El Estado tiene más de 55 mil bienes con valor superior a RD$80 billones de pesos

Santo Domingo.- El Estado dominicano proyecta que su patrimonio inmobiliario supere las 55 mil propiedades, con un valor estimado por encima de los 80 billones de pesos, según reveló Rafael Burgos Gómez, director general del Consejo Estatal del Azúcar(CEA). 

 El funcionario explicó que en el levantamiento realizado entre 2023 y 2024 se han identificado hasta el momento 43 mil propiedades estatales, valoradas en 42 billones de pesos. No obstante, indicó que la cifra aumentará a medida que se incorporen infraestructuras que inicialmente no fueron contabilizadas, como puertos, aeropuertos, sistemas viales, infraestructuras eléctricas y sanitarias. 

 Burgos Gómez precisó en una entrevista con El Día que el inventario ya cubre cerca del 80% del patrimonio estatal y que, una vez concluido, el valor total podría duplicar la cifra actual. Prevé que el levantamiento de todas las propiedades del Estado esté concluido en los próximos dos años. 

 Además del censo patrimonial, el proceso incluyó levantamientos sobre rentas pagadas por el Estado, bienes intangibles, como licencias, concesiones y permisos, y patrimonio minero. Como ejemplo del aumento en la valorización de los inmuebles públicos, citó el caso del Palacio Nacional, construido entre 1946 y 1948 con una inversión aproximada de cinco millones de pesos y cuyo valor actual ronda los 500 millones de pesos. 

DGII dispone hasta 70% de descuento para sus contribuyentes con deudas atrasadas


La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) otorgó el pasado 16 de febrero de 2026 un nuevo esquema de facilidades de pago para sus contribuyentes con deudas tributarias pendientes mediante la circular número 03. 

 Según el documento al que el Listín Diario tuvo acceso, mediante esta los contribuyentes podrán beneficiarse de un descuento que aplicará sobre el monto de los recargos, debiendo pagar la base del impuesto más la totalidad de los intereses a compensar. 

 La disposición dispondrá beneficios diferenciados según el período fiscal de las deudas, donde las obligaciones anteriores al año 2020 tendrán un descuento sobre los recargos del 70% si el contribuyente realiza un pago único, del 50% si la deuda se salda mediante un acuerdo de pago con un máximo de seis cuotas iguales pagadas mes por mes y un pago inicial del 30%.

 Para las deudas de los años 2021-2023, los contribuyentes contarán con un descuento similar, donde podrá optar por una reducción de un 50% si realiza un pago único y una del 40% si la deuda se formaliza mediante un acuerdo de pago de seis cuotas mensuales y un pago inicial del 30%. 

Gobierno celebrará el Primer Foro Internacional sobre Tierras Raras

Santo Domingo.- El Gobierno dominicano, a través de los Ministerios de Energía y Minas y de Relaciones Exteriores (Mirex), anunció que celebrará el Primer Foro Internacional sobre Tierras Raras, una iniciativa estratégica que busca posicionar al país en la conversación geopolítica sobre cadenas de suministro de esos elementos, además de atraer financiamiento y aliados técnicos, entre otros objetivos. 

 Al encabezar un encuentro con la prensa, junto con el vicepresidente ejecutivo de la Empresa Minera Dominicana (Emidom), Miguel Ángel Díaz, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, indicó que el encuentro se realizará el 27 de mayo en el Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. Precisó que, además de fortalecer el posicionamiento del país en el ámbito de los minerales críticos, el foro persigue impulsar la integración en las cadenas de valor globales, promover el diálogo técnico y estratégico de alto nivel, atraer inversión extranjera y aliados técnicos para fases posteriores del proyecto de exploración, consolidar alianzas con organismos multilaterales y actores del sector minero y posicionar al Ministerio de Energía y Minas como un promotor de minería responsable. 

 Santos ofreció un contexto sobre el posicionamiento de República Dominicana en cuanto a los minerales críticos, con el que recordó la participación del país en la Reunión Ministerial sobre Minerales Críticos, el 4 de febrero en Washington, a través de su persona y su homólogo en el Mirex, Roberto Álvarez, convocados por el Departamento de Estado de Estados Unidos y donde asistieron representantes de 50 países. En ese escenario se proyectó al país como actor relevante en la estrategia global de diversificación de cadenas de suministro. 

