Accionistas pueden enfrentar riesgo penal sin un “compliance” efectivo

El “compliance” se ha convertido en la defensa clave de las empresas modernas. Se trata de un modelo que organiza las políticas y conductas de una compañía para evitar malas prácticas. En esencia, es una estructura diseñada para prevenir delitos y proteger la integridad de la organización ante la justicia. 

 La afirmación pertenece a Óscar Meléndez, quien es socio de la práctica forense de EY Latam, durante el “International Compliance Immersion Day: derecho penal económico, responsabilidad empresarial y compliance penal”, celebrado en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm). “Ya no basta con tener documentos en papel. Según la jurisprudencia internacional, las empresas solo pueden atenuar su responsabilidad por delitos de altos directivos si prueban que actuaron con la debida diligencia para prevenir el fraude”, dijo Meléndez a elDinero. 

 Para asegurar que los modelos de cumplimiento protejan las empresas de responsabilidad penal es fundamental someterlos a pruebas de estrés en ambientes controlados. Esto, según él, es clave para encontrar vacíos y “sacarlos a flote de manera segura” con el propósito de proteger a la organización. 

 Al preguntársele sobre la lección “más dura” en América Latina que pueda ser implementada por República Dominicana, Meléndez respondió que la experiencia en otros mercados de la región deja una advertencia para el empresariado dominicano: ser accionista no exime de responsabilidad penal. “Si un inversionista influye en las decisiones de la empresa es legalmente responsable tanto de sus acciones como de sus omisiones en el control del negocio”, precisa. 

El cobro por residuos sólidos no se aplicará hasta que el Congreso modifique la ley

El cobro de la contribución por residuos sólidos correspondiente al ejercicio fiscal 2025 no se hará efectivo el próximo 30 de abril, a la espera de que el Poder Ejecutivo someta un proyecto de ley para modificar la ley y, en consecuencia, sus tarifas. 

 La decisión fue confirmada por el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván García, quien informó que la medida se produjo tras una reunión entre autoridades del Gobierno, legisladores y representantes del sector comercial, en la que se acordó buscar una solución a los montos establecidos en la Ley 225-20, modificada por la Ley 98-25. 

 Conforme al documento de acuerdo entre la DGII y los comerciantes, aunque las empresas deberán presentar sus declaraciones juradas del año fiscal 2025, el monto generado por concepto de residuos sólidos no será exigido en la fecha límite de pago, mientras se logra una modificación consensuada de la normativa.

 En el encuentro para tratar el impacto de la ley, el director general de Impuestos Internos, Pedro Urrutia, indicó que la entidad trabaja en una solución y garantizó que no habrá situaciones "de estrés" para los contribuyentes antes del 30 de abril. "Estamos en una solución en lo que tiene que ver con residuos sólidos, hay tranquilidad para el sector, no va a haber ningún problema de estrés de aquí al 30 de abril", expresó. 

Proyecto de ley obligaría a agentes inmobiliarios a operar con licencia en RD

Un agente inmobiliario es un experto en el negocio de alquiler, venta y compra de bienes raíces o inmuebles, cuya actividad se desarrolla en un sector que maneja miles de millones de dólares en inversión local y extranjera. Sin embargo, actualmente no existe alguna normal legal que supervise la realización esta labor, por lo que personas informales o no capacitadas sin tener licencias de esta profesión han dado lugar a fraudes que afectan el bolsillo de los ciudadanos, ofertando propiedades sin títulos legales o promesas falsas en proyectos. 

 Uno de los principales riesgos para los clientes son las estafas inmobiliarias, la falta de garantías legales e intermediarios sin preparación ni responsabilidad y la pérdida de ahorros familiares. 

 ¿Cuál es el estado del proyecto de ley para regular a los agentes inmobiliarios? Para esto se ha planteado un proyecto de ley que consiste en regular el trabajo de los agentes sujeto al Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed) por medio de su Departamento de Registro, Control e Intermediación Inmobiliaria. 

 De acuerdo a declaraciones del presidente de la Asociación de Empresas y Agentes Inmobiliarios del país (AEI), Alberto Bogaert, el proyecto está en discusión desde el 2023, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados sin aún ser aprobado. 

