Tribunal ordena fusión de expedientes en proceso penal por corrupción seguido contra Donald Guerrero y compartes

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Acogiendo la solicitud del Ministerio Público, el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ordenó la fusión de expedientes en el proceso penal por corrupción administrativa que se sigue contra Donald Guerrero y compartes. 

 En su decisión el tribunal ordena la fusión del expediente presentado contra el exsenador Rafael Calderón y Natividad Martínez Capellán con el documento matriz de la acusación presentada contra Donald Guerrero y compartes para conocerlo en un solo proceso. 

 El Ministerio Público estuvo encabezado por el director general de Persecución, Wilson Camacho; la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, así como por los fiscales Miguel Collado, Rosa Ysabel, Miguel Crucey, Rosa Alba García, Jhensy Víctor y Melbin Romero.

 Durante la primera audiencia para conocer el fondo, que estaba programada para conocerse este miércoles, las juezas Arlin Ventura Jiménez (presidenta), Leticia Martínez y Evelyn Rodríguez, rechazaron la solicitud de reposición de plazos presentada por las barras de la defensa y fijaron la continuación del juicio para el próximo 2 de septiembre del año 2026, a las 9:00 de la mañana. 

El Estado pagará RD$2,693 millones por terrenos tras negligencia de abogados de Bienes Nacionales

El Estado dominicano deberá pagar 2,693.9 millones de pesos por 117,937.80 metros cuadrados de terrenos en el área de la avenida José Contreras, en el Distrito Nacional, luego de que una inactividad procesal de los abogados de la Dirección General de Bienes Nacionales (DGBN) provocara la perención del recurso de casación con el que buscaban impugnar la condena.

 El Tribunal Constitucional (TC) confirmó la decisión de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que declaró extinguido ese recurso. Los terrenos fueron declarados de utilidad pública en 1988 para facilitar la ampliación de la avenida José Contreras y los trabajos de embellecimiento de los farallones del Parque Mirador del Sur, así como para construir viviendas de interés social para las personas desplazadas por esas obras. 

Actualmente, en esa zona se encuentra el residencial José Contreras, levantado sobre parte del área que fue objeto del proceso de expropiación. Los sucesores de los antiguos propietarios reclamaron en 2018 el pago del justo precio por los terrenos, proceso que terminó con una sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que fijó el monto en 2,693,994,196.50 pesos. 

El Estado, sin embargo, sostuvo que esa suma estaba muy por encima de lo que realmente adeudaba. Bienes Nacionales alegó que en el año 2000 el Poder Ejecutivo había autorizado la adquisición de 117,935.69 metros cuadrados por 35,380,707 pesos, a razón de 300 pesos por metro cuadrado. Posteriormente, según la institución, se formalizó un acto de venta en el que se consignó un pago de 36 millones de pesos como compensación por los terrenos y se otorgó un recibo de descargo a favor del Estado. Bienes Nacionales sostuvo que, después de esos pagos, el balance pendiente era de 30,576,279.20 pesos, que actualizado mediante el índice de variación de precios certificado por el Banco Central ascendería a 120,244,275.58 pesos.

Tribunal cancela la concesión minera a Falcondo por incumplimientos

El Tribunal Superior Administrativo (TSA) puso fin a casi siete décadas de concesión minera de Falconbridge Dominicana (Falcondo), al determinar que la empresa incumplió obligaciones esenciales mientras la explotación de los yacimientos de Quisqueya I permanecía paralizada desde noviembre de 2023. 

 La Segunda Sala del TSA acogió la acción presentada por el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), en representación del Estado dominicano, y ordenó la terminación de los contratos de concesión suscritos hace casi 70 años, en 1956 y 1969, correspondientes a Quisqueya I, una extensión de 22,392 hectáreas entre La Vega y Monseñor Nouel. 

