Estiman propietarios del Jet Set podrían enfrentar millonaria demanda por daños civiles

Los propietarios de la discoteca Jet Set podrían enfrentar condenas económicas por responsabilidad civil si llegara a confirmarse que ignoraron alguna recomendación técnica sobre la infraestructura antes de su colapso, estimó este miércoles el abogado Robinzon Reyes.

 Aunque aún no hay información oficial técnica sobre qué provocó el desplome, el letrado adelantó que si hubo alguna negligencia o inobservancia por parte de los propietarios de Jet Set, las sanciones civiles serían mayores, especialmente en caso de que hubiesen existido advertencias profesionales previas sobre el estado de la estructura. 

 El Gobierno dijo esta noche que la tercera etapa de la operación en marcha por esta tragedia alude, precisamente, a la fase de investigación, que dijo "estará a cargo de las autoridades competentes, y cuyo objetivo será esclarecer las causas del colapso en estricto cumplimiento del debido proceso". 

 Reyes explicó a su vez que los artículos 1382 al 1386 del Código Civil Dominicano regulan las demandas por daños y perjuicios. El artículo 1382 establece que todo aquel que cause daño a otro debe indemnizarlo. Los artículos siguientes trazan el procedimiento a seguir para establecer esa responsabilidad, sostuvo. 

Entidades sugieren cambios al reglamento de la Ley de Actos del Estado Civil

El Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) realizó una audiencia pública para escuchar las observaciones y comentarios de instituciones y ciudadanos respecto al borrador que elaboró para la aplicación de la Ley Orgánica de los Actos del Estado Civil, No. 4-23. 

 Unas 11 instituciones y ciudadanos particulares habían depositado previamente sus consideraciones y dos de ellas las externaron públicamente este lunes. 

 La primera adjunta del Defensor del Pueblo, Ana Leticia Martich Mateo, pidió robustecer la regulación de la protección de datos personales biométricos. "Estimamos pertinente llamar la atención sobre la necesidad de robustecer la regulación relativa a la protección de los datos personales y biométricos contenidos en los artículos 39, 40, 41 y 61 del citado reglamento, debido a los riesgos que esas prácticas pueden representar para los derechos fundamentales de la intimidad, hábeas data y el derecho de la autodeterminación", aconsejó. 

 Pidió agregar controles adicionales que garanticen una supervisión independiente del tratamiento de datos personales, especialmente para los casos en que personas puedan verse afectadas por el uso indebido de la información.

Instan a incluir medidas de alquileres a extranjeros ilegales en proyecto de reforma de la ley

Ante las recientes medidas anunciadas por el presidente Luis Abinader para enfrentar la presencia de inmigrantes indocumentados en el país, la Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias (AEI) manifestó su respaldo al control migratorio. 

No obstante, propone que la regulación del alquiler de inmuebles a extranjeros sea evaluada dentro del marco de la reforma a la Ley de Alquileres que cursa en el Congreso Nacional. "El alquiler de una propiedad conlleva una depuración previa. A todos los extranjeros y dominicanos se les exige identificación, como cédula o pasaporte, prueba de ingresos y un fiador", expresó Alberto Bogaert, presidente de la AEI, quien aclaró que esto es una norma del sector inmobiliario formal. 

 La propuesta del mandatario sobre los alquileres forma parte de una serie de 15 medidas anunciadas esta semana para frenar la presencia de inmigrantes ilegales.

 Entre ellas, Abinader adelantó que el Gobierno someterá un anteproyecto de reforma del marco legal migratorio con "carácter de urgencia", el cual incluiría sanciones más severas para funcionarios y particulares que faciliten la entrada o permanencia de inmigrantes indocumentados. 

Solicitan más de RD$ 23 mil millones en indemnización al Estado por caso Antipulpo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– Los abogados representantes del Estado dominicano, Jorge Luis Polanco, Jorge López, Claudia Luna y José Luis Almánzar, solicitaron este miércoles al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, una indemnización de RD$ 23,903,465,542.00 como parte de las acciones legales en contra de los imputados en el caso denominado operación Antipulpo, en Santo Domingo. 

