Estas son las 13 propiedades que SCJ ordena incautarle a la diputada Pilarte

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Tras la condena de cinco años contra la diputada Rosa Amalia Pilarte por lavado de activos provenientes del narcotráfico y financiamiento del terrorismo, la Suprema Corte de Justicia ( SCJ) ordenó la incautación de 14 propiedades de la legisladora por la provincia La Vega. 

 1) Una porción de terreno con una extensión superficial 3,081.41 metros, ubicado dentro del ámbito de la parcela número 157 del Distrito Catastral número 29, del municipio de La Vega, ubicada en la comunicad del Quemao, entrada La Represa, Manga Larga, La Vega, amparada por el certificado de título número 110, expedido por el Registrador de Títulos de La Vega.

 2) El inmueble identificado como 313295647592 con una extensión superficial de 728.11 metros cuadrados, amparado mediante matrícula número 0300032450, expedida por el registrador de títulos de La Vega.

 3) El inmueble identificado como 313295645621 con una extensión superficial de 811.45 metros cuadrados, amparado mediante matrícula número 4000250918, expedida por el registrador de títulos de La Vega, dicho inmueble se encuentra ubicado en el municipio de La Vega. 

 4) El inmueble identificado como 313295642420 con una extensión superficial de 682.50 metros cuadrados, amparado mediante matrícula número 03000163269, expedida por el registrador de títulos de La Vega, dicho inmueble se encuentra ubicado en el municipio de La Vega. 

 5) El inmueble identificado como 313295645289 con una extensión superficial de 1,492.42 metros cuadrados, amparado mediante matrícula número 0300025416, expedida por el Registrador de Títulos de La Vega. 

 6) El inmueble identificado como parcela número 11, del Distrito Catastral número 25 del municipio de La Vega, con una extensión superficial de 28,273.00 metros cuadrados, amparado mediante matrícula número 0300018330, expedida por el Registrador de Títulos de La Vega, dicho inmueble se encuentra ubicado en Arroyo Hondo, Río Verde Arriba, La Vega. 

 7) El local comercial número 26, construido en el segundo piso, dentro de la parcela número 41- C del Distrito Catastral número 05 del municipio de La Vega, con una extensión superficial de 31.55 metros cuadrados, amparado mediante matrícula número 0300012164. 

 8) El inmueble identificado como unidad funcional B-1, identificado como 313295767873: B-1, matrícula núm. 0300011626, del condominio Edificio Jossierie Santos 1, ubicado en La Vega, conformado por un sector propio identificado como SP-01-01-002, ubicado en el nivel 01, del bloque 01, destinado a local, con una superficie de 46.86, metros cuadrados. 

 9) El inmueble identificado como 312166208949 con una extensión superficial de 1,728.69 metros cuadrados, amparado mediante matrícula número 0300018479, expedida por el registrador de títulos de La Vega, inmueble ubicado en el municipio de Jarabacoa. 

 10) Una porción de terreno con una extensión superficial de 15,251.20 metros cuadrados, dentro de la parcela número 157 del Distrito Catastral número 29 del municipio de La Vega, amparada mediante matrícula número 0300023805. 

 11) Una porción de terreno con una extensión superficial de 11,314.00 metros cuadrados, dentro de la parcela número 23, del Distrito Catastral número 25 del municipio de La Vega, amparada mediante matrícula número 0300012984. 

 12) El inmueble dentro del solar 1-Refundido, Manzana 33, del Distrito Catastral número 01, La Vega, local comercial número 1-04-B, con una superficie de 19.04 metros cuadrados, amparado mediante matrícula número 0300012136. 

 13) El inmueble identificado dentro de la parcela número 108, porción G-1, del Distrito Catastral número 05, del municipio de Jarabacoa, provincia La Vega, con una extensión superficial de 628,863.50 metros cuadrados, amparado mediante matrícula número 0300020203.

 Los jueces Frank Soto, María Garabito, Nancy Salcedo, Francisco Jerez, que preside y Francisco Ortega Polanco condenaron a la congresista a cinco años de prisión, multa de 200 salarios mínimos del sector público y el decomiso de las mencionadas propiedades.

 La diputada fue encontrada culpable de violar de los artículos 3 numerales 1, 2 y 3 y artículo 9 numerales 1 y 2 de la ley 155-17 sobre lavados de activos y financiamiento del terrorismo en RD Asimismo, al artículo 3 (letras a y d) y artículo 18 de la ley 72-02 sobre lavados de activos de bienes procedentes del tráfico ilícito de drogas. 

 En una decisión votada a unanimidad fue declarada culpable de lavado de activos al colocar cifras millonarias en el sistema financiero nacional a sabiendas que su origen era ilícito y adquirir bienes inmuebles. La lectura íntegra de la decisión será efectuada el 19 de junio a las 11:00 am. 

La decisión será notificada al juez de ejecución de la pena de Santiago y a la Cámara de Diputados de la República Dominicana. Las motivaciones, conforme lo establece la norma procesal penal fueron leídas por la magistrada Nancy Salcedo, quien dijo que la decisión está fundamentada principalmente en los informes financieros presentados por el Ministerio Público y sus respectivos soportes. 

 Dijo que el comportamiento financiero de la imputada coincide con el modus operandi del crimen organizado. Se recuerda que el Pleno de la SCJ sentó jurisprudencia que elimina el arrastre y establece que las personas a ser juzgadas en jurisdicción privilegiada conforme al artículo 154.1 de la Constitución, permite que el juicio sea competencia de la Sala Penal de esa alta corte y tenga la posibilidad de recurrir en revisión por ante el Pleno. 

 La Suprema Corte estableció en esa sentencia, que realizó una interpretación progresiva en favor de los derechos fundamentales y garantías procesales más en armonía con la Constitución, los tratados internacionales, las leyes nacionales y el Estado de derecho vigente. 

 Abogado de la condena recurrirán la decisión de la SCJ 

 El abogado de la sentenciada, Luis Felix, dijo que va en apelación a la decisión de la Alta Corte. “Estamos seguros que en otra etapa del proceso, los resultados serán diferentes», enfatizó el togado. Mientras que la diputada se limitó a decir, “no estamos de acuerdo y lo vamos a dejar en manos de los abogados, por supuesto que vamos a apelar”.

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