 La sentencia núm. 0030-03-2026-SSEN-00332, emitida el 12 de agosto de 2026, consideró acreditados incumplimientos relacionados con la explotación de los recursos mineros, obligaciones económicas y laborales y la entrega de información técnica requerida por la legislación. Según una nota de prensa, uno de los elementos determinantes fue que las operaciones productivas de Quisqueya estaban detenidas desde el 17 de noviembre de 2023, conforme a una certificación de la Dirección General de Minería. A esto se sumó que Falcondo no había entregado los informes semestrales de progreso correspondientes a 2023, 2024 y 2025, ni los informes anuales de operaciones de 2023 y 2024.  Para el tribunal, esas faltas comprometían obligaciones directamente vinculadas con el propósito de la concesión: explotar efectivamente los recursos otorgados por el Estado y mantener informadas a las autoridades sobre el desarrollo de las operaciones. 

La sentencia que favoreció a Vidal Plast, la empresa acusada de provocar explosión mortal en San Cristóbal

A casi tres años de iniciado el juicio de fondo por la trágica explosión que costó la vida a más de 30 personas y dejó decenas de heridos en San Cristóbal, el tribunal de esta jurisdicción dictó ayer sentencia absolutoria a favor de la empresa Vidal Plast y sus ejecutivos. 

 En el dispositivo de su sentencia, leída ayer, la jueza Wilma Cuello descargó de toda responsabilidad penal y civil a los miembros de la familia Vidal, a quien el Ministerio Público acusó de “homicidio involuntario”. 

 La lectura íntegra de la sentencia será leìda el 9 de septiembre próximo, según infotmó Teobaldo Guzmán, abogado de la empresa. De su lado, el doctor Faxas explicó que las cinco partes querellantes originales que èl representa legalmente habían desistieron de la acción civil durante el juicio, por considerar que las pruebas presentadas por el Ministerio Público era supuestamente “inconsistentes” y no demostraban la responsabilidad de los acusados. 

 Informò que hora, las víctimas han dirigido sus acciones legales hacia instituciones del Estado, ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), por responsabilidad patrimonial. 

Tribunal ordena al alcalde de SDE entregar documentación de City Center a Informe TV

DIARIO ECO/SANTO DOMINGO ESTE, RD.- El Tribunal Superior Administrativo (TSA) ordenó al alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio, entregar de manera inmediata al grupo de medios Informe TV documentación pública relacionada con el proyecto inmobiliario City Center, tras acoger una acción interpuesta por el medio y su propietario, Mauricio Carpio. 

 La decisión está contenida en la sentencia núm. 0030-03-2026-SSEN-00272, de fecha 16 de julio de 2026, mediante la cual el tribunal dispuso la entrega de documentos relacionados con el pago de los árbitros, los permisos de construcción del proyecto y el proceso de aprobación de City Center ante el Concejo de Regidores.

 De acuerdo con lo planteado por los demandantes, el proceso de aprobación ante el Concejo de Regidores “nunca fue realizado”. La documentación solicitada busca esclarecer los procedimientos administrativos y el manejo de recursos públicos vinculados al proyecto, según informó Informe TV tras conocerse la decisión judicial. 

 El medio consideró que el fallo reafirma el derecho ciudadano de acceso a la información pública y el deber de transparencia de las autoridades municipales. 

Asimismo, sostuvo que el alcalde Dio Astacio debe rendir cuentas sobre los procedimientos cuestionados en la demanda y llamó a que las explicaciones oficiales trasciendan las publicaciones en redes sociales.

Fuente: https://diarioeco.com.do/tribunal-ordena-al-alcalde-de-sde-entregar-documentacion-de-city-center-a-informe-tv/

Vendedores ambulantes de Miches denuncian persecución policial e impedimento para trabajar en Playa Esmeralda

Más de 190 familias agrupadas en la Asociación de Vendedores de Servicios y Artesanía de Miches (Asovesamiches) denunciaron ser víctimas de persecución, bloqueos y atropellos por parte de agentes de la Policía Turística (Politur), la Armada y la Policía Nacional, bajo supuestas presiones de la alcaldesa local y representantes del sector hotelero, quienes les impiden ejercer el comercio ambulante en los 60 metros de dominio público en Playa Esmeralda.