 En este juicio, que involucra a una supuesta red de corrupción que, según las investigaciones, habría sustraído cerca de cinco mil millones de pesos del erario, los defensores solicitaron la referida suma de dinero por alegados daños y perjuicios al Estado. 

 También han solicitado que los imputados sean condenados al pago de las costas del proceso judicial, lo que incluye los gastos generados durante todo el juicio. 

 El principal acusado en este alegado entramado criminal es Alexis Medina, quien, según las autoridades, habría liderado la organización que manipulaba contratos y desviaba fondos públicos de manera ilícita. 

Apelarán sentencia de extinción de acción penal en favor Micky López, acusado de lavado de activos

El Ministerio Público recurrirá en apelación la decisión del Primer Tribunal Colegiado de La Vega, que declaró la extinción de la acción penal en favor de Miguel Arturo López Florencio (Micky López), acusado de encabezar una red de lavado de activos provenientes del narcotráfico. 

 El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, dijo que apelará la decisión del tribunal que preside Lucrecia Rodríguez y que favorece al esposo de la exdiputada Rosa Amalia Pilarte,por no estar conforme con la misma. “Vamos a recurrir en apelación. Esa decisión es contraria a los precedentes de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional sobre duración máxima del proceso y plazo razonable”, comentó Camacho, tras ser preguntado al respecto. 

 El tribunal fundamentó la extinción de la acción penal a favor de Micky López en el hecho de que había transcurrido el plazo de cuatro años establecido por el Artículo 148 del Código Procesal Penal. 

 La decisión se produce en momentos en que la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) expresan su creciente preocupación por el alto número de casos en los que la acción penal se ha extinguido en los tribunales dominicanos durante los últimos cinco años, un fenómeno que, según ambas entidades, evidencia serias fallas en el sistema de justicia del país. 

Plan Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT): en un momento crucial para RD

La creciente preocupación de la sociedad dominicana sobre el desorden territorial llevó al Gobierno dominicano a acelerar la decisión para el conocimiento, aprobación y promulgación de la Ley 368-22 sobre Ordenamiento Territorial, Uso de Suelos y Asentamientos Humanos. 

Un marco orientador que tenía más de una década de discusión en la sociedad dominicana y cuyo reglamento está en la fase final de revisión para su próxima promulgación. La Ley 368-22 orienta al diseño de un conjunto de instrumentos en diferentes escalas: nacional, regional y municipal. 

En la escala municipal ya el país dispone de un número importante de Planes Municipales de Ordenamiento Territorial (PMOT), unos concluidos y otros en proceso de formulación. El inventario registra un total de más 20 PMOT e Instrumentos de Delimitación de Suelos Urbanos, cuyos diseños técnicos son seguidos y acompañados cotidianamente por el Viceministerio de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD), con financiamientos del Gobierno y de la Cooperación Internacional. 

Solicitan 20 años de prisión para Alexis Medina por estafa agravada y lavado de activos

Santo Domingo, RD. – El Ministerio Público solicitó este lunes una condena de 20 años de prisión contra Juan Alexis Medina Sánchez, acusado de encabezar una estructura criminal que defraudó al Estado dominicano mediante contratos ilícitos y maniobras de corrupción.

 La acusación incluye estafa agravada contra el Estado, uso de documentos falsos, asociación de malhechores, complicidad en desfalco, soborno activo, lavado de activos agravado y financiamiento ilícito de campañas políticas. 

 Solicitan decomiso de bienes y multa económica 

Además de la condena de prisión, el órgano persecutor solicita que Medina Sánchez sea condenado al pago de una multa equivalente a 400 salarios mínimos, así como al decomiso de todos los bienes obtenidos de manera ilícita a través de las operaciones fraudulentas. 

