Acoprovi pidió 87 mil permisos trabajo para extranjeros


La presidenta de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Vivienda (Acoprovi), Annerys Meléndez, abogó por 87 mil puestos de trabajo que, dentro del marco de la ley, pueden ser ocupados por extranjeros para el desarrollo y sostenibilidad del sector de la construcción en el país. 

 Meléndez explicó que la Encuesta Nacional de Ocupación que el Banco Central emite mensualmente refleja que para el 2024 existían 435 mil 503 personas laborando en el sector construcción. 

El Código de Trabajo permite un 80/20 de ciudadanos extranjeros, por lo que se podrían tener hasta 87 mil puestos de trabajo. “Pedimos a nuestras autoridades formalizar para evitar estas situaciones de informalidad que hemos tenido; hemos pedido 87 mil permisos”, refirió durante una entrevista en Despierta con CDN junto a los panelistas Nelson Rodríguez, Yanessi Espinal, Katherine Hernández y Federico Jovine..

Caso Nido: Corte ratifica prisión a imputado de la red de estafa inmobiliaria

SANTO DOMINGO.- Los jueces de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificaron la prisión preventiva a Juan Omar Rosario López, imputado en la red de estafa por más de RD$700 millones a personas que ofertaban viviendas en supuestos proyectos inmobiliarios. 

 Los magistrados adoptaron la decisión alegando que no variaron los presupuestos que permitieron imponer la medida de coerción. Mientras, que esa corte revocó la prisión por otra medida coerción menos gravosa a favor de la imputada Mirna Catalina Rivera Ledesma, por entender que aportaron presupuestos que sustentan el cambio de prisión. 

 Los imputados juntos a otros, incluyendo al cabecilla de la estructura, están acusados de cometer estafas, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos en perjuicio de decenas de víctimas a las que ofertaban inmuebles a través de siete proyectos inmobiliarios. 

Residentes de Playa Palmera denuncian desalojo violento sin orden judicial por Medio Ambiente

Punta Cana, Uvero Alto. En horas de la madrugada de este martes aproximadamente a las 5:30 a. m., un contingente militar del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA) adscrito al Ministerio de Medio Ambiente, se presentó en la Casa Club del complejo Playa Palmera. 

 Según denuncias de los residentes y turistas, los agentes rodearon la propiedad e impidieron arbitraria y violentamente el acceso a quienes se encontraban en el lugar. Los hechos han generado una fuerte controversia, ya que, según informaciones suministradas por abogados del complejo, los agentes del SENPA no contaban con una orden judicial que avalara la demolición de la propiedad. 

 Además, se ha denunciado que los miembros del organismo actuaron con uso excesivo de la fuerza, atropellando a empleados, residentes y miembros de la prensa presentes en el sitio. Los abogados también indicaron que existe un recurso contencioso presentado en los tribunales, el cual debería haber detenido cualquier acción de demolición hasta que se emitan los dictámenes judiciales correspondientes.. Sin embargo, las autoridades hicieron caso omiso a este procedimiento legal y procedieron con sus acciones.  Además de la preocupación por el abuso de autoridad, también han surgido rumores sobre un posible favorecimiento del Ministerio de Medio Ambiente hacia un grupo hotelero cercano a Playa Palmera. 

Estas especulaciones han avivado el descontento entre los residentes y propietarios, quienes han exigido una investigación transparente sobre lo ocurrido. Ante esta situación, los afectados han manifestado su intención de continuar con las acciones legales para evitar lo que consideran un atropello y un abuso de poder. 

 Se espera que las autoridades pertinentes ofrezcan una explicación clara y tomen medidas para garantizar el respeto al debido proceso y los derechos de los involucrados.

Familias de Pedernales en pie de lucha contra despojo por proyecto turístico

Pedernales.- Más de 200 propietarios de terrenos agrícolas y ganaderos en Pedernales denunciaron haber sido despojados de sus predios sin consulta previa por parte del Ministerio de Turismo, el Fideicomiso Pro-Pedernales y otras instituciones estatales, con el propósito de dar paso a la construcción del Frente Marino o malecón turístico. 

 Los afectados aseguran que el desarrollo turístico, lejos de representar un beneficio, ha significado «golpes bajos» para empresarios locales, pequeños comerciantes, emprendedores y otros sectores que han sido excluidos del proyecto.

 Propietarios exigen una parte justa de sus riquezas en medio de notificaciones de desalojo 

 De acuerdo con sus declaraciones, los siete locales comerciales contemplados en la obra —entre ellos restaurantes, cafeterías, tiendas y áreas de entretenimiento— ya han sido asignados a empresarios provenientes de Santo Domingo y otras ciudades, sin tomar en cuenta a los habitantes de la zona.

 Los dueños de los terrenos, incluidos herederos de propiedades con edificaciones en funcionamiento o en proceso de construcción, han comenzado a recibir notificaciones de desalojo. 

 El desarrollo turístico en Pedernales excluye a empresarios y comerciantes locales en beneficio de forasteros 

 También advirtieron que buscan evitar que se repita el precedente dejado por la empresa ITM, actual operadora del muelle de cruceros, la cual —según denuncian— comercializa servicios de transporte y negocios dentro del puerto sin integrar a los residentes de Pedernales.

 “Estas tierras nos pertenecen y no permitiremos que nos despojen de nuestras riquezas sin recibir, al menos, una parte justa del pastel”, expresaron comerciantes y propietarios locales.

Ministerio Público continúa presentación de conclusiones en juicio Antipulpo


El Ministerio Público reanudó este lunes la presentación de conclusiones en el juicio del caso Antipulpo, donde se acusa a Juan Alexis Medina Sánchez de encabezar un entramado de corrupción que habría desfalcado al Estado dominicano con más de 4,500 millones de pesos. 

 Durante la audiencia, la acusación centró su exposición en las pruebas contra los imputados Fernando Rosa, Carmen Magalys Medina Sánchez y la empresa R & T Construcciones e Inversiones SRL. Según el Ministerio Público, Medina Sánchez actuaba como eje central de la red delictiva que operó durante el pasado gobierno. 

 En la audiencia, Moisés Fontanillas, abogado del exministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo, aseguró que el Ministerio Público presentó sus alegatos finales respecto a su defendido. "El Ministerio Público no ha sido sincero. Cada uno de los testigos que comparecieron desmintieron las acusaciones contra Freddy Hidalgo", afirmó Fontanillas. 

Venta ilegal de viviendas: un problema en proyectos estatales


Desde 1966, los distintos gobiernos han construido más de 372,000 viviendas de bien familiar con la finalidad de reubicar a habitantes en zonas vulnerables como cañadas, ríos y arroyos. Sin embargo, hay quienes ha vendido estos inmuebles y otros lo intentan, pese a estar prohibido por ley. 

 En los barrios y comunidades donde el Gobierno ha entregado títulos de propiedad, las ventas de viviendas particulares no han sido significativas, incluso han disminuido, según señalan dirigentes comunitarios, debido a que los inmuebles ahora tienen más valor o los propietarios pueden ser sujetos de crédito en la banca nacional. 

 Una persona que construyó su vivienda en terrenos del Estado y obtiene su título, no tiene ninguna objeción legal para vender su inmueble. No obstante, en la otra cara de la moneda sí. 

Alcalde de Samaná denuncia titulación irregular de terrenos en zona turística

Samaná.- El alcalde de Samaná, Nelson Núñez, alertó sobre la supuesta titulación irregular de terrenos ubicados en el malecón de Samaná, un área de alto valor turístico y de interés para la comunidad. 

 El también presidente de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), denunció que, mediante una sentencia de saneamiento, se adjudicaron de manera irregular terrenos correspondientes al área verde del malecón, entregándose cartas constancia a particulares. 

 Entre las propiedades señaladas, citó específicamente el inmueble identificado con el número 416242388353, con una extensión superior a 4,400 metros cuadrados, en una zona estratégica para el desarrollo del municipio. 

 Según Núñez, los beneficiarios de esta titularidad son Carlos Manuel Báez Gerónimo, Yomar Báez Gerónimo, Jairo Ricardo Acosta Alonzo y Jerry Roberto Acosta Alonzo. 

 El alcalde recordó que estos terrenos fueron expropiados por el Estado Dominicano mediante el Decreto 373 del 17 de noviembre de 1970, emitido por el entonces presidente Joaquín Balaguer, y que forman parte del patrimonio público del municipio. Ante esta situación, Núñez informó que el Tribunal Superior de Tierras de San Francisco de Macorís ha sido apoderado de un recurso de revisión por causa de presunto fraude, el cual será conocido el próximo 4 de julio. 

Denuncia violación sentencia en Cabarete del tribunal Adeministrativo

Puerto Plata.- Empresarios de Cabarete denunciaron las acciones del director regional de Turismo, Atahualpa Paulino, quien en franco desacato de una sentencia del Tribunal Superior Administrativo, impidió la instalación de una cerca limítrofe en Playa Rocón, Cabarete. 

 La empresa Costa Canal SRL. representada por su abogado, Lorenzo Pichardo, se quejó del atropello sistemático del funcionario, quien en agosto del 2024, destruyó la cerca perimetral con el auxilio de empleados haitianos, alegando que la misma estaba dentro de los 60 metros y que la misma cerraba un camino. 

 Ante estos hechos Costa Canal sometió un recurso de amparo ante el TSA, que emitió el 6 de diciembre de 2024, la sentencia 0030-03-2024-SSEN-00727, la cual dispone “el cese inmediato de cualquier acto u omisión que tienda a destruir las cercas edificadas con postes de concreto y alambres de púas u otra obra de infraestructura similar dentro de los límites del inmueble identificado como 314896958049 con una extensión superficial de 20,380.34 metros cuadrados”. 

 Este viernes la empresa inició nuevamente la instalación de la cerca la cual fue destruida nuevamente por personal del Senpa, a pesar de que la dirección de ese organismo había dispuesto el retiro de los mismos, una contraorden del viceministro Costero Marino, del Ministerio de Medio Ambiente, José Ramón Reyes, a quien el director regional de Turismo, llamó en alta voz por su celular, hizo que los empleados del Senpa ejecutaran la orden. 

Revocan “No ha lugar”; envían a juicio imputado Asael Martínez en caso Medusa

La Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional revocó este lunes el auto de “No ha lugar” emitido a favor de Juan Asael Martínez Pimentel, implicado en el caso de corrupción administrativa conocido como Medusa, y ordenó que sea enviado a juicio. 

 Los jueces acogieron un recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la decisión del juez Amauris Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. Con esta nueva decisión, Martínez Pimentel deberá enfrentar las acusaciones presentadas por el órgano persecutor en el proceso judicial que involucra a varios exfuncionarios públicos. 

 Se recuerda que el imputado Juan Asael Martínez Pimentel, en una audiencia acusó al Ministerio Público de presionar a los implicados en el caso para que lleguen a acuerdos, quien es hermano de César Nicolás Rizik Pimentel, que se encuentra en juicio junto con el exprocurador, Jean Alain Rodríguez y a otros imputados. 

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