Jones afirma Estado no es responsable de propiedades privadas tras construcción de edificaciones

El exsecretario general de la Liga Municipal Dominicana (LMD) y exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables (INAPA), ingeniero Johhny Jones, aseguró que el Estado dominicano no tiene responsabilidad en la propiedad privada luego de que se agota el proceso de construcción con la entrega de licencias, permisos y estudios, tal y como afirmó el ministro de Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla. 

 Jones dijo que el proceso de construcción de una edificación contempla otorgamientos de licencias y permisos después de la entrega de uso de suelo, impacto ambiental y planos arquitectónicos, así como planos eléctricos, de agua y residuos.

 El vicepresidente del Partido Reformista dijo que en el proceso de construcción también se incluye la supervisión de las obras que está a cargo del MIVED. 

 El ingeniero Jones manifestó que los tinacos y las plantas eléctricas, además de las cargas vivas de las azoteas, se verifican en el momento de la construcción, además de la evacuación de los planos estructurales, así como la supervisión durante la construcción del techado. “Sin embargo luego que ya está habitada, la responsabilidad de filtraciones, tinacos no previstos o piscinas , así como deterioro es responsabilidad de del propietario porque no importa la intervención del Estado en el proceso , una vez entregado pasa a ser propiedad privada y el caso de vivienda colectiva es sujeta a las reglas de condominio”, dijo Jones.

Fuente: https://n.com.do/2025/04/16/jones-afirma-estado-no-es-responsable-de-propiedades-privadas-tras-construccion-de-edificaciones/

Abinader reconoce que hay un vacío en la ley para supervisar obras privadas

El presidente Luis Abinader se refirió este lunes a la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, que ha dejado 231 muertos, señalando que el Gobierno busca esclarecer los hechos y evitar que una situación similar vuelva a ocurrir en el futuro. 

 Ante la interrogante sobre qué podría hacer el Estado para mitigar, en la mayor medida posible, que acontezcan situaciones como la del centro nocturno, Abinader respondió: "Bueno, hablamos de que hay un vacío en la ley, y nosotros tenemos que llenar ese vacío para evitar que una tragedia así vuelva a suceder. Vamos a trabajar arduamente en ese sentido". 

 Abinader explicó que la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) se creó para trabajar en el tema de las obras públicas y las infraestructuras públicas, "lo que nos ha permitido evitar muchas situaciones en los últimos años". Sin embargo, reconoció que, especialmente en lo que respecta a las infraestructuras, existe un vacío que varios ingenieros y comunicadores han señalado sobre la supervisión obligatoria de las obras privadas, la cual no existe actualmente. 

Critican retraso entrega resolución Tribunal Tierras El País

Ha creado preocupación en círculos empresariales turísticos que después de 15 años de litigios y una sentencia definitiva de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central retenga por más de 10 meses la resolución que establece el devolver una parcela ocupada que afecta el desarrollo de un proyecto y el monto de la multa establecida. 

Este dictamen debió emitirse en un plazo máximo de dos meses. La sentencia establece además el monto de la indemnización por los daños causados a la empresa Paraíso Tropical por la ocupación ilegal de su propiedad que se utilizó para un campo de golf.

 El ocupante ilegal condenado es la empresa Inversiones Azul del Este, dueña del Hotel Catalonia de una cadena hotelera española que sacó beneficios con el uso ilegal de la propiedad contigua al establecimiento en la zona conocida como Cabeza de Toro, en el este.

 El despacho Sued & Echavarría, representante legal de Paraíso Tropical, confirmó la existencia de la sentencia, y manifestó que este fallo representa un hito importante en la protección de la propiedad inmobiliaria en el país. 

Proponen creación del “Certificado de Uso y Habitabilidad” para prevenir tragedias como la del Jet Set

Santo Domingo. – El partido Opción Democrática (OD) presentó este martes una propuesta para la creación de un “Certificado de Uso y Habitabilidad», un instrumento fundamental para garantizar el mantenimiento continuo de las infraestructuras a lo largo del tiempo, orientada a prevenir catástrofes como la ocurrida recientemente en el Jet Set, y fortalecer la seguridad de las edificaciones en todo el territorio nacional.

 El Certificado de Uso y Habitabilidad sería un documento técnico y legal que valide que una edificación cumple con los requisitos necesarios para ser habitada o utilizada de acuerdo con su diseño. 

La propuesta plantea que, para ser emitido, se verifiquen aspectos como la seguridad estructural, condiciones sanitarias, instalaciones eléctricas y contra incendios, señalización de rutas de evacuación, accesibilidad, uso adecuado del espacio y criterios de sostenibilidad ambiental. 

 Lo novedoso para el sistema dominicano es que este instrumento requeriría una renovación periódica cada 10 años, o de forma extraordinaria en casos específicos, como cambios en el uso del inmueble, remodelaciones estructurales o eventos naturales que puedan afectar su integridad, y esté atado a trámites clave como la transferencia de propiedad y la contratación de seguros. 

