Exgobernador del Banco Central denuncia invasiones de tierras afectan inversión y desarrollo turístico

Santo Domingo, R.D. – El economista Hugo Guiliani Cury, ex gobernador del Banco Central y ex embajador en Inglaterra, alertó sobre los efectos negativos que tienen las invasiones de tierras en la atracción de capital extranjero y el desarrollo del turismo en la República Dominicana. 

 A través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), Guiliani Cury comentó la situación denunciada por el inversionista estadounidense Lance Lundberg, quien en una carta publicada en el Listín Diario explicó que adquirió terrenos en Cabarete para un proyecto turístico, pero que ha visto impedido su desarrollo debido a ocupaciones ilegales. 

 “Lo ocurrido me da pena por mi país. Donde no hay respeto por la propiedad privada, nunca podrá desarrollarse”, escribió Guiliani Cury, tras destacar la trayectoria académica y profesional de Lundberg en reconocidas universidades de Estados Unidos. 

 El exgobernador del Banco Central recordó además un episodio de su carrera diplomática, cuando presentó a dos fondos de inversión de Medio Oriente un plan turístico de 3 mil millones de dólares en la zona Barahona–Pedernales. Dijo que dichas inversiones se desvanecieron luego de que los consultores detectaran en redes sociales imágenes de invasiones de terrenos en la región.

MP lleva al tribunal un camión de pruebas contra exministros imputados por corrupción

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Ministerio Público llevó este viernes ante el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional un camión, lleno de presuntas pruebas para ser utilizadas en las audiencias preliminar contra exministros y otros exfuncionarios acusados de estafar al Estado con más de 21 mil millones de pesos. 

 Previo al inicio de la audiencia, el vehículo con los presuntos elementos probatorios se encontraba en la parte frontal del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, mientras el personal trasladaba cajas al juzgado. 

 La jueza Altagracia Ramírez conoce el caso, en donde el órgano acusador está concluyendo la lectura del expediente con la acusación en esta fase procesal. Entre los principales acusados figuran los exministros de Hacienda, Donald Guerrero; de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; y de la Presidencia, José Ramón Peralta. También están señalados Daniel Omar Caamaño, excontralor general de la República; Luis Miguel Pichirilo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA); Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro Nacional; así como Óscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, exdirectores de Casinos y Juegos de Azar. 

Guerra de declaraciones por Playa Encuentro: Inversionista acusa al Estado de bloqueo y comunidad defiende acceso público

Cabarete, Puerto Plata. La reconocida Playa Encuentro, joya del turismo deportivo en la costa norte, se ha convertido en el epicentro de un agudo conflicto que enfrenta a un inversionista estadounidense con un amplio frente de organizaciones comunitarias. 

Ambas partes han escalado sus reclamos al presidente Luis Abinader, presentando declaratorias públicas con fallos judiciales que, aunque firmes, parecen chocar en la práctica, dejando en el aire el futuro de un proyecto turístico de US$400 millones y la garantía del acceso público a la playa. 

 La Denuncia del Inversionista

 Por un lado, el empresario estadounidense Lance Lundberg, con una trayectoria de más de tres décadas y egresado de Harvard y Yale, denunció en una carta pública al presidente Abinader el «bloqueo ilegal» y el «desacato reiterado» de sentencias judiciales por parte de funcionarios del Estado dominicano. 

Según Lundberg, estas acciones han frenado la ejecución de su proyecto turístico en un terreno de 137 mil metros cuadrados adquirido en 2006. 

Bienes incautados en casos Coral han generado más de 86 millones por concepto de alquileres

Los bienes incautados a los policías y militares vinculados al caso Coral, que están bajo la custodia de la Procuraduría General de la República, han generado por concepto de alquileres RD$31,294,100.00, y RD$55,288,231.83, en el caso de los proyectos agrícolas. 

 El Ministerio Público explicó que se ha solicitado el decomiso de ambos montos a favor del Estado dominicano, ya que este fue afectado por el entramado de corrupción administrativa que defraudó con más de RD$4,500 millones y que fue desmantelado con las operaciones Coral y Coral 5G. 

 El mayor general Adán Cáceres, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), figura como el principal cabecilla de la red, integrada por 30 personas físicas y 18 jurídicas, que operó entre los años 2012 y 2020. Además de Cáceres, De los Santos Viola y Torres Robiou, en el caso son procesados el coronel policial Rafael Núñez de Aza; el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez; el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz; Rossy Guzmán Sánchez (la Pastora) y su hijo; el cabo policial, Tanner Antonio Flete Guzmán. 

