Inversionistas mexicanos y americanos solicitan reunión con Abinader para retomar proyecto aeropuerto Bávaro


EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) liderado por el magnate mexicano Fernando Chico Pardo, ha solicitado una reunión con el presidente dominicano Luis Abinader para discutir la suspensión del proyecto del Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB). 

 ASUR, que posee el 25 % de las acciones del AIB y cotiza en la bolsa de Nueva York expresó su preocupación por las decisiones del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), que según ellos afectan negativamente su inversión y la de otros accionistas estadounidenses. 

 De acuerdo con una nota informativa, en una carta enviada al mandatario ASUR argumenta que realizó una exhaustiva debida diligencia antes de invertir, asegurándose de la legalidad y viabilidad técnica del proyecto. Destacan que el AIB contaba con permisos de diversas entidades estatales, el decreto presidencial 270-20 y un contrato de concesión similar al de otros aeropuertos privados del país. 

 La empresa manifestó sorpresa ante el Decreto 02-24 emitido por el presidente Abinader en enero de 2024, que derogó la autorización previa para el AIB. ASUR cuestiona la recomendación del IDAC basada en una sentencia de la Suprema Corte de Justicia y una modificación reglamentaria, que según ellos desconoce la autoridad exclusiva del Poder Ejecutivo para aprobar aeropuertos internacionales como lo establece la Ley Aeronáutica del país. 

Privatización terrenos Bahía de las Águilas es llevado ante el Defensor del Pueblo

Santo Domingo, RD.- La privatización de un terreno en el municipio de Bahía de las Águilas, en Pedernales, específicamente en la Cueva de los Pescadores, que limita el área de mejor acceso al público ha generado sorpresa en ese lugar y preocupación ciudadana. 

 La acción que lleva a cabo el señor Santiago Rodríguez con supuesto apoyo de agentes de la Armada Dominicana, está creando el temor de que los visitantes no puedan disfrutar del derecho colectivo de usar el referido entorno costero.

 El caso viola Ley General 64 00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, porque está dentro de los 60 metros que no se debe construir para la preservación y sostenibilidad de los recursos naturales, en este caso la playa. 

 La situación que empezó a discreción durante el periodo de Semana Santa, se ha ido expandiendo y está limitando que las personas puedan accesar al lugar de mejor acceso para el público, para ir a otros espacios similares necesita del uso de botes. Dada esa situación, el abogado y asesor municipal, Waldy Taveras además de denunciar el caso sometió una instancia frente la oficina del Defensor del Pueblo para ejerza la fuerza para salvaguardar las prerrogativa personales y colectivas de los ciudadanos plasmados en la Constitución dominicana. 

Senado aprueba que el Estado transfiera terreno de más de 12 mil m² a Inmobiliaria Reservas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Senado aprobó en única lectura un contrato de venta de terreno identificado con el número 032, mediante el cual el Estado dominicano, representado por el director general de Bienes Nacionales, transfiere una porción de 12,520.06 metros cuadrados a la Inmobiliaria Reservas S. A., representada por Arquímedes Miguel Madera Rodríguez. 

El terreno en cuestión, correspondiente a la designación catastral núm. 317097 95454, está ubicado en el municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez. La operación fue autorizada por el Poder Ejecutivo. Durante la misma jornada legislativa, el pleno también ratificó varios nombramientos diplomáticos, incluyendo a Ángela Marianna Vigliotta Mella como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria concurrente en la República de Serbia, con sede en Austria. 

 Asimismo, fueron confirmadas Lourdes Margarita Franco-Zimmermann como embajadora en Letonia (con sede en Suecia), Angie Shakira Martínez Tejera en Corea del Sur y Manuel Antonio Durán Pilarte en Jamaica. 

Unas 600 urbanizaciones construidas por Gobierno están siendo tituladas

Santo Domingo.-Rafael Burgos Gómez tiene a su cargo el proceso de fusión de Bienes Nacionales, Consejo Estatal del Azúcar y la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE). El proceso no ha sido fácil porque cada una de ellas tiene sus complejidades.

