Directores de distritos municipales en Azua en conflicto por límite territorial

En Azua, RD.- Moradores y autoridades del distrito municipal Proyecto 4, en conflicto con el director del distrito municipal D-1 Ganadero y sus residentes por límite territorial. 

 Los primeros acusan a las autoridades de Azua y de la Unidad Técnica de Titulación de Terrenos del Estado, de hacerse cómplice al plan que tienen en dicho distrito municipal D-1 Ganadero, de apropiarse de un terreno que no le pertenece. 

 En su reclamo mostraron un documento de Catastro Nacional, con el que evidencian que toda esa franja del terreno que colinda con la parte Oeste del distrito municipal D-1 Ganadero, corresponde al distrito municipal D4. Advierten de mayor conflicto Carlos Enríquez Beltré y Antonio Suero, exdirectores municipal Proyecto 4 advierten que defenderán su terreno, y que no permitirán que nadie de manera alegre, se apodere del mismo. 

 Mientras, otros hicieron mención de cómo las autoridades de Azua, supuestamente se están haciendo cómplice de la gente del Ganadero, para apoderarse del terreno que le corresponde. 

 En otro orden, agricultores del distrito municipal Proyecto 4, en Azua, denuncian que están perdiendo sus cosechas, debido a que la bomba para el riego está fuera de servicio, una avería de tres transformadores hace seis meses. La falta de funcionamiento de la bomba de regadío ha incrementado la sequía en esta zona agrícola de Azua, provocando que las plantaciones de plátanos perezcan. 

 Manifestaron que sus cosechas se están muriendo, situación que hace que cada día aumente su preocupación.

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Apresan al "cerebro legal" del supuesto esquema fraudulento implicado en la Operación Gaviota

En un operativo coordinado por el Ministerio Público, con el apoyo de la Unidad Central de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados de la Policía Nacional, fue capturado este lunes Héctor Aníbal Santillán Faulkner, acusado de ser el "cerebro legal" de la supuesta estructura criminal implicada en el caso Gaviota. 

 Santillán Faulkner se encontraba prófugo de la justicia desde enero de 2023, cuando fue emitida la orden de arresto No. 00112-2023 en el Distrito Judicial de La Altagracia, Higüey. Posteriormente, en mayo de 2024, se dictó la orden judicial No. 0367-ABRIL-2024 por la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, la cual también fue ejecutada en su contra. 

 Según los fiscales, como abogado, Santillán Faulkner era el encargado de constituir y adquirir sociedades comerciales empleadas para operaciones fraudulentas. Entre las empresas vinculadas a su gestión destacan Inversiones Cataleya S.R.L. (La Romana), que movilizó RD$ 637,699,493.34 y US$ 962,272.89, así como la Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples de Emprendedores Educativos (COOPES), donde fungía como presidente y que, de acuerdo con el Ministerio Público, habría sido utilizada para captar fondos de las víctimas. 

Propietarios de terrenos denuncian construcción ilegal cerca de la playa de Guayacanes

EL NUEVO DIARIO, GUAYACANES. – Propietarios de terrenos ubicados en las proximidades de la popular playa de Guayacanes denunciaron este jueves la construcción de un proyecto inmobiliario que según afirman infringe la Ley 305-68, la cual prohíbe la construcción de obras a menos de 60 metros de la costa con el fin de preservar el entorno natural. 

 Asimismo, aseguran que la obra en cuestión se está levantando dentro de la franja de protección definida por la ley, lo que según ellos representa una grave amenaza tanto para el medioambiente como para la seguridad y sostenibilidad de la playa.

 Un equipo de «El Avance Media» visitó la zona donde se está llevando a cabo la construcción y pudo constatar que está situada a una distancia muy cercana a la playa como denuncian los que se oponen a la construcción.

 Los denunciantes solicitan al Ministerio de Medio Ambiente realizar una investigación exhaustiva sobre el proyecto, para determinar si cumple con las normativas establecidas por la legislación dominicana en materia medioambiental. De no ser así, exigen que las autoridades tomen las medidas necesarias para frenar la obra y evitar posibles afectaciones a la zona costera.

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Imputados en corrupción fracasan en lograr la extinción acción penal

Santo Domingo.-Las defensas de los principales imputados de dos de los procesos de corrupción en perjuicio del Estado, que se conocen en el tribunal y solicitan la extinción de la acción penal del proceso, tras alegar que el plazo de cuatro años que establece el Código Procesal Penal transcurrió, fue rechazado. 

 Se trata de los imputados Juan Alexis Medina Sánchez, cabecilla del entramado de corrupción del caso Pulpo, y el de la estructura creada en perjuicio del Estado, liderada por el general Adán Cáceres Silvestre, quienes trataron de ser favorecidos con la extinción penal. 

 La extinción de la acción penal es la finalización de proceso judicial porque no se conoció en el plazo establece el Código Procesal Penal, que es un período de cuatro años. Además de los referidos, también están en los tribunales los imputados de los casos Medusa, Calamar y el Coral 5G. Este último fue fusionado con el Coral por tratarse de un mismo entramado, y el tiempo del plazo se toma en cuenta a partir del primer expediente sometido. 