 También están acusados José Manuel Rosario Pirón; Carlos Lantigua; Alfredo Pichardo; Erasmo Roger Pérez; Jehohanan Lucía Rodríguez; Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco. La acusación indica que los procesados también sustrajeron fondos de inteligencia del Cusep y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur). 

Construcción con permisos irregulares amenaza el Cinturón Verde de Santo Domingo

El ADN autorizó dos proyectos multifamiliares meses después de prohibirlos por ordenanza. Una constructora del viceministro de Vivienda, Danny Israel Santos Compres, los desarrolla en una franja protegida del Cinturón Verde de Santo Domingo. 

 En medio de crecientes tensiones por la preservación de las áreas verdes en Santo Domingo, como lo evidencian los recientes debates sobre el terreno del Jardín Botánico y la avenida República de Colombia, nuevos proyectos inmobiliarios han puesto el foco sobre el Cinturón Verde. Por ejemplo, la constructora Danny Santos Compres, propiedad del viceministro de Vivienda, Danny Israel Santos Compres, está desarrollando dos proyectos residenciales en una franja protegida del Cinturón Verde de Santo Domingo, amparada en permisos y certificaciones que presentan irregularidades. 

 Documentos oficiales analizados por Acento señalan que las autorizaciones para los complejos habitacionales Balcones de la Riviera y Balcones del Cerro violan la Ordenanza Municipal 2-2023 del Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN). Además se sustentan en evaluaciones ambientales con inconsistencias técnicas y datos ambiguos que ignoran el daño a la vegetación y a fuentes de agua como el Arroyo Manzano. 

 La Ordenanza Municipal No. 2/2023, emitida por el ADN, vigente desde el 4 de agosto de 2023, prohíbe la construcción de edificaciones multifamiliares -edificio de apartamentos , comerciales, dotacionales o institucionales en los sectores y subsectores de vocación residencial, como son Cuesta Brava, Urbanización Arroyo Manzano, Cuesta Hermosa II, Cuesta Hermosa III, Puerta de Hierro, Buena Vista y La Meseta. Todas estas colindan con la franja de protección ambiental, el Cinturón Verde. 

Pleno SCJ pone en consulta pública propuesta modificación al Reglamento de Regulación Parcelaria y Deslinde

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) puso en consulta pública la propuesta de modificación a la Resolución núm. 790-2022, que establece el Reglamento para la Regularización Parcelaria y el Deslinde, que tiene como objetivo optimizar el proceso de regularización parcelaria, simplificando sus condiciones y requisitos. 

 La modificación busca también agilizar los trámites y fortalecer la cohesión social y jurídica del sistema inmobiliario, ampliar su alcance y permitir una resolución más ágil de los casos que no presenten conflictos de Derechos. 

 El secretario general de la Suprema Corte de Justicia, César García Lucas, informó que la iniciativa se fundamenta en la Constitución de la República Dominicana y en la Ley núm. 108-05 de Registro Inmobiliario, que faculta a la SCJ para dictar los reglamentos y normas complementarias requeridos para la aplicación y desarrollo de las previsiones de dicha ley. 

 La propuesta reglamentaria preserva el deslinde como figura contradictoria (derecho que tiene una persona demandada de oponerse o contradecir lo que la parte demandante afirma en su demanda) y de excepción (herramienta legal que usa el demandado para detener, modificar o anular la acción legal del demandante) para casos con características de litigiosidad que requieran la intervención de los tribunales.

ABA Urge Aprobar Ley Que Regule Embargos Retentivos En El País

Santo Domingo, Rep. Dom. – La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) consideró como urgente y de alto interés la aprobación de la Ley que regula los embargos retentivos en el país, cuya propuesta de revisión fue liderada por la Superintendencia de Bancos, en procura de garantizar los derechos de los usuarios financieros y evitar las arbitrariedades a raíz de estos procesos legales. 

 La ABA argumentó que el embargo retentivo se ha convertido en un mecanismo de coerción, frecuentemente utilizado sin criterios claros ni mecanismos adecuados de control judicial previo, lo que genera distorsiones que se traducen en inseguridad jurídica y afectaciones económicas para los usuarios financieros. 

 En un documento de prensa, manifestó su esperanza en que el Congreso priorice esta normativa en la legislatura que recién inicia, por considerar que se evitaría, en gran medida, los atropellos en contra de usuarios del sistema financiero, especialmente de aquellos que cuentan con menos recursos y no pueden agenciarse una representación legal adecuada para resolver la situación de medidas conservatorias trabadas en su perjuicio, sin fundamento alguno. Citó entre las principales distorsiones que se registran: la presentación de embargos sin títulos de crédito válidos, embargos de forma masiva en un solo acto de alguacil sobre clientes o créditos no relacionados y los embargos que se realizan de manera reiterada sobre el mismo crédito, luego que un tribunal haya dispuesto su levantamiento previamente.

