Le decomisan bienes por unos US$500 mil

Aunque fue exonerada de ir a prisión por cuestiones de edad, a la señora Rosa Antonia Disla se le decomisaron propiedades valoradas en alrededor de USD500,000, y tendrá que pagar al Estado Dominicano una indemnización de RD$5 millones.  

Así lo dispusieron mediante sentencia los jueces del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, tras hallarla culpable de lavado de activos en el entramado de corrupción denominado Coral, del que su hijo, el coronel Rafael Núñez de Haza, “era el brazo operativo” según la acusación del Ministerio Público. 

 Se trata de la primera condena obtenida por el MP en el caso Coral, que involucró un total de 48 imputados en un entramado de corrupción administrativa que desde los cuerpos de Seguridad Presidencial (Cusep), y de Seguridad Turísitca (Cestur) y Conani, habría movido unos RD$4,500 millones en propiedades y productos financieros.

Firman acuerdo para promover la sostenibilidad en la construcción de obras públicas


La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y la Asociación Nacional de Industrias y Productores de Áridos de la República Dominicana (Anipard) firmaron este miércoles un acuerdo de colaboración interinstitucional que busca garantizar la sostenibilidad de las contrataciones de materiales provenientes del sector de áridos y agregados para las construcciones de obras públicas. 

 Una nota de prensa indica que el acuerdo, suscrito entre el director general de la DGCP, Carlos Pimentel, y el presidente de Anipard, Carlos Constanza, busca que todo contratista que tenga adjudicaciones de obras del Estado utilice materiales que cumplan con las normativas legales medioambientales del Estado dominicano. 

 El director de la DGCP adelantó que una de las primeras acciones enmarcadas en el plan de trabajo consiste en insertar en los pliegos de condiciones de obras las disposiciones que garanticen el cumplimiento de las normativas desde la base de las contrataciones. "Hoy damos un paso trascendental para impulsar la sostenibilidad dentro del sistema de contrataciones, velando porque toda la cadena de valor del sector construcción cumpla con las disposiciones, principios y prácticas responsables dentro del sector minero no metálico" .

TSA falla contra Mitur por intervenir terrenos en Puerto Plata


El Tribunal Superior Administrativo ha fallado tres veces ordenando al Ministerio de Turismo y otros organismos del Estado abstenerse de intervenir en terrenos privados en Cabarete, Puerto Plata. 

 Las sentencias benefician a las empresas Costa Canal y Calpe, SRL y tienen que ver con el proyecto de acondicionamiento del acceso público a Playa Encuentro. 

 Los trabajos públicos chocan con el derecho de propiedad de las empresas. Las compañías alegan que las autoridades destruyeron unas cercas edificadas en concreto y con alambres de púas para facilitar el acceso a la playa. 

 La primera decisión fue emanada por la Quinta Sala de dicho tribunal el 30 de octubre del 2024. Dos semanas más tarde, el 13 de noviembre, esa misma sala acogió la acción de amparo y con sentencia ordenó el cese inmediato de la intromisión en la propiedad privada y el retiro de letreros que fueron colocados.

 La tercera sentencia contra el MITUR fue emanada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el pasado 6 de diciembre. En este último caso se impuso una astreinte de RD$4 mil diarios en contra del MITUR y Politur.

Empresario acusa abogado Johnny De la Rosa de querer robarle sus propiedades

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El empresario Luis Beltré acusó este jueves al abogado Johnny De la Rosa, de intentar apropiarse ilegalmente de sus propiedades a través del fraude y el abuso de confianza. 

 Según Beltré, el abogado De la Rosa, quien había sido empleado de su empresa, obtuvo un documento falso para intentar homologar unos contratos de cuotas litis y un contrato adicional que le habría hecho firmar en su calidad de abogado. Beltré señaló que De la Rosa, valiéndose de su posición como abogado, acudió ante la juez Isabel Guzmán Paredes, presentando el documento fraudulento para que se emitiera una sentencia que le obligaba a pagar la suma de RD$6 millones 378 mil, como parte de una litis sobre un inmueble. 

 «Ese contrato de cuota litis lo hizo él, estableciendo que participaría en un 22.5 % de lo que se ganara de la litis. Para hacerlo efectivo, se debía realizar una tasación de mutuo acuerdo entre las partes», detalló el empresario. 

 El empresario se expresó en esos términos al ser entrevistado por los comunicadores Jaime Rincón, Aneudys Ramírez, Raquel Rodríguez y Nilson Batista en el programa “El Nuevo Diario en la Tarde”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV. 

La SCJ ratifica condena a implicada en caso Antipulpo

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) rechazó los recursos de casación interpuestos por la defensa de la acusada en el caso Antipulpo, María Isabel de los Milagros Torres Castellanos, en contra de la sentencia que le impuso cinco años de internamiento en un centro psiquiátrico y la devolución de un apartamento ubicado en Brisas de Guavaberry, dentro de Guavaberry Resort & Country Club, en San Pedro de Macorís.

 Con su decisión, la SCJ confirmó la sentencia de la Corte de Apelación del Distrito Nacional tras comprobarse su participación en el entramado de corrupción liderado por Juan Alexis Medina Sánchez, informó el Ministerio Público en una comunicación de prensa. 

 El fallo ratificó el carácter de inimputabilidad de Torres Castellanos, previamente establecido por el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en agosto del 2022. Esta condición, basada en su salud mental, la eximió de responsabilidad penal directa. Sin embargo, fue condenada por lavado de activos en asociación con otras personas, en violación de los artículos 3.2 y 9.2 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Julio Cury llama a la Suprema Corte por alterar competencias constitucionales El Caribe El Caribe

Santo Domingo._. El abogado Julio Cury deploró que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia reniegue de su competencia como tribunal de instancia única para las causas penales seguidas a los altos dignatarios que lista el art. 154.1 de la Constitución. 

