Triste drama de Los 3 Brazos en Apelación

El caso Los 3 Brazos, es un drama triste de contar y, a juicio del Ministerio Público, constituyó un “desfalcó brutal” contra el Estado y 17 mil familias sin recursos y olvidadas de ese empobrecido sector ubicado a la rivera del Río Ozama. 

 El proceso ha sido un trance tortuoso para los afectados, muchos de ellos envejecientes y enfermos, que tienen que acudir todos los viernes a la Corte de Apelación a reclamar justicia.

 El caso, que había pasado por el colador del cuestionado y cancelado juez Juan Francisco Rodríguez Consoró, quien de forma extraña benefició a los acusados con un “no ha lugar”; ahora está siendo ventilado por la lupa de la Primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. 

 La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) ya presentó su acusación contra los imputados; ahora la defensa está contestando los recursos interpuestos por el órgano acusador y por organizaciones de Derechos Humanos. 

 El juicio del caso de Los 3 Brazos continuará el próximo viernes con las réplicas de la defensa, para proseguir con las contrarréplicas y las declaraciones de los imputados. Las audiencias se están conociendo todos los viernes, a partir de las 9:00 de la mañana en la sala de audiencia de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación, por disponer de mayor espacio que la Primera Sala, que es la apoderada. 

 El Ministerio Público acusó a los imputados del caso de desfalcar al Estado con la venta ilegal de cuatro millones de metros cuadrados de terreno, un fraude con el que tenían la expectativa de ganar unos 5 mil millones de pesos. Los acusados, de forma extraña, habían sido descargados por Juan Francisco Rodríguez Consoró, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. Del caso están acusadas 17 personas, incluyendo a Leoncio Almánzar, exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde). Además de Leoncio Almánzar, son procesados Manuel Aybar Ferrando, exgerente inmobiliario de esa entidad; Irving José Cruz Crespo, exconsultor jurídico, y Rosabel Castillo Rolffot, exregistradora de títulos del Distrito Nacional. 

 También Juana Inés Gómez Williams, representante de la sociedad Proyecciones Gowi S.R.L.; Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, presidente de Inversiones Fernández Parache y Asociados (Infepa), S.R.L., junto a los empleados de esa empresa Carlos Aris Gómez Williams y Julio César Gómez Williams. 

 También, José Enrique de Pool Dominici, principal accionista y representante de la entidad inmobiliaria Titulatec; los agrimensores Ana Antonia Ozuna Nolasco y Hadonis Ruiz Mella, así como Lisetel González, quien prestó su nombre en condición de conviviente del imputado Manuel Aybar, para recibir dos apartamentos destinados a beneficiar al exgerente inmobiliario de Corde. 

 El Ministerio Público además acusa a las sociedades comerciales Proyecciones Inmobiliarias Gowi S.R.L. (Proyinsa), Soluciones Electrónicas Sidenet S.R.L., Infepa, Titulatec S.R.L y Teknowlogic Dominicana S.R.L. Aplazan La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del DN aplazó para el viernes el conocimiento de los recursos interpuestos por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra la decisión que benefició a los imputados del escándalo de corrupción.

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