Inquilinos frente al Botánico: “Nos quieren sacar a ‘mano pelá’ ”

La respuesta del Gobierno ante el revuelo generado tras ventilarse que el proyecto de ampliación de la avenida República de Colombia tocaría los terrenos del Jardín Botánico Nacional apagó los focos de protestas que surgieron en defensa del parque, pero avivó el malestar de cientos de inquilinos y propietarios que serán desalojados del área impactada. 

 Con pico en manos, obreros trabajaban ayer en la demolición de una vivienda de dos niveles en el barrio Cuba, próximo a la cañada, en el sector Los Ríos, donde recientemente se levantó el condominio “Paseo de Arroyo Hondo” que también tiene los días contados. 

 Algunos propietarios consultados manifestaron inconformidad con los montos propuestos por el Gobierno a modo de indemnización. Aseguran que el dinero que les ofrecen no se corresponde con el valor de los inmuebles, muchos de ellos con vocación comercial. A este malestar se agrega que, según denunciaron, serán los propios propietarios quienes deberán pagar a sus inquilinos para que puedan mudarse, situación que dista de otros proyectos donde el Gobierno central asume el costo.

 “Ellos hablaron conmigo pero no fue a base de acuerdo, porque yo tengo ese colmado (pequeño) arrendado a una persona que en mercancía tiene más de RD$200,000; y me están dando por el negocio RD$130,000”, manifestó Claudio Contreras. Sostiene que aunque no esté conforme con lo tasado, le garantizaron que le entregarán su dinero, no así con los ocupantes. “Se está abogando por los inquilinos porque no les están dando nada”, señaló. 

Testigo explica cómo el general Santos Viola usó prestanombres para ocultar propiedades fruto de la corrupción

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público presentó este martes nuevos elementos que evidencian cómo los acusados en el expediente derivado de la Operación Coral ocultaron bienes millonarios a través de prestanombres, incluyendo inmuebles y vehículos adquiridos con dinero en efectivo que nunca fueron registrados a nombre de sus verdaderos dueños. 

 Durante la jornada de hoy, el órgano acusador estuvo representado por los procuradores fiscales Jonathan Pérez Fulcar, Melbin Romero, Arolin Lemos y Enmanuel Ramírez, quienes continúan desahogando pruebas con las que demuestran el esquema de corrupción utilizado por militares y policías para sustraer fondos públicos. 

 En la audiencia, celebrada ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, fue escuchada la testigo Marioly Pérez Adames, esposa del teniente coronel Kelman Santana Martínez, uno de los acusados en el proceso. La mujer admitió que, sin su consentimiento, fue colocada como supuesta propietaria del apartamento B-4, ubicado en el condominio Torre Elsa en Gascue. La testigo declaró que nunca ha visitado dicho apartamento ni conoce su ubicación, y que, en el año 2022, ella y su esposo realizaron la entrega voluntaria del inmueble al Ministerio Público para fines de decomiso. 

Bengoa somete proyecto que busca se declare de utilidad pública terrenos en Dajabón

El diputado Tony Bengoa depositó un proyecto de resolución mediante el cual solicita al presidente de la República que declare de utilidad pública los terrenos ocupados por la comunidad de Los Miches, en el municipio cabecera de Dajabón, a fin de que posteriormente se les entreguen los títulos de propiedad a sus habitantes. 

 Bengoa explicó que los residentes de Los Miches, hombres y mujeres trabajadores y padres de familia, tienen más de cuatro décadas viviendo en la comunidad, sin gozar del derecho legal de propiedad, lo cual limita su desarrollo y seguridad jurídica. “Este es un reclamo legítimo del pueblo”, afirmó el legislador, destacando que en la comunidad se han construido importantes obras públicas como una escuela, un destacamento policial, obras hidráulicas, así como iglesias y diversos comercios, lo que evidencia el crecimiento y consolidación del asentamiento. 

