Así es la lujosa mansión que Estados Unidos incautó a Nicolás Maduro en el país

Una exclusiva mansión en Cap Cana, en el distrito municipal de Verón, conocida como Villa La Caracola, es la propiedad incautada por los Estados Unidos al presidente venezolano Nicolás Maduro como parte de un paquete de bienes valorados en más de 700 millones de dólares. 

 La información sobre la incautación de los bienes fue confirmada a Fox por la procuradora fiscal de Estados Unidos, Pamela Bondi. Aunque la funcionaria no ofreció detalles sobre la ubicación exacta de la mansión ni sobre las fechas en que se efectuaron las incautaciones, sí dejó claro que se encuentra en República Dominicana. 

 Medios internacionales indican que la vivienda está localizada frente al mar, en un barrio privado rodeado de áreas verdes y canchas de golf de calidad internacional. Tiene 3,000 metros cuadrados construidos sobre un lote de más de 6,000 metros cuadrados con nueve habitaciones, cada una con baño y terraza privada, diez baños, comedor formal, sala de estar, cocina gourmet, varias terrazas, palapa y piscina de borde infinito, conforme a un artículo del periódico El Comercio.

 Entre sus comodidades destacan dos suites principales con balcones y vista directa al mar, un gazebo, bar semicubierto, amplios comedores y livings. El complejo donde se ofrece helipuerto, restaurantes, iglesia, ciclorrutas, gimnasios, tiendas, spas y vigilancia 24 horas. 

Juezas ordenan entrega de recursos millonarios de acusados Antipulpo

Solamente los valores monetarios inmovilizados a Juan Alexis Medina Sánchez en tres entidades financieras del país ascienden a RD$459,617,647.17 y de US$423,824.26. Estos recursos que pasarían al Estado conforme a sentencia que lo envía a prisión por siete años y ordenó el decomiso de los bienes muebles e inmuebles que le fueron incautados. 

Además deberá pagar una multa de RD$500 millones como indemnización. 

 Los bienes muebles a ser decomisados al principal imputado en el caso Antipulpo según alega el Ministerio Público fueron adquiridos por Medina Sánchez producto de actos de corrupción administrativa durante los dos períodos de Gobierno de su hermano, el expresidente Danilo Medina e incluyen: 5 apartamentos, 13 vehículos y 11 empresas, que a su vez tienen registrados 16 vehículos de carga y de lujo. 

 Los bienes inmuebles son el apartamento 2-sur de la Torre Lloret de Mar, ubicado en la calle Federico Geraldino esquina Erwin Walter Palm número 94, en el Ensanche Paraíso, del Distrito Nacional, otro de 469.02 metros cuadrados ubicado en el nivel 19 de la Torre 3 de Malecon Center, número T3-29-A y localizado en la Avenida George Washington, Ciudad Universitaria, en el Distrito Nacional y un solar, ubicado en Najayo Arriba Fuerte Resoli, Zorra Buena, en la provincia San Cristóbal. 

Vecinos se querellan contra constructora de proyecto en Cinturón Verde

Santo Domingo.- Una junta de vecinos del sector Cuesta Brava de Arroyo Hondo se querellaron con dos funcionarios por la construcción de un proyecto habitacional en lo que asegura forma parte del Cinturón Verde de Santo Domingo. 

 La instancia fue levantada contra el ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, y contra Danny Santos Compres, el promotor del proyecto habitacional y que también es viceministro de Viviendas.

 El recurso fue interpuesto ante este miércoles ante la Procuraduría General de la República por el referido hecho. Previo a esta querella, vecinos habían depositado una en la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, de otros involucrados en el delito ambiental con los proyectos Balcones de la Rivera y Balcones del Cerro, ubicados en áreas sensibles.

 “Por los hechos que han ocurrido en Cuesta Brava, Paíno Henríquez y Danny Santos Compres puede ser condenados conforme a los artículos 184 y 183 desde un cuarto de salario mínimo hasta diez mil, también desde seis días a tres años de prisión que es la pena que establece la Ley 64 00”, externó uno de los voceros de los demandantes. 