Ambientalistas piden revisar reglamento de paneles solares y convocar diálogo público


Representantes de organizaciones se presentaron en la Superintendencia de Electricidad “para demandar” que esa entidad convoque una consulta sobre el nuevo reglamento que regula la aprobación, interconexión y operación de instalaciones de paneles solares sobre techos. 

 Enrique de León, ambientalista, informó que “nosotros solicitamos una reunión con el superintendente Astacio Polanco para exponerle las razones por las cuales demandamos que este reglamento sea revisado, con la finalidad de que obtenga el más amplio consenso de la sociedad dominicana”. 

 Dijo que “es urgente” tanto la reunión con el superintendente como la convocatoria para conocer el nuevo reglamento de los paneles solares. Explicaron que la resolución SiE-007-2026-REG que presentó este reglamento dispuso que entrará en vivencia en un plazo de 90 días laborales a partir del 19 de enero del corriente año, fecha en se emitió esta resolución. 

 Las organizaciones señalaron que en la última audiencia para conocer la propuesta de reglamento de la SIE que se celebró el 12 de septiembre de 2024, acordó que se entregaría a todos los interesados una matriz comparativa con todos los aportes presentados y que a partir de esta matriz revisada y consensuada, se elaboraría una nueva versión de reglamento que sería consensuado.

Permisología: Una prioridad para Ito Bisonó en el Ministerio de la Vivienda


La permisología es hoy el principal desafío que enfrenta el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mived). Así lo dejó claro su titular, Víctor -Ito- Bisonó, al señalar que más de mil proyectos se encuentran en tránsito dentro del sistema de ventanilla única y que el reto inmediato es hacer más eficiente un proceso que involucra múltiples instituciones públicas. 

 El ministro explicó que, aunque al Mived se le percibe como la entidad responsable de los retrasos en permisos de construcción, la realidad es que intervienen otras dependencias como el Ministerio de Turismo, la Caasd, el Ministerio de Obras Públicas, Medio Ambiente y las alcaldías. Todos los expedientes confluyen en la ventanilla única del ministerio, pero no todos dependen exclusivamente de su decisión. 

 Ante ese escenario, el funcionario remitió comunicaciones formales a cada una de las instituciones involucradas con la actualización de los proyectos que se encuentran en sus dependencias. Explicó que no se trata de señalar fallas, sino de hacer que los procesos fluyan para destrabar más de mil iniciativas que impactan directamente en la inversión, en el financiamiento bancario y en el dinamismo del sector construcción. 

 En la Entrevista Especial de elCaribe y CDN el ministro Bisonó dijo que la permisología es hoy su prioridad número uno y que el presidente de la República, Luis Abinader, da seguimiento semanal al sector a través del Gabinete de la Construcción. Explicó que ya fue firmado un esquema de trabajo entre las distintas dependencias para acelerar y modernizar los procesos. 

Ángel Rondón demandará al Estado dominicano por varios millones de dólares por daños derivados del caso Odebrecht


Santo Domingo, RD. – El empresario Ángel Rondón demandará al Estado dominicano por varios millones de dólares como indemnización por los daños y perjuicios sufridos durante los años que se extendió su proceso judicial por presuntos sobornos pagado por la empresa brasileña Odebrecht, situación que le ocasionó problemas de salud y lo obligó a someterse a tratamientos costosos. 

 La decisión se tomó luego de que el Tribunal Constitucional ratificara la sentencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que declaró no culpables al exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, y al empresario Rondón, en relación con sobornos por 92 millones de dólares pagados por la constructora brasileña Odebrecht. 

 Rondón expresó: "Para mí fue una necedad del Ministerio Público. Creo que hay que ponerle un freno y que pague la indemnización que corresponda. Deben decirle: ve acá, Ministerio Público, ya el Estado está pagando mucho dinero por la mala instrumentación de los expedientes." 

 El empresario informó que se ha apoderado de la barra de abogados encabezada por el jurista Miguel Minier, quien indicó que está estudiando las sentencias para iniciar el proceso de demanda contra el Estado a través de la Procuraduría General de la República. Aunque no se especificó la cantidad exacta, se indicó que será por varios millones de dólares. 

En caso Calamar, MP continúa hoy sus réplicas contra implicados en presunto desfalco por RD$19 mil MM

Por Raúl Germán Bautista.- Este miércoles continúa la audiencia preliminar en el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, contra los implicados en el denominado caso Calamar, cuyos principales imputados son los exministros Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, por un presunto desfalco de más de RD$19 mil millones. 

