Expediente revela que Jet Set operaba sin permisos de construcción ni remodelación

El expediente de solicitud de medida de coerción contra los propietarios del centro de entretenimiento Jet Set confirma que el establecimiento operaba al margen de las normativas legales y sin las debidas autorizaciones estatales. 

 Según el oficio DM-EXT-0234-25, emitido el 8 de mayo de 2025 por el ministro de Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla, no existe en los archivos físicos ni digitales —migrados desde el antiguo Ministerio de Obras Públicas y ahora gestionados por el Ministerio de Vivienda (Mived), sin ningún tipo de solicitud o registro relacionado con anteproyectos, remodelaciones o cambios estructurales en el inmueble que albergaba la discoteca. 

 El documento detalla, además, que no se encontraron planos arquitectónicos ni documentación técnica, y que tampoco hay constancia de autorizaciones emitidas por otras instituciones estatales o municipales responsables de fiscalizar y aprobar este tipo de obras. 

 Estos detalles refuerzan los señalamientos del Ministerio Público sobre la actuación negligente y temeraria de los propietarios, quienes habrían realizado modificaciones estructurales sin ningún tipo de control técnico, contribuyendo así al colapso del techo que provocó la tragedia.

Carlos Segura revela proyecto bananero fue abandonado por reparto de tierras

El exadministrador del Banco Agrícola, Carlos Segura Foster denunció este viernes que el proyecto agroindustrial que se llevaba a cabo en la Cruz de Manzanillo, fue abandonado con el interés de repartirse las 32 mil tareas de terreno ubicados en la provincia Montecristi.

 “Nosotros estamos convencidos que el proyecto La Cruz de Manzanillo, que fue un proyecto modelo, sostén de la línea noroeste fue abandonado adrede con el interés de repartirse los terrenos que son de un valor incalculable”, dijo Carlos Segura. 

 El político expresó que el uso de esos terrenos estaría enfocado con vocación al turismo, debido a los proyectos propuesto para Manzanillo. Explicó en El Sol de la Mañana de este viernes que la política del gobierno estaba orientada en hacer desaparecer ese importante renglón de la producción y denunció que así han hecho desparecer otros renglones para lograr disminuir sus capacidades productivas y hacer a los usuarios depender de la importación.

Luego de 61 años, el Ministerio de Justicia podría regresar al sistema dominicano


El Senado de la República aprobó este jueves, en segunda discusión, un proyecto de ley orgánica que busca crear y adicionar a la lista de instituciones gubernamentales el nuevo Ministerio de Justicia. La pieza, depositada por los senadores Félix Bautista y Cristóbal Castillo, propone entregar a lo que sería una nueva entidad del Poder Ejecutivo las atribuciones de la coordinación y dirección del Sistema Nacional de Derechos Humanos, junto al Sistema Penitenciario y Correccional. 

 Este proyecto de ley pasa al estudio y conocimiento de la Cámara de Diputados, donde debe ser favorecida en dos discusiones, antes de ser promulgado por la consultoría jurídica de la Presidencia. 

 La figura del Ministerio de Justicia formó parte de la estructura estatal durante los primeros 120 años de la República, desde la proclamación de la primera Constitución el 6 noviembre de 1844. Sin embargo, el 10 de noviembre de 1964 fue suprimido, en ese momento identificado como Secretaría de Justicia, transfiriendo sus funciones a la Procuraduría General de la República (PGR). 

Ambientalistas abogan por un desarrollo turístico en Pedernales que respete el entorno


Representantes del sector ambiental coincidieron en señalar que el desarrollo del nuevo polo turístico Cabo Rojo, en Pedernales, debe ejecutarse con absoluto respeto a la integridad del medio ambiente, especialmente a las áreas protegidas de la zona, y garantizar la participación activa de la comunidad para que los beneficios lleguen directamente a la población local. 

