Tardanza emisión permisos: Una queja que se mantuvo latente durante el 2024 en el sector construcción del país

SANTO DOMINGO.- Las quejas de empresarios y líderes de la construcción relativas a la tardanza en la emisión de los permisos necesarios para el despegue de un desarrollo inmobiliario se mantuvo latente durante el año 2024, en diversas de las instancias gubernamentales llamadas a garantizar que los procesos se cumplan para la continuidad de un pilar vital para el desarrollo de la economía dominicana, como lo representa la Construcción. 

 Desde el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Alcaldía del Distrito Nacional, pasando por el de Turismo hasta el de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed), las denuncias e insatisfacciones de líderes y representantes del sector, fueron notables a lo largo del presente año. 

 En junio agrupaciones del sector llamaron al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Mimarena) a frenar los obstáculos y agilizar los procesos de tramitación de permisos, los que dijeron, pasaron de aprobarse en 15 días a tardarse hasta 6 meses, lo que afectaría el crecimiento del sector construcción en el presente año y limitar las inversiones.

Proindustria respalda las ventas de inmuebles en SDO

Santo Domingo.-El director general del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial, Rafael Cruz Rodríguez, respaldó la aprobación en la Cámara de Diputados de 48 contratos de venta de inmuebles en el Distrito Industrial Santo Domingo Oeste (Disdo), administrado por Proindustria. Destacó que el Disdo, fue concebido para acoger empresas industriales manufactureras de todo tipo de textiles, de alimentos, construcción, plásticos, papel, metalmecánica, entre otras.

 Cruz Rodríguez agradeció de manera especial al Poder Ejecutivo por el contrato de enajenación del Disdo, así como al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; a los diputados de la Comisión Permanente de Contratos que estudió cada uno de los contratos y presentó el informe favorable y a los legisladores que defendieron el conocimiento de la iniciativa en el hemiciclo. 

 Cruz Rodríguez resaltó la importancia de los terrenos para el desarrollo de las industrias manufactureras dominicanas, en momento en que el sector atraviesa por una creciente demanda de espacio para la construcción de nuevas naves para la operación de nuevas empresas que procuran incursionar en el mercado nacional e internacional, y en momentos en que su gestión se enfoca en suplir estas necesidades.

Policía busca hombre de Sosúa acusado invadir propiedades, falsificar documentos y amenaza muertes

PUERTO PLATA.-La Policía Nacional con asiento en esta provincia norteña busca activamente a un hombre señalado de falsificar documentos, amenazar de muerte a otras personas y por invasión de propiedad privada en el municipio Sosúa.

 Se trata de Héctor José Colón Almonte, alias Niño Colón, de 56 años, contra quien un juez emitió la orden de arresto número 2024-AJ0020772 por los hechos imputados en su contra. 

 El prófugo de la Justicia reside en el sector La Piedra de Los Charamicos en Sosúa, informó el vocero policial Rafael -Felo- Meson. El teniente coronel Aneurys Ruiz, encargado de la Dirección de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía, exhorta a Niño Colón a entregarse por las vías que entienda necesarias.

Fuente:https://elatlantico.do/index.php/2024/12/26/policia-busca-hombre-de-sosua-acusado-invadir-propiedades-falsificar-documentos-y-amenaza-muertes/

Hasta dos años de cárcel podrían condenar propietario de vivienda colapsada que provocó muerte de niña

Sobre esta tragedia y las posibles consecuencias legales a los propietarios de la edificación que se desplomó, el abogado Félix Portes dijo que se debe identificar al propietario para determinar si se procede penal y civilmente. 

 Indicó que si se determina que el propietario es una persona física, podría cumplir una condena de hasta 2 años de cárcel. “Para determinar si hay responsabilidad penal o civil con relación al derrumbe de esta pared, hay que identificar quién es el propietario. "Si el propietario es el Estado Dominicano, solamente se podría interponer una demanda en daños y perjuicios en contra del Estado Dominicano a través del Tribunal Superior Administrativo”, explicó Félix Portes, abogado. 

 “En cambio, se trata de que el propietario es una persona física o un particular; perseguir a esta persona penalmente y civilmente, es decir, la persona penalmente podría enfrentar una pena de seis días a dos años de prisión y podría también resultar demandada en daños y perjuicios”, agregó Portes.

Alertan sobre aumento estafas inmobiliarias

La Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias (AEl) alertó a los futuros compradores de viviendas a informarse mejor a la hora de adquirir o apartar una propiedad para evitar fraudes. Recomienda a utilizar constructoras y agentes inmobiliarios reconocidos y con reputación. 

 El presidente de AEI, Alberto Bogaert, informó que en estos últimos meses del año han aumentado las denuncias de personas vía redes sociales destacando que han sido víctimas de estafas inmobiliarias o incumplimiento de los planos o retrasos muy largos en los tiempos de espera acordados.

 “Manifestamos nuestra su profunda preocupación ante los reiterados incumplimientos de algunas constructoras hacia los adquirentes de viviendas. Estas prácticas irresponsables no solo ponen en peligro el patrimonio de cientos de familias dominicanas, sino que también socavan la confianza en el sector inmobiliario y afectan negativamente la reputación de nuestro país como destino de inversión”, expresó. 