 En este expediente, el Ministerio Público acusa a los exministros de Hacienda, Administrativo de la Presidencia y Obras Públicas, así como al exsenador Rafael Calderón. También están imputados el abogado Ángel Lockward y Luis Miguel Piccirilo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA). 

 El órgano acusador asegura que los procesados integraban una supuesta estructura que desvió recursos de los contribuyentes, mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, así como a través de sobornos utilizados para financiar la campaña electoral de 2020. 

 Asimismo, figuran en el expediente Roberto Santiago Moquete Ortiz; Aldo Antonio Gerbasi Fernández, exfuncionario de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública de Hacienda; el exencargado de Juegos de Azar de Hacienda, Julián Omar Fernández Figueroa; y el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña. También están señalados Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes; los hermanos Ana Linda y Emir José Fernández de Paola; Óscar Chalas Guerrero; Agustín Mejía; y Víctor Matías Encarnación.

Imponen medida de coerción contra abogado acusado de estafa inmobiliaria

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– El abogado Joel Carlo Román fue presentado este martes ante la Oficina Judicial de Atención Permanente de Puerto Plata, donde se le impuso una medida de coerción en el marco de una investigación por presuntos delitos de estafa, asociación de malhechores, falsificación de documentos y lavado de activos. 

 De acuerdo con un comunicado, el tribunal consideró que existen pruebas suficientes en el expediente que vinculan al imputado con los hechos investigados y dispuso, como medidas, el pago de una garantía económica en efectivo, impedimento de salida del país y presentación periódica. 

 Esta decisión se suma a otra medida de coerción previamente impuesta en San Francisco de Macorís por un caso similar bajo investigación, donde se le fijó una garantía económica de cinco millones de pesos en efectivo. 

 En el expediente de solicitud de medida de coerción depositado por el Ministerio Público en Puerto Plata figura como prófugo José Rafael Román Argotte, y se imputa como tercero civilmente responsable a la empresa Gurka Trade SRL, presuntamente utilizada como vehículo societario para perpetrar un fraude inmobiliario. 

Bienes Nacionales no pagará hasta investigar títulos en Hoyo Cla

La Dirección General de Bienes Nacionales (DGBN) no pagará los 313.7 millones de pesos que ordenó el Tribunal Superior Administrativo (TSA) a favor de propietarios de terrenos declarados área protegida para la creación del Monumento Natural Hoyo Claro, ubicado en La Altagracia, hasta investigar el origen de sus títulos. Rafael Burgos, director de las fusionadas Bienes Nacionales y el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), aseguró que la institución investiga la forma en que varios grupos de personas obtuvieron documentos de propiedad para reclamar el pago de terrenos que posteriormente fueron convertidos en áreas protegidas. 

 También advirtió que el Estado no realizará ningún pago hasta que el proceso judicial haya agotado todas las instancias. “Hay que pasar por un proceso de investigación para saber si esos terrenos fueron saneados debidamente, si fueron transferidos correctamente y si contaban con los títulos originales correspondientes… No obstante, aquí no se paga una sola sentencia que no haya adquirido la [autoridad] de la cosa juzgada hasta la última instancia”, afirmó. 

 Burgos indicó que, si finalmente se ven obligados a pagar, recurrirán a la negociación, mecanismo con el que —según dijo— han logrado reducir montos importantes en otros casos. “Cuando surgen esos conflictos, esperamos que la justicia emita su último veredicto y después tenemos que sentarnos a negociar… El Estado dominicano ha pagado muchas expropiaciones que se han resuelto en la mesa de negociaciones. Personas que pedían 800 millones y terminaron cobrando 400 millones. Ahora quien se beneficia de las expropiaciones es el Estado dominicano”, remarcó. 

Denuncian silencio institucional ante presunta apropiación irregular de terrenos en el CEA

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– A más de cinco meses de haberse solicitado formalmente la destitución del director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y más de cuatro meses desde su sometimiento ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), persiste un preocupante silencio institucional frente a la denuncia de apropiación irregular de terrenos realizada por representantes de los derechos humanos. 

 De acuerdo con una nota de prensa, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, afirmó que la situación coloca en estado de indefensión jurídica al legítimo adquirente y amenaza con la pérdida irreversible de su inversión.