 Los hechos se remontan a normativas promovidas desde 2023 por la actual alcaldesa, Luz María Sención (Lizy Zorrilla), y ejecutivos turísticos de la zona para restringir la venta informal. 

Según los denunciantes, la resolución edilicia nunca les entregaron de manera formal por las autoridades turísticas. La situación se agravó tras un reciente despliegue de retenes en las vías de acceso a los hoteles que impide el tránsito libre de los trabajadores independientes, provocando enfrentamientos y afectando el sustento de unos 190 afiliados. 

 «Nos ponen retenes en la calle pública que va hacia los hoteles con Politur, la Marina y Narcóticos. Queremos desmentir que seamos personas violentas o que queramos arrabalizar la playa; la asociación nació en 2022 para llevar un sustento honesto a nuestras familias a través de la venta de artesanías», declaró Emilio de la Cruz, presidente de Asovesamiches. 

Piden a Medio Ambiente explicar "intervenciones privadas" en tres áreas protegidas

Las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Academia de Ciencias y Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) cuestionaron este jueves varias actuaciones del Ministerio de Medio Ambiente que, a su juicio, favorecen la participación de inversionistas privados dentro de áreas protegidas del país. 

 Las entidades señalaron tres casos que, según sostienen, reflejan una tendencia hacia la "privatización y facilitación de espacios" pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Protegidas: el Parque Nacional Valle Nuevo y los monumentos naturales Cabo Samaná e Isla Catalina.

 En un comunicado conjunto, ambas comisiones solicitaron al Ministerio de Medio Ambiente ofrecer explicaciones públicas sobre las intervenciones y los mecanismos utilizados para permitir la administración o el desarrollo de infraestructuras por parte de particulares en estos espacios.

Industria metálica dominicana exige reglas claras ante riesgos sísmicos y huracanes

La Coalición de Fabricantes de Estructuras Metálicas Fabricadas (EMF) y sectores aliados instaron a las autoridades a fortalecer los mecanismos de inspección y certificación en la fabricación e instalación de estructuras metálicas en el país, advirtiendo que la seguridad ciudadana y la competencia leal deben ser prioridades innegociables. 

 El gremio, que agrupa a más de 20 empresas, recordó que toda estructura metálica instalada en la República Dominicana debe cumplir con los reglamentos técnicos, certificaciones y controles de calidad establecidos por la legislación nacional. “En materia de seguridad no existen términos medios. Cada elemento estructural debe demostrar, mediante documentación y certificaciones, que responde a los estándares exigidos por la normativa dominicana”, subrayaron. 

 La Coalición citó el Reglamento R-001 sobre análisis y diseño sísmico, el R-027 para estructuras de acero y el R-028 sobre cargas en edificaciones, además de la Ley 160-21 y la Ley 687-82, como instrumentos claves para garantizar la seguridad en un país expuesto a sismos y huracanes. 

Según un informe técnico de la ONESVIE, el 70 % de las edificaciones inspeccionadas en 2024-2025 presentan alta probabilidad de daño ante un sismo moderado por incumplir requisitos constructivos. 

Nueva agenda legislativa incluye Código Civil y reforma de la Ley Orgánica de la Policía Nacional

Santo Domingo.– El Congreso Nacional se prepara para abordar, durante el nuevo año legislativo, una agenda de reformas que incluye el Código Civil, la Ley Orgánica de la Policía Nacional, la regulación del referendo y modificaciones a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, además de la aplicación de mecanismos de control establecidos por la Constitución. 

 Sesiones de control en el nuevo período 

Durante una intervención ante legisladores, se destacó que una de las novedades será la realización de las denominadas sesiones de control, un mecanismo previsto constitucionalmente que busca transformar la relación entre el Poder Legislativo y los demás poderes del Estado.

 Según lo explicado, estas sesiones no se habían celebrado hasta el momento en esta etapa de la vida republicana, por lo que, durante el actual período legislativo, podrían desarrollarse por primera vez.