Extranjeros tendrían que poseer residencia dominicana, para ejercer como agente inmobiliario, según proyecto de ley

SANTO DOMINGO.- Los extranjeros solo podrían ejercer el oficio de agentes inmobiliarios en el país, en el caso de contar con no menos de tres años de residencia permanente en la República Dominicana, además de poseer la cédula de residencia expedida por la Junta Central Electoral (JCE). 

 Así lo plantea el proyecto de ley que regularía los servicios inmobiliarios y el contrato de corretaje, depositado el pasado mes en el Congreso Nacional, que también establece que los extranjeros deberán contar con permiso expreso para realizar cualquier tipo de trabajo en el territorio nacional.

 “Los extranjeros mayores de edad, con residencia permanente en República Dominicana, con no menos de tres años de residencia permanente en la República Dominicana y que ostenten la respectiva cédula de residencia expedida por la Junta Central Electoral, con permiso expreso para realizar cualquier tipo de trabajo en el territorio nacional”, plantea el artículo 14 al referirse a los requisitos para obtener la licencia de corredor inmobiliario. Cuatro diputados depositaron el 18 del pasado mes de febrero el “proyecto de ley que regula los servicios inmobiliarios y el contrato de corretaje”, en la República Dominicana. 

TC declara inconstitucional artículos 26 y 28 Ley 268-22 de Ordenamiento Territorial facultaban MEDyP y Consejo de Ministros aprobar permisos uso de suelo

Santo Domingo.- El Tribunal Constitucional (TC) declaró nulos los artículos 26 y 28 de la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos por considerarlos “no conformes con la Constitución”. 

 Mediante la sentencia es la TC/1146/23 del 27-12-2023, el Tribunal Constitucional acogió una acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por Waldys Rafael Miguel Antonio Taveras (Waldys Taveras), depositado el 2 de marzo de ese año. Aunque la sentencia es de diciembre del 2023, fue comunicada el 19 de febrero de 2025 a Waldys Taveras. 

 El TC en dispositivo primero establece: “PRIMERO: ADMITIR la acción directa en inconstitucionalidad interpuesta por el señor Waldys Rafael Miguel Antonio Taveras D., contra los artículos 26 (inciso 6, párrafo I) y 28 (párrafo I) de la Ley núm.368-2, de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos”. Mientras que en el segundo: “DECLARAR buena y válida, en cuanto a la forma, la presente acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por el señor Waldys Rafael Miguel Antonio Taveras D.,Contra los artículos 26 (inciso 6, párrafo I) y 28 (párrafo I) de la Ley núm.368-22, de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos”. En tanto que el tercero: “DECLARAR, en cuanto al fondo, no conformes con la Constitución los referidos artículos 26 (inciso 6, párrafo I) y 28 (párrafo I) de la Ley núm.368-22, de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, por los motivos expuestos en el cuerpo de esta sentencia; y, en consecuencia, PRONUNCIAR la nulidad total y absoluta de dichos artículos impugnados en inconstitucionalidad”. 

Denuncian apropiación de terrenos en los Frailes

Santo Domingo. – Comunitarios y dirigentes deportivos denunciaron este sábado la clausura y apropiación de unos terrenos que serían utilizados para la construcción de diversas obras para la comunidad Barrio Nuevo en el Kilómetro 10 y medio de Los Frailes en las Américas, a pesar de que los comunitarios dicen tener el poder legal como dueños a estos las autoridades les han dado la espalda.

 Unos 4 mil metros cuadrados es la cantidad en cuestión que quieren utilizar para la construcción de un polideportivo para la comunidad entre otras infraestructuras, sin embargo, estos comunitarios denunciaron la ocupación arbitraria de dicho lugar. 

 Según lo expresado por los residentes las autoridades les han dado la espalda, ya que, aun teniendo los derechos formales, estos se han hecho de la vista gorda. Y es que este espacio sería ideal para qué miles de niños de diversos clubes deportivos pueden fomentar el deporte en la zona, pues entienden que adecuándolo podrían sacar a cientos de niños de las calles.

 Además, aprovechando el espacio, hacen un llamado al presidente para que pueda acudir en su ayuda y así también crear una escuela laboral para mujeres. Estos esperan la intervención inmediata del gobierno, pues ante esta situación miles de niños se encuentran sin un lugar adecuado para sus actividades deportivas.

Fuente: https://telenoticias.com.do/denuncian-apropiacion-de-terrenos-en-los-frailes/

MIVED realiza jornada de firmas de contratos para entrega de más de 50 títulos de propiedad en Jaibón, Valverde

Laguna Salada, Valverde. – El Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED) realizó una jornada de firmas de contratos para entregar 53 títulos de propiedad a igual número de familias del proyecto INVI-Jaibón, ubicado en el municipio Laguna Salada, en la provincia Valverde. 

 Con este acto, el MIVED, bajo las directrices del Ministro Carlos Bonilla, termina con más más de dos décadas de espera para que los beneficiarios obtengan el certificado legal que les otorga derechos sobre sus propiedades.

