Estado dominicano apela el auto de no ha lugar a favor de Gonzalo Castillo en caso Calamar


El Estado dominicano, a través del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), depositó este lunes un recurso de apelación parcial contra la resolución que dictó auto de no ha lugar a favor del exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo Terrero, en el marco del Caso Calamar. 

 La apelación fue presentada a las 2:30 de la tarde ante el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional y busca que sea revocada la decisión emitida el 29 de mayo de 2026 por la jueza Altagracia Ramírez. En el recurso, el ERPP, en representación del Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, la Dirección General de Bienes Nacionales, la Dirección General de Catastro Nacional, el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, entre otras entidades estatales, solicita a la Corte: 
 
Revocar el auto de no ha lugar dictado a favor de Gonzalo Castillo Terrero, José Ramón Peralta Fernández y otros tres imputados. 
Ordenar la apertura de un juicio de fondo contra esos acusados. 
Mantener las medidas de coerción vigentes, incluido el impedimento de salida del país y las medidas u oposiciones de carácter financiero. El recurso sostiene que la jueza incurrió en errores de hecho y de derecho al valorar las pruebas presentadas, especialmente en lo relativo a los presuntos vínculos de Castillo con el esquema de financiamiento de campañas descrito en la acusación del Ministerio Público.

Antecedentes 

La resolución emitida el 29 de mayo admitió de manera parcial la acusación presentada por el Ministerio Público y ordenó la apertura de juicio de fondo contra la mayoría de los imputados en el caso Calamar. No obstante, la jueza dictó auto de no ha lugar a favor de Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y otros tres acusados, al considerar que las pruebas aportadas no eran suficientes para justificar su envío a juicio en esa etapa del proceso.

 El caso Calamar investiga un presunto esquema de desvío de fondos públicos mediante pagos irregulares por expropiaciones, recursos que, según la acusación, habrían sido utilizados para financiar campañas políticas. 

 La apelación será conocida por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Hasta el momento, no se ha informado la fecha en que será fijada la audiencia para conocer el recurso.

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