20 sentencias del TSA respaldan resoluciones contra fraudes en Contrataciones Públicas

Santo Domingo.– Durante el mes de mayo, el Tribunal Superior Administrativo (TSA) emitió 20 sentencias que respaldan igual número de resoluciones de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), lo que reafirma el apego al debido proceso por parte del órgano rector del sistema de compras y contrataciones. 

 De esas decisiones, cinco ratifican sanciones de inhabilitación del Registro de Proveedores del Estado impuestas por la DGCP a empresas que presentaron documentación falsa o adulterada en procesos de contratación pública. 

 Casos relevantes avalados por el TSA 

Entre las decisiones, destaca la sentencia núm. 0030-02-2025-SSEN-00232, mediante la cual el TSA ratificó la sanción de inhabilitación impuesta a las sociedades SR Power Tech Solutions, S.R.L. y Avi Constructora S.R.L., mediante la resolución RIC-170-2023. Asimismo, la sentencia núm. 0030-1643-2024-SSEN-00933 rechazó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la empresa JFD & ETC, Ideas que Venden, S.R.L., al no demostrarse vicios ni irregularidades en el acto impugnado. Este se refería a la declaración de desierto de un proceso de contratación realizado por el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) para la instalación de letreros en oficinas regionales y municipales. 

Invasores en Boca Chica tienen 15 días para desalojar lugar

Los ocupantes ilegales de un extenso terreno ubicado en el municipio de Boca Chica tienen un plazo de 15 días para abandonar voluntariamente el área, la cual ha estado ocupada de manera irregular por más de tres años. Así lo establece una notificación emitida por el abogado del Estado y fiscal de tierras ante la Jurisdicción Inmobiliaria, Gedeón Platón Bautista Liriano. 

 El terreno en cuestión, identificado con la designación catastral No. 403433872708 y con certificado de título No. 4000248037, libro 0088, folio 195, pertenece legalmente a la empresa Boca Chica Country Club, C. por A., que proyectaba en el lugar el desarrollo de un complejo turístico con el mismo nombre. 

 En la notificación, dirigida específicamente a Francisco Javier Pérez, Ramón Jiménez Fortuna, Javier Sención Beltré, Wilfredo Polanco, María Robles, Andrés Santana, así como a cualquier otro ocupante ilegal del inmueble, se les invita a presentar documentación que justifique su permanencia en el terreno. “Para que procedan en un plazo de 15 días, contando a partir de dicha notificación, a abandonar voluntariamente los inmuebles referidos, invitándolos a hacer uso de sus derechos de defensa”, establece el documento oficial. 

Residentes en el sector Cuesta Brava denuncian destrucción ambiental por proyecto inmobiliario

La tala de árboles y la remoción de una loma en una zona calificada de cinturón verde han encendido las alarmas de los comunitarios del sector Cuesta Brava, en el Distrito Nacional. Los residentes denunciaron este miércoles graves irregularidades ambientales vinculadas a la construcción del complejo habitacional Balcones de la Rivera.

 Durante una rueda de prensa, la Asociación de Vecinos de Cuesta Brava responsabilizó a la empresa Danny Santos Comprés SRL de destruir valiosos recursos naturales, con el aval del Ministerio de Medio Ambiente, a quien acusan de otorgar permisos irregulares. Señalaron que la compañía ha eliminado especies autóctonas como caobas y samanes, además de realizar movimientos de tierra en zonas cercanas al arroyo Manzano, un afluente directo del río Isabela. 

 "Este proyecto debe ser recalificado correctamente a categoría B, se solicita que se revoque la constancia ambiental No.7226-24, se otorgue el permiso de uso de suelo correcto y se paralice la obra inmediata", indicó Germán Vásquez, vicepresidente de la organización comunitaria. Además, solicitó una compensación económica por los daños ambientales, así como muestra de permisos para la extracción de material y tala de árboles. 

Desalojan invasores de terrenos del CEA en Cerro Alto, próximo a La Unión en Sosúa

PUERTO PLATA.-El Consejo Estatal de Azúcar (CEA) desalojó a decenas de personas que invadieron terrenos de esa institución en el sector el Cerro Alto-La Unión, en el municipio Sosúa. Allí se produjeron enfrentamientos entre los lugareños y los agentes de las fuerzas castrenses. 