 En ese mismo orden, el legislador sometió otra resolución solicitando la implementación de un plan nacional de titulación para el municipio cabecera de Dajabón y otros municipios fronterizos, con el objetivo de que las personas que poseen terrenos o viviendas sin documentación formal puedan acceder a su título definitivo. Esta medida busca facilitar su inclusión en el sistema financiero y garantizar la seguridad jurídica sobre sus bienes. 

 Bengoa enfatizó la importancia de que los dominicanos que viven en la zona fronteriza puedan contar con su título de propiedad: “Aquí comienza y termina la patria, y es justo que estos ciudadanos puedan tener la tranquilidad y el respaldo legal que otorga la titulación”.

Presidente Abinader emite decreto que aprueba Reglamento de Aplicación de la Ley sobre Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos


Santo Domingo.- El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, reveló que en la noche de ayer el presidente Luis Abinader emitió el Decreto núm. 396-25, mediante el cual se aprobó el Reglamento de Aplicación de la Ley núm. 368-22 sobre de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos. 

 Este reglamento, cuyo borrador fue elaborado por el Viceministerio de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional del Ministerio de Economía y sometido oportunamente a vista pública, fue además socializado y discutido en un proceso liderado por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.

  En este participaron importantes instituciones del Gobierno, como los Ministerios de la Presidencia, Turismo, Vivienda y Edificaciones; representantes de asociaciones vinculadas a temas municipales, así como sectores del ámbito empresarial que serían impactados por esta norma. 

 Entre los aportes significativos que ofrece este reglamento, se destacan la obligatoriedad de los Gobiernos locales de diseñar y aprobar planes de ordenamiento territorial que permitirán una gestión más eficiente del uso de suelo de las demarcaciones municipales. Esto obliga a las oficinas municipales de planeamiento urbano a otorgar la autorización para desarrollar proyectos de infraestructura compatibles con la naturaleza de los tipos de suelo de cada municipio. 

Más de 75 víctimas del caso Jet Set apelan medida de coerción que benefició a hermanos Espaillat

Santo Domingo. Más de 75 víctimas del colapso del techo en la discoteca Jet Set han presentado recursos de apelación contra la medida de coerción impuesta a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, imputados por homicidio involuntario tras la tragedia que dejó varios muertos y cientos de heridos. 

 Así lo informó el abogado Plutarco Jáquez, quien representa aparte de los casi 400 afectados por el desplome ocurrido en uno de los centros de entretenimiento más emblemáticos de la República Dominicana. 

 “Nosotros recurrimos a apelación. Estamos esperando ahora que el expediente sea enviado a la corte, que la Cámara Penal haga el salteo. Y entonces vamos a ver en cuál de las tres salas cae. Hay tres salas en el Congreso Nacional”, explicó Jáquez. 

 Críticas al lugar donde se conocerá el proceso 

El jurista también expresó su malestar con la disposición del presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien habría ordenado conocer el proceso en el Tribunal de Juicio Inmobiliario, ubicado en una zona de difícil acceso. “Ese otro disparate que hizo el presidente de la Suprema. Ahora esa audiencia se está conociendo en el Tribunal de Juicio Inmobiliaria. Y ahí los abogados tenemos que ir todito en Uber porque no hay parqueo”, criticó el abogado.

Punta Cana acoge la primera edición del Congreso de Derecho del Turismo Sostenible

Especialistas en derecho turístico y actores claves en turismo, aeropuertos y sostenibilidad, analizaron los principales desafíos y oportunidades en materia de sostenibilidad, gestión, gobernanza y ordenamiento territorial, durante el primer Congreso Regional del Observatorio del Derecho del Turismo para América Latina y el Caribe. 

 En el evento realizado en Punta Cana, se plantearon alternativas y recomendaciones para impulsar legislaciones que promuevan el fortalecimiento y competitividad del sector. 

 El congreso regional celebrado los días 14, 15 y 16 de julio bajo el título “Perspectivas Legales hacia un turismo sostenible” bajo la organización de ONU Turismo, Grupo Punta Cana y Quiroz Advisors – QA Legal, y contó con la asistencia de decenas de profesionales y autoridades nacionales e internacionales.

