Habilitan plataforma de Acceso Digital para 46 salas de la Jurisdicción Inmobiliaria

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Poder Judicial avanza en la expansión de la Plataforma de tramitación en línea, Acceso Digital en las salas de la Jurisdicción Inmobiliaria, integrando tanto los Tribunales de Jurisdicción Original como los Superiores de Tierras y la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia.

 Este esfuerzo responde a la decisión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, adoptada en su sesión núm. 17/2025, mediante la cual se autorizó la expansión del Acceso Digital y de las audiencias virtuales en las materias Inmobiliaria, Niños, Niñas y Adolescentes, así como en los Juzgados de Paz, de manera progresiva. 

 De acuerdo con un comunicado de prensa, desde el 31 de julio, todas las salas de tierra a nivel nacional están habilitadas para recibir trámites a través de esta plataforma, sumando un total de 46 salas en funcionamiento y consolidando el acceso a la justicia inmobiliaria en todo el país. Estas salas se suman a las 76 ya integradas en materia laboral, las 110 en materia Civil, las seis salas del Tribunal Superior Administrativo, así como la Primera y Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia.

 Acceso digital es un servicio diseñado para que las personas usuarias puedan realizar trámites, solicitudes, depósitos, consultas y demás funcionalidades que el ordenamiento jurídico permite utilizando la tecnología, conforme a la Ley 339-22. 

Punta Bergantín tendrá impactos ambientales mayormente positivos o de baja intensidad, según estudio

La mayoría de los impactos del proyecto turístico Punta Bergantín sobre el medio ambiente son de baja y media intensidad, tanto en su fase de construcción como en la de operación, según revela el Estudio de Impacto Ambiental presentado durante las vistas públicas a la comunidad y a los interesados.

 Mario Méndez, vicepresidente de la firma Empaca —empresa responsable de la investigación—, explicó mediante un comunicado de prensa que el estudio abarca un análisis detallado de los impactos ambientales y sociales asociados a todas las etapas del proyecto, desde la construcción hasta la operación de hoteles y otras instalaciones.

 Durante la fase de construcción, considerada la más breve pero también la más compleja desde el punto de vista ambiental, se identificaron 22 impactos. De estos, 16 fueron clasificados como negativos de baja y media intensidad, mientras que 12 fueron considerados positivos y de alto impacto.

 Los impactos negativos de baja intensidad se caracterizan, en su mayoría, por ser de corta duración, mitigables o reversibles. En cambio, los positivos se asocian a la mejora de la calidad de vida y el poder adquisitivo de los trabajadores involucrados en el proceso constructivo, así como al aumento de la demanda de insumos, principalmente adquiridos en las comunidades cercanas a Punta Bergantín y Villa Montellano. 

El Fideicomiso de Viviendas de Bajo Costo defiende transparencia en licitación en Ciudad Juan Bosch

El Fideicomiso para la Construcción de Viviendas de Bajo Costo de la República Dominicana (Fideicomiso VBC RD) respondió este martes a los señalamientos realizados por la Asociación de Empresas de Comunicación y Tecnología (Comtec), asegurando que el proceso de licitación para la construcción y operación de la red de telecomunicaciones en Ciudad Juan Bosch se ha realizado "con total transparencia y conforme a la ley". 

 La entidad aclaró que el modelo licitado no promueve un monopolio, como ha afirmado la Comtec, sino que establece una infraestructura abierta y neutral que podrá ser utilizada por todos los proveedores autorizados por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel).

 El objetivo, aseguró, es garantizar acceso equitativo, fomentar la competencia y ofrecer beneficios reales a los ciudadanos. 

 Una renta técnica

 En relación con la tarifa de 12 dólares mencionada por Comtec, el Fideicomiso explicó que este monto se ha establecido como tope y corresponde a una renta técnica máxima que los operadores podrán cobrar entre sí por el uso de la red, no al usuario final. Cada prestadora de servicios definirá libremente su tarifa al cliente. Esto garantizará la competencia en precios y protección al consumidor.