 Varias viviendas de madera y block fueron derribadas por una pala mecánica o grédar, dejando a la intemperie a numerosas familias que en plena pandemia de la COVID-19 levantaron las edificaciones ante la mirada indiferente de las autoridades provinciales. 

 El director del CEA en la provincia Puerto Plata, Freddy Padilla, quien encabezó el operativo recordó a los afectados que se le había notificado que no continuaran invadieron terrenos, pero muchos no hicieron caso a la advertencia. 

 Funcionarios del CEA hace unos años delimitaron varias áreas de las propiedades de la institución para que no continuaran con las ocupaciones, sin embargo, personas que se dedican a invadir terrenos del Estado continuaron con la práctica para construir. 

 Se informó que la empresa Edenorte Dominicana inició el retiro de los postes del tendido eléctrico, alambres y luminarias que habían sido colocadas en la zona. Los desalojados trataron de impedir la acción de las autoridades, lo que obligó a los policías y militares a lanzar bombas lacrimógenas porque algunas personas lanzaron escombros en la carretera y piedras a los agentes.

Fuente: https://elatlantico.do/index.php/2025/06/11/desalojan-invasores-de-terrenos-del-cea-en-cerro-alto-proximo-a-la-union-en-sosua/

Ángel Lockward denuncia que el Gobierno niega acceso a planos del colapsado Jet Set

El abogado Ángel Lockward reveló que el Ministerio de la Vivienda rechazó entregarle los planos del colapsado Jet Set, alegando que contienen información sensible y que buscan proteger los derechos de autor del inmueble. 

 El también abogado de un grupo de las víctimas expresó que esta comunicación le generó preocupación, ya que a su juicio confirma que desde el mismo Estado se está fomentando la impunidad para los responsables de la tragedia, que cobró la vida de 236 personas. 

 “El Gobierno está procurando que el desastre, el incendio que hay en el corazón de cada dominicano, se enfríe echándole tierra, dejando que pase el tiempo”, enfatizó Lockward. 

 Ángel Lockward es el enlace en República Dominicana de la firma estadounidense Silva & Silva, P.A., que estará representando a las víctimas y familiares, tanto nacionales como extranjeros, que resultaron afectados por el colapso del techo en el club nocturno Jet Set, ocurrido el pasado 8 de abril de 2025.

Fuente: https://m.n.com.do/2025/06/08/angel-lockward-denuncia-que-el-gobierno-niega-acceso-a-planos-del-colapsado-jet-set/

Denuncian delimitación ilegal como playa privada en Bahía de las Águilas

Una amplia franja de la reconocida Bahía de las Águilas ha sido delimitada como playa privada, en una acción calificada como inconstitucional e ilegal por organizaciones ambientalistas y ciudadanos. 

La playa, declarada patrimonio natural de la República Dominicana, es un bien de dominio público titulado a nombre del Estado, y por ley debe mantenerse accesible a todos los dominicanos. Esta medida ha generado indignación entre sectores que denuncian la apropiación indebida del espacio costero. 

 Los señalamientos apuntan a una presunta complicidad de altos mandos de la Armada Dominicana, institución responsable de velar por la protección de los 60 metros de franja marina de uso público. También se señala la participación de funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente —en especial su unidad militar de protección ambiental— y del Ministerio de Turismo, incluyendo a su policía turística Politur. 

A estos se suman actores vinculados al proyecto Pro-Pedernales, cuya misión era precisamente fomentar el desarrollo sostenible de la región, no su privatización. 

 Diversos sectores sociales, comunitarios y ambientales llaman a la ciudadanía a no guardar silencio ante lo que consideran un atropello al patrimonio nacional. "Si callamos y lo permitimos hoy, mañana seremos todos responsables de la privatización de un bien que pertenece al pueblo dominicano", advierten. 

Exigen la intervención inmediata del gobierno central, la nulidad de cualquier intento de privatización, y sanciones a los funcionarios implicados en esta grave violación.