Abogados alegan desacato al TSA e inconstitucionalidad en su suspensión por el CARD

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Los tres abogados sancionados por el Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) alegaron que la suspensión por un año que les fue impuesta constituye un desacato a decisiones del Tribunal Superior Administrativo (TSA) y que la misma es inconstitucional y carente de validez jurídica. 

 Los licenciados Mariel León Lebrón, Lilia Fernández León y Joel del Rosario Albuquerque, miembros de la firma León & Raful y representantes legales de María Amelia Hazoury Delgado en un proceso de partición de bienes derivado de su divorcio con Juan Rafael Llaneza Gil, sostienen que la sanción disciplinaria desconoce dos decisiones previas del TSA que ordenaban dejar sin efecto los procedimientos seguidos en su contra. 

 Se trata de la sentencia 0030-03-2025-SSEN-00389 del 5 de agosto de 2025, dictada por la Segunda Sala del TSA y la sentencia 0030-02-2026-SSEN-00003 del 13 de enero de 2026, emitida por la Primera Sala del mismo tribunal, ambas relacionadas con alegadas violaciones de derechos fundamentales en el proceso disciplinario. 

Familia recupera propiedad tras décadas de litigio

Santo Domingo.– Tras más de veinte años de intensas disputas legales, las autoridades ejecutaron este fin de semana un desalojo en los inmuebles ubicados en la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Máximo Gómez, en el sector Miraflores. 

El terreno, conocido popularmente por albergar el antiguo local de Teleoferta, fue recuperado por su propietario legítimo en cumplimiento de sentencias judiciales definitivas. 

 El desalojo se fundamentó en la Resolución número 596, emitida el 25 de septiembre de 2025 por el Abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria, quien autorizó el auxilio de la fuerza pública. 

Según informaron las autoridades, el procedimiento se llevó a cabo tras notificaciones previas y el otorgamiento de los plazos legales correspondientes, asegurando el apego a los protocolos institucionales y el respeto a la dignidad humana. “Este desalojo no es un acto arbitrario, sino la ejecución de decisiones judiciales firmes durante más de 20 años”, expresó Rafael Eduardo Selman Hasbún. 

Mivhed anuncia licitación para construcción de viviendas y rehabilitación de calles

El Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed) anunció el proceso de licitación pública para un proyecto que contempla la construcción de 500 viviendas en nueve provincias del país, con una inversión base que supera los RD$3,000 millones. 

 De acuerdo con un informe descriptivo, el proyecto denominado «Construcción de Viviendas Sociales y Rehabilitación de Calles y Hábitats en diferentes provincias del país» tiene como objetivo principal ofrecer soluciones habitacionales a familias en situación de vulnerabilidad. 

 El proyecto, con un tiempo máximo de ejecución de 24 meses, contempla la edificación de nuevas viviendas y la mejora integral del entorno urbano, incluyendo calles, aceras, contenes, drenaje pluvial y acometidas domiciliarias de agua potable. 

 La inversión base asciende a RD$3,076,409,630.30, según el pliego de condiciones de la licitación (MIVHED-CCC-LPN-2026-0008), que también indica que el proyecto estima el desarrollo de 10 lotes, cada uno con la construcción estimada de 50 viviendas y la intervención de cinco kilómetros de calles.

 Las provincias en las que se distribuirían los lotes son Santo Domingo, La Altagracia, San Cristóbal, Santiago, La Vega, Duarte, Barahona, Peravia y La Romana. Cada lote cuenta con una inversión individual de RD$307,640,963.03. 

DGCP emite reglamento del Registro de Proveedores del Estado para simplificar trámites y fortalecer la transparencia

Santo Domingo.- La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) anunció la emisión del Reglamento núm. DGCP-SNCP-01-2026 del Registro de Proveedores del Estado (RPE), un instrumento normativo que busca modernizar, simplificar y dotar de mayor seguridad jurídica el acceso al mercado público por parte de ciudadanos y empresas. 

 El documento, firmado y aprobado por el director general, Carlos Pimentel Florenzán, es el primero de los seis reglamentos específicos que serán emitidos progresivamente por el órgano rector para fortalecer el marco jurídico que rige la materia, acorde al mandato otorgado por la reciente Ley núm. 47-25, de Contrataciones Públicas. Dicho reglamento tiene como objetivo principal regular y desarrollar todo lo relativo a la gestión y funcionamiento del RPE, así como transformar el referido registro en una base de datos íntegra y eficiente que funcione como un mecanismo de control preventivo ante el Régimen de Inhabilidades. 

 Uno de los pilares de esta normativa es la implementación de la interoperabilidad entre instituciones, que contribuirá a la automatización de las verificaciones de documentación mediante la conexión de datos con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), las Cámaras de Comercio, así como de los ministerios de Trabajo, de Hacienda e Industria, Comercio y Mipymes, entre otras entidades. 

Ambientalista afirma fallo por Duquesa “le salió barato” a RD y denuncia irregularidades

El ambientalista Nelson Bautista aseguró que el pago de aproximadamente 44 millones de dólares que deberá asumir el Estado dominicano tras un fallo internacional por el caso del vertedero de Duquesa “le salió barato” al país, al considerar que el proceso estuvo marcado por irregularidades y una débil defensa institucional. 

 Bautista explicó que el conflicto se remonta a 2017, cuando el Ministerio de Medio Ambiente rescindió el contrato de la empresa vinculada al manejo del vertedero de Duquesa por presuntos incumplimientos. Sin embargo, el empresario afectado llevó el caso a arbitraje internacional reclamando hasta 300 millones de dólares.

 Según el ambientalista, el Estado dominicano no actuó con la debida diligencia en los tribunales locales para perseguir supuestas falsificaciones de títulos de propiedad vinculadas a esos terrenos, lo que debilitó su posición en el proceso internacional. “Se trata de un fraude sobre otro fraude, que al final termina pagando el pueblo dominicano”, sostuvo. 

Conflicto por propiedad de terrenos enfrenta al Plan Sierra y asociación agrícola en Santiago Rodríguez

SANTIAGO RODRÍGUEZ. – En el Tribunal de Tierras de la provincia Santiago Rodríguez enfrenta un conflicto legal entre el Plan Sierra y la Asociación Agrícola Guaragüano por la propiedad de unos terrenos ubicados en el municipio Monción. 

 En representación de la asociación habló el agrimensor José Cristino Peñalo, quien explicó que los terrenos en disputa fueron adquiridos por la entidad en el año 1979, cuando en esa zona operaban varias fábricas instaladas por empresas agrícolas. Según detalló, años más tarde, durante la década de 1980 y tras la creación del Plan Sierra en el gobierno del presidente Antonio Guzmán, esa institución fue designada como asesora agrícola de la asociación, con el propósito de brindar orientación en los procesos productivos. 

 Peñalo indicó que, posteriormente, la asociación tomó un préstamo bancario para adquirir maquinarias, en una operación en la que el Plan Sierra habría fungido como garante. Sin embargo, debido a dificultades en el pago, el título de propiedad de los terrenos pasó a nombre del Plan Sierra. 

 La Asociación Agrícola Guaragüano sostiene que, al percatarse de la transferencia, reclamó sus derechos, alegando que se le exigió ceder el 50 % del valor de los terrenos a favor del Plan Sierra. Explicó, además, que se realizaron actos legales que incluyeron una venta parcial y una donación. 

Jueza dicta libertad pura y simple a tres hombres apresados por invadir terrenos en Sabana Grande de Boyá.

Una decisión judicial ha desatado cuestionamientos, luego de que la jueza Madelin Genao, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Monte Plata, rechazara la solicitud de prisión preventiva presentada por el Ministerio Público y ordenara la libertad pura y simple de tres hombres, acusados de invadir un terreno estatal destinado al deporte infantil.

  Los detenidos, Marino Mejía, de 61 años, Manuel Santana, de 50, y Rafael Azal, de 39, fueron interceptados por agentes de la Policía Nacional mientras delimitaban el área con alambres de púas y portaban machetes en el lugar. El terreno intervenido pertenece al Ministerio de Deportes y en él operan dos play de béisbol utilizados por niños y jóvenes de la comunidad. 

 Según el criterio de la magistrada, la presencia de los imputados en el lugar con machetes y alambres no constituía elementos suficientes para imponer medidas de coerción, decisión que derivó en su puesta en libertad inmediata. Sin embargo, versiones en la comunidad señalan que al menos uno de los involucrados es ampliamente conocido por participar en este tipo de prácticas ilegales. 

Gobierno presenta el Plan de Ordenamiento Territorial de Puerto Plata

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, presentó el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de Puerto Plata, una iniciativa que forma parte de una estrategia nacional para implementar estos planes en más de 60 municipios cabecera de provincia y territorios estratégicos antes de 2028, con el respaldo del Banco Mundial.

 Durante el acto, el funcionario informó que este proyecto forma parte de una estrategia nacional orientada a implementar planes de ordenamiento territorial en más de 60 municipios cabecera de provincia y territorios estratégicos antes de 2028, con el respaldo del Banco Mundial. “Ya están listos los planes de ordenamiento territorial de Verón y Ocoa, y para la próxima semana se prevé presentar los de San Cristóbal y Neyba, continuando el ritmo de implementación de estas herramientas”, señaló Paliza. 

 Destacó que el plan presentado en Puerto Plata tomó 18 meses de elaboración y fue desarrollado por una firma internacional con experiencia multidisciplinaria en ingeniería, diseño y planificación territorial. “El documento es completo y contempla aspectos técnicos, medioambientales y urbanos. Y de manera general, es un ambicioso proyecto que nos llevará a tener toda República Dominicana organizada, con planes regionales y municipales”, manifestó Paliza. 

Indicó que el plan será sometido a un proceso de socialización que incluye vistas públicas, donde ciudadanos y sectores interesados podrán opinar antes de su eventual aprobación por la Sala Capitular del Ayuntamiento de Puerto Plata. 

Jurista Julio Cury advierte que los jueces pueden variar la calificación en caso Jet Set

Desde que el Ministerio Público sometió la acusación por el caso Jet Set, han surgido cuestionamientos sobre la calificación de homicidio involuntario. Algunos juristas sostienen que esta tipificación podría cambiar durante el proceso, dependiendo de los elementos de prueba presentados ante los tribunales. 

 Cambio de calificación 

El jurista Julio Cury explicó que tanto el juez de la instrucción, en la fase de audiencia preliminar, como el tribunal de fondo tienen la facultad de modificar la calificación jurídica del hecho. Esta potestad está contemplada en el Código Procesal Penal, que no limita al juez a la tipificación inicial presentada por el Ministerio Público. 

 Según Curi, durante el juicio de fondo, el tribunal puede variar la calificación en virtud de lo establecido en la normativa procesal, siempre que advierta previamente al imputado para que pueda adecuar su defensa. 

En la audiencia preliminar, el juez también puede descartar el tipo penal propuesto y enviar a juicio a los imputados bajo una calificación distinta. 

Inundaciones en Santo Domingo: experto advierte fallas estructurales en drenaje pluvial y urbanismo

Las recurrentes inundaciones en el Gran Santo Domingo, que cada año dejan pérdidas millonarias y víctimas fatales, responden a fallas estructurales en el diseño urbano y la ejecución de los sistemas de drenaje pluvial, según advierte el doctor Andrés Contreras, CEO de SEMS, una de las principales firmas de ingeniería mecánica y de fluidos de la República Dominicana. 

 Contreras sostiene que la capital dominicana enfrenta una “vulnerabilidad creciente” ante lluvias intensas, evidenciada en eventos extremos registrados en 2022, 2023 y 2026, con acumulados históricos de precipitaciones, miles de desplazados y daños que superan los cientos de millones de dólares. 

 El especialista explica que, aunque factores como la basura, la falta de drenaje y el cambio climático inciden, el problema central radica en el crecimiento urbano sin una planificación pluvial adecuada y en la falta de cumplimiento técnico en los proyectos de construcción. 

 Señala que la expansión vertical de la ciudad ha impermeabilizado grandes áreas, provocando que el agua fluya directamente hacia calles con sistemas insuficientes. 

Asimismo, indica que en muchas obras se alteran especificaciones clave, como los diámetros de las tuberías y otros componentes del drenaje. Además, advierte que numerosos filtrantes carecen de cámaras de retención de sólidos, lo que acelera su colapso durante lluvias intensas. 

