Favorece actualizar normativa urbana


El primer vicepresidente de Acoprovi, Guido Rosario, centró su intervención en la necesidad de actualizar la normativa urbana para responder a las demandas actuales del mercado habitacional.

 Lamentó que en zonas como Samaná, Las Terrenas y el Cruce de Verón, las densidades desactualizadas y las restricciones impuestas han limitado el desarrollo integral y adecuado de los proyectos. Señaló que la superposición de funciones entre los ayuntamientos y el Ministerio de Turismo genera trámites excesivamente burocráticos, lo que ralentiza la aprobación de proyectos y afecta la disponibilidad de viviendas para alquiler a largo plazo. 

 Destacó los avances de Medioambiente, en los tiempos de respuesta: “El Ministerio de Medioambiente, en cuanto a tecnología, ha mejorado bastante, realmente los tiempos se han acortado y hemos visto inclusive un cambio en la plataforma que entendemos que va a reflejar una mejora aún mayor a la que estamos reflejando ahora mismo”, afirmó Rosario. Sin embargo, sobre Turismo, opinó que aún hay margen de mejora en los tiempos de respuesta.

Adocco resalta oportunidad para fortalecer transparencia en Ley 225-20 de Residuos Sólidos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- En momentos en que se discute la modificación a la Ley Núm. 225-20 de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco), consideró este jueves que este contexto es una oportunidad clave para establecer mecanismos que fortalezcan la transparencia y garanticen una gestión eficiente de los desechos sólidos en la República Dominicana. 

 Consultado al respecto, el presidente de Adocco, Julio César De La Rosa Tiburcio; expuso que el sector de la recogida y disposición final de la basura ha estado, tradicionalmente, marcado por la falta de claridad en los contratos y la opacidad en el uso de los recursos destinados a su manejo. 

 De La Rosa Tiburcio añadió que: “Y por esto, se hace necesario que el Congreso de la República profundice en la aprobación de una normativa que, finalmente, establezca de manera clara cuál debe ser el cargo a aplicar a los que se benefician del negocio». «Sobre todo, a aquellos que producen mayores cantidades de desechos sólidos y que deben pagar no solamente por la disposición final de ellos, sino por el daño que causan al medio ambiente”, expresó De La Rosa. 

Tribunal conocerá este sábado medida de coerción a 3 imputados de falsificar títulos de propiedad del IAD

Villa Altagracia.– El Ministerio Público del Distrito Judicial de Villa Altagracia depositó este jueves la solicitud de medida de coerción, consistente en prisión preventiva, contra tres hombres imputados por la expedición de títulos de propiedad falsos del Instituto Agrario Dominicano (IAD). 

 El órgano persecutor investiga por el caso a Eusebio De Jesús Abad, Teodoro Rudecindo Abad y Félix Rosario Martínez, quienes fueron sometidos a la justicia ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Villa Altagracia, siendo fijada la audiencia para el conocimiento de la medida de coerción para este sábado 15 de marzo, a partir de las 11:00 de la mañana. 

 Los imputados, de acuerdo con la solicitud de medida de coerción, fueron arrestados el pasado 11 de marzo, alrededor de las 12:40 de la tarde, en la autopista Duarte, kilómetro 45, municipio Villa Altagracia, de la provincia San Cristóbal, mientras se desplazaban a bordo de una camioneta, dando cruces en el entorno, con una actitud sospechosa. Indica que, ante esa acción, miembros de la Policía Nacional procedieron a registrar dicho vehículo, donde se ocupó un folder que contenía 9 títulos de propiedad en original con las características de los emitidos por el Instituto Agrario Dominicano.

 Igualmente, fueron incautados 15 oficios con sellos del IAD y 15 copias de títulos provisional, así como varios actos de venta de terrenos bajo firma privada y un contrato de venta de posesión de terreno, además de 14 copias de cédulas, entre otros documentos relacionados. 

 A través de un comunicado de prensa, el órgano persecutor destaca que todos los documentos ocupados fueron consultados por el Instituto Agrario Dominicano, estableciéndose que son falsos. 

 Además de la documentación, durante el registro de persona las autoridades ocuparon a los imputados varios teléfonos móviles. La Fiscalía de Villa Altagracia, que dirige la fiscal titular Dalma Díaz, está a cargo del caso, el cual es investigado por el fiscal de esta jurisdicción, Eleuterio Reyes Navarro con la colaboración del IAD. 

 El Ministerio Público ha otorgado al caso la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 145, 147, 148, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, que sancionan la falsedad en la escritura auténtica o pública y la asociación de malhechores.

 La solicitud de medida de coerción fue sustentada con diferentes evidencias testimoniales y documentales, suficientes, para el envío a prisión de los imputados, quienes, aseguró, no cuentan con arraigo suficiente para descartar el peligro de fuga.