 Alicia Gómez, directora del Departamento de Asuntos Jurídicos y Estándares Internacionales de ONU Turismo, destacó la necesidad de contar “con marcos jurídicos más claros y transparentes, modelos de gobernanza más inclusivos y participativos, ⁠⁠y un enfoque en sostenibilidad en todas las dimensiones económico-sociales y medioambientales”. 

Emplazan constructoras de Ciudad Juan Bosch para que corrijan vicios de construcción

DIARIO ECO/SANTO DOMINGO, RD.- Ante la denuncia que han hecho residentes en Ciudad Juan Bosch sobre inundacciones en algunas zonas, el vicenibistro de Proyectos de Inversión del Ministerio de la Presidnecia, Kamel Curi Lora, explicó que esto es debido a algunos vicios de construcción en los primeros proyectos residenciales y comerciales. 

 Durante un encuentro con dirigentes comunitarios del proyecto habitacional, el pasado sábado 19 en el Parque Temático de Energía Renovable, el funcionario dijo que las rejillas que encontraron colocadas en los filtrantes son muy pequeñas, además, de que con el aumento de construcciones, los solares han sido ocupados con concreto, lo que evita que el agua filtre en la tierra. 

 «Hay cajones de la recolección de agua en los que encontramos rejillas muy pequeñas… lo que hace que al recibir la basura, se tapen. la ausencia de filtrantes adiccionales, en algunos puntos que son críticos», precisó Curi. «La falta de control de los residenciales y comercios, donde no existía un adecuado manejo de las aguas pluviables, antes, los solares que estaban vacios recibian el agua y el agua filtra a través de la tierra, es normal, ahora que está concreto con los edificios, esa agua lo que hace es que sale a lacalles, la que recoge los edificios y la que recoge en el parqueo, coge y sale a la calle, aportando mayor flujo de agua hacia la calle», dijo el funcionario en su explicación.

Fideicomiso Punta Bergantín firma acuerdo con Intec para realizar estudio de impacto económico


Santo Domingo.- El proyecto Punta Bergantín firma un acuerdo con el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, Intec, para formalizar la contratación del estudio sobre el impacto económico que recibirá el municipio de Villa Montellano, con el desarrollo de la propuesta turística e inmobiliaria. 

 El acto encabezado por la rectora en funciones del Intec, Alliet Ortega Rabassa, y el director ejecutivo del proyecto Punta Bergantín, Andrés Marranzini Grullón. Contó además con autoridades y representantes de dichas instituciones, donde se dio a conocer el contrato de servicios de esta investigación. Fruto de un proceso de licitación en el que Intec, participó y resultó adjudicatario.

 En sus intervenciones expresaron satisfacción ante la realización del acuerdo y la relevancia del estudio, tanto en la comunidad a partir de los beneficios que genera esta inversión. Como en la implementación de nuevas herramientas para contribuir a la investigación científica del turismo. 

Tribunal Constitucional sepulta proyecto aeropuerto de Bávaro


SANTO DOMINGO. – El Tribunal Constitucional (TC) dominicano emitió la sentencia TC/0496/25 que desestima recursos de revisión interpuestos por el Grupo Abrisa y el consorcio Aeropuerto Internacional Bávaro (AIB), los cuales buscaban anular dos decisiones de la Suprema Corte de Justicia que impiden la construcción de esa obra.

 El TC confirmó en todas sus partes las sentencias SCJ-TS-23-1451 y SCJ-TS-24-0479 emitidas por la Suprema. Con su decisión consolidó la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, sepultó jurídicamente las pretensiones del consorcio AIB y puso fin, además, a una prolongada controversia legal en el sector aeronáutico dominicano. 

 Señaló, entre otras cosas, que no hay violaciones al debido proceso, al principio de imparcialidad judicial ni al derecho de defensa, como alegaba el consorcio. Asimismo, validó la Resolución 024/20 del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), que declaró lesiva al interés público una comunicación previa de ese organismo, que autorizaba el inicio del proyecto.

 El decreto presidencial que respaldó el contrato también fue derogado por el Poder Ejecutivo, tras una sentencia de la SCJ que lo declaró ilegal.

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