 Explicó que el caso se remonta al Poder Especial núm. 36-25, emitido el 10 de marzo de 2025 por el presidente de la República, Luis Abinader Corona, mediante el cual se ordenó al director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Rafael Burgos Gómez, suscribir los contratos de venta, cesión y transferencia de porciones de terrenos previamente avalados por los organismos técnicos y administrativos correspondientes. 

 No obstante, Mercedes reveló que dicha disposición presidencial continúa sin ejecutarse, configurando un escenario de desacato administrativo y posible vulneración del principio de legalidad que rige la función pública. 

TC ratifica absolución de Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa y Conrado Pittaluga en caso Odebrecht


El Tribunal Constitucional (TC) ratificó la sentencia de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia que exoneró de responsabilidad penal en el caso Odebrecht al exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, al empresario Ángel Rondón y al abogado Conrado Pittaluga. 

 Los jueces tomaron la decisión tras rechazar un recurso de revisión interpuesto por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), poniendo fin a la controversia jurídica sobre el caso. 

 Los magistrados determinaron que no existieron violaciones a los derechos fundamentales ni al debido proceso durante la fase de casación en la justicia ordinaria. 

 Argumentos del Tribunal

 El TC validó los argumentos de la Segunda Sala de la Suprema, la cual estableció que el Ministerio Público no logró identificar ni individualizar a los supuestos funcionarios que habrían recibido los sobornos. La sentencia ratificada destaca que el delito de soborno requiere la identificación del receptor y la contraprestación de un acto propio de su función, elementos que «brillaron por su ausencia» en el expediente presentado por la Pepca.

 Al no poderse demostrar un "delito precedente" (como el soborno o el enriquecimiento ilícito), la acusación por lavado de activos se desmoronó automáticamente, ya que no se pudo probar el origen ilícito de los fondos.

Hacienda y FIBA acuerdan sobre el tema de lavado


El Ministerio de Hacienda y Economía (MHE) y la Financial & International Business Association (FIBA) firmaron un acuerdo de colaboración que fortalece el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en los juegos de azar.  Esto, mediante el impulso de certificaciones en Anti Lavado de Dinero (AMLCA-Juegos de Azar) para los principales actores de este sector. 

 El convenio fue rubricado por el ministro del MHE, Magín Díaz, y el director ejecutivo de FIBA, David Schwartz, quienes coincidieron en la necesidad de esta alianza para prevenir los ilícitos de este tipo en los juegos de azar (casinos, bancas de lotería, apuestas deportivas y concesionarias de loterías electrónicas, entre otros). 

 Con esta colaboración, que forma parte de una amplia estrategia del MHE en la materia, se robustece la capacidad del Estado y se promueve que las entidades de primera línea de esta área cuenten con personal capacitado y debidamente certificado. En ese sentido, FIBA aportará su reconocida experiencia internacional para establecer junto al MHE, a través de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, un programa de Certificación en Anti Lavado de Dinero (AMLCA-Juegos de Azar) con enfoque en República Dominicana dirigido a funcionarios de la institución, operadores de juegos y todos los sujetos obligados de este sector. Para esto se aprovechará la vinculación de la FIBA con la Universidad Internacional de la Florida como entes esenciales para las capacitaciones y el aumento de las capacidades de los recursos humanos. 

El acuerdo es parte de la implementación de la Resolución 217-2025, que establece el requisito de idoneidad y capacitación certificada para los Oficiales de Cumplimiento con el fin de homologar las competencias de los profesionales dominicanos con los estándares exigidos internacionalmente y por la banca corresponsal, facilitando el acceso a certificaciones de alto nivel que validan el Enfoque Basado en Riesgo para la prevención del lavado de activos requerido por el Estado.

Denuncian “asalto inmobiliario” en el Santo Cerro de La Vega por tala y relleno de cañadas


Como un “asalto inmobiliario” calificó la bióloga botánica Ángela Guerrero la tala de árboles, la remoción de suelo y el relleno de cañadas en el Santo Cerro de La Vega. La defensora ambiental recordó que el Santo Cerro no forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, pero sugirió que debería ser declarado por la Alcaldía de La Vega como área protegida municipal para “evitar otro desastre como el ocurrido”. 

 “Al parecer, es otro asalto de los desarrolladores inmobiliarios por acaparar cada pedazo de tierra urbanizable para forzar la frontera inmobiliaria. Recordemos los casos en Samaná, Monción y Mao, denunciados el año pasado”, declaró. 