El dinero que acompaña a las provincias "ecoturísticas"


La República Dominicana vive del turismo, una de las vigas económicas que solo en el año pasado generó ingresos por 10,974.4 millones de dólares. Pero, aunque es una nación turística, cada demarcación quiere serlo por separado a fin de beneficiarse directamente de recursos extras, lo que ha generado un "tapón" de proyectos de leyes en el Congreso Nacional que buscan declarar como ecoturísticas a 10 provincias, una condecoración que ya tienen otras 20.

 Las que esperan sus turnos son María Trinidad Sánchez, Azua, Santo Domingo, Puerto Plata, Samaná, Dajabón, Hermanas Mirabal, Barahona, La Romana y San José de Ocoa. 

 Una de las ventajas de ser una provincia ecoturística es la asignación especial de fondos por parte del Ministerio de Turismo (Mitur), que oscila entre los 10 millones y 100 millones de pesos al año, sin incluir los montos fijados en otros proyectos. Sin embargo, estos recursos no fluyen como se espera por incumplimiento de las normativas de los consejos provinciales.

Tribunal de RD rechaza recusación presentada por estafados en Nueva York contra inmobiliaria IndisArq

NUEVA YORK.- Un grupo de dominicanos residentes en esta ciudad, víctimas de una presunta estafa por parte de la empresa inmobiliaria IndisArq en la República Dominicana, acudió este martes a la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional para conocer el recurso de apelación sobre la medida de coerción impuesta a dos de los imputados en el caso NIDO, como se conoce en la justicia la millonaria estafa. 

 Los acusados en cuestión son Mirna Catalina Rivera Ledesma, hermana del arquitecto Emmanuel Rivera Ledesma, propietario de la empresa, y Juan Omar Rosario López, contador de la misma. 

 Tras una extensa audiencia, que fue interrumpida en varias ocasiones para evitar el agotamiento de los presentes, las víctimas intentaron presentar una recusación formal contra el tribunal. Sin embargo, la Corte de Apelación Penal del Distrito Nacional rechazó de plano la solicitud y les negó el derecho a la palabra, según denunciaron los afectados. 

AFI Reservas y Pasaportes rescinden contrato sin penalidades por local en Naco

El contrato de arrendamiento de la oficina de la Dirección General de Pasaportes (DGP) en el Ensanche Naco quedó sin efecto y sin consecuencias legales ni penalidades, según explicó Ian Rondón, gerente de AFI Reservas. 

 Rondón destacó que la rescisión fue de mutuo acuerdo y se realizó así para evitar afectar al Estado: "Como ese contrato es del Estado, no vamos a dañarlo. Lo que se hizo fue una resciliación del contrato, donde nosotros liberamos a la institución de cualquier tipo de pago, porque nunca se mudaron", explicó. 

 Recordó que la propiedad que alquilaría la DGP para trasladar la sede de su institución es pertenece al Fondo Inmobiliario que administra AFI Reservas. También señaló que la decisión de no utilizar el inmueble respondió a una "presión social" y a la determinación del presidente Luis Abinader de buscar otra alternativa. Ante esto, AFI Reservas trabajó en una solución privada y logró vender el edificio, dejando a la Dirección de Pasaportes libre de cualquier compromiso. 

El ministro Bonilla juramenta a los primeros gestores urbanos de la República

El ministro de Vivienda y Edificaciones (MIVED), Carlos Bonilla, juramentó a los primeros gestores urbanos del país, una figura creada para encargarse de recibir, revisar y gestionar la tramitación de planos y solicitudes de expedición de licencias de construcción, reconstrucción y ampliación de edificaciones u otra estructura privada. 

 Los gestores urbanos juramentados por el Ministro Bonilla son: Enrique Aníbal Lié, en la Región Sureste y Julio César Gómez, en la Región Sureste; Arcadio Vargas y Mayerlin Minier Recio en la Región Cibao y Sur.

  La iniciativa, establecida mediante el Decreto 642-22, responde a la necesidad de una respuesta más ágil a los desafíos derivados del crecimiento del sector construcción. Además, busca fortalecer la descentralización administrativa, optimizar los procesos de gestión de permisos y reducir la informalidad en las construcciones. 

 Durante la juramentación, el ministro Bonilla dijo: “Hoy inician esta importante tarea que ayuda a un sector vital para el crecimiento de la economía de nuestro país. Su labor es esencial para aumentar la eficiencia y promover la transparencia en la gestión y tramitación de planos. Confiamos en su capacidad y compromiso para desempeñar esta función con excelencia, contribuyendo a un servicio ágil y transparente, por eso al aceptar este reto no solo asumirán un rol técnico, sino un deber social y ético con la nación y con cada ciudadano que deposite su confianza en esta gestión”. 

