SAN CRISTÓBAL. – El Instituto Agrario Dominicano (IAD) aclaró este martes que el operativo desplegado en Najayo Arriba no se trata de trabajos de explotación minera, sino de un proceso de recuperación de terrenos como parte de las acciones permanentes de protección y defensa de las propiedades del Estado dominicano.
La jornada, encabezada por el director de Captación y Regularización Inmobiliaria del IAD, Víctor Inoa, cuenta con el auxilio de la fuerza pública en terrenos propiedad del Estado, amparados en el certificado de título número 3000649147, correspondiente a la parcela 1 del Distrito Catastral 02, registrada a nombre de la institución rectora de la Reforma Agraria.
El IAD explicó que estos operativos forman parte de un plan permanente de recuperación, protección y regularización de los terrenos bajo su administración, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y preservar el patrimonio estatal.
En esa misma línea, la institución informó que actualmente sus equipos avanzan en la realización de nuevas vías de acceso hacia la referida parcela, asegurando que dichos trabajos no implican afectación material para ningún residente de la zona, manteniendo el respeto a la convivencia pacífica y la seguridad ciudadana.
El Instituto Agrario Dominicano reiteró su compromiso de continuar ejecutando las acciones necesarias para salvaguardar los bienes del Estado y la seguridad ciudadana, en coordinación con las instituciones competentes, conforme a los procedimientos establecidos por la ley, reafirmando además su apego al debido proceso y al orden institucional.
Denuncia
Residentes de Najayo Arriba protagonizaron una protesta en rechazo a supuesta explotación minera en la comunidad. Denunciaron el presunto secuestro de un comunitario y supuestas agresiones físicas durante un enfrentamiento vinculado al conflicto.
De acuerdo con las denuncias de los moradores, la tensión se desató cuando miembros de la comunidad intentaron devolver maquinarias presuntamente relacionadas con la empresa DocalSA, a la que acusan de intentar desarrollar actividades mineras en la zona pese al rechazo comunitario.
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