Abogados de querellantes afirman Donald Guerrero no incurrió en desfalco contra el Estado

Santo Domingo.- Los abogados de la familia Reyes, parte querellante en el proceso judicial del caso por supuesto desfalco por más de 19 mil millones de pesos contra el estado, afirmaron este viernes que el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, no incurrió en desfalco alguno, sino que actuó conforme a sentencias que ordenaban el pago de una deuda social pendiente desde hace más de 60 años. 

 El caso involucra a exfuncionarios y empresarios acusados de supuestas maniobras para distraer fondos públicos. Uno de los puntos centrales es el pago autorizado en 2016 a distintas familias reclamantes de terrenos, entre ellas los Reyes, herederos del copropietario de la parcela 613, donde hoy opera el Aeropuerto Internacional Las Américas. 

 Según los abogados, el pago que se intenta presentar como fraudulento fue en realidad un cumplimiento legal. Afirman que los verdaderos estafadores fueron beneficiados por el Ministerio Público. “El Estado pagó bien, no hubo desfalco. Lo que sí hubo fue una estafa de Fernando Crisóstomo, quien se quedó con más de 500 millones de pesos y, en lugar de responder por ello, fue beneficiado con un criterio de oportunidad por el Ministerio Público”, denunció Moisés Sánchez Ramírez, abogado principal de la familia Reyes. 

Propietarios de tierras en Pedernales piden al Gobierno pagar precio justo por sus terrenos

El desarrollo turístico de Cabo Rojo, provincia Pedernales, no solo ha traído esperanzas para la población, también preocupación entre propietarios de terrenos que alegan están siendo "engañados" por quienes tienen que pagarles por los metros utilizados para la construcción de un malecón y la carretera Pedernales-Enriquillo. 

 A medida que avanzan las construcciones de hoteles, un posible malecón en proceso y otras infraestructuras, familias dueñas de terrenos, afirmaron que sus propiedades han sido ocupadas por instituciones del Gobierno sin previo aviso y sin recibir la compensación adecuada. 

 En el caso de la construcción de un Malecón, Perla María Pérez Heredia solicitó una solución, ya que entiende ella y otras personas quedarán en la extrema pobreza de ocupársele sus tierras sin compensarles un solo centavo.

 En una carta dirigida al presidente Luis Abinader, Pérez Heredia agradeció el esfuerzo del Gobierno por impulsar el turismo en Pedernales, “que beneficiará la región”, pero al mismo tiempo expresó su inquietud por la “ocupación de terrenos privados por parte del Ministerio de Turismo sin un proceso de pago claro y transparente”.

Gobierno construirá centro de convenciones


Santo Domingo.– El terreno donde funcionaba el antiguo Hotel Santo Domingo ya fue adquirido por el gobierno por un monto no revelado para construir un moderno centro de convenciones en la capital. Así lo anunció el presidente Abinader acompañado del ministro David Collado, ejecutivos del sector turístico y los antiguos propietarios del espacio de 34 mil metros cuadrados. 

 Abinader explicó que Santo Domingo es una de las ciudades más importantes de la región en el renglón turismo y alguien le comentó que le hacía falta un centro de convenciones y exposiciones. En ese lugar, no solamente vamos a poder combinar un distrito de reuniones, porque al lado del solar está el Ministerio de Relaciones Exteriores que tiene dos áreas de reuniones también. 

Es decir que ya el centro de convenciones de Santo Domingo será una realidad en el gobierno del presidente Luis Rodolfo Abinader y eso merece un fuerte aplauso, concluyó El presidente. 

David Collado De su lado, el ministro de Turismo, David Collado señaló que el nuevo centro de convenciones marcará un hito en la historia de éxito del turismo en el país. 

 Collado destacó los logros históricos en la industria turística de República Dominicana y aseguró que seguiremos avanzando con esta obra a favor de todo el país.

Mived realiza operativo de supervisión para seguridad en excavaciones y edificaciones


Santo Domingo.– El Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived), a través de su Dirección de Inspección de Obras Privadas, inspeccionó más de 120 obras en el Distrito Nacional para verificar el cumplimiento de las medidas de protección en excavaciones y edificaciones que se levantan en la ciudad. 

 Durante las jornadas, realizadas entre el 11 y el 29 de agosto, se inspeccionaron 121 obras. Tras la inspección, en donde se revisan importantes medidas de seguridad como si las obras cuentan con mallas de protección y si las excavaciones disponen de seguridad contra impacto, se encontró que 81 de las obras cumplen con la normativa vigente mientras que otras 40 fueron notificadas por incumplimientos parciales o totales. 

 Entre las fallas observadas en las obras notificadas por incumplimiento encontramos falta de mallas adecuadas de protección y excavaciones con protección insuficiente. 

 Las áreas inspeccionadas incluyeron los perímetros comprendidos entre la avenida 27 de Febrero y la John F. Kennedy, así como el corredor que conecta la avenida Winston Churchill con la avenida Núñez de Cáceres. De igual forma, fueron supervisados los tramos correspondientes a la avenida Máximo Gómez y la avenida George Washington, hasta enlazar con el perímetro Luperón – 27 de Febrero. 

Se querellan contra Director del CEA por supuesta corrupción

Santo Domingo, 4 sep (EFE).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) depositó este jueves una querella contra el director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Rafael Burgos Gómez; el exdirector César Cedeño Ávila, y el gerente legal de Asuntos Inmobiliarios, Carlos Garó Pérez, acusándolos de presuntos actos de corrupción y maniobras ilegales para despojar a ciudadanos de sus propiedades. 

 La acción legal, fue presentada por el presidente de la CNDH, Manuel María Mercedes, y el abogado Moisés Sánchez Severino ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).

 La querella se realizó en representación de Juan Rivera Cordero, quien libra una batalla judicial desde 2017 por la parcela 21-C-2, Proyecto Orquídea, en Santo Domingo Este, frente a la empresa Docar y su ejecutivo Jangle Vásquez Rodríguez, dijeron los querellantes en una nota. 

Fulcar impulsa resolución a favor de Salinas de Puerto Hermoso

El senador por la provincia Peravia, Julito Fulcar, sometió ante el Senado de la República un proyecto de resolución que busca reconocer el derecho de permanencia de los pobladores que viven en la comunidad de Salinas de Puerto Hermoso, en el municipio Baní. 

La iniciativa legislativa solicita al presidente de la República, Luis Abinader, instruir al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Armando Paíno Henríquez, para que disponga las acciones necesarias que garanticen la permanencia de los habitantes en dicha comunidad, al tiempo que se definan oficialmente los límites del área protegida conocida como Las Dunas. 

 Mediante una nota informativa se afirma que la propuesta será estudiada por la Comisión Permanente de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Senado, como parte del procedimiento establecido para esos casos. 

 Con esta resolución, el senador Fulcar procura ofrecer seguridad jurídica a las familias que por años han vivido en la zona, promoviendo una convivencia armónica entre la comunidad y la conservación ambiental. 

 El senador Fulcar afirmó que tomó la iniciativa debido a que el ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales emitió una resolución donde anunció que procederá a fijar los linderos en la zona de amortiguamiento de la reserva natural Las Dunas debido a que dentro de esa área se han producido asentamientos humanos.

Caso Guepardo: jueza conocerá este martes revisión de coerción a uno de los cabecillas


Santo Domingo, RD. – La jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana, Vicky Chalas, conocerá este martes la solicitud de revisión obligatoria de la medida de coerción impuesta a uno de los principales cabecillas de la red criminal vinculada al caso Guepardo, imputado de estafa por más de US$18 millones mediante la venta fraudulenta de un proyecto inmobiliario. 

 Se trata del imputado Yves Alexandre Giroux, quien cumple 18 meses de prisión preventiva, dictada por un juez de la Oficina de Atención Permanente de esa jurisdicción. 

 Giroux está imputado, junto a otras personas, de estafar a decenas de víctimas por un monto que asciende a US$18, 851,583.12, utilizando el nombre de una empresa establecida para generar confianza en los inversionistas. 

 El Ministerio Público solicita que se mantenga la prisión preventiva, argumentando la gravedad de los hechos y el alto riesgo de fuga. Se recuerda que la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, a través de la Unidad de Investigaciones Criminales, identificó a los implicados en la red del caso Guepardo y ejecutó una serie de allanamientos.

 El pasado 7 de febrero fueron realizados 11 allanamientos e incautaciones en inmuebles de Santo Domingo Este, el Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia. Durante los operativos, se confiscaron vehículos de alta gama, dispositivos electrónicos y documentación clave que permitió al Ministerio Público establecer el modus operandi de la red delictiva. Estas diligencias permitieron recolectar más de 284 evidencias, entre documentos, peritajes, material audiovisual, pruebas materiales y testimonios. 

 Un juez de la Oficina de Atención Permanente impuso el pasado febrero, medidas de coerción al grupo y declaró complejo el proceso.

Caso Costa Dorada: Tribunal ordena reinicio de juicio tras acusar a Helena Regalado de tácticas dilatorias

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ordenó este lunes, el reinicio del juicio de fondo contra los implicados en el caso Costa Dorada, luego que acusó la semana pasada a Rafael Olegario Helena Regalado de implementar tácticas dilatorias que buscaban retrasar el proceso. 

 El tribunal, compuesto por las juezas Claribel Nivar Arias (presidenta), Clara Sobeida Castillo y Yisell Soto Peña, advirtió que continuará impartiendo justicia y actuará frente a cualquier estrategia destinada a entorpecer el proceso judicial. 

 En esta etapa final del juicio ya se el Ministerio Público había leído la acusación y presentado seis testigos. La semana pasada, Helena Regalado fue arrestado con el argumento del juzgado de garantizar su presencia en el juicio y asegurar que este se conozca sin dilaciones indebidas, conforme al artículo 306 del Código Procesal Penal. 

 Las magistradas señalaron que el imputado, de manera directa y a través de la empresa Global Multibussines Corporation GMBC, S.R.L., ha realizado recusaciones infundadas a jueces y al Ministerio Público, cambios injustificados de abogados y otros actos que buscan impedir el avance del caso. 

Rosa Pilarte solicita suspensión de sentencia por lavado de activos y financiamiento del terrorismo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La exdiputada Rosa Amalia Pilarte presentó un recurso de revisión constitucional para solicitar la suspensión de la sentencia que la condena a cinco años de prisión, el pago de una multa equivalente a 200 salarios mínimos del sector público y su envío a la cárcel de Rafey, en Santiago, por los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 

 El recurso fue depositado ante la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia y presentado por un equipo de abogados encabezado por Eduardo Jorge Prats, Julio Cury, Luis Leonardo Félix Ramos, entre otros, con el objetivo de que la ejecución de la sentencia quede suspendida mientras se estudia la revisión. 

Actualmente, la Corte espera que la exlegisladora notifique formalmente a la Procuraduría General de la República (PGR), institución que deberá presentar su contestación para que el expediente sea remitido al Tribunal Constitucional. 

 Según los juristas de Pilarte, la solicitud de suspensión busca preservar provisionalmente principios institucionales, como la separación de poderes, la seguridad jurídica y el derecho al debido proceso. Además, señalan que mantener la libertad de la exdiputada durante este proceso no representa un riesgo para el sistema judicial ni afecta los derechos de terceros, dado que los delitos que se le imputan tienen carácter económico y no comprometen la vida o la integridad de otras personas. 

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