 Sostuvo que hasta el 2020, año en el que dicho órgano dictó la Resolución núm. 04/2020, no hubo discusión en cuanto a que el órgano competente del alto tribunal era su Pleno, pero alterando la competencia directamente asignada por la carta magna, le fue endosada a su segunda sala. “Cuesta creer que miembros del tribunal ubicado en el vértice del poder judicial hayan desconocido, con base en el art. 21 del Código Procesal Penal, norma pre e infraconstitucional, que una de las decisiones contra las que no procede deducir recurso alguno en sede judicial es precisamente la que dicta el órgano de cierre con ocasión de los procesos penales en los que funcionarios con fuero constitucional se hallen implicados”, apuntó el jurista. 

 Censuró que doce de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia hayan desafiado al constituyente al atribuirle a su segunda sala la competencia de juzgar el fondo de la causa, y al Pleno la de conocer de la casación. “Además de desconocer la reserva de ley que prevé el art. 93.1.h constitucional sobre la competencia judicial, es absurdo habilitar pretorianamente la casación como vía recursiva, ya que al confiar directamente el enjuiciamiento al supremo juez, el constituyente dejó ese y cualquier otro recurso en sede judicial sin contenido ni aplicabilidad”. 

Declaraciones Grupo Paceo S.R. rechaza acusaciones de estafa inmobiliaria en La Altagracia

El abogado Jorge Lora Castillo, representante legal de la empresa Grupo Paceo S.R.L. y su gerente general, Joan Fernando González Contreras, rechazó las acusaciones de supuesta estafa inmobiliaria relacionadas con un proyecto de apartamentos en la provincia La Altagracia. 

 Lora Castillo calificó las querellas como "malintencionadas, absurdas y con fines extorsivos", afirmando que estas no buscan justicia, sino desacreditar la reputación de la empresa y sus directivos. Según explicó, el caso corresponde a una disputa de carácter civil y comercial, vinculada a contratos de opción a compra no definitivos, uno de los cuales ya fue rescindido de mutuo acuerdo. Otros casos están sujetos a ajustes de precio previamente establecidos. 

 El abogado destacó que el proyecto inmobiliario en cuestión se encuentra ubicado en una zona privilegiada de La Altagracia y representa una millonaria inversión destinada a garantizar altos estándares de calidad. "Este desarrollo incluye infraestructura de seguridad, acueducto, planta de tratamiento de aguas residuales, accesos, electricidad, aceras y contenes, entre otros elementos", puntualizó. 

Senado solicita adoptar medidas de la Ley de Extinción de Dominio


Santo Domingo, RD.- El Senado de la República aprobó la resolución presentada por el senador de la provincia Santo Domingo por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Antonio Taveras Guzmán, mediante la cual el órgano del poder legislativo solicita al Ministerio Público y al Poder Judicial adoptar las medidas pendientes para el desarrollo de la Ley de Extinción de Dominio, promulgada en julio del 2022.

 En la resolución, la cámara alta explica que la Ley 340-22, autoría de Taveras Guzmán, entró en vigencia en julio del 2023, pero todavía las autoridades competentes no la han puesto en funcionamiento. 

 De manera concreta la resolución señala la necesidad de iniciar el mandato de la ley que prevé acciones preparativas como los programas formativos a miembros del Ministerio Público y jueces, especialización de áreas de investigación en el Ministerio Público, organización de los recursos y logística. “Fuimos a todos los sectores sociales, políticos, académicos a discutirla con ellos. La ley se aprobó y es una de las grandes conquistas de este gobierno y de este senado. Es una ley que viene a darle duro a todo tipo de enriquecimiento ilícito”, destacó Taveras Guzmán en el turno de motivación de la pieza. 

 La ley 340-22 define los principios que rigen la administración de todos los bienes sujetos al ámbito de su aplicación: transparencia y publicidad, principio de eficiencia y economía, principio de objetividad, principio de igualdad y principio de jerarquía.

 Además, la ley crea el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide), provisto de personalidad jurídica, con autonomía administrativa, financiera y técnica, adscrito al Ministerio de Hacienda.

Arrestan a implicado en el fraude de Costa Dorada por nuevo caso de estafa inmobiliaria


El acusado de ser el cabecilla del fraude contra la empresa Costa Dorada, Rafael Helena Regalado, fue arrestado este martes, por otra estafa, al presentarse a audiencia en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. 

 Contra Helena Regalado había una orden de detención emitida el 12 de diciembre de 2024, emitida por Isabel Angélica Reyes Muñoz, jueza suplente de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Monte Plata. La orden de arresto incluye también a Ricardo Rafael Elías Soto Subero, Jonny de Jesús Saldaña Hernández, José Rafael Helena Rodríguez, Juan Carlos Rafael Helena Rodríguez, Juan Carlos Florián, Federico Enrique Medrano del Giudice, Diómedes Medrano Peña y Miguel Thomas Pérez Ortiz.

 La orden fue presentada por la procuradora fiscal del Distrito Judicial de Monte Plata, magistrada Johanna Núñez Borgen. Por el nuevo caso, el grupo es investigado por alegada violación a los artículos 145, 146, 148, 150, 151, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, sobre falsificación de documentos y asociación de malhechores, en perjuicio del Estado Dominicano, del señor Ramón Antonio Rodríguez Román y de los sucesores de José G. Saint Hilaire. 

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