Presentan la primera demanda contra propietarios del Jet Set

SANTO DOMINGO.- Los familiares de Virgilio Rafael Cruz Aponte, una de las víctimas mortales del colapso del techo de la discoteca Jet Set el pasado 8 de abril, presentaron este lunes una demanda contra los propietarios del establecimiento. 

 La acción legal fue interpuesta por Wendely Manely Ramírez Gómez, esposa del fallecido, junto a sus padres Aide Dolores Aponte Moni y Dionys Rafael Cruz Rosario, en contra de los propietarios del local Antonio Espaillat López, Ana Grecia López y la empresa Inversiones E y L, S.R.L. 

 PIDEN JUSTICIA Y RESPONSABILIDAD

 Felix Portes, abogado El abogado de la familia, Félix Portes, expresó que sus representados exigen justicia y responsabilizan no solo a los dueños de la discoteca, sino también a instituciones estatales que, según alegan, fallaron en sus deberes de supervisión y control. 

Adoptan medidas para proteger usuarios del mercado fiduciario

SANTO DOMINGO, RD.- La Superintendencia de Bancos (SB) dispuso que las sociedades comerciales que ofrecen servicios fiduciarios deben procurar que las partes involucradas en un fideicomiso posean toda la información relevante respecto a esta figura, con el fin de que tomen decisiones a partir del conocimiento apropiado. 

 Así lo plantea la Circular SB: GSB-REG-202500005, dirigida a las fiduciarias que pertenecen a entidades de intermediación financiera (EIF), las que prestan servicios a la banca y a las entidades financieras que ofrecen servicios fiduciarios. 

Estas son personas jurídicas que están bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos. 

 “Las fiduciarias deberán disponer y poner en posesión de sus clientes los documentos e informaciones que estos requieren para la realización de una labor efectiva de divulgación y promoción de manera previa, durante y posterior a la consecución del objeto de sus fideicomisos”, de acuerdo con la circular emitida por la SB. 

Juez se reserva el fallo sobre envío a juicio de fondo en caso de estafa inmobiliaria

El juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó para el 25 de abril el dictamen sobre si enviará o no a juicio de fondo a los imputados en el caso de la presunta estafa inmobiliaria desmantelada mediante la Operación Nido. 

El fallo se dará a las 10:00 de la mañana. Durante la audiencia preliminar, el Ministerio Público presentó su acusación formal junto a los elementos probatorios que sustentan el expediente. 

 De acuerdo con el abogado Robinson Reyes, el juez se reservó el fallo debido a la complejidad del caso, lo que amerita un análisis detallado. Mixael Rosa Nicasio, representante legal de varios afectados por la supuesta estafa, explicó que en esta etapa procesal no se discutía el fondo del caso, sino la legalidad de las pruebas presentadas. 

 "Hoy (viernes) no se debatía el fondo del asunto, sino la licitud de las pruebas, para que el juez pueda tomar una decisión sobre si el caso debe avanzar a juicio de fondo", puntualizó. 

Nombres prohibidos y orden de apellidos son tema de debate en reglamento de Ley 4-23

La Junta Central Electoral (JCE) hizo una serie de precisiones a los dictámenes de la Ley Orgánica de los Actos del Estado Civil (4-23) en un borrador de reglamento que ha sometido a la consideración de los partidos, instituciones gubernamentales y sociedad civil. 

 En la propuesta se reitera la prohibición de asignar nombres a los recién nacidos, que atenten contra la dignidad y se otorga al oficial del estado civil la facultad de negar la inscripción cuando el nombre muestre contrariedad a la moral y buenas costumbres. 

 Estos nombres también deberán estar claramente identificados como masculinos o femeninos, pues no podrán "crear confusión en cuanto a la identificación del sexo de la persona". 

 Al respecto, el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) propuso la creación de un registro administrativo de nombres improcedentes o no admitidos fundamentado en criterios previamente establecidos por la normativa, "con el propósito de prevenir la repetición de denominaciones las cuales hayan resultado lesivas al interés superior del menor". 

Imponen garantía económica a acusado de ser "cerebro legal" de fraude en Operación Gaviota

La jueza del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional dispuso la libertad de Héctor Aníbal Santillán Faulkner, señalado como el estratega legal de la red criminal desmantelada en junio de 2024 mediante la Operación Gaviota, cuyo fraude asciende a 40 millones de pesos. 

 La magistrada Fátima Veloz tomó la decisión al rechazar la solicitud de prisión preventiva en contra del imputado, presentada por los fiscales de la Dirección de Persecución del Ministerio Público. 

 La jueza impuso al imputado el pago de una garantía económica de 2 millones de pesos, impedimento de salida del país y presentación periódica los días 30 de cada mes ante el Ministerio Público que realiza la investigación. 

 A la salida del tribunal, el imputado rehusó hablar con los medios mientras era conducido bajo estricta medida de seguridad a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. 

 Mientras que el abogado Emmanuel Rivera, quien representa a 100 presuntas víctimas, anunció que recurrirá la decisión en apelación por no estar conforme con la misma y que el tribunal fue muy benévolo con el imputado.