 En días atrás, la Junta de Vecinos se quejó por la tala de árboles para dar paso a la construcción de más de 300 apartamentos en 62 mil metros en una área protegida donde los multifamiliares en una zona que según la entidad está prohibido la construcción desde 1993 con el decreto 183 que creó el Cinturón verde. Sin embargo, la constructora obtuvo el permiso del Ministerio de Medio Ambiente para la construcción del proyecto.

Fuente: https://eldia.com.do/funcionarios-acusados-por-dano-al-cinturon-verde-sd/

Condenan a Alexis Medina a siete años de prisión por soborno, lavado y asociación de malhechores

Las tres juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenaron a unanimidad la madrugada de este jueves a Alexis Medina a siete años de prisión. Lo encontraron culpable de los delitos de soborno, lavado de activos y asociación de malhechores. Deberá cumplir la pena en la cárcel de Najayo Hombres. 

Además deberá pagar junto a sus empresas y otros siete condenados a RD$500 millones a favor del Estado por los daños como víctima y actor civil. Asimismo, Alexis deberá pagar una multa de 150 salarios mínimos. En tanto, descargó a su hermana Magalys Medina. 

 En el caso de Alexis, los ilícitos ocurrieron entre 2012-2020, período en que su hermano, Danilo Medina, era presidente de la República.

 Otros siete condenados 

De las 21 personas vinculadas, además de Alexis Medina también fueron hallados culpables otros siete imputados, que fueron los esposos Paola Molina Suazo y Carlos Martín Monte de Oca, condenados a cinco años cada uno; José Dolores Santana Carmona, sentenciado a seis años; y también a cinco años de cárcel a Wacal Vernabel Méndez, Ramón Brea Morel y Rigoberto Alcántara Batista .

Nueva Ley de Alquileres promulgada

Santo Domingo.- Todavía a la espera de que el Poder Ejecutivo promulgue u observe la Ley de Alquileres y Desahucios validada por el Congreso Nacional, conviene hacer un desglose de los puntos principales de la iniciativa de autoría de Alfredo Pacheco. 

 De ser promulgada, la pieza sustituiría normas dispersas y desactualizadas, con el objetivo de ofrecer mayor seguridad jurídica y equilibrar las relaciones entre propietarios e inquilinos. 

 La ley regula el alquiler de bienes inmuebles destinados a vivienda, comercio o actividades sin fines de lucro, con aplicación en todo el territorio nacional. Quedan fuera de su alcance las fincas rurales, pensiones y hospedajes, parques y empresas de zonas francas, alquileres turísticos de hasta 90 días, bienes del Estado y actividades comerciales regidas por leyes especiales. 

 Entre sus propósitos, la normativa busca incentivar la inversión inmobiliaria pública y privada, nacional y extranjera, en proyectos de alquiler sostenible; reducir el déficit habitacional; y crear un marco moderno que fortalezca la equidad en las relaciones contractuales. 

 La nueva ley detalla las cláusulas mínimas que debe contener un contrato de arrendamiento: datos completos de las partes, descripción del inmueble, uso específico, precio y forma de pago, duración, fecha de término y dirección para notificaciones.

 Para inmuebles destinados a vivienda, el depósito de garantía no podrá superar dos meses de renta, mientras que en comercios o entidades sin fines de lucro este monto será el que acuerden las partes.  .El contrato podrá incluir cláusulas de opción de compra y, en el caso de alquileres comerciales o de asociaciones, se podrá pactar la resolución de conflictos por vía arbitral.

Recomiendan instalar sistema de alerta para evitar fraudes inmobiliarios

Santo Domingo.- La Red de Abogados Inmobiliarios (ABOGAIN), solicitó a la Jurisdicción Inmobiliaria instalar un sistema de “Alerta” para evitar los fraudes que se registran constantemente en perjuicios de los propietarios e inversionistas del área. 

El vocero de la institución, José Antonio Thomas, y el asesor legal, Wendy José Alcántara Ramírez, dijeron que este sistema consiste en una alarma que le estaría comunicando vía correo electrónico, teléfono, o mensaje al verdadero dueño del inmueble, si alguien intenta suplantar su identidad para obtener otro título de su vivienda, o cualquier propiedad. 