Desalojan invasores en Boca Chica tras vencerse el plazo

Un amplio contingente de militares, policías y agentes de la Dirección General de Migración llevó a cabo ayer el desalojo de decenas de ocupantes ilegales en un extenso terreno ubicado en el municipio de Boca Chica, luego de vencerse el plazo de 15 días otorgado para abandonar voluntariamente el área. 

 La intervención se produjo tras el incumplimiento de una notificación emitida a mediados de junio por el abogado del Estado y fiscal de tierras ante la Jurisdicción Inmobiliaria, Gedeón Platón Bautista Liriano, quien había requerido a los ocupantes abandonar el terreno ocupado de manera irregular durante más de tres años. 

 El inmueble, identificado con la designación catastral No. 403433872708 y certificado de título No. 4000248037, libro 0088, folio 195, pertenece legalmente a la empresa Boca Chica Country Club, C. por A., que proyectaba en el lugar el desarrollo de un complejo turístico con ese mismo nombre .

Durante el operativo, las autoridades destruyeron decenas de casuchas, estructuras improvisadas y viviendas construidas con zinc o hojalata. Asimismo, se detectaron recientes cercamientos de solares, lo que, según las autoridades, evidenciaría intentos de legalizar de manera informal la ocupación. 

Tribunal rechaza acción de amparo en contra del trazado del monorriel

La acción de amparo presentada por los moradores de la urbanización del Reparto Universitario en contra del trazado del monorriel, por una zona considerada un área verde de Santiago, por rechazado este jueves por la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, presidida por la jueza Alicia Mabel Guzmán Bencosme. 

 Los denunciantes y responsables de la acción de amparo argumentan que el trazado vulnera derechos fundamentales relacionados con la protección del medio ambiente, la salud, la propiedad privada y la calidad de vida de los habitantes, porque la construcción destruiría el área verde y un cuerpo de agua natural. 

 La acción fue presentada en contra de Empresas Ingeniería Estrella S.A., Consorcio ALSTOM, que construye el monorriel de Santiago. “Es necesario aclarar que, en caso de que el objeto del amparo fuese cuestionar la legalidad del permiso ambiental, el estudio de impacto ambiental, y verificar si se ajusta a los requisitos establecidos por la ley, la vía idónea no sería la acción de amparo, sino el recurso contencioso-administrativo, que permite un análisis técnico y jurídico más profundo de tales aspectos”, se lee en el apartado número 39 del falló, dado a conocer este 7 de agosto del 2025. 

Vecinos de Cuesta Brava-Arroyo Hondo reiteran denuncia contra constructora por supuesto crimen ambiental

El Ministerio de Medio Ambiente había paralizado temporalmente la obra en junio de 2025, pero la comunidad denunció que la constructora Danny Santos Comprés S.R.L continuó poco tiempo después. 

 La Junta de Vecinos de Cuesta Brava-Arroyo Hondo reiteró su denuncia contra la constructora Danny Santos Comprés S.R.L. a la que acusa de cometer un crimen medioambiental en el Cinturón Verde del Distrito Nacional, advirtiendo, además, un "grave conflicto de intereses" debido a la posición del propietario de la compañía como viceministro de Construcción. 

 La denuncia divulgada a través de las redes sociales de la comunicadora Carla Rubio, quien asegura ser representante de la junta de vecinos, se centra en dos proyectos: Balcones de la Rivera y Balcones del Cerro, ambos ubicados en zonas sensibles del Distrito Nacional. 

 Según el contenido de la denuncia, el proyecto Balcones de la Rivera, con una extensión de 18,894.57 m², fue clasificado irregularmente como de bajo impacto (categoría C), a pesar de que su tamaño exige una categoría superior y un estudio de impacto ambiental completo.

 La junta enfatizó que esta clasificación es una violación directa a la Ordenanza 2-2023, la cual establece que la zona es de uso residencial unifamiliar (R1) y de hasta dos niveles. La Ordenanza 2-2023, vigente desde el 4 de agosto de 2023, fue emitida por el Ayuntamiento del Distrito Nacional para regular la zonificación de sectores como Arroyo Manzano y Cerros de Arroyo Hondo.