 La ecologista Yvonne Arias, directora ejecutiva del Grupo Jaragua, expuso que el modelo de desarrollo a implementarse no debe repetir los errores cometidos en otros destinos turísticos del país. "Esta es una gran oportunidad que tiene el país para demostrar que es posible la convivencia de la diversidad biológica, de las áreas protegidas y de sitios que han sido declarados, por ejemplo, como reserva de biosfera, como Jaragua-Bahoruco-Enriquillo por la UNESCO, y que todo lo que allí se haga tiene que ser en armonía con esos recursos que están presentes", expresó. 

 Arias también subrayó la importancia de garantizar la participación real de la población local en la toma de decisiones y en los beneficios del proyecto. 

Gobierno, comunitarios y Barrick Pueblo Viejo llegan a acuerdo sobre reasentamiento por presa de colas


Luego de varias reuniones y sesiones de trabajo, comunitarios de Cotuí y la empresa minera Barrick Pueblo Viejo firmaron un acuerdo amigable, satisfactorio y definitivo para resolver los temas pendientes relacionados con el reasentamiento vinculado a la expansión de la mina Pueblo Viejo, ubicada en la provincia Sánchez Ramírez. 

 El consenso se logró con la intermediación del Gobierno dominicano, representado por el ministro de Energía y Minas, Joel Santos; la Iglesia Católica, a través del obispo de La Vega, monseñor Tomás Morel Diplán; y el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, en representación de las comunidades. La inversión estimada en el proyecto de reasentamiento supera los RD$20 mil millones. 

El plan contempla la provisión de viviendas dignas y adecuadas para cada familia, conforme al censo realizado, así como acceso a servicios básicos esenciales como agua potable, saneamiento, electricidad, salud, educación (primaria y secundaria), instalaciones deportivas (cancha mixta y campo de béisbol), y vías de acceso. 

También se incluyen planes de restauración de medios de vida y actividades productivas para las familias afectadas. 

Demandan por supuesta estafa a empresa inmobiliaria TMIR SRL en La Vega

EL NUEVO DIARIO, LA VEGA.– La Segunda Cámara Penal del Distrito Judicial de La Vega conoció ayer el juicio que se le sigue a la empresa inmobiliaria TMIR SRL y a sus gerentes, el señor Dámaso Reyes y el señor Pedro Pablo Pérez acusados de presunta estafa contra varias personas que adquirieron inmuebles en proyectos aún no entregados.

 La información fue ofrecida por el abogado George Segura, quien representa a la pareja compuesta por Leonela y su compañero, quienes alegan haber sido víctimas de esta empresa la cual tiene su sede principal en Santiago y ha estado comercializando diversos proyectos habitacionales, incluyendo uno en planos denominado Paraíso Dorado, ubicado en la carretera de Guaigüí antes de iniciar la montaña, en esta ciudad de La Vega. 

 Según explicó Segura, sus representados entregaron en mayo de 2019 un adelanto de 350 mil pesos en efectivo con la promesa de recibir un apartamento en un plazo de 18 meses. Sin embargo, hasta la fecha no han recibido ni el inmueble ni la devolución del dinero. 

 El abogado detalló que tras varios intentos de conciliación, tanto en la Fiscalía a través de la Casa Comunitaria de Justicia como en las oficinas de Pro Consumidor en La Vega, se firmaron acuerdos en los que la empresa se comprometía a reembolsar el dinero entregado. Pese a estos compromisos, según Segura, TMIR SRL no ha cumplido. 

 Estamos hablando de una situación que afecta no solo a esta pareja, sino a muchas otras personas tanto en La Vega como en Puerto Plata y Santiago, donde esta inmobiliaria ha ofertado proyectos habitacionales que según nuestras investigaciones, no han sido entregados a ninguno de los adquirientes”, expresó el jurista. 

 El caso continúa bajo conocimiento de la justicia, mientras se espera una decisión que determine responsabilidades y posibles sanciones contra los supuestos implicados.

Abogado dice Burgos no cumple decreto

El abogado Moisés Sanchez Severino denunció ayer que su defendido, Juan Rivera Cordero, adquirió en 2013 unos terrenos del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) en el Distrito Catastral 32, Parcela 21-C-2, ubicados en Santo Domingo Este, los cuales fueron ocupados por la fuerza por Jangle Vásquez Rodríguez. 

Dijo que el Tribunal de Tierras ordenó que se le entregara el terreno a Rivera Cordero, lo que no ha ocurrido porque el director del CEA se ha resistido. Indicó que Rivera Cordero pidió la intervención del presidente Luis Abinader, quien emitió el Poder Especial # 36-25, que ordena al funcionario entregar el inmueble. 

 El abogado expresó que Rafael Burgos se niega a devolver el inmueble a su adquiriente. Agregó que Vásquez Rodríguez sigue ocupando el terreno, en el que se propone instalar una estación de ventas de combustibles. Dijo que en 2013, Vásquez pagó un inicial al CEA con un cheque de administración por RD$396, 181. 80, y que no ha terminado de pagar por la litis.

Propietarios de casas Los Mameyes piden declarar de utilidad pública a 27 Barrios

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La Asociación de Propietarios de Casas Los Mameyes hicieron un llamado el miércoles al senador de la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, para que incluya al sector en el Proyecto de Resolución que depositó ante el Senado, en el que le pide al presidente Luis Abinader, declarar de utilidad pública los terrenos habitados por familias con más de 40 años de residencia en Santo Domingo.

 Los Mameyes es una localidad con asentamiento humano desde antes del 1930, y cuyas tierras eran usada para el cultivo Agrícola y Criadero de ganado. En los años 1936 y 1937, el Dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina ordenó la construcción del barrio Los Mameyes para Los militares, porque donde funciona en la actualidad la Armada Dominicana, estaba el Ejército Nacional. 

 Tras la construcción del Barrio de Los Militares, fue fundado Los Mameyes, que a pasos gigantescos creció y se expandió. En año 1947, se declara de utilidad pública parte de los terrenos de Los Mameyes para destinarlo a la construcción del Faro a colón, en 1948. Los Mameyes, ocupa las parcelas No. 199-A-2, DC 06; 199-B-1, DC 06 Y 178-B-1, DC 06 (Porción Q), terrenos que los habitantes ocupan hace más de 50 años de manera pacífica e ininterrumpida y a título de propietarios. Dos son propiedad del Estado Dominicano y una es propiedad privada.

Ministerio Público señala negligencia e intento de manipulación de testigos en el caso Jet Set

El Ministerio Público señaló a través de una nota de prensa difundida ayer que Antonio Espaillat López y su hermana Maribel Espaillat habrían intentado intimidar o manipular a empleados de la empresa Inversiones E y L, S.R.L., administradora de la discoteca Jet Set Club, quienes podrían fungir como testigos en el proceso judicial abierto tras el colapso del techo del establecimiento. 

 De acuerdo con la nota: "El documento alude (sic) también a movimientos realizados por los imputados para intentar intimidar o manipular a empleados de la empresa Inversiones E y L, S.R.L., que manejaba la discoteca Jet Set Club, y que pueden fungir como testigos en este proceso." Ambos fueron arrestados tras ser interrogados por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, y serán presentados ante un juez de atención permanente del Distrito Nacional para que se les conozcan medidas de coerción. 

 Según la orden de arresto gestionada por Camacho ante la jueza Fátima Scarlette Veloz Suárez, del Décimo Juzgado de la Instrucción, los hermanos Espaillat están siendo investigados por homicidio involuntario, conforme al artículo 319 del Código Penal dominicano. El documento judicial establece que los imputados mostraron una "inmensa irresponsabilidad y negligencia" al no tomar las medidas necesarias para intervenir el techo del Jet Set Club, lo que permitió que colapsara y causara la muerte de 236 personas, además de dejar más de 180 heridos. 

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