 En representación del Ministro Bonilla, el viceministro de Hábitat y Vivienda del MIVED, Ney García, destacó la importancia de este proceso de titulación que, además de la seguridad jurídica que brinda, también ofrece a los propietarios garantía económica sobre sus hogares. Mientras el arquitecto Michael Lamarche, titular de la Dirección de Registro Inmobiliario de Proyectos de Construcción del MIVED, informó que luego de la firma de contratos, pasará a la transferencia de los títulos para que los ciudadanos tengan la garantía de que son propietarios de sus hogares.

Ministerio Público inicia lectura de acusación contra red de estafa inmobiliaria

El Ministerio Público inició este viernes la lectura de la acusación en la audiencia preliminar del caso Nido, en el que se acusa a Emmanuel Rivera Ledesma y otros implicados, ser parte de una supuesta red delictiva que estafó a más de 500 personas mediante falsos proyectos inmobiliarios. 

 Según el expediente, Rivera Ledesma encabezó las maniobras fraudulentas que permitieron captar millones de pesos y dólares de las víctimas. Los fiscales Magalys Sánchez, Laura Vargas y Andrés Mena presentaron la acusación ante el Primer Juzgado de Instrucción. También figuran como imputados Luis Alberto Méndez Rosario, José Ramón Castillo Peña, María del Carmen Fernández Gómez, Rafael Antonio Guzmán Peralta, Esteban de Jesús Rojas, Carolina Martínez Jiménez, Héctor Manuel Díaz Peña, Francisca Altagracia Torres, Miguel Ángel Suero Pimentel y Julio César Vargas, además de las empresas Indisarq, SRL y CRD Equipos Pesados, SRL. 

 Cargos y fraude millonario 

 La acusación señala que los acusados enfrentan cargos por estafa, falsificación de documentos, asociación de malhechores y lavado de activos, en violación de los artículos 265, 266, 405, 59, 60 y 147 del Código Penal Dominicano. 

 La investigación determinó que la red utilizaba las empresas Indisarq, SRL y CRD Equipos Pesados, SRL para comercializar propiedades inexistentes y captar fondos de inversionistas. Además, se estableció que estas compañías incumplieron sus obligaciones fiscales ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), incurriendo en defraudación tributaria. 

 Las autoridades dicen que el fraude supera los 235 millones de pesos y 10 millones de dólares, montos que el Ministerio Público busca recuperar en favor de los afectados. Como parte del proceso legal, se incautaron bienes adquiridos con fondos ilícitos, incluyendo casas, apartamentos, vehículos y maquinaria pesada, utilizados también -según el Ministerio Público- para financiar el alto estilo de vida de los imputados. 

 Desmantelamiento de la red y pruebas clave

 La organización fue desmantelada tras 25 allanamientos realizados en San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez y el Distrito Nacional, donde se confiscaron propiedades y documentos clave. Entre las pruebas presentadas, el Ministerio Público sostiene que Emmanuel Rivera Ledesma utilizaba el nombre de figuras públicas para ganar credibilidad ante sus víctimas. Además, intentó persuadir a los afectados de no presentar querellas, ofreciéndoles nuevos contratos fraudulentos con el objetivo de obstruir el proceso judicial. 

 Próximos pasos en el proceso La audiencia continuará el 21 de marzo con la presentación de las pruebas en bloque y las conclusiones del Ministerio Público.

Fuente: https://www.diariolibre.com/actualidad/justicia/2025/03/07/ministerio-publico-inicia-lectura-de-acusacion-en-caso-nido/3025485

Demandan al ministro Jochi Vicente por desacato a sentencia sobre expropiación de terrenos

Santo Domingo. – El ministro de Hacienda, José Manuel Vicente Dubocq, enfrenta una demanda por reparación patrimonial junto al Estado dominicano tras ser acusado de desacatar una sentencia definitiva que ordenaba el pago de una indemnización por la expropiación de terrenos en La Altagracia. 

 De acuerdo con los abogados Julio Cury y José Alberto Cruceta hijo, Vicente Dubocq no ha ejecutado el fallo de la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA), emitido el 29 de abril de 2022, que establecía una compensación de RD$1,809,523,332.50 a favor de los sucesores de Pedro Rolando Cedeño.

 Estos terrenos, ubicados en San Rafael del Yuma, fueron expropiados en 1975 y su valor fue fijado en RD$230.00 por metro cuadrado según el avalúo de la Dirección General de Catastro Nacional.

 Los juristas explicaron que, aunque el Ministerio de Hacienda había reservado los fondos en el Presupuesto General del Estado de 2024 para cumplir con la sentencia, el pago no se ha efectuado, lo que ha causado daños a los afectados.

 “El ministro Vicente ha ignorado una decisión que ya es cosa juzgada, debilitando la seguridad jurídica y el derecho a la ejecución de las sentencias”, afirmó Cruceta. Por su parte, Cury criticó la postura del funcionario, señalando que su negativa no solo impacta a los demandantes, sino que también sienta un precedente de desobediencia judicial desde el gobierno. 