Fuente: https://7dias.com.do/2025/06/08/denuncian-delimitacion-ilegal-como-playa-privada-en-bahia-de-las-aguilas/

Ciudadanos estadounidenses denuncian presunta estafa inmobiliaria en Las Terrenas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los ciudadanos estadounidenses Wayne Sandbach y Sharlene Munro denunciaron este lunes haber sido víctimas de una presunta estafa en una operación inmobiliaria en la localidad turística de Las Terrenas, provincia Samaná. 

 A través de una intérprete, la pareja indicó que realizó un pago de 445 mil dólares por la adquisición de una villa de tres plantas con una extensión de 412 metros cuadrados, según lo estipulado en el contrato de compraventa. 

 Los extranjeros ofrecieron la información al ser entrevistado por los comunicadores Pablo Roman y Rey Raul Sully en el programa “El Nuevo Diario en la Noche”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV”. No obstante, al regresar recientemente al país para recibir la propiedad aseguran que lo que se les está entregando es una unidad habitacional de solo 160 metros cuadrados, una diferencia sustancial frente a lo pactado.

 “Nos están entregando algo que no compramos y no lo vamos a aceptar”, expresaron firmemente a través de su intérprete. 

 Los denunciantes manifestaron su intención de recurrir a las instancias legales correspondientes en la República Dominicana, para exigir el cumplimiento del contrato y la devolución de su inversión, de confirmarse el fraude.

Fuente: https://elnuevodiario.com.do/ciudadanos-estadounidenses-denuncian-presunta-estafa-inmobiliaria-en-las-terrenas/

Abogada de víctimas valora accionar del tribunal contra acusado en caso IndisArq

La representante legal de varios querellante en el caso IndisArq, Ruth Vázquez Cabral, valoró este lunes el accionar del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional contra los acusados al decidir enviarlos a juicio de fondo para responder por los hechos que se les acusa. 

 Al ser abordada por la prensa, Cabral indicó que la audiencia que se lleva a cabo hoy corresponde a la lectura íntegra de la sentencia dictada por el tribunal. “Este tribunal fue muy sabio, en el sentido de que limitó los incidentes lo planteó y lo decidió rápido”, sostuvo la abogada. 

 El pasado 6 de mayo el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ordenó la apertura de juicio contra ocho personas físicas y dos empresas, señaladas por el Ministerio Público como parte de una red que estafó a decenas de personas con proyectos inmobiliarios. 

 Los acusados Emmanuel Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, Reilin Arismendy Rosario García y Juan Omar Rosario López, junto a las compañías Inmobiliaria & Diseños Arquitectónicos Indiarq, SRL, y CRD Equipos Pesados, SRL, deberán enfrentar juicio por la presunta violación a diversos artículos del Código Penal y del Código Tributario de la República Dominicana.

Fuente:https://n.com.do/2025/06/09/abogada-de-victimas-valora-accionar-del-tribunal-contra-acusado-en-caso-indisarq/

Residentes de Los Mameyes y El Pensador exigen al Gobierno ser incluidos en resolución de titulación de terrenos

Santo Domingo. – Residentes de Los Mameyes y El Pensador exigieron al presidente de la República, Luis Abinader, y al senador Antonio Taveras Guzmán, ser incluidos en la resolución que busca declarar de utilidad pública los terrenos ocupados por familias desde hace décadas. 

 Decenas de comunitarios de comunitarios de Los Mameyes y El Pensador, se reunieron para pedir que les entreguen los títulos de propiedad a los más de 1500 propietarios, entre ellos envejecientes. 

 La Asociación de Propietarios de Casas de Los Mameyes y El Pensador denunció que, a pesar de que muchos de sus moradores tienen más de 40 y hasta 70 años viviendo de manera pacífica e ininterrumpida en esos terrenos, no fueron incluidos en la propuesta senatorial que abarca a 27 barrios para ser titulados por el Estado. 

 Advirtió que el área está siendo amenazada por proyectos inmobiliarios que buscan transformar la zona, como la construcción de cinco torres, una de ellas comercial, y un centro comercial cerca del puente Cayo. Los representantes comunitarios piden al Estado que reconozca formalmente su derecho a la tierra y acelere el proceso de titulación que, según afirman, ya ha beneficiado a otras zonas, pero ha dejado fuera a una parte significativa de sus comunidades.