Querellantes del caso Calamar cuestionan al Ministerio Público

SANTO DOMINGO. — La tensión dentro del proceso judicial del caso Calamar sigue en aumento. Esta vez, un grupo de querellantes, representados por los abogados Martín Mañón Lara y Braulio Casillo, depositó varias instancias ante el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional para manifestar su inconformidad con el Ministerio Público. Según alegan, sus defendidos han sido engañados y marginados en el desarrollo del proceso. 

 Los querellantes sostienen que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) no ha cumplido con los compromisos asumidos y que ha manejado el caso con prácticas que ponen en entredicho la transparencia del proceso. Las críticas surgen justo después de que concluyera la lectura de la acusación formal contra los imputados, entre los que figuran exministros de alto perfil: Donald Guerrero (Hacienda), José Ramón Peralta (Administrativo de la Presidencia) y Gonzalo Castillo (Obras Públicas). 

También fueron acusados el excontralor de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Pichirilo; el exdirector del Catastro Nacional, Claudio Silver Peña; y el empresario Fernando Crisóstomo. Sentencias y disputas en audiencia, El malestar de las partes se intensificó tras la sentencia TC0048-24 del Tribunal Constitucional, que declaró ilegal el oficio 0457 del 2 de febrero de 2022. 

Revocan absolución a expelotero Stanley Javier; irá a nuevo juicio por supuesta estafa inmobiliaria

Santo Domingo, R.D.- La Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional revocó la sentencia absolutoria, dictada a favor del exjugador de Grandes Ligas Stanley Julián Antonio Javier Negrín y ordenó la celebración de un nuevo juicio por el presunto delito de estafa en perjuicio de Monique Choupault De Lengaigne Du Choquel, una ciudadana francesa de 83 años.

 La decisión fue adoptada mediante la sentencia penal núm. 501-2025-SSEN-00098, leída el pasado 21 de agosto de 2025, y anula en todas sus partes la Sentencia núm. 046-2025-SSEN-00034, emitida el 19 de marzo de 2025. 

El tribunal ordenó que un juzgado de primer grado reexamine los hechos, escuche nuevamente a las partes y revalúe todas las pruebas, tanto a cargo como a descargo, garantizando el respeto al debido proceso. 

 En marzo de este año, la Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, presidida por la jueza Diana Moreno, había desestimado la querella presentada contra Stanley Javier. 

DGII reitera obligación de establecer información sobre pagos en transferencias y descargos inmobiliarios

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) reiteró este lunes a todos los contribuyentes y público en general, la obligación de los notarios públicos de exigir y retener la constancia fehaciente de pago que fue utilizada para la liquidación o pago de los actos u operaciones que estos instrumenten, conforme lo dispuesto en la Norma 07-22.

 De acuerdo a un comunicado, en los actos traslativos de propiedad inmobiliaria (compraventa, dación en pago, permuta, cuota litis y particiones amigables), deberán detallarse todos los pagos realizados, incluyendo los pendientes, salvo en los siguientes casos:

 -Cuando el valor total de adquisición sea igual o inferior a un millón de pesos. 

 -Cuando la adquisición se efectúe mediante un préstamo hipotecario otorgado por una entidad de intermediación financiera y el monto inicial pagado por el adquiriente no supere dicho limite. 

 «La descripción de los pagos deberá incorporarse en el mismo acto traslativo o en un anexo notarizado por el notario actuante, indicando fecha, monto, entidad bancaria (si aplica), medio de pago (transferencia, cheque, efectivo, entre otros) y, de forma opcional, una referencia. 

El TC establece compete a los cabildos demoler edificaciones

En su sentencia el Tribunal Constitucional delimita el tema y las responsabilidades entre el gobierno central y los ayuntamientos.

   El Tribunal Constitucional establece que los ayuntamientos constituyen la autoridad a cargo de destruir o demoler las edificaciones, construcciones y obras que representen un peligro público. Asimismo, consigna que compete a los cabildos ordenar que tal acción estuviese a su cargo, aun fuese en coordinación con el gobierno central, a propósito de la demolición de un edificio en el sector Herrera, ejecutada por el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones. 

 “Ahora bien, no escapa de nuestra atención la claridad de los procedimientos instituidos en las leyes sobre Urbanización, Ornato Público y Construcciones y de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos; procedimientos que están claramente a cargo de los gobiernos locales, no así del Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED) ni del gobierno central”, observa la sentencia TC/0564/25. 

 Dada la efectividad de los mencionados procedimientos, el Constitucional considera reprochable y alarmante que el MIVHED haya omitido incentivar, a través de un diálogo interinstitucional, que las autoridades municipales encausen el asunto, que no haya actuado en coordinación con éstas o que, como mínimo, no haya promovido su participación en el proceso de amparo.

Audiencia sorpresa en Corte de Apelación del DN sobre caso Jet Set sin notificar a las partes

El abogado Félix Portes, representante de varios querellantes en el caso Jet Set, manifestó su sorpresa ante el hecho de que la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional conocerá el recurso de apelación interpuesto contra la medida de coerción impuesta a Antonio Espaillat y Maribel Espaillat, sin que la parte querellante haya sido previamente notificada. 

 Portes calificó la situación de “extraña”, recordando que previamente la Tercera Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia había desestimado los recursos de apelación presentados por más de 40 víctimas, así como por la parte querellante y el Ministerio Público. “Lo más sorprendente de todo esto es que ni los abogados querellantes, ni siquiera la prensa, han sido notificados de esta audiencia”, señaló el jurista. 

 Antecedentes del caso Jet Set 

El caso se originó tras el colapso de la discoteca Jet Set el pasado 7 de julio de 2024, donde al menos 15 personas murieron y decenas resultaron heridas durante un evento multitudinario. 

Investigaciones posteriores revelaron que el establecimiento operaba sin los permisos correspondientes de instituciones como el Ayuntamiento del Distrito Nacional, el Ministerio de Medio Ambiente, Obras Públicas y el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED). 

Dictan apertura a juicio contra mujer por estafa millonaria

Santo Domingo.– El Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional dictó auto de apertura a juicio en contra de Andrea Engracia José Valdez, acusada de abusar de la confianza de más de veinte personas entre 2012 y 2021. 

 Andrea es acusada de estafar a las personas con más de 29 millones de pesos con la falsa promesa de una alta rentabilidad. Según la acusación, la imputada utilizó la razón social A.J. Valdez y Asociados, S.R.L. para captar la suma de RD$29,280,500, ofreciendo a las víctimas un supuesto plan de negocios en el que aseguraba contar con una cartera de clientes a quienes prestaba dinero. A cambio, prometía tasas de interés superiores a las ofrecidas por las entidades bancarias, cuyos beneficios serían compartidos con los inversionistas. 

 Decisión del juez 

La decisión judicial fue adoptada por la jueza suplente Sofía Bruno, quien valoró la solidez de la acusación presentada por la fiscal litigante Margaret Cabrera Morillo, de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros del Ministerio Público. 

Propietarios de terrenos en «Los Olivares» en Pedernales exigen pago al Mopc e Inapa

PEDERNALES. — Un grupo de propietarios de parcelas ubicadas en la comunidad Los Olivares, colindante con la carretera Pedernales-Enriquillo, están haciendo un llamado urgente al ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, y al director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Wellington Arnaud, para que se les compense económicamente por el uso de sus tierras en proyectos de infraestructura vial y de agua potable.

 Los parceleros, entre ellos Pedro Julio Féliz Valentín, Nidio de León, José de los Santos, Manuel Antonio Sena, Alberto Féliz Báez y Loló Pérez, aseguran que parte de sus terrenos han sido ocupados para la ampliación de la carretera a cuatro carriles y la instalación de redes del acueducto que abastece a la zona turística de Cabo Rojo, sin que hasta el momento hayan recibido el pago correspondiente. 

 Afirman que los hidrantes y tuberías del acueducto fueron instalados “maliciosamente” sin una compensación justa, al igual que se han utilizado miles de metros lineales de sus parcelas para obras viales clave dentro del plan de desarrollo turístico impulsado por el gobierno del presidente Luis Abinader. 

 Los agricultores explican que, aunque respaldan las iniciativas de desarrollo, no pueden aceptar lo que consideran un abuso sobre sus derechos de propiedad. “Apoyamos el turismo, pero no aceptamos que se usen nuestras tierras sin pagar el valor real del terreno,” señalaron. 

MIVED actualiza tasas de servicios para fortalecer inspecciones y mantiene exenciones a «Vivienda de Bajo Costo»

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED) anunció este miércoles la actualización de las tasas por servicios de tramitación de planos e inspección de edificaciones privadas, con el objetivo de proteger la vida y el patrimonio de la población mediante una supervisión más amplia, oportuna y rigurosa en todas las etapas del proceso constructivo. 

 La adecuación de tasas permitirá incrementar el número de inspecciones, ampliar el personal técnico calificado e incorporar herramientas y tecnología que eleven la calidad, y eficiencia de las verificaciones en obra. 

 “Los constructores deben ver esta actualización de tasas como una inversión en seguridad, calidad urbana y sostenibilidad del servicio”, subrayó el ministro Carlos Bonilla. “Con más y mejores inspecciones evitamos errores de construcción, prevenimos intervenciones ilegales o riesgosas y actuamos a tiempo para exigir correcciones antes de que los problemas pongan en riesgo a los ciudadanos”, según el MIVED. 

 La medida se enmarca en la Ley 160-21 y en el Reglamento R-004 de Supervisión e Inspección de Obras y forma parte de un proceso de mejora continua para ofrecer servicios más eficientes, con mayor cobertura y calidad, desde el Viceministerio de Normas, Tramitaciones y Reglamentaciones del MIVED.

TSA rechaza demanda de la Alcaldía DN contra construcción de torre en Piantini

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Tribunal Superior Administrativo (TSA) rechazó una segunda demanda cautelar interpuesta por el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN), encabezado por la alcaldesa Carolina Mejía, que buscaba la suspensión de la construcción de la torre Wyndham Grand Everest, ubicada en la calle Federico Geraldino del sector Piantini. 

 La jueza presidente de la Primera Sala del TSA, Luisa del Carmen Canaán, dictó la Sentencia núm. 0030-01-2025-SSMC-00080 el 15 de agosto, en la que concluyó que la paralización del proyecto, actualmente en fase avanzada, afectaría “gravemente el desarrollo del sector y a terceros que, confiados en la regularidad de los actos administrativos emitidos por la Alcaldía del Distrito Nacional, han adquirido unidades en dicho proyecto”. 

 De acuerdo a un comunicado de prensa, el tribunal sostuvo que la acción en lesividad presentada por el ADN no superó el criterio de apariencia de buen derecho, pues los actos administrativos cuestionados fueron emitidos bajo un procedimiento regular, generaron derechos adquiridos y gozan de presunción de legalidad. Además, la jueza argumentó que no existía urgencia, ya que el proceso principal ofrece un cauce adecuado para la revisión de legalidad. 

 La defensa del desarrollador Grupo Choroni, SRL, estuvo a cargo de los abogados Julio Cury, Víctor León Morel y José Alberto Cruceta hijo, quienes destacaron que la medida cautelar no puede usarse como “un mecanismo de presión, sino como una herramienta excepcional”.