 Las tres entidades, históricamente, han sido víctimas de manejos dolosos o negligencia, que han salido a relucir durante el proceso unificación. Mientras que Bienes Nacionales está centrado en censar las propiedades del Estado, que según Burgos Gómez ya ha concluido arrojando que las mismas tienen un valor superior a los 45 mil millones de pesos en libro; en el CEA el trabajo ha sido regularizar los contratos de compra-venta o recuperar terrenos ocupados de manera irregular por parte de particulares. 

 Para la semana próxima tiene previsto que Bienes Nacionales entregue 15 mil títulos de propiedad, lo cual forma parte de un plan integral que contempla regularizar a personas que han comprado legítimamente al Estado a través de Bienes Nacionales o al CEA. “Esta labor forma parte de un plan estructurado de titulación que se ejecuta desde dos frentes: la unidad de titulación del CEA y de Bienes Nacionales, ambas trabajando de forma paralela a la gran unidad nacional de titulación creada por el Gobierno”, expresó Burgos durante su participación en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio. 

El debate por la municipalidad de Verón entra en fase crítica


La propuesta de ley presentada por el senador Rafael Barón Duluc (Cholitín) para elevar a municipio a Verón–Punta Cana ha encendido uno de los conflictos territoriales más relevantes de los últimos años en la región Este del país. 

 Lejos de ser un simple trámite legislativo, la iniciativa ha revelado tensiones históricas entre el pujante distrito turístico y el municipio cabecera, Higüey, cuyas autoridades y sectores sociales consideran que esta separación puede tener efectos devastadores para su economía. 

 La discusión ha escalado rápidamente del plano técnico al político y emocional, activando discursos de identidad, reclamos de autonomía y temores por la sostenibilidad de los recursos municipales. Y todo esto ocurre en el contexto de una provincia que representa una de las columnas económicas más importante e influyente del país, gracias a su enorme contribución desde el turismo, la inversión extranjera y la generación de empleos.

Parceleros de Hato Mayor marcharán al Palacio en defensa de sus tierras

Hato Mayor, RD.- Parceleros agrupados en distintas asociaciones de Hato Mayor expresaron su preocupación ante la posible fusión del Instituto Agrario Dominicano (IAD) con el Ministerio de Agricultura. Consideran que quedarían desprotegidos frente a las instituciones del Estado. 

 Además, denunciaron que el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y Bienes Nacionales estarían intentando despojarlos de terrenos que poseen con títulos otorgados por el propio Estado. Frente a esta situación, la Federación de Productores de Parceleros de Hato Mayor que preside José Aquino Javier, anunció una marcha hacia el Palacio Nacional para el viernes 20 de junio. 

 En la manifestación participarán representantes de asociaciones campesinas como Los Guallos, Loma Larga, Las Piñitas, Acción y Progreso, Capote y Laguna Clara, quienes buscan visibilizar su lucha por la permanencia en los terrenos que han trabajado durante décadas. 

 Los parceleros exigen respeto a los derechos adquiridos y demandan la entrega definitiva de los terrenos, tal como establecen los decretos 401-04 y 353-05 que ordenan su traspaso para asentamientos agrarios. De igual forma, solicitan además la intervención directa del presidente Luis Abinader para resolver este conflicto que, aseguran, amenaza la seguridad alimentaria y el sustento de cientos de familias campesinas de la región Este.

 La mesa principal del encuentro estuvo conformada por líderes comunitarios como Santa Núñez, Juan Antonio Mota Morales, Feliz Berto, Juan Ramón, Delfín Castillo, Juan Mercedes y Ramón Anton.

Senador Antonio Taveras exige detener desalojos de “barrios enteros” de Santo Domingo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El senador del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Antonio Taveras Guzmán, presentó un proyecto de resolución mediante el cual solicita al presidente Luis Abinader declarar de utilidad pública los terrenos de la provincia Santo Domingo, donde supuestamente el abogado del Estado ejecuta desalojos forzosos de comunidades enteras y familias con hasta más de 40 años de residencia. 

 El senador de la provincia Santo Domingo explicó que, aunque desde el Congreso Nacional lleva más de cuatro años trabajando con el Gobierno para dotar de titulación a más de 27 barrios en amenaza de desalojo, en muchos casos el proceso no ha podido avanzar por los entramados de corrupción que en el pasado permitieron vender dichos terrenos del Estado a particulares sin tomar en cuenta el desarrollo social y humano que ya existía.

 Al tomar un turno en el hemiciclo de la Cámara Alta, el senador Antonio Taveras Guzmán afirmó que la declaración de utilidad pública favorecería a miles de familias de sectores como La Caleta, Santa Lucía de La Caleta, el barrio Libertad de Boca Chica, Los Coquitos de Mendoza, Brisa del Edén en Mendoza, Buenaventura de Mendoza, Isabelita, El Valiente, Boca Chica, Los Humerales de Pantoja, Villa Progreso I, II y III de Los Alcarrizos, La Grúa de Mendoza, Nueva Jerusalén, Loma Miranda en Los Alcarrizos, entre otros barrios que cumplen con los criterios establecidos. 

Acoprovi gestiona más de 87 mil permisos de trabajo para regularizar a haitianos en la construcción, según Le Nouvelliste

La presidenta de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), Annerys Meléndez, informó que más de 87 mil permisos de trabajo serán tramitados para regularizar a inmigrantes, en su mayoría haitianos, que laboran en el sector de la construcción en República Dominicana. 

 El anuncio fue hecho durante la inauguración de la XVII Feria de la Industria de la Construcción 2025, donde Meléndez destacó que esta gestión se realiza en cumplimiento de la legislación vigente, sin necesidad de modificar el marco normativo migratorio actual, según el periodico haitino Le Nouvelliste. 

 “La sección de Acoprovi está preguntando cómo obtener permisos de trabajo o visas para esos 87 mil inmigrantes”, afirmó, tras recordar que, según la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo del Banco Central, el sector construcción emplea a unas 435 mil personas, de las cuales el 20% son extranjeros en condición irregular. 

 La dirigente empresarial explicó que el sector se ha visto obligado a recurrir a la mano de obra extranjera —principalmente haitiana— debido a que los dominicanos no muestran interés en realizar muchas de las tareas más rudimentarias que demanda la industria. “Esta no es una realidad exclusiva de nuestro país; internacionalmente, es común que los inmigrantes desempeñen esas funciones”, puntualizó. 

 Meléndez solicitó al gobierno la apertura de los consulados dominicanos para permitir la emisión de las visas necesarias. “Debemos entender que si los extranjeros necesitan una visa, pero ningún consulado la emite, será imposible obtener un permiso de trabajo que les permita laborar legalmente”, advirtió.

 Estas declaraciones se producen en un contexto en el que el gobierno dominicano ha anunciado 15 medidas para controlar la inmigración irregular, incluyendo operativos de repatriación de haitianos indocumentados. A pesar de esas disposiciones, el sector construcción insiste en que la regularización de trabajadores extranjeros es vital para mantener activa una industria esencial para la economía nacional.

Hoteleros ven positiva la regulación para plataformas de renta corta


Las plataformas de renta corta se han popularizado en los últimos años. De hecho, se erigen como una opción de alquiler de propiedades para turistas extranjeros, así como para los residentes. La postura de la Asociación de Hoteles de Santo Domingo y del Clúster Turístico de Santo Domingo sobre la participación de esta modalidad en el mercado dominicano es que sea regulada.

 “Nosotros promovemos un entorno de regulación para algunas de estas plataformas y modalidades”, afirmó Yudit García, quien es la presidente de la Asociación de Hoteles de Santo Domingo (AHSD), durante su participación en la Dominican Annual Tourism Exchange (DATE), correspondiente a 2025. 

 García valoró la importancia del dinamismo en la ciudad de Santo Domingo, así como del crecimiento urbano, inmobiliario y hotelero, lo cual consideró es “positivo”. No obstante, destacó la necesidad de esfuerzos para equilibrar ese crecimiento. 

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