Organizaciones piden aprobar Plan Decenal de Viviendas

Santo Domingo.-La República Dominicana se encuentra al borde de una crisis habitacional histórica: el 44.1 % del parque habitacional está en condiciones inadecuadas, según datos del Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED). 

Mientras tanto, el Plan Decenal de Viviendas (PDV), elaborado hace un año para enfrentar esta problemática, sigue empantanado en la inacción gubernamental. El Plan Decenal de Viviendas, fruto de un consenso entre actores sociales, privados y gubernamentales, es la herramienta que podría cambiar el panorama habitacional del país, sostuvo Sócrates Peguero, de la Comisión de Vivienda y Hábitat de Foro Ciudadano Este plan no solo busca reducir el déficit de viviendas, sino también resolver problemas de calidad, como la falta de servicios básicos y la inseguridad jurídica. 

 “Garantizar viviendas dignas y seguras es fundamental para el desarrollo social”, afirmó Sócrates Peguero. Sin embargo, la falta de acción del gobierno para aprobar el PDV pone en jaque a millones de familias que viven en condiciones precarias. 

SCJ anula sentencia que ordena pago millonario a particulares por terrenos de Sierra de Bahoruco

La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) anuló una sentencia emitida por el Tribunal Superior Administrativo (TSA), que favorecía con una indemnización millonaria a particulares que aseguran ser propietarios del 70 % del Parque Nacional Sierra de Bahoruco. 

 El fallo anulado por la SCJ es el número 0030-02-2023-SSEN-00343, dictado en junio de 2023 por el TSA y que ordenaba al Estado el pago de 676 millones de pesos a la empresa DC International, SRL., representada por Tomás Dantés Castillo.

 El caso fue enviado para un nuevo análisis a la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo. La sentencia del TSA establece que los reclamantes alegaban que un terreno de su propiedad (16.9 millones de metros cuadrados) había sido afectado tras su inclusión en un área protegida mediante el decreto 1315 de 1983, que declara el Parque Nacional Sierra de Bahoruco.

 Tras la decisión del TSA, el Ministerio de Medio Ambiente recurrió en casación ante la SCJ y presentó una demanda en suspensión de ejecución, con el objetivo de "evitar que se lesione el patrimonio de todos los dominicanos".

Proindustria saluda aprobación de contratos para venta de terrenos

El director general del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria) Rafael (Papito) Cruz Rodríguez, elogió la aprobación por parte de la Cámara de Diputados, de 48 contratos de venta de inmuebles en el Distrito Industrial Santo Domingo Oeste (DISDO), administrado por Proindustria. Destacó que el DISDO fue concebido para acoger empresas industriales manufactureras de todo tipo como textiles de alimentos, construcción, plásticos, papel, metalmecánica, entre otras. 

 Cruz Rodríguez resaltó la importancia de los terrenos del DISDO para el desarrollo de las industrias manufactureras dominicanas, en momento en que el sector atraviesa por una creciente demanda de espacio para la construcción de nuevas naves para la operación de nuevas empresas que procuran incursionar en el mercado nacional e internacional. 

 Manifestó que estos contratos de terrenos permitirán al DISDO ofrecer áreas a medianas y a grandes empresas para abrir industrias que beneficien a todo el país y de manera directa a los residentes de Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos, Pedro Brand, Pantojas y el Gran Santo Domingo. Sostuvo que esta zona industrial, caracterizada por su cercanía al centro de la capital del país, dispone de 284 solares, en un terreno de 1,526,503.91 metros cuadrados, de los que se encuentran habilitados (incluidos calles y contenes) 1,209,546.49 metros cuadrados.

Suprema admite recurso de casación de exdiputada Rosa Pilarte

Santo Domingo.-La Suprema Corte de Justicia admitió el recurso en el que la exdiputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por La Vega, Rosa Amalia Pilarte López, recurrió la decisión de la Segunda Sala de esa alta corte, que la condenó a cinco años de prisión por lavado de activos, y fijó para el 30 de enero del próximo año el conocimiento del recurso de casación incoado por ella. 

 15 de julio de este año, la exlegisladora Pilarte López interpuso un recurso de casación contra la sentencia penal núm. SCJ-SS-24-0592, emitida el 28 de mayo de 2024 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, por gozar de jurisdicción privilegiada. La sentencia la declaró culpable de violar los artículos 3 (numerales 1, 2 y 3) y 9 (numerales 1 y 2) de la Ley núm. 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, condenándola a 5 años de reclusión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, al pago de una multa equivalente a 200 salarios mínimos del sector público y al decomiso de varios bienes inmuebles. 

 El pasado 5 de diciembre la SCJ conoció el recurso interpuesto por Inversiones Inmobiliaria Cutupú, S.R.L., representada por Manuel Antonio Inoa Valdez, contra el decomiso de los inmuebles ordenado en la sentencia, mediante la cual buscaba levantar las oposiciones sobre dichos bienes y, tras su ponderación, el recurso fue declarado inadmisible.