Parceleros de la Reforma Agraria denuncian quieren quitarles sus predios en Azua

La Asociación de Parceleros “Nuevo Rumbo”, del municipio de Estebanía, en Azua, denunció que sus terrenos están siendo invadidos por inescrupulosos, que tratan de adueñarse de manera ilegal de sus tierras, propiedades que poseen desde el año 1970. En ese sentido, demandaron del presidente Luís Abinader, que intervenga para frenar esta invasión, debido a que son amenazados constantemente por grupos de desaprensivos, que se han dado a la tarea de pretender desalojarlos. 

 Los campesinos afectados han expresado preocupación y descontento por la situación de sus propiedades y señalan que, aun teniendo sus títulos, al parecer las autoridades son indiferentes con la compañía R- Green Life L C, que estaría interesada en los terrenos.

 El presidente de la entidad campesina, Luís Antonio Segura, al ofrecer detalles dijo que esos grupos les quieren quitar su derecho, y aseguró que habría que cruzar por encima de cadáveres de los hombres y mujeres dueños de esos terrenos. “No tenemos autoridad, sino complicidad”, expresó Segura, quien reaccionó molesto, por entender que las autoridades solo escuchan a los poderosos. 

Surge conflicto por terrenos en el Pico Diego de Ocampo

Santiago- La esperanza de cientos de campesinos que habitan desde hace décadas en comunidades aledañas al Pico Diego de Ocampo volvió a verse frustrada, tras una reunión sostenida con funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente, donde reclamaban soluciones urgentes ante las restricciones impuestas por la declaratoria de área protegida en la zona, que les impide construir, sembrar o titular sus tierras. 

 La actividad, fue convocada con el objetivo de acercar a las autoridades con los residentes afectados, sin embargo, la ausencia del ministro de Medioambiente, por segunda ocasión, generó molestia, desilusión y protestas entre los participantes, quienes calificaron el hecho como una falta de respeto institucional. 

 El sacerdote Nino Ramos, figura clave en la articulación de las comunidades, lamentó la falta de compromiso del titular de Medio Ambiente, afirmando que más de 500 personas fueron convocadas con la expectativa de respuestas concretas, las cuales nunca llegaron. “El irresponsable del ministro dejó plantada a toda una comunidad por segunda vez. Yo mismo me abstuve de asistir para evitar confrontaciones, pero mi nombre fue comprometido públicamente invitando por radio a la gente. Esto es una burla”, expresó en una comunicación interna el padre Ramos. 

Los diputados aprueban en primera lectura el proyecto de ley de alquileres

Durante la sesión de este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el Proyecto de ley de alquileres de bienes inmuebles y desahucios, una iniciativa que busca regular las condiciones y obligaciones jurídicas entre inquilinos y propietarios. 

 El proyecto es autoría del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien anunció en medio de la sesión que la iniciativa será llevada a unas vistas públicas para que los diversos sectores sociales presenten sus observaciones sobre la propuesta. Aunque no fijó una fecha específica para la consulta pública, dijo que el objetivo de las vistas es que "el país digiera bien todo lo que se menciona en el proyecto" y que, antes de aprobarse en segunda lectura, cuente con un amplio consenso.

 El propuesta de ley, que fue aprobada tras los análisis de una comisión especial, establece una serie de novedades en materia de alquileres como los contratos de renta, los desahucios, la resolución judicial de conflictos entre propietarios e inquilinos, pago de gastos legales y los derechos y deberes de las partes. 

 El proyecto que aprobaron los diputados en una primera discusión establece, en su artículo 17, que el propietario de una vivienda estará facultado "para ejecutar un embargo retentivo" contra el inquilino que se retrase en el pago del alquiler y así garantizar el cobro de la deuda. 

Ley de alquileres obligaría a mantener depósitos en bancos y notificar contratos al Estado


El informe del proyecto de ley de alquileres de bienes inmuebles y desahucios, que se estudió en una comisión de la Cámara de Diputados, establece cambios en la forma en que se manejan los depósitos de renta entre propietarios e inquilinos.