 Manifestaron que la jurisdicción Inmobiliaria podría cobrar una cuota incluida vía el impuesto a la Propiedad Inmobiliaria (IPI) por este servicio, a cada dueño de inmueble para mantener esta asistencia. «Este sistema podría estar interconectado con la Junta Central Electoral (JCE), Dirección de Impuestos Internos (DGII) y la Procuraduría General de la República (PGR), para garantizar una mejor y más efectiva conexión y monitoreo de todo aquel que deposite o requiera información de cualquier traspaso», indicaron. 

 Pidieron que se incluya en ese sistema el estado jurídico actualizado de los inmuebles, por lo menos dos veces al año, a fin de mantener al día a los propietarios registrados en la jurisdicción Inmobiliarias.

Fuente: https://elnacional.com.do/recomiendan-instalar-sistema-alerta-evitar-fraudes/

¡Indignación en Manzanillo!: Contratista del Puerto evade pago de arbitrio por uso de suelos y excluye de empleos a la comunidad

Por Frank Valenzuela presidente de CEBAMDER MANZANILLO Montecristi, Domingo 10 De Agosto 2025.- Fue el profesor Edis Hernández, una figura respetada en Manzanillo, quien primero encendió las alarmas sobre las prácticas laborales del contratista. 

A través de un mensaje directo y contundente en su red social Facebook, Hernández reveló la información que circulaba entre los vecinos: la empresa a cargo de la reparación y ampliación del puerto, operando en los terrenos del viejo taller de Grenada Companny, estaba sistemáticamente negando oportunidades de empleo a los jóvenes de Manzanillo, Copey y Carbonera, sembrando la desesperanza en la comunidad. 

 El Centro Bahía de Manzanillo para el Desarrollo Regional (CEBAMDER) denunció este domingo que el ambicioso proyecto de rehabilitación y ampliación del Puerto de Manzanillo, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) bajo el Programa DR-L1141 y destinado a ser un motor de desarrollo para la Línea Noroeste, se ha convertido en el epicentro de una creciente indignación social en el municipio Pepillo Salcedo. Frank Valenzuela, presidente de la organización ciudadana, destacó que el conflicto se centra en una doble denuncia que golpea los pilares de la responsabilidad social y legal de la empresa contratista, Soletanche Bachy Colombia, la cual opera bajo la supervisión del Consorcio PEYCO Seg. Giménez Cuenca. 

Imponen coerción a tres hombres implicados en fraude millonario en proyecto habitacional “Paraíso Dorado”

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Ante las evidencias aportadas por el Ministerio Público, un tribunal de Puerto Plata impuso, como medidas de coerción, el pago de un millón de pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país contra tres personas investigadas por un fraude millonario, estafa y uso de documentos falsificados relacionado con el proyecto habitacional “Paraíso Dorado”.

 La medida fue impuesta a Jesús Aldea Abian, de nacionalidad española, al abogado Pedro Pablo Pérez y a su esposa Griselda Antonia Calderón Taveras. La acción judicial partió de una querella presentada por Dámaso Medrano Reyes, quien denunció haber sido víctima de la falsificación de su firma en un poder general, mediante el cual se otorgaban amplias facultades a su entonces socio Jesús Aldea Abián, para actuar en su nombre dentro del proyecto. 

 Según consta en la querella, los documentos falsificados fueron utilizados para desviar fondos de inversionistas hacia otras dos compañías: Guztrade SRL y Condular SRL, creadas junto a los también imputados Pedro Pablo Pérez y Griselda Antonia Calderón Taveras.

Gobierno refuerza control ambiental en obras públicas: exigirán origen legal de materiales de construcción

Santo Domingo, R.D. – Con el objetivo de garantizar un uso más responsable de los recursos naturales en las obras del Estado, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) emitieron una circular conjunta que obliga a las instituciones públicas a verificar el origen legal de los agregados utilizados en la construcción. 

 Esta nueva disposición se enmarca dentro de la Política de Compras Públicas Verdes del Estado Dominicano y responde al cumplimiento del Decreto Núm. 617-22, que declara de interés nacional la promoción de compras públicas sostenibles e inclusivas. 

Exigencias más estrictas para proveedores de agregados 

El documento, firmado por el ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, y el director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, instruye a todas las instituciones del Estado a incluir en los pliegos de condiciones de los procesos de contratación de obras, la obligatoriedad de presentar la autorización ambiental por parte de las empresas proveedoras de agregados.