 Por su parte, la viceministra de Normas, Reglamentaciones y Tramitaciones del MIVED, Vivian Reyes, sostuvo: “este momento es un hito en lo concerniente a los procesos de permisología, sumamente importante para la dinamización del sector construcción. El MIVED, igualmente, tiene la responsabilidad de supervisar estos gestores urbanos, porque por el manejo, la ética y la credibilidad que pueda obtener esta figura, va a depender que se pueda emular esta figura en otras instituciones u otros trámites, es una responsabilidad muy grande”. 

 El expresidente de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), Fermín Acosta, subrayó: “Este es un momento trascendental para nuestro sector, quiero expresarle al MIVED la alegría que nos da que ustedes den este paso. Quiero hacer notar los resultados de una gestión mancomunada del sector público y el privado, los buenos resultados que esto dará”. 

 El proceso para los postulantes a gestores urbanos fue dejado abierto en el 2023 por la Vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y el Ministro Bonilla, en el marco de la juramentación de los supervisores técnicos privados, otra figura de servicios tercerizados que hasta la fecha ha tenido un gran éxito. 

 El MIVED establece que los gestores urbanos estarán bajo regulación y supervisión directa de la institución, garantizando transparencia y seguridad jurídica en el sector. Asimismo, la medida apunta a la profesionalización de los actores involucrados, promoviendo el desarrollo de competencias especializadas. 

 La creación de esta figura está enmarcada en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y en normativas como la Ley 160-21, la cual creó al Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED).

Parceleros de la Reforma Agraria denuncian amenazas para despojarlos de predios en San Juan

Decenas de parceleros de la Reforma Agraria de la comunidad Mogollón, en San Juan de la Maguana, denunciaron que están recibiendo presiones de sectores poderosos que amenazan con despojarlos de sus predios, los cuales han trabajado por más de 60 años, lo que les ha permitido levantar a sus familias.

 Afirmaron que están dispuesto a luchar hasta las últimas consecuencias para evitar que manos oscuras le quiten el único sustento que tienen con la producción de arroz, por lo que demandaron del presidente de la República la entrega de títulos definitivos, ya que poseen el provisional desde el Gobierno de Hipólito Mejía en el año 2002. 

Dijeron que a pesar de los esfuerzos que han hecho para lograrlo, hasta la fecha no ha sido posible. Uno de los casos más estremecedores es el de la anciana Sofina Aquino (Colón) quien a sus 96 años todavía continúa sembrando arroz. 

Relató que su salud sigue deteriorándose, ya que no puede dormir debido a las constantes amenazas. “Esto era monte y culebra antes, aquí dejé mi juventud porque desde los 20 años comencé a trabajar esta tierra y nunca me he parado, a tal punto que esta cosecha ya perdimos todo por la falta de agua; y el temor de venir para que esa gente no me maten, porque eso es llamada y llamada del propio IAD, para que salgamos de aquí para ellos dársela a otra gente”, dijo. 

 Refirió que a pesar de los esfuerzos en procura de solución, todavía no ha sido posible porque cuando creen que tienen la solución en el Instituto Agrario Dominicano (IAD), se la pone más difícil. 

 Igual situación viven los también parceleros Mauro Manuel Ramírez y Pedro Fernández, quienes advirtieron que no desmayaran en sus esfuerzos para evitar ser despojados de sus propiedades. Indicaron que, desde que hay rumores de cambio de funcionarios en el IAD, aumentan las amenazas de los grupos por despojarlos de sus predios, lo cual los llama poderosamente la atención. 

 Como forma de apoyar a los parceleros decenas de personas de la comunidad Mogollón, marcharon por las calles en apoyo a los humildes productores.

Cambios a la ley de gestión de residuos sólidos generan rechazo


El pasado 7 de enero, el Senado de la República aprobó de urgencia y en lecturas consecutivas, una modificación a la Ley 225-20, sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos. Sin embargo, los cambios a la legislación fueron cuestionados severamente por el sector privado ya que se produjeron sin convocar a las partes interesadas ni tampoco se hicieron vistas públicas. 

 Aunque todavía debe pasar el cedazo de la Cámara de Diputados, el proyecto introducido en el Senado por los legisladores Ramón Rogelio Genao (PRSC-La Vega) y Ginette Bournigal (PRM-Puerto Plata) ha generado serios cuestionamientos de los sectores de reciclaje y protección del medioambiente. Una de las modificaciones más cuestionadas, sin embargo, ha sido el cambio en la conformación del Consejo del Fideicomiso. 

 En la ley modificada se excluye a Ecored, la asociación empresarial que impulsa la conservación del medioambiente, así como al Ministerio de Hacienda, dejando solo a un representante de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) y todos los demás designados por el Poder Ejecutivo. 

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