 De aprobarse la pieza, los propietarios estarán obligados a depositar ese dinero en una entidad bancaria ubicada en el lugar donde esté el inmueble, en lugar de entregarlo al Banco Agrícola o conservarlo directamente, como ocurre en la actualidad.

 De acuerdo con el artículo 15 del proyecto, la suma acordada como depósito debe ser entregada por el propietario a una entidad bancaria, acompañada de una copia del contrato de alquiler. La entrega del dinero al banco no es simplemente un trámite financiero ya que el banco que reciba el dinero tendrá que notificar al Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived) la existencia del contrato, con el objetivo de que esa información se utilice para control estadístico del déficit habitacional en el país. Por ejemplo, si un propietario alquila una vivienda en el sector Los Guaricanos, los depósitos que entregue el inquilino deben entregarse y resguardarse en cualquier banco que esté en las inmediaciones del sector. 

Liga Municipal reconoce facultad de distritos municipales para establecer oficinas de planeamiento


La Liga Municipal Dominicana (LMD) emitió la resolución No. 02-2025, mediante la cual reconoce la potestad de los distritos municipales para establecer sus propias Oficinas de Planeamiento Urbano, en cumplimiento con la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial y la Constitución dominicana. 

 El documento, firmado por el secretario general y presidente del Comité Ejecutivo de la LMD, Víctor D´Aza, fue aprobado el pasado 28 de marzo de 2025. En él, se exhorta al Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived) a aplicar la disposición legal, particularmente en los distritos que superan los 15,000 habitantes. 

 En ese sentido, también se exhortó a contratar personal técnico calificado y reconoció la facultad de los consejos de regidores para establecer arbitrios relacionados al uso del suelo, mientras los distritos siguen dependiendo de las tasas del municipio matriz. 

 El artículo 24 de la ley 368-22 establece que los gobiernos locales con una población mayor a 15,000 habitantes, según el censo de 2010, pueden gestionar y autorizar el uso de suelo a través de estas Oficinas de Planeamiento Urbano, en coordinación con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD). Sin embargo, persiste una limitación para que estos distritos establezcan tasas o arbitrios propios, debiendo aplicar provisionalmente los establecidos por el municipio al que pertenecen. Pedro Richardson, director ejecutivo de la Federación Dominicana de Distritos Municipales (Fedodim), recordó que "llevamos tres años reclamando al MIVED el cumplimiento de la Ley 368-22, mientras su ministro continúa violando su artículo 24, que otorga a los gobiernos locales capacidad para autorizar el uso del suelo mediante estas oficinas". 

Ministerio Público refuerza acusación contra Adán Cáceres con nuevas pruebas financieras

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público continuó este martes con la incorporación de pruebas en el juicio que se sigue contra el mayor general Adán Cáceres Silvestre y otros militares y policías acusados de estafar al Estado dominicano por más de 4,500 millones de pesos. 

 Durante la audiencia, peritos adscritos a la Unidad de Investigación Criminal del Ministerio Público presentaron informes periciales de naturaleza financiera, los cuales se incorporaron como evidencia ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. 

 Entre los documentos presentados figura el informe núm. 122 del auto de apertura a juicio, relacionado con Santiago Antonio Suárez Peguero, y el informe núm. 130, correspondiente al denominado Ministerio Jesús Vino, Vive y Vuelve. En ambos se evidencian múltiples transferencias realizadas desde la Asociación Campesina Madre Tierra, propiedad de Cáceres Silvestre, utilizando presuntos prestanombres. 

Familias denuncian que quieren desalojarlas con títulos falsos en Montecristi

Familias expresaron su temor a ser desalojadas de sus viviendas que han ocupado durante décadas, luego de que terceros han sacado títulos de propiedad de los terrenos donde se encuentran las casas, en la comunidad de Carbonera, provincia Montecristi. 