Miedo al desalojo mantiene en vilo a 63 familias en El Seibo

SANTA CRUZ DE EL SEIBO. – Vecinos del barrio José Francisco Peña Gómez, en Villa Guerrero, viven en constante zozobra ante la posibilidad de que sus hogares sean demolidos por una entidad gubernamental que busca desalojarlos. 

 La incertidumbre afecta a 63 familias, quienes desde la semana pasada han enfrentado nuevas amenazas de desalojo por parte de personas que, según temen, podrían ser empleados del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED). 

 Sus preocupaciones se basan en un antecedente ocurrido en septiembre de 2022, cuando al menos un centenar de agentes policiales y equipos mecánicos destruyeron varias viviendas habitadas y en construcción en la misma zona. 

Empresa pide intervención presidente litis playa Rocón

La empresa de inversiones turísticas y hoteleras Costa Canal solicitó la intervención directa del presidente Luis Abinader, ante lo que definió constante violación de derechos de propiedad en un terreno cerca de playa Rocón, Cabarete. 

 El abogado Lorenzo Pichardo manifestó en un documento, que es necesario que el mandatario intervenga para evitar que funcionarios del Ministerio de Turismo, encabezados por el director regional Atahualpa Paulino, continúen la violación de derechos a su cliente. 

 Dijo que viola una sentencia del Tribunal Superior Administrativo que dispone el respeto al derecho de establecer una verja en los linderos. Indicó que de forma recurrente el funcionario derriba el muro con el argumento de que cierra un camino que está en desuso desde hace 45 años y por el cual hubo una permuta con la Alcaldía de Sosúa y la Junta Distrital de Cabarete. 

 Indicó que Paulino utiliza empleados haitianos y del Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa), para desconocer la disposición judicial. 

 Pichardo entiende que es necesario la intervención del presidente, para detener atropellos que afectan la seguridad jurídica y el clima de inversión en República Dominicana, como una acción destinada a favorecer a quienes fueron desalojados de esos terrenos que ocupaban al amparo de títulos falsos, luego de un largo proceso judicial de más de 21 años.

Fuente:https://hoy.com.do/empresa-pide-intervencion-presidente-litis-playa-rocon/

Expresidente del Codia llama a realizar “auditoría forense” a obras reactivadas bajo antigua ley

SANTO DOMINGO.-El expresidente del Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), Teodoro Tejada, indicó ayer que las obras que han sido activadas y se encuentren amparadas en la ley 105-67, cuyos costos se han elevado con respecto al contrato original, deben ser auditadas.

 “Las obras paralizadas deben ser rescindidas y, las que sean necesarias, hacer levantamiento y presupuesto de terminación real y licitarlas. Las que fueron activadas, es necesario hacerles auditoria forense para determinar las causas de su incremento excesivo del monto original”, comunicó a través de su cuenta de X (antiguo Twitter). 

 En un hilo de la red social, mostró su apoyo ante la decisión que habría tomado el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Eduardo Estrella, de no activar las obras contratadas bajo esta ley, que somete a concurso la adjudicación de todas las obras de ingeniería y arquitectura de más de RD$10,000. “Felicito al ministro del MOPC, ingeniero Eduardo Estrella, por su extraordinaria medida de no activar obras contratadas con la ley 105-67, del 17 marzo 1967. Estas obras paralizadas por largos años, y activadas, elevaron sus costos exageradamente, en detrimento de la transparencia”, indicó públicamente.

Proindustria recupera terrenos ocupados por invasores ilegales en el DISDO

SANTO DOMINGO.-El Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria) ejecutó en la mañana de este jueves 27 de marzo una importante operación de desalojo en los terrenos del Distrito Industrial de Santo Domingo Oeste (DISDO), con el objetivo de recuperar una zona estratégica que había sido ocupada ilegalmente por invasores, presumiblemente inmigrantes haitianos en situación irregular. 

 El desalojo se llevó a cabo a partir de las 6:00 AM, como parte de un proceso amparado en los artículos 51, 68 y 69 de la Constitución de la República Dominicana; los artículos 47 y 48 de la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario, y en cumplimiento de la Resolución núm. 127, previamente emitida por las autoridades competentes. 

 Los ocupantes ilegales se encontraban establecidos en la “área de expansión” del DISDO, terrenos propiedad de Proindustria con una extensión de más de 316 mil metros cuadrados. En ese espacio, alrededor del centenar de extranjeros en condiciones irregulares habían levantado estructuras precarias, incluyendo una fachada de iglesia que funcionaba como centro de acopio informal, además de tres viviendas improvisadas, situación que había generado preocupación entre los industriales legalmente establecidos en la zona durante años. 

La retrasada ley de alquileres vuelve a estudiarse en una comisión del Congreso

Aunque los desacuerdos y diferencias entre los sectores y entre los propios legisladores han retrasado el proyecto de ley de alquileres, la Cámara de Diputados retomó el estudio de la iniciativa en una comisión especial. 

 El proyecto que estudian otra vez los diputados es autoría del presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, quien enlistó la iniciativa dentro del grupo de propuestas que serían prioritarias para el Congreso en el actual cuatrienio. 

 La comisión especial está presidida por el vocero del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en la Cámara de Diputados, Amado Díaz, quien no precisó una fecha para acabar los estudios, pero garantizó que el equipo que dirige trabajará para rendir un informe apegado al consenso y al respeto de todos los que serían impactados con la nueva ley.