Diputados convierten en leyes la de alquileres y crean el Ministerio de la Familia

La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios, tras acoger las modificaciones que hiciera el Senado de la República.

 La iniciativa tiene por objeto regular las relaciones, condiciones y obligaciones jurídicas que se originen en el alquiler de bienes inmuebles destinados a la vivienda, al comercio o actividades sin fines de lucro. 

 El presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, dijo que a pesar de las modificaciones que la pieza sufrió en el Senado, la misma sigue manteniendo un equilibrio entre los inquilinos y los propietarios. “Este proyecto se suma a la cantidad de proyectos que hemos ido evacuando desde aquí del Congreso Nacional para el bienestar del pueblo dominicano. Hace más de 30 años, la sociedad dominicana ha estado reclamando una ley de alquiler. Aquí hemos hablado de todos los colores”, manifestó.

  En su artículo 2 establece que esta ley es de aplicación general en todo el territorio nacional y rige para los contratos de alquiler, con las excepciones de las fincas rurales; las pensiones y hospedajes; los parques o empresas de zonas francas que operan bajo la ley; los alquileres de inmuebles con fines turísticos o recreativos, cuya duración sea no mayor de noventa días. 

Tribunal Constitucional establece reglas para ventilar conflictos por servicios en condominios

El Tribunal Constitucional estableció un nuevo criterio que regirá en el conocimiento de conflictos suscitados por el atraso en el pago de cuotas por mantenimientos y servicios básicos en los condominios. 

 Mediante sentencia TC/0512/25, la Alta Corte varió la posición que había mantenido para ventilar los casos donde un condómino no está de acuerdo con el cobro de una cuota de mantenimiento y la administración le suspende el suministro de algún servicio básico a su vivienda por esa causa. 

 El TC se aparta del criterio previo que consideraba el amparo como la vía idónea y efectiva para procurar la restitución de servicios básicos esenciales en las viviendas, cuando la discusión tenga como origen el pago de cuotas ordinarias o extraordinarias de mantenimiento. “En su lugar, en lo adelante se juzgará que, en casos como el presente, donde un condómino no está de acuerdo con el cobro de una cuota de mantenimiento y la administración del condominio suspende el suministro de algún servicio básico a su vivienda, la vía adecuada para comprobar la legalidad de dicha suspensión es ante la Jurisdicción Inmobiliaria”. 

 Especifica que compete de ahora en adelante al el juez de los referimientos del Tribunal de Jurisdicción Original, el conocimiento “de toda medida urgente” que se deba tomar respecto del inmueble.

Apresan tres personas por estafa inmobiliaria en Puerto Plata

Agentes de la Policía Nacional coordinados por el Ministerio Público de Puerto Plata, apresaron dos hombres, uno de nacionalidad española y una mujer dominicana, implicados en una estafa inmobiliaria en el Proyecto Paraíso Dorado DM & R SRL en esta demarcación. 

 Los detenidos mediante la orden de arresto No. 2025-AJ0046625, responden a Jesús Aldea Abian, de nacionalidad española, quien según el periódico el Heraldo de Aragón, España se encuentra en busca y captura, quien fungía como representante de la empresa DM & R del Proyecto Paraíso Dorado; Griselda Antonia Calderon Taveras, actual esposa del señor Jesús Aldea Abian, quien es la gerente de la empresa DM & R SRL, y Pedro Pablo Pérez Pérez, gerente de la empresa DM & R Proyecto Paraíso Dorado y esposo de la Procuradora Fiscal de la Corte de Niños, Niñas y Adolescentes de Santiago.

 Los detenidos son acusados por el Ministerio Público, de violar los artículos 147, 148, 150 y 151 Del Código Penal Dominicano; en perjuicio de Damaso Medrano Reyes, por una suma de aproximadamente de RD$25 millones. 

 El expediente acusatorio establece la falsedad en escritura pública o auténtica, de comercio o de Banco, así como falsedad de escritura privada en contra de Damaso Medrano Reyes.