 La demanda, depositada el pasado 21 de febrero ante el TSA, solicita que se indexe el monto de la indemnización en RD$178 millones adicionales y que tanto el Estado como el ministro Vicente sean condenados al pago de RD$199 millones por daños y perjuicios.

Fuente: https://noticiassin.com/demandan-al-ministro-jochi-vicente-por-desacato-a-sentencia-sobre-expropiacion-de-terrenos-1800249/

A juicio 31 acusados de lavado de activos y narcotráfico en la Operación Falcón

Un juez del Quinto Juzgado de la Instrucción del distrito judicial de Santiago envió a juicio a 31 personas acusadas de participar en estructuras criminales, lavado de activos, narcotráfico y otros delitos vinculados a la Operación Falcón. 

 La acusación presentada por el Ministerio Público también incluye a 39 entidades societarias que serían parte de las estructuras desarticuladas por las autoridades en septiembre de 2021. Según ha comunicado el Ministerio Público, el juez presidente del tribunal, Cirilo Salomón Sánchez, ponderó que el órgano acusador cumplió con el debido proceso y notificó todos los actos conforme a lo establecido en la normativa y en tiempo oportuno. 

 “Sobre las pruebas, destacó la legitimidad de estos elementos y, en respuesta a un incidente de la parte acusada, refirió que el órgano acusador tramitó ante el tribunal correspondiente las autorizaciones judiciales necesarias para las interceptaciones telefónicas, mediante las cuales se recolectaron evidencias probatorias”, se lee en la comunicación de la Fiscalía de Santiago.

CEA retoma facultad para la emisión de las certificaciones de No Objeción a Deslinde y Transferencia

Santo Domingo.– En un esfuerzo por agilizar los trámites y reducir los procesos largos y burocráticos, el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) informa a todos los adquirientes de terrenos que, a partir del 4 de marzo de 2025, se comenzó un procedimiento más eficiente para la solicitud de certificaciones de No Objeción a Deslinde y Transferencia.

 Esto se hace en virtud de la terminación del plazo establecido en el Decreto Núm. 268-16 de fecha 27 de septiembre del año 2016, modificado por el Decreto Núm. 608-20 de fecha 2 de noviembre del año 2020, donde se establecía realizar este proceso a través de otra institución.

 Los requisitos establecidos a partir de la fecha para la solicitud de dichas certificaciones son los siguientes: 1. Copia de la cédula de identidad del adquiriente si es persona física; si es persona moral, copia de cédula del representante, junto con el acta de asamblea que lo autoriza. 2. Copia de la cédula de identidad del agrimensor privado actuante, debidamente registrado en la institución, así como sus datos (copia de carnet del Codia, correo electrónico y teléfono). 3. Plano individual del agrimensor privado con las coordenadas UTM (Georreferenciado). 4. Oficio de autorización de realización de trabajos de mensura, emitido por la Dirección Regional de Mensuras Catastrales. 5. Poder de representación con copia de la cédula de identidad del apoderado (si aplica). 

 Procedimiento: Los interesados deberán completar el formulario que se les proporcionará al momento de realizar la solicitud, anexando los documentos requeridos, todo lo cual debe ser entregado en la recepción de la Dirección General Legal del Consejo Estatal del Azúcar (CEA). 

 El tiempo de respuesta previsto es 30 días laborables y el horario de prestación del servicio abarca de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 4:00 p.m. Con esta importante medida, se reducirá la mora de 20 años que fue encontrada en la institución, así como se hará más accesible el proceso, para beneficio de los adquirientes de terrenos en todo el país.

Fuente: https://presidencia.gob.do/noticias/cea-retoma-facultad-para-la-emision-de-las-certificaciones-de-no-objecion-deslinde-y

Poder Judicial promueve la mediación y la conciliación como métodos para dirimir conflictos

El Poder Judicial realizó el panel “La Mediación y la Conciliación: Transformando el Acceso a la Justicia centrada en las Personas”, con el objetivo de promover estos mecanismos no adversariales para la resolución de conflictos. 

 El coloquio, realizado en el Palacio de Justicia de Santiago a través de la Dirección de Justicia Inclusiva, estuvo integrado por la jueza coordinadora del Departamento Judicial de La Vega, magistrada Arelis Ricourt; la coordinadora del Centro de Mediación de Las Caobas (Santo Domingo Oeste), Juana Baré; y la directora ejecutiva del Centro Casas Comunitarias de Justicia, Carmen Victoriano. 

 La magistrada Ricourt, quien además es jueza presidenta de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de La Vega, afirmó que desde el Poder Judicial se promueve el uso de los mecanismos no adversariales de resolución de conflictos como la conciliación y la mediación a través de la derivación del caso a un juez o jueza en funciones de conciliador/a como fórmula para resolver controversias y establecer soluciones.