 En ese sentido, el señor Carlos Cruz dijo que tiene 75 años y que nació en una casita en el terreno donde lo quieren desalojar, por lo que pidió la intervención del Gobierno. “Aquí han titulado con nosotros adentro y han venido como cuatro gente con título”, dijo.

 Entre tanto, el señor Islandy Torres dijo que son aproximadamente 30 viviendas que buscan desalojar y que, si revisan la fecha del título, se darán cuenta de que el documento fue sacado de manera fraudulenta. “Estas personas han adquirido ese título de una forma fraudulenta, ellos hicieron un deslinde; no pusieron letreros, no notificaron a nadie. Ellos han hecho lo que han querido porque están manejando personas que no tienen recursos para enfrentarlo”, dijo Torres.

 La envejeciente Milagros Cruz dijo que han sido fundadores de la comunidad y que terceros han sacado títulos a los terrenos que hoy ocupan, y que nunca han sido invasores por lo que hacen un llamado al presidente Luis Abinader para que intervenga ante la problemática.

Juezas suspenden juicio del caso Medusa hasta que Suprema decida recurso de imputado

SANTO DOMINGO.- Los jueces del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional suspendieron el juicio seguido a los implicados en el entramado de corrupción que encabezaría el exprocurador Jean Alain Rodríguez y compartes, desmantelado mediante la Operación Medusa. 

 Las magistradas adoptaron esta decisión hasta tanto la Suprema Corte de Justicia (SCJ) conozca un recurso de casación con el que se busca revocar el fallo que envió a juicio a Juan Azael Martínez Pimentel, implicado en el caso Medusa, dictado por los jueces de la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Por ello, la jueza presidenta del tribunal, Claribel Nivar, aplazó el juicio a los implicados en el expediente del caso Medusa para el 21 de julio, a las 9:00 de la mañana. 

 Debido a una serie de incidentes, las juezas no han podido dar inicio formal al juicio seguido a los imputados, entre ellos el exprocurador Jean Alain Rodríguez y otros acusados. Se recuerda que el juez del Tercer Juzgado de la Instrucción, Amauris Martínez, había dictado un “No ha lugar” a favor de Martínez Pimentel. 

Abogados y ciudadanos de Puerto Plata condenan agresión al propietario de Fun City

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Abogados y ciudadanos de Puerto Plata han criticado la agresión de que fue objeto el empresario norteamericano Michel Gurevich, de 71 años, propietario del parque de diversiones Fun City, por miembros de la Policía Nacional y del Ayuntamiento de Montellano. 

 Gurevich trató de impedir que funcionarios del ayuntamiento de Montellano y miembros de la Policía Nacional intentaran habilitar un camino que alegan es de uso público, para lo cual el empresario reclamaba que se le mostrara la orden judicial en ese sentido. 

 Recordó que lleva más de 35 años residiendo en el país y que compró esos terrenos a un hombre de nombre, Juan Paliza, amparados en los títulos correspondientes y que ahora se le quiere obligar a habilitar un acceso para una propiedad que se construye en la zona sin que esto sea el resultado de una decisión de un tribunal. 

 Gurevich fue tirado al piso y esposado luego de aplicarle varias descargas eléctricas. En una comunicación difundida por el alcalde Héctor Almonte, afirma que se trata de un acceso público en litis judicial desde 2018, y que el cierre fue impedido por Catastro y Planeamiento Urbano, con apoyo policial. La Policía Nacional alegó que el empresario se tornó agresivo; sin embargo, en el video se ve cómo este insiste en requerir la orden judicial. 

 Abogados consultados expresaron su sorpresa de que la acción se ejecutara un domingo y que no se procediera de la forma habitual. El reconocido abogado José Carlos González expresó en su cuenta de Facebook, que; “hasta tanto haya una sentencia con la cosa irrevocablemente juzgada, esa declaración acelerada, desacertada, imprudente y sin fundamento, lo que demuestra la justificación de una desesperación en la acción de un domingo para ejecutar, en el ámbito inmobiliario”.

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