SCJ emite sentencia contra Andrés Medrano Heredia en litis por terrenos propiedad de la familia Féliz Carrasco en Barahona

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) rechazó el recurso de casación interpuesto por Andrés Medrano Heredia, contra una sentencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Barahona, del 14 de febrero pasado, a favor de la familia Féliz Carrasco, sobre la posesión de terrenos en la costa de la provincia sureña. 

 Medrano Heredia buscaba por ante la SCJ cambiar el resultado de una sentencia que “rechaza por mal fundada y carente de base legal, el recurso de apelación interpuesto el 18 de noviembre”, constituido en querellante y actor civil, contra la sentencia del 29 de agosto del 2024 y leída de manera íntegra el 23 de septiembre del mismo año por la Segunda Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del distrito judicial de Barahona. 

 La Segunda Cámara, además, rechazó, por las mismas razones, las conclusiones vertidas en audiencia por la parte recurrente, Medrano Heredia, así como por la representación del Ministerio Público. 

 La sentencia de la SCJ, evacuada por los magistrados Francisco Antonio Jerez Mena, Nancy I. Salcedo Fernández, Frank Euclides Soto Sánchez, María G. Garabito Ramírez y Francisco Antonio Ortega Planco, además, condenó a Medrano Heredia al pago de las costas legales profesionales. 

 Los magistrados ordenaron, también, al secretario general de la SCJ, César José García Lucas, notificar la decisión a las partes del proceso y al juez de la ejecución de la pena del departamento judicial de Barahona. 

Gobierno promulga Ley 82-25 que fortalece el Plan Nacional de Titulación; elimina impedimento de libre disposición

Santo Domingo.– El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, encabezó este viernes en rueda de prensa en el Palacio Nacional para presentar los detalles sobre la Ley núm. 82-25, promulgada el pasado 7 de agosto, que establece un marco normativo moderno y unificado para el régimen del Bien de Familia. 

 Con esta legislación, los inmuebles beneficiados con el Plan Nacional de Titulación de Terrenos del Estado estarán libre de la condición de bien de familia, con lo cual se elimina el impedimento de libre disposición, fomentándose el acceso a crédito formal de miles de familias dominicanas con mayor facilidad. “Con esta normativa fortalecemos la protección de la vivienda fomentada por el Estado para la familia, brindando a los dominicanos la seguridad de que su hogar no podrá ser embargado ni vendido en contra de su voluntad y, al mismo tiempo, abrimos la puerta a un marco más ágil y moderno para la gestión de su patrimonio a aquellos beneficiados de un terreno público titulado”, expresó el ministro Paliza. 

 El director ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado, Duarte Méndez, señaló que “esta ley es fruto de un trabajo coordinado que unifica criterios y procedimientos, eliminando trabas innecesarias y ofreciendo a las familias dominicanas más claridad y seguridad jurídica sobre sus propiedades”. 

 Salvo en los casos de aquellos inmuebles que no cuenten con construcciones con fondos públicos, ya sea en el marco del Plan Nacional de Titulación, en proyectos de vivienda de bajo costo bajo la Ley de Fideicomisos o programas estatales de financiamiento, la nueva ley mantiene la protección de los inmuebles construidos con fondos públicos como parte de planes de mejoramiento social, asegurando que no puedan ser vendidos ni embargados. 

 Por su parte, el director de Bienes Nacionales, Rafael Burgos, explicó que esta ley permitirá, tanto al propietario con a sus descendientes, tener su título de propiedad como una garantía para desenvolverse económicamente en una circunstancia crítica que necesita resolver económicamente. 

 En la actividad estuvieron presentes el ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista; el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; el senador Cristóbal Castillo, y el viceministro de la Presidencia, Roger Pujols, entre otros actores vinculados al tema, quienes respaldaron la importancia de esta reforma legal. 

 Con la entrada en vigor de esta normativa, el Gobierno busca equilibrar la protección de la vivienda familiar con la generación de oportunidades para el crecimiento económico, facilitando a las familias mecanismos más flexibles y seguros para gestionar su patrimonio.

Fuente: https://presidencia.gob.do/noticias/gobierno-promulga-ley-82-25-que-fortalece-el-plan-nacional-de-titulacion-elimina