Valoran decreto que abre paso a nuevas obras en el Pomier

Ambientalistas y representantes de empresas ubicadas en las inmediaciones del Monumento Natural Reserva Antropológica Cuevas de Borbón o del Pomier valoraron de manera positiva el reciente decreto del Poder Ejecutivo que declara de utilidad pública varios terrenos ubicados dentro del área protegida, al considerar que facilitará la construcción de infraestructura en el área. 

 "Es un paso de avance porque esto permite que la comisión presidencial para las Cuevas del Pomier continúe con los trabajos de desarrollo que tiene allí, así como con la construcción de espacios para la utilización de las cuevas. Esto permite, además, que la comunidad del Pomier comience a participar en muchos de los proyectos que tiene esa comisión", indicó el ambientalista Domingo Abreu. 

 Impacto del decreto en la comunidad y desarrollo local 

El también miembro de la comisión encargada de coordinar el uso de infraestructura en el monumento explicó que los terrenos se encontraban cercanos a las cuevas; sin embargo, no existía la posibilidad de utilizarlos. "Ya van a ser utilizados para la construcción de un mirador que se necesita en el área y de un play de béisbol que necesitaban los comunitarios, con el fin de ceder otro espacio donde se construirá el área de estacionamiento para los visitantes de las Cuevas del Pomier", sostuvo. 

Tribunal ordena decomiso de bienes adquiridos con fondos ilícitos y condenados deberán devolver más de RD$5,000 millones al Estado

El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ordenó el decomiso inmediato de todos los bienes que fueron identificados como adquiridos con recursos provenientes de actividades ilícitas dentro del entramado de corrupción desmantelado en los casos Coral y Coral 5G. 

 Durante la lectura del fallo, las juezas Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo dispusieron que los inmuebles, activos y demás propiedades cuya adquisición fue vinculada a fondos obtenidos de manera ilegal pasen a favor del Estado dominicano.

 Además, el tribunal condenó a los responsables del esquema a resarcir al Estado por los daños ocasionados mediante el pago de más de RD$ 5,000 millones, monto que corresponde al perjuicio económico causado por las operaciones fraudulentas ejecutadas desde el Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur). 

 La decisión forma parte de las medidas de recuperación de activos adoptadas por el tribunal tras determinar la existencia de un esquema de corrupción, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y desvío de fondos públicos.

 El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declaró culpables la madrugada de este martes a varios de los principales implicados en el denominado caso Coral y Coral 5G, al concluir que el Ministerio Público logró demostrar la existencia de una estructura que operó para desviar recursos públicos desde instituciones militares y policiales.

Fuente: https://acento.com.do/actualidad/tribunal-ordena-decomiso-de-bienes-adquiridos-con-fondos-ilicitos-y-condenados-deberan-devolver-mas-de-rd5000-millones-al-estado-9699524.html

City Center Lady Lee asegura obras viales mejorarán el tránsito en Santo Domingo Este

La empresa City Center by Lady Lee construye dos accesos para el proyecto que levanta en Santo Domingo Este, entre la autopista Las Américas y la Charles de Gaulle, que, según asegura, beneficiará la movilidad en la zona. 

 La empresa constructora afirma que las soluciones viales contempladas cuentan con las aprobaciones correspondientes del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (Mopc) y están orientadas a beneficiar no solo a la iniciativa privada, sino también a la comunidad en general. 

 El proyecto ha sido concebido como un complejo de uso mixto que integrará espacios comerciales, hoteleros, empresariales y de servicios, cumpliendo con las normativas vigentes y respaldado por estudios técnicos especializados. 

 En un comunicado, la compañía indicó que, tras más de cuatro meses de evaluación, Obras Públicas emitió las certificaciones de no objeción para la construcción de dos puentes contemplados en el proyecto. La autorización para el puente sobre la avenida Marginal Las Américas fue otorgada mediante la certificación VMIV-0453-2026, mientras que la correspondiente al puente sobre la avenida Charles de Gaulle fue emitida bajo la certificación VMIV-0454-2026, ambas con fecha del 24 de febrero de 2026.

Juez ordena inmovilización de bienes por RD$500 millones a hermanos Espaillat

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción, ordenó este lunes la inmovilización de bienes por un monto de 500 millones de pesos a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, como medida para garantizar una eventual reparación económica a las víctimas, en caso de que el proceso judicial concluya con una condena. 

 La información fue ofrecida por Wilson Camacho, director de Persecución del Ministerio Público, tras la decisión del tribunal de enviar a juicio de fondo a los acusados por el caso del colapso del centro de entretenimiento Jet Set, tragedia que dejó 236 fallecidos y 180 heridos, bajo la calificación jurídica de homicidio involuntario. 

 El tribunal dispuso el auto de apertura a juicio por presunta violación a los artículos 319 y 320 del Código Penal dominicano, en perjuicio de las víctimas incluidas en el escrito de acusación. 

 Asimismo, declaró admisibles las constituciones en querellantes y actores civiles que cumplieron con los requisitos legales, junto a las pruebas aportadas, las cuales serán valoradas en la fase de juicio.

 La decisión también admitió las pruebas presentadas por el Ministerio Público, testimoniales, periciales, documentales y materiales. Asimismo, las pruebas a descargo de los imputados, al considerar que cumplen con los criterios de legalidad, pertinencia y utilidad. 

Tribunal Constitucional ratifica desalojo de vertedero de San Juan por ocupación de terreno privado

El Tribunal Constitucional (TC) confirmó la orden que obliga al Ayuntamiento de San Juan de la Maguana y a su alcalde, Lenin de la Rosa Galván, a desalojar el terreno donde opera el vertedero municipal, tras determinar que la ocupación afecta el derecho de propiedad de una empresa privada. 

 Mediante la Sentencia TC/0357/26, la alta corte rechazó un recurso presentado por el cabildo y ratificó una decisión de amparo que ordena la devolución de una porción de la parcela 2576, del Distrito Catastral 02 de San Juan de la Maguana, a la sociedad Francisco Estepan Melo, S.R.L., propietaria del inmueble. 

 Sin autorización legal 

El conflicto surgió luego de que la empresa denunciara que el ayuntamiento utilizaba desde hace años parte de sus terrenos para el depósito de residuos sólidos sin contar con autorización legal ni haber agotado un procedimiento de expropiación. 

 Durante el proceso, el cabildo alegó que el uso de los terrenos había sido permitido verbalmente hace más de tres décadas por el antiguo propietario, Francisco Estepan Melo, conocido como "Siquito", quien además fue regidor municipal. 

Denuncian plan de asfaltado para validar ocupación ilegal de terrenos en Santiago

La Inmobiliaria y Constructora Dominicana acusó este jueves al Ayuntamiento de la provincia Santiago y al Ministerio de Obras Públicas de intentar legitimar una invasión de terrenos privados mediante la ejecución de trabajos de asfaltado, construcción de aceras y otras infraestructuras en una propiedad de más de 235 mil metros cuadrados ubicada en el sector Bella Vista. 

 La denuncia fue realizada por el abogado Fernando Tavárez, representante legal de la empresa, quien afirmó que las instituciones públicas están interviniendo terrenos ocupados ilegalmente desde hace más de una década y donde actualmente existen más de 300 viviendas.

 "Lo que se está intentando hacer es legitimar una invasión de propiedad privada con obras públicas", sostuvo el jurista al cuestionar los trabajos que se desarrollan en la zona conocida como Los Cerros de Bella Vista y Los Llanos de Bella Vista. 

 Según explicó, las labores de asfaltado ya superan la mitad de su ejecución y forman parte de una inversión pública que, de acuerdo con los datos manejados por la empresa, ronda los 125 millones de pesos. 

Villa Martina: el proyecto de lujo que dejó más de 110 familias atrapadas entre promesas y litigios

Santo Domingo.- Lo que fue presentado como una exclusiva comunidad de villas inteligentes dentro de Vista Cana, en Punta Cana, hoy es descrito por decenas de adquirientes como un proyecto atrapado entre promesas incumplidas, retrasos, conflictos societarios y procesos judiciales. 

 A simple vista, Villa Martina luce como un pueblo a medio construir. Algunas viviendas muestran avances significativos; otras permanecen en obra gris y gran parte de los terrenos continúan vacíos.

 Según testimonios de afectados, más del 60 % del proyecto aún no ha sido desarrollado, pese a que cientos de miles de dólares fueron entregados por compradores dominicanos residentes en el exterior. 

 Con Villa Martina, realmente la gente buscaba calidad. No era solo una inversión, era una inversión de calidad», se promocionaba en redes sociales. Sin embargo, años después de las fechas prometidas de entrega, decenas de familias aseguran que siguen sin recibir sus propiedades ni una explicación definitiva sobre el destino de sus recursos. 

 El sueño de regresar al país terminó en una larga espera Uno de los afectados es Juan González, residente en Luxemburgo desde hace más de 15 años, quien firmó en noviembre de 2021 una promesa de venta por una villa valorada en US$145,056. González asegura que invirtió motivado por la seguridad, las amenidades y la posibilidad de establecerse en República Dominicana tras años de trabajo en Europa. 

Gobierno propone eliminar impuesto a las hipotecas vigente desde 1890 en el marco de sus reformas económicas

Santo Domingo, RD.-. El Poder Ejecutivo dominicano propone eliminar el impuesto aplicado a las hipotecas como parte del paquete de reformas económicas presentado para fomentar el crecimiento, actualizar el sistema tributario y enfrentar los desafíos derivados del contexto económico internacional. 

 Lo que llama especialmente la atención de esta medida es su trasfondo histórico: el gravamen cuya eliminación se propone tiene sus raíces en una legislación aprobada en el año 1890, lo que lo convierte en una figura impositiva con más de 130 años de vigencia en el ordenamiento jurídico dominicano. 

 La iniciativa, que será remitida al Congreso Nacional para su estudio y aprobación, plantea la eliminación gradual de dicho gravamen con el objetivo de revisar figuras impositivas consideradas desfasadas, reducir los costos asociados a la actividad económica y facilitar los procesos de formalización de bienes inmuebles en el país. 

 De aprobarse, la medida representaría un alivio significativo para los compradores de vivienda y para el sector inmobiliario en general, al reducir los costos asociados a la adquisición de propiedades mediante financiamiento hipotecario, impulsando así el acceso a la vivienda formal.

Fuente:https://7dias.com.do/2026/06/11/gobierno-propone-eliminar-impuesto-a-las-hipotecas-vigente-desde-1890-en-el-marco-de-sus-reformas-economicas/

Emiten el reglamento sobre el uso del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) emitió el reglamento núm. DGCP SNCP-03-2026, que regula el uso del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP), plataforma oficial para la gestión de los procedimientos de contratación pública en el país. 

 Según informó la entidad, la normativa establece las disposiciones técnicas, operativas y procedimentales relacionadas con la organización, funcionamiento, mantenimiento, seguridad, interoperabilidad y prestación de servicios del sistema. 

 El reglamento entrará en vigencia el 1 de julio y será de cumplimiento obligatorio para las instituciones sujetas a la Ley 47-25, los proveedores del Estado y los demás actores del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas. 

 Infraestructura estratégica de interés nacional 

La DGCP indicó que la aplicación de esta normativa permitirá fortalecer la supervisión y fiscalización de los procesos de contratación, así como garantizar el control social y la veeduría ciudadana sobre el gasto público.