Residentes de Los Tres Brazos exigen justicia tras más de ocho años de proceso por presunta venta irregular de terrenos

Miembros del Comité de Lucha por la Defensa de Los Tres Brazos se concentraron este martes frente al tribunal donde se conoce el proceso judicial relacionado con la presunta venta irregular de terrenos en ese sector, para exigir una decisión definitiva tras más de ocho años de litigio. 

 Fernando Morillo, vocero de la organización, afirmó que los residentes mantienen la esperanza de que la justicia emita una sentencia que ponga fin a un conflicto que, según dijo, ha afectado la tranquilidad de la comunidad durante años. 

 Estamos aquí masivamente en una audiencia más del caso del robo de nuestros terrenos en Los Tres Brazos. Esperamos que este tribunal pueda hacer justicia, porque llevamos más de ocho años esperando que se produzca una decisión que garantice la paz y la tranquilidad de nuestra comunidad, expresó. 

De su lado, Milcíades Gerardo, coordinador del comité, manifestó la preocupación de los moradores por los continuos aplazamientos registrados durante el proceso judicial. “La comunidad de Los Tres Brazos está inquieta por la situación que se viene desarrollando en las audiencias. Llevamos más de diez años luchando y alrededor de ocho años en los tribunales. Pedimos que cesen los reenvíos y que los jueces conozcan el caso para que haya una sentencia definitiva”, sostuvo. 

 Gerardo señaló que distintos tribunales han considerado que en el caso se habrían producido actuaciones fraudulentas y violaciones a derechos fundamentales de los residentes, por lo que reiteró la demanda de que se reconozca jurídicamente la propiedad de los terrenos a favor de los comunitarios. 

Antecedentes del caso 

El proceso judicial por la presunta venta irregular de terrenos en Los Tres Brazos permanece abierto desde 2016 y ha estado marcado por diversos recursos legales y aplazamientos. El 22 de septiembre de 2025, la Suprema Corte de Justicia anuló una decisión de la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que había rechazado declarar extinguida la acción penal en el expediente. 

 La alta corte ordenó que una nueva sala conozca nuevamente los recursos de apelación presentados por los imputados, al considerar que los tribunales deben garantizar la transparencia, una motivación suficiente de sus decisiones y el respeto al debido proceso. 

 La decisión recurrida había declarado extinguida la acción penal por vencimiento del plazo máximo del proceso a favor de varios acusados vinculados al caso.

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