Campesina denuncia red de complicidad estatal en invasión de tierras en Montecristi

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. – Una nueva denuncia de invasión de tierra vuelve a poner bajo cuestionamiento el manejo de los asentamientos agrarios en la zona fronteriza del país, tras las acusaciones de la campesina Celeste Domínguez (Japón), quien asegura estar siendo víctima de ocupaciones ilegales en terrenos que le fueron adjudicados por el Estado dominicano. 

 El caso, registrado en la comunidad del Kilómetro 13 de Montecristi, adquiere mayor gravedad por el señalamiento directo contra funcionarios públicos. 

La denunciante afirma que los ocupantes irregulares contarían con el respaldo de Erodys Díaz, vinculado a la Dirección General de Desarrollo Fronterizo, y del abogado Eddy Rojas, a quienes acusa de proteger y facilitar la permanencia de los invasores. 

 Según su testimonio, parte de los ocupantes serían familiares del propio Rojas, quienes habrían tomado control de una porción significativa de las tierras originalmente destinadas a la producción agrícola, dejando a la beneficiaria en condiciones de vulnerabilidad y sin garantías efectivas de protección por parte del Estado. Uno de los elementos más preocupantes del caso es la recurrencia de las ocupaciones. 

Grupo Ramos lanza fideicomiso de oferta pública

Grupo Ramos lanzó el fideicomiso de oferta pública de renta variable, abierto al público en general, permitiendo que los dominicanos puedan invertir en activos de la empresa. El Fideicomiso de Oferta Pública Multiplaza FR No. 02. tiene un monto de colocación total de RD$ 5,231,020,000.00 y ofrece rentabilidad variable. 

 Para constituir el fideicomiso, Grupo Ramos transfirió dos activos inmobiliarios, Multiplaza La Romana y Multiplaza Higüey, los cuales, según Iván Mejía, presidente de la empresa, cuentan con una ocupación relevante, flujo operativo estable y un portafolio diversificado de inquilinos. 

 Asimismo, dijo que el instrumento ha generado interés en el mercado, particularmente entre inversionistas institucionales, y que la entrada del Grupo Ramos al mercado de valores, refleja la evolución de la empresa y su confianza en el desarrollo del entorno económico y financiero del país. 

 Explicó que la emisión cuenta con una calificación de riesgo A+ otorgada por la Agencia calificadora de Riesgos Feller Rate. Mejía Alberty dijo además, que más allá del valor de los activos, el fideicomiso se sustenta en un modelo integrado donde el desarrollo, la comercialización y la gestión operativa se mantienen bajo la experiencia del Grupo Ramos, lo que permite asegurar consistencia en el desempeño y en la calidad de los activos en el tiempo.

Fuente: https://acento.com.do/economia/grupo-ramos-lanza-fideicomiso-de-oferta-publica-9656655.html

SAN CRISTOBAL: Grupos se unen luchar medio ambiente

SAN CRISTOBAL.- Grupos comunitarios han constituido lo que denominan Plataforma San Cristóbal, que impulsará cuatro temas fundamentales de tipo ambientalista y social.

 Esos temas son: 

a) La defensa de las Cuevas del Pomier y el cese de la minería de calizas en todo el trayecto dominado por el río Nigua. 

b) La liberación definitiva de los ríos de la provincia San Cristóbal, sacando de ellos a las empresas granceras. 

c) La restauración de las áreas boscosas de la provincia y preservar las que se conservan, incluyendo la zona de Najayo Arriba;. 

d) La recuperación y puesta en producción de los suelos de capacidad agrícola en toda la provincia.

