Jueza conocerá este viernes preliminar contra exministros y otros Caso Calamar por estafa al Estado de más de RD$19 mil millones

SANTO DOMINGO.- La jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez, continuará este viernes con la audiencia preliminar contra los exministros Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y demás implicados en el Caso Calamar, acusados de estafar al Estado con más de RD$19 mil millones de fondos públicos. 

 Según declaraciones recientes de la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz, ya se inició la presentación resumida de la acusación formal por corrupción administrativa contra los exfuncionarios involucrados.

 Una vez el Ministerio Público concluya la presentación de la acusación y de las pruebas que sustentan la responsabilidad penal de los imputados, corresponderá a los abogados defensores exponer sus alegatos y presentar los elementos que, según ellos, demuestran la inocencia de sus representados.

 Durante esta fase del proceso, el órgano acusador solicitará a la jueza que los implicados en el Caso Calamar sean enviados a juicio. 

 De acuerdo con la acusación, los imputados formaban parte de una estructura que desvió más de RD$19,000 millones mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, además de sobornos destinados a financiar la campaña electoral de 2020.

Fuente: https://eldia.com.do/ministerio-publico-presenta-acusacion-contra-donald-guerrero-y-gonzalo-castillo/

Diputados aprueban 500 contratos de venta inmobiliaria del Estado a particulares

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Cámara de Diputados aprobó en la sesión de este martes el décimo grupo de contratos, conformes a los procedimientos establecidos para agilizar el conocimiento de iniciativas legislativas a transferencias de inmuebles del Estado traspasados a particulares. 

 El presidente de la Comisión Permanente de Contratos, Tobías Crespo, informó al hemiciclo que del grupo de los 500 contratos, 424 corresponden a apartamentos ubicados en distintas partes del país, 48 a casas y uno a un terreno de menos de mil metros. “Están todas distribuidas entre las avenidas Ecuador, Azúa, Baní, El Almirante, Cristo Rey, La Doctor Delgado, El Embajador, El Pensador de Villa Duarte, El Vergel, Ensanche La Fe, Guachupita, Hainamosa, José Contreras, Los Cacicazgos, Los Farallones, Los Mameyes, Los profesionales de Iberoamérica, Los Ríos, Los Tres Ojos, Montecristi, Ocoa, Plaza Independencia, Prolongación Avenida México, Sosua, Salcedo, Santiago, Villa Francisca, Villa Juana, Villa Consuelo y La Villa Olímpica”, precisó Crespo. 

Denuncian presunta red criminal que falsifica sentencias para robar tierras

Santo Domingo.-Una presunta red mafiosa estaría operando en Punta Rucia y Playa La Ensenada, provincia Puerto Plata, donde se ejecutan fraudes masivos en propiedades privadas, según denunció el abogado Amadeo Peralta, quien asegura que ha tenido que litigar “como un gladiador” contra un entramado que incluso utiliza identidades de personas fallecidas para construir procesos judiciales falsos. 

 De acuerdo con lo sostenido por Peralta, en un texto remitido a DiarioDigitalRD, los prsuntos falsificadores movilizan expedientes inexistentes en la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional y otros tribunales del país, amparados en documentos que vinculan a muertos como actores legales. 

Todo ello con el objetivo de despojar a legítimos propietarios de terrenos y bienes inmuebles, valiéndose de sentencias falsas y títulos manipulados. El abogado señala como responsables, sin ofrecer sus nombres, a una funcionaria del Instituto Agrario Dominicano, un diputado y varios abogados, quienes operan con total libertad en jurisdicción inmobiliaria y en la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales. 

MIVED interviene muro en riesgo de colapso en proyecto Colinas del Arroyo II

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED) dispuso el envío de una brigada de asistencia social y una unidad de inspección de obras privadas al proyecto Colinas del Arroyo II, debido al riesgo de colapso de un muro que amenazaba con comprometer la vía pública. 

 Los trabajos fueron coordinados por el viceministro de Normas, Reglamentaciones y Tramitaciones, Francisco Solimán, y el viceministro de Hábitat, Ney García, del MIVED. El MIVED recibió la denuncia por los residentes de Colinas del Arroyo II y varios medios de comunicación, que se hicieron eco de las condiciones en que se encontraba el muro. 

 A primera hora del día, los equipos se trasladaron al lugar y, tras conversar con la constructora, se procedió al cierre de la calle para prevenir accidentes en caso de derrumbe. 

Gobierno declara de utilidad pública terrenos del antiguo Hotel Santo Domingo para construir Centro de Convenciones

Santo Domingo, R.D. – El Poder Ejecutivo declaró de utilidad pública los terrenos donde operaba el antiguo Hotel Santo Domingo, con el propósito de desarrollar allí el nuevo Centro de Convenciones de la capital, uno de los proyectos estratégicos del Gobierno en materia de turismo y eventos.

 La medida fue oficializada mediante el decreto 214-24. La zona abarca un total de 67,000 metros cuadrados, propiedad de la empresa Costasur Dominicana, filial de Central Romana Corporation. De este total, el Estado gestionará el uso de aproximadamente 34,000 m², situados en la intersección de las avenidas George Washington y Abraham Lincoln, una de las áreas más emblemáticas del Malecón de Santo Domingo. 

 Este nuevo emplazamiento sustituye los terrenos del Hotel Hispaniola, descartados debido a conflictos legales. La decisión forma parte de una estrategia integral para revitalizar el litoral capitalino y consolidar a Santo Domingo como un destino clave para el turismo de convenciones.

El CEA, las invasiones de propiedad y las omisiones de respuestas

A la sede del Consejo Estatal de azúcar (CEA) llegan a diario decenas de personas de diferentes lugares del país con la misma inquietud, conocer en qué estado está el proceso de entrega de sus títulos de propiedad. 

 Es el caso de doña Rosa María Méndez, de 64 años, residente en Sabana Perdida, quien durante años ha estado gestionando el título definitivo de un solar en Santo Domingo Este que, según consta en los documentos que mostró a Diario Libre, junto a su esposo Miguel de Oleo Vásquez (no vidente) realizaron el último pago en fecha 6 de febrero de 2023.

 Pero la historia no comenzó en 2023, los documentos mostrados especifican que la venta fue consentida por el CEA mediante una "Solicitud de puesta en posesión" fechada el 28 de octubre de 2001, cuando la pareja solicitó a la institución estatal la compra del solar No. 14, del Distrito Catastral 32; una extensión de 250 metros cuadrados ubicado en el Proyecto Brisas de las Américas, Santo Domingo Este. 

Juan José Rojas solicita reconsiderar venta de los terrenos colindantes a la base aérea de San Isidro

Santo Domingo Este – Juan José Rojas, diputado por la provincia Santo Domingo solicita al presidente Luis Abinader y las autoridades del CEA rechazar cualquier oferta de compra de los terrenos que colindan con la Fuerza Aérea de República Dominicana en en las proximidades a la autopista San Isidro, Santo Domingo Este.

 Rojas quien , es oriundo de la zona considera que los mismos fueron declarados de utilidad publica hace más de 20 años y para uso exclusivo de amortiguamiento de esta base militar y tocarlos, representa una amenaza a la sostenibilidad social, tanto presente como futuro en la lo localidad del municipio Santo Domingo Este. 

 El congresista oficialista señaló mediante sus redes sociales que no se opone al desarrollo y a los planes públicos y privados que busquen acelerar el desarrollo de su demarcación, pero que en esta ocasión está en desacuerdo a la venta de estos terrenos mediante el fondo de desarrollo de infraestructuras (FDI). 

 Las parcelas en cuestión son 37C Reformada 1 y 37C Reformada 2 pertenecientes a Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo,

Fuente: https://despertarnacional.com.do/2025/05/20/juan-jose-rojas-solicita-reconsiderar-venta-de-los-terrenos-colindantes-a-la-base-aerea-de-san-isidro/

Piden al MP agilizar trámites para traer principal acusada caso Guepardo presa en Colombia

DIARIO ECO/SANTO DOMINGO, RD.- Un grupo de las personas estafadas en el denominado Caso Guepardo pidieron a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, agilizar los trámites para que la principal imputada, Loany Lismeiry Ortiz Nova, sea traída al país a enfrentar el proceso judicial. 

 Denunciaron que hace mas de tres meses que Ortiz Nova fue arrestada en Colombia, según información divulgada por la propia Procuraduría General de la República, en una acción donde además participaron la División de Investigación de Lavados de Activos y Terrorismo (DILAT), de la Policía Nacional, y la Oficina OCN del Interpol Santo Domingo, pero que la fecha no la han traído y no se sabe nada, ni en qué situación se encuentra. 

 La abogada Carolina Núñez, quien representa a un grupo de los estafados, sostuvo que la Procuraduría General de la República debe agilizar las diligencias para que las autoridades de Colombia, que tienen que ver con el caso, extraditen a Ortiz Nova al país para que enfrente la justicia. 

102 personas se querellan contra presuntos implicados en desalojos en Mata Mosquito

Un total de 102 personas, entre ciudadanos dominicanos y haitianos, presentaron una querella la tarde de ayer contra cuatro personas presuntamente implicadas en el desalojo de los terrenos que ocupaban en Mata Mosquito, Friusa, una localidad que pertenece a Bávaro, en la provincia La Altagracia. 

 De los 102 querellantes, 81 son dominicanos y 21 haitianos, quienes poseen permisos de trabajo, según consta en el documento de la querella depositada ante la fiscalía de la provincia La Altagracia. El documento también establece que existe un total de 283 querellantes, aunque solo se citan 102 en el acto de depósito. 

 Mientras que, también señala que los demandados son Domingo Lizardy, Ernetico Botello, Juan Luis Martínez y Elvis Suárez, abogado del Estado. 

 Las familias afectadas acudieron a la Fiscalía acompañadas por el vicepresidente nacional de los Derechos Humanos, Rafael Ureña, y sus abogados. Según Ureña, quien habló en representación de los afectados, el desalojo se llevó a cabo contra un grupo de ciudadanos dominicanos a quienes, alega, se les vulneraron y soslayaron sus derechos de propiedad.