaña, el MIVED indicó que busca asegurar que todos los actores involucrados en la construcción estén plenamente conscientes de sus responsabilidades y de las normativas vigentes. 

Gobierno no ha pagado por la expropiación de terrenos donde construirán Circunvalación de Navarrete


El Gobierno dominicano aún no ha pagado por la expropiación de los terrenos que ocupará la avenida Circunvalación de Navarrete. El ministro de Obras Públicas, Deligne Ascensión, aseguró que están en el proceso de las negociación con los dueños de los predios por dónde va el trazado de la vía. 

 Aclaró que sólo negociarán con las personas que tengan sus títulos de propiedad. "El área donde nosotros estamos desarrollando la Circunvalación de Navarrete es en propiedades privadas y estamos llegando a acuerdos con los propietarios legítimos de estos terrenos", expuso el ministro. La aclaración del funcionario surge a raíz de que alegadamente un grupo de personas invadieron parte de los terrenos donde será construida la avenida. 

 Según denunció la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), esas tierras están siendo ocupadas por una banda compuesta por dominicanos y haitianos. 

Juez reconoce al equipo de recuperación bienes públicos


El juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en su decisión enviar a juicio de fondo al exprocurador Jean Alain Rodríguez y otros imputados en el caso Medusa, reconoce la legitimidad del Decreto presidencial y actuaciones del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP). 

 El magistrado tomó la decisión al rechazar un recurso de inconstitucionalidad planteado por la defensa de la imputada Isis Tapia, que buscaba la nulidad del decreto presidencial 22-21 del 13 de enero del 2021, que crea el equipo de abogados para la Recuperación del Patrimonio Público, representado por el jurista Jorge Luis Polanco Rodríguez. 

 En ese sentido, el juez al ratificar el precedentes acogió al Estado dominicano como víctima, querellante y actor civil en el auto de apertura a juicio en contra de Rodríguez y demás encartados en acto de corrupción desmantelada durante la Operación Medusa. Sin embargo, el tribunal desestimó la solicitud de medida de coerción real planteado por el Estado, a través de ese equipo de abogados alegando que no se ha podido precisar cuáles bienes y no se individualiza en el caso de cada uno en cuanto a muebles e inmuebles. 

Acoprovi insta a constructores a cumplir medidas de seguridad en obras

La Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de la Vivienda (Acoprovi) instó a los constructores y desarrolladores formales del sector construcción a cumplir las medidas de seguridad “en todas las etapas de los proyectos” ejecutados. 

 La exhortación del gremio, enviada a Listín Diario, gira en torno al accidente que ocurrió el pasado domingo 23 en la intersección de las calles Roberto Pastoriza y José Tapia Brea, Ensanche Quisqueya, donde una yipeta Mercedes Benz, con cuatro personas a bordo, cayó al vacío de un hueco en construcción, al ser impactada por un carro. De las cuatro personas, dos perdieron la vida y las otras dos resultaron heridas. 

 “Reiteramos nuestro compromiso con la formalización y las buenas prácticas de las empresas del sector”, indicó Acoprovi. Al precisar que no gestionan ni entregan permisos a empresas constructoras para ejecutar obras, como excavaciones en la que se accidentaron esas personas, el gremio dijo que si les pide que para iniciar un hoyo deben contar con el permiso del Ministerio de Medio Ambiente. “Si la excavación es previa a tener licencia de construcción, adicional debe contar con un permiso de excavación emitido por el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED)”, añadió. 

Obras Públicas tendrá que pagar RD$12 millones por violar Ley de Acceso a la Información

El Tribunal Constitucional comunicó al licenciado Angel Lockward la sentencia definitiva que obliga al gobierno a pagarle más de RD$12 millones como resultado de una astreinte impuesta por el Tribunal Superior Administrativo (TSA) ante la negativa del Ministerio de Obras Públicas de entregar un plano de un área verde en Puerto Plata, en violación de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública. 

 La sentencia del TSA fue recurrida por Obras Públicas ante la Suprema Corte de Justicia, que rechazó el recurso y luego llegó al Tribunal Constitucional, convirtiéndose en sentencia definitiva marcada con el número TC-0951-23. 

 En cuanto a la forma, la alta corte admitió el recurso de Obras Públicas, pero en cuanto al fondo, confirmó la sentencia de la Suprema, ordenó la comunicación y declaró el proceso libre de costas. 

Ministro Medio Ambiente aboga por legislación más contundente para perseguir delitos


Hace falta una legislación más contundente para perseguir y sancionar los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. De igual forma se hace imperativo un cambio de cultura y de educación orientada a cuidar los recursos naturales. 

 La preocupación fue externada por el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Miguel Ceara Hatton, durante su comparecencia en el Almuerzo semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio. “Estamos tratando de endurecer todas las acciones administrativas que sean necesarias para garantizar la protección del medio ambiente, pero eso no va a ser suficiente”, precisó el funcionario. En ese contexto, expuso sobre la importancia de la educación y de sensibilizar sobre la importancia de proteger y cuidar los recursos naturales.“Donde quiera que hemos detectado un acto ilegal, sin importar quien sea, hemos actuado”, puntualizó. 

Para garantizar mayor nivel de efectividad, están tratando de coordinarse lo mejor posible con las autoridades del Ministerio Público. Sobre la existencia de posibles mafias dentro de la institución actualmente, lo descartó. Dijo que al llegar al ministerio encontraron pequeños grupos de personas que hacían cosas indebidas, pero todo eso fue desmantelado completamente. 

El Fideicomiso Pro-Pedernales Adjudica Contrato de €62 Millones Para Aeropuerto de Cabo Rojo


El Fideicomiso Pro-Pedernales, organismo estatal representado por la Dirección General de Alianzas Público-Privadas de la República Dominicana (DGAPP), ha adjudicado a ACCIONA la construcción de la primera pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional de Cabo Rojo, ubicado en la localidad de Pedernales, al sur del país. 

 El contrato asciende a €62 millones aproximadamente (RD$3.961 millones) y contempla la construcción de una pista de 3,1 kilómetros de longitud y 60 metros de ancho, además de una pista de rodaje o taxi way; zonas de parada y seguridad; franja de seguridad de pista; plataformas de estacionamiento para aviones Boeing 777 y diversas obras de drenaje.

 Se prevé que el proyecto se ejecute en un plazo de 16 meses. El gobierno dominicano pretende convertir este nuevo aeropuerto en la base de un nuevo destino turístico en la zona. Según sus estimaciones, una vez entre en operación, el aeropuerto contará con una demanda anual de 250.000 pasajeros, que podrá incrementarse hasta llegar al millón de viajeros en 2042, convirtiéndose en el tercero con más tráfico del país. Para hacer frente a este crecimiento, el plan prevé en un futuro la construcción de varias terminales y otra pista de aterrizaje adicional. 

Varios sectores de la capital protestan frente al Palacio Nacional por desalojo

Santo Domingo, RD. -Representantes de varios sectores se manifestaron en las proximidades del Palacio Nacional en protesta por los recientes desalojos.

 Residentes de barrios como Nueva Jerusalén en Santo Domingo Este, La Mina en San Isidro, Barrio Lindo en Los Alcarrizos y Freddy Beras Goico, exigieron al gobierno la reubicación de más de mil familias que fueron desalojadas de manera controvertida. 

 Los residentes de San Isidro, en particular, señalaron que la Fuerza Aérea los está presionando para que más de 3,000 familias abandonen sus hogares. Esto entiende el límite de las propiedades 150 metros más allá de lo acordado originalmente. 

 Otras denuncias por desalojos 

 En Los Alcarrizos, parceleros de Hato Nuevo, Villa Linda, denunciaron que funcionarios pretenden despojarlos de sus terrenos, para supuestos proyectos. Pedro Farias, presidente de la Cooperativa Agraria y Servicios Múltiples Santa Rosa, declaró que los adquirentes compraron al Consejo Estatal del Azúcar. Otros fueron posicionados por el Instituto Agrario Dominicano. Lo que explica que cualquier acción de desalojarlos sería totalmente ilegal.

 Los parceleros de Hato Nuevo Villa Linda advirtieron que no se dejarán despojar de sus tierras por funcionarios del gobierno. Explicaron que a todas luces se nota las intenciones de adueñarse de sus propiedades. Los denunciantes manifiestan que los proyectos donde laboran están en las parcelas 46, 10 y 2 del distrito catastral número 31. El mismo está en proceso de titulación por instrucciones del presidente Luis Abinader, por lo que se enfrentaran a cualquier acción en su contra.

Tras accidente en Evaristo Morales, senadores abogan por regular construcciones para prevenir tragedias

Santo Domingo.- La ley 675 sobre Urbanización Ornato Público y Construcciones, que data 1944, amerita de una transformación profunda que contemple sanciones a las constructoras que no cumplan las medidas preventivas, de acuerdo al congresista Alexis Victoria Yeb. 

 La normativa, con una vigencia de alrededor de 80 años, no específica la protección que debe colocarse alrededor de los hoyos donde se levanta una obra. Similar posición tiene el senador de la Fuerza del Pueblo, Dionis Sánchez, quien entiende que el Congreso Nacional debería abocarse a modificar esa ley. 

 Aunque reconoce que el marco regulatorio requiere de una profunda reforma, el congresista peledeísta, José del Castillo, dijo que la falta de inspección de la obra fue un factor que incidió en la tragedia. 

 Tanto los senadores oficialistas y de la oposición coincidieron señalar que además de la reforma a esta normativa, la situación requiere que el Estado supervise con mayor eficiencia los espacios de construcción, a fin de evitar tragedias como la ocurrida el fin de semana en la que dos personas perdieron la vida cuando el vehículo fue impactado por otro y se precipitó a un hoyo donde se levantaba una obra en el sector Evaristo Morales.

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