 Los grupos que sustentan la entidad son: Coordinadora de Organizaciones Comunitarias del Distrito Municipal de Hato Damas. Extensión UASD de San Cristóbal (CURSCEN). Asociación Dominicana de Profesores–(ADP) de San Cristóbal. Confraternidad de Pastores Evangélicos de San Cristóbal. Parroquia Nuestra Señora de la Consolación. Red de Veedores Sociales de San Cristóbal. Iglesia Evangélica. Sociedad Ecológica de Nizao. Bloque de Juntas de Vecinos “Francisco Sánchez”. Agencia de Prensa Mundial (APM) Seccional San Cristóbal. Movimiento Rescate Parque Las Caobas. Fundación Cuevas del Pomier. Asociación de Artesanos y Artistas Plásticos de San Cristóbal. Bloque de Juntas de Vecinos en Najayo Arriba. Fundación Lucho por un Sueño. Comisión Nacional de los Derechos Humanos en San Cristóbal. Federación de Mujeres del Campo, filial de CONAMUCA. Bloque No. 3 de Juntas de Vecinos del Río Nigua. Patronato Los Cacaos de San Cristóbal. Instituto Pedagógico Dominicano. Comisión Ambiental de la UASD. Espeleogrupo de Santo Domingo (Extensión San Cristóbal). Iglesia Bautista Reformada. Unidos por la Preservación de un Najayo Arriba Verde. Junta de vecinos de Los Nova. Junta de Vecinos Yamiléth. Junta de Vecinos San Rafael. Fundación Rescatando Mariposas. Grupo Ecológico para Salvar los Ríos. Junta de Vecinos San Francisco de Hato Damas. Junta de Vecinos “El Ramón”, Hato Damas.

 La Plataforma San Cristóbal informó que en estos momentos activa en todo el municipio difundiendo información sobre los cuatro temas-demandas enumerados y proponiendo una movilización provincial. Está diseñando una estrategia para el corto y largo plazos en que habrá de aplicarse para lograr sus objetivos. 

 Entre las personas que impulsan la plataforma están Domingo Abreu, Manuel Antonio Nina, Sonia Perozo, Luis Casilla, Lucrecio Figueredo, José Corporán, Milton Martínez, Benita Cuevas, Idenia Doñé. Juan José Arias Dipré, Marcial Báez, Raquel Madera, Ivis Robles, Rafael Amador, Luis A. Casilla, Ana Julia Castillo y Otilio Arnaud Valdés.

Fuente: https://almomento.net/san-cristobal-grupos-se-unen-luchar-medio-ambiente/

Caso Guepardo avanza en La Romana con más de 400 víctimas afectadas

SANTO DOMINGO.— El Ministerio Público presentó acusación formal contra los implicados en una estructura criminal dedicada al lavado de activos y estafa electrónica, desmantelada durante la Operación Guepardo, que ha dejado al menos 426 víctimas. 

 La acción fue impulsada por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos junto a la Fiscalía de La Romana, tras una investigación que incluyó análisis financieros y recopilación de pruebas. 

 Imputados y empresas vinculadas

 En el expediente figuran varias personas acusadas de formar parte de la red, así como empresas utilizadas como canal para manejar fondos ilícitos. Entre estas se encuentran: 

 Novasco Real Estate SRL 

REMAX One 

Rodeca Marketing Group SRL

RR Marketing Group EIRL 

AGOTT 24 SRL 

Las autoridades sostienen que estas entidades fueron empleadas para movilizar dinero obtenido mediante esquemas fraudulentos, principalmente en el sector inmobiliario. Un caso con amplio sustento probatorio.

 El expediente presentado cuenta con más de 1,660 elementos de prueba, entre los que se incluyen: Documentos financieros Evidencias materiales Peritajes especializados Material audiovisual Estas pruebas detallan el funcionamiento interno de la red, el flujo del dinero y la participación de cada imputado. 

 Actualmente, el caso se encuentra a la espera de que se designe el tribunal competente en La Romana, donde se conocerá la audiencia preliminar. En esta etapa, un juez evaluará si existen méritos suficientes para enviar a juicio a los acusados. 

 Investigaciones continúan 

El Ministerio Público indicó que las indagatorias siguen abiertas, con el objetivo de identificar a otros posibles involucrados y garantizar una respuesta completa frente al esquema fraudulento. 

 Resumen: la Operación Guepardo avanza a una nueva fase judicial, con una acusación robusta que busca llevar ante la justicia a una red que afectó a cientos de personas y golpeó la confianza en el sector inmobiliario.

Fuente:https://bavarodigital.net/caso-guepardo-avanza-en-la-romana-con-mas-de-400-victimas-afectadas/

Dependencia del alquiler le cuesta miles de millones al Estado dominicano

El Estado dominicano y sus instituciones continúan dependiendo en gran medida del alquiler de inmuebles para sus operaciones. Datos ofrecidos por la Contraloría General de la República y la plataforma de la Dirección General de Contrataciones Públicas muestran compromisos de rentas de locales por más de tres mil millones de pesos, monto distribuido en distintas entidades. 

 Sin embargo, el caso más reciente fue a la inversa: El Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (Indotel) inauguró el pasado 22 de enero su nuevo edificio, financiado con recursos públicos, terminando así su periodo como inquilino por 24 años en su antigua ubicación de la avenida Abraham Lincoln. Nueva sede del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel). Nueva sede del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel).

Según indicaron las autoridades de dicha entidad, el nuevo edificio supone un ahorro de RD$1,540 millones al Estado en los próximos 10 años. Este es uno de los pocos casos recientes en los cuales una entidad que alquilaba una estructura física decide cambiar su panorama y apostar por un edificio propio. 

 Distintos casos recolectados por este medio permiten visualizar la actualidad de los edificios que albergan algunas instituciones públicas, cuando corresponden a alquileres. Instituciones alquiladas. Un caso reciente también que acaparó la atención pública fue el de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic), que cambió su sede a finales del año 2024 luego de firmar un contrato de alquiler por más de RD$1,400 millones de pesos. El entonces director de la entidad, Bartolomé Pujals, explicó que el alquiler es por 10 años del edificio Vista 311, del piso 6 al 10, y que se realizó con otra empresa del Estado como es Inmobiliaria Reservas y Afi Reservas. 

Juez ordena nuevo peritaje técnico en caso Jet Set

El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ordenó la realización de un nuevo peritaje técnico en relación con el caso de la discoteca Jet Set, siniestro que dejó un saldo de 236 muertos y más de 80 heridos. 

 El magistrado Raymundo Mejía, mediante el auto núm. 057-2026, tomó la decisión al acoger un pedimento presentado por la defensa de Antonio y Maribel Espaillat, contra quienes se conocerá el juicio preliminar este lunes. Los abogados Miguel Valerio, Ramón Emilio Núñez y Carlos Alberto Polanco Rodríguez habían solicitado estas diligencias, alegando una falta de respuesta oportuna por parte del Ministerio Público durante la etapa preparatoria. 

 El tribunal acogió parcialmente la solicitud fundamentando su decisión en la necesidad de garantizar el derecho a la defensa material y la igualdad entre las partes. Las disposiciones principales incluyen evaluaciones técnicas detalladas para las cuales se designó a los ingenieros José Lockhart, Gabriel Carrera, Michael Gerard Murphy y Alfonso Ibarreta. 

 El estudio abarcará análisis del concreto, evaluación de la carbonatación y petrografía, análisis de materiales: Pruebas químicas y de corrosión del acero de refuerzo. 

Corte revoca decisión que extingue acción penal del caso Micky López y ordena continuar juicio

Los jueces de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega revocaron la decisión que declaró la extinción penal del proceso seguido contra Miguel Arturo López Florencio (Micky López), procesado por lavado de activos provenientes del narcotráfico. 

 El tribunal de alzada adoptó la decisión tras acoger el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la sentencia del Primer Tribunal Colegiado de La Vega que declaró la extinción penal del caso. La corte también ordenó la continuación del juicio. 

 La Fiscalía de La Vega, representada por su titular Aura Luz García Martínez, y el fiscal Juan Ramón Martínez Cruz, presentó el recurso de apelación en contra de la Sentencia Núm. 212-03-2025-SSEN-00062, de fecha nueve de abril de 2025, dictada por el Primer Tribunal Colegiado de La Vega, integrado por las juezas Lucrecia Rodríguez Ramírez, Julissa Candelario Victoriano y Carmen Miladys Sánchez. 

 La sentencia revocada favorecía a “Micky López”, José Miguel López Pilarte, Miguel Arturo López Pilarte, y a Ada María Pilarte de Inoa, así como a las empresas Inmobiliarias Gloria Ivette S.R.L., Servi Crédito Gloria Ivette S.R.L., Auto Crédito Selecto S.R.L. y Agropecuaria Gloria Ivette S.R.L. 

 La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, conjuntamente con la Fiscalía de La Vega, estableció en la acusación que la red criminal se encargaba de traficar con sustancias controladas en Suramérica, Estados Unidos y Europa.