 También se pide su inhabilitación permanente para contratar con el Estado o prestar cualquier tipo de servicio público. Caso emblemático de corrupción Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina, lo arrestaron en 2020 como parte de la Operación Antipulpo, un expediente de alto perfil que sacó a la luz una compleja red de corrupción que operaba desde el corazón del poder durante el pasado gobierno. 

Luis Henry Molina propone eliminar tasas judiciales para una justicia accesible

Santo Domingo.-El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, abogó este jueves ante el Congreso Nacional por la eliminación de las tasas judiciales en una nueva legislación. Para eso solicitó la aprobación de tres proyectos de ley fundamentales para la transformación del Poder Judicial: la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley para la optimización de los procesos y la actualización de la Ley de Registro Inmobiliario. 

 Explicó que la primera busca modernizar el sistema judicial con mayor eficiencia, independencia y flexibilidad organizativa; la segunda pretende simplificar y agilizar trámites, reduciendo litigios innecesarios, y la tercera fortalecería los procesos técnicos y registrales, adaptándolos a las necesidades actuales. 

 “Si realmente creemos en la justicia como un derecho universal, debemos eliminar las barreras económicas de acceso. Esta es la contribución que el Poder Judicial quiere y puede hacer”, sostuvo Molina.

 Aseguró que, con el respaldo del Congreso Nacional, estas leyes harán sostenible la transformación de la justicia. “Un cambio fundamental para la seguridad jurídica, el atractivo de inversión y el desarrollo económico del país”, precisó Molina. 

Desalojan propietarios de módulos en malecón de P. Plata; califican de abusiva la acción

PUERTO PLATA.-Agentes policiales, militares y miembros del Ministerio Público realizaron la mañana de este viernes un desalojo en la caseta el Chiringuito que aloja a varios módulos en la avenida Gregorio Luperón (malecón de Puerto Plata), tras varias sentencias emitidas por el juez presidente de la Cámara Civil y Comercial de Puerto Plata, Nassim Eduardo Ovalle. 

 Se trata de un módulo con cuatro locales, infraestructura construida por el Gobierno a través del Ministerio de Turismo, para ser entregados a comerciantes informales que estaban en el malecón cuando se produjo la remodelación en el año 2006 por la gestión de Leonel Fernández, a un costo de RD$308 millones. 

 El desalojo perjudicó a varios propietarios, entre estos Siria Castaño, Elías Rosario Belén y Patricia Batista Santos, quienes han calificado como un abuso de poder dicha decisión. 

 Los reclamantes y que ganaron varias sentencias son los herederos de la señora Justina de los Santos, quienes habrían logrado obtener un título de propiedad tras deslindar un terreno, produciéndose incluso demandas entre ellos mismos para poder lograr materializar el desalojo en contra de los ocupantes. 

 William García, abogado de la señora Patricia de los Santos, explica que diez días antes de conocerse la demanda muere la señora Justina de los Santos, a quien el juez condenó a la fallecida y a los demás que se encuentran en el módulo. “Cuáles son las sentencias que han dado a favor de ellos (de la familia de Justina) son referimientos, que son sentencias de manera provisionales, todas provisionales, para resolver un problema momentáneo hasta que nazca una sentencia definitiva”, dijo el profesional del derecho. 

 Dichos recursos de referimientos fueron apelados por los afectados, pero el juez Nassin Eduardo -a quien los desalojados acusan de estar parcializado-, niega la suspensión de la ejecución de la sentencia, a pesar de haber un recurso abierto donde participan los ministerios de Turismo, Medio Ambiente, la Armada Dominicana, el Patronato del malecón y los dueños de casetas. De acuerdo a informaciones, la caseta se encuentra entro de los 60 metros de pleamar.

Fuente: https://elatlantico.do/index.php/2025/04/04/desalojan-propietarios-de-modulos-en-malecon-de-p-plata-califican-de-abusiva-la-accion/