 En conversación con El Nacional, Guerrero señaló, de igual modo, las denuncias de que autoridades gubernamentales estarían detrás del desarrollo inmobiliario en el llamado Cinturón Verde del Gran Santo Domingo. “Es obvio que hace falta un reforzamiento de la ley catastral y del régimen de consecuencias de la Ley de Medio Ambiente 64-00, porque lo que están haciendo es: primero destruyo y después pago”, comentó la especialista. 

 Lamentó que, tras los daños ambientales, no haya mitigación ni restauración de los ecosistemas, y acusó al Ministerio de Medio Ambiente de beneficiarse de las multas pagadas. 

Ministerio de Medio Ambiente refuerza controles y moderniza permisos ambientales

Santiago. – Con un enfoque de tolerancia cero frente a los delitos ambientales, el Ministerio de Medio Ambiente presentó avances clave en su proceso de transformación institucional, durante una jornada encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña, quien respaldó las acciones orientadas a fortalecer la protección de los recursos naturales.

 El ministro Paíno Henríquez afirmó que la lucha contra los ilícitos ambientales se ha reforzado mediante la coordinación con el Servicio Nacional de Protección Ambiental y el Ministerio Público, encabezado por Yeni Berenice Reynoso, con el objetivo de garantizar sanciones oportunas y el cumplimiento de la ley. 

 Refuerzo del control y la fiscalización ambiental 

Henríquez explicó que la institución impulsa una gestión moderna enfocada en reducir la burocracia sin debilitar el control, fortalecer la transparencia y asegurar la trazabilidad de los procesos. Entre las medidas destacan la digitalización de servicios, la integración de la Línea Verde a un sistema estructurado de inspección y seguimiento, y la modificación del reglamento de permisología ambiental para establecer reglas más claras. 

MP expone réplicas contra implicados en caso Calamar por presunto desfalco de RD$19 mil millones

or Raúl Germán Bautista.- El Ministerio Público expone este miércoles sus argumentos procesales en la fase de réplicas frente a los planteamientos de las defensas de los exministros Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, así como de otros implicados en el proceso judicial denominado caso Calamar, vinculado con la presunta sustracción de RD$19 mil millones mediante pagos irregulares y otros delitos. 

 Desde el viernes, el órgano acusador sostiene que, durante la audiencia preliminar, presentó pruebas suficientes para rebatir los argumentos expuestos por las defensas técnicas. 

 La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), encabeza el equipo de fiscales que representa al órgano acusador en esta etapa del proceso. 

 Ortiz dirige la estrategia de litigación en la audiencia preliminar, en la que el Ministerio Público procura que el tribunal admita la acusación formal y envíe el caso a juicio de fondo. 

Comunidad de Loma de Castañuela clama intervención de Abinader por disputa de tierras

Decenas de residentes de la comunidad de Loma de Castañuela protestaron en las calles tras la aparición de supuestos propietarios que reclaman terrenos ocupados por familias que llevan hasta 80 años en el lugar, y solicitaron al presidente Luis Abinader ordenar una investigación. 

 Los manifestantes pidieron además que el Tribunal de Tierra se apersone al sector. Advirtieron que más de diez mil familias y quinientas casas están siendo afectadas por la situación.

 “Aquí tenemos acto de compra, tenemos papel del ayuntamiento, tenemos todo al día. Aquí no somos invasores”, expresaron los residentes en la protesta. 

 Los habitantes señalaron que continuarán las movilizaciones si no reciben una respuesta concreta de las autoridades competentes. Los residentes insistieron en la existencia de documentos municipales y actos de compra que, aseguran, acreditan su posesión y descartan la condición de invasores.

Fideicomiso VBC-RD presenta a BHD avances del desarrollo de Ciudad Juan Bosch

Santo Domingo Este. Representantes del Fideicomiso VBC-RD y del Banco BHD sostuvieron una reunión en el Parque Temático de Energía y Minas de Ciudad Juan Bosch con el objetivo de evaluar nuevas alianzas de inversión orientadas a fortalecer el desarrollo integral y el bienestar de las familias residentes en la comunidad. 

 La actividad fue encabezada por Camel Curi Lora, director ejecutivo del Fideicomiso VBC-RD, quien presentó los avances alcanzados y destacó que “el proceso de transformación permitió reactivar un territorio con alto potencial, convirtiéndolo en una ciudad autosustentable, dinámica y en constante crecimiento”. 

 Desde el 2015, el Banco BHD ha sido un aliado importante del proyecto Ciudad Juan Bosch, participando en el financiamiