Denuncian invasión de terrenos en Azua y temen conflicto violento entre familias

Guayacanes, en la provincia de Azua, donde residentes denunciaron presuntas invasiones de terrenos y advirtieron que la situación podría terminar en una tragedia si las autoridades no intervienen a tiempo. 

 Los terrenos en disputa están ubicados en el kilómetro 5 de la carretera Azua-Baní, donde varios propietarios aseguran estar siendo afectados por grupos que alegadamente intentan despojarlos de sus parcelas.

 Durante una denuncia pública, la señora Paulina Moreta mostró un machete mientras relataba que supuestos invasores cortaron alambres y dañaron parte de su propiedad. “Esos alambres me los picaron ayer unos invasores”, expresó visiblemente alterada. 

 La mujer afirmó que está dispuesta a defender sus terrenos “cueste lo que cueste” y aseguró que varias personas participan en las presuntas invasiones. Acusan a supuestos invasores y piden intervención oficial 

Los denunciantes identificaron por apodos a algunos de los presuntos responsables, entre ellos un hombre llamado Antonio Félix, además de otros conocidos como “Caballo” y “La Brisa”, a quienes señalan de dirigir las acciones en la zona.

 Según explicaron, en el área operan varios grupos que destruyen cercas, cortan alambres y ocupan terrenos pertenecientes a familias de la comunidad. Rafael Encarnación, líder comunitario, aseguró que la situación mantiene en estado de preocupación a numerosos residentes, quienes temen enfrentamientos violentos debido al incremento de las tensiones.

 Asimismo, Freddy Rivera, otro de los denunciantes, manifestó que los propietarios legítimos defenderán sus tierras ante cualquier intento de desalojo o invasión. 

 Llaman al presidente Abinader y autoridades de Azua 

Los comunitarios hicieron un llamado al presidente Luis Abinader y a las autoridades de la provincia de Azua para que intervengan de inmediato. También para que eviten un posible derramamiento de sangre. La denunciante también mencionó a representantes locales, incluyendo a la gobernadora provincial, miembros del Ministerio Público. También legisladores de la zona, solicitando acciones urgentes frente al conflicto. 

 Los afectados insistieron en que continuarán defendiendo sus terrenos mientras esperan una respuesta de las autoridades competentes para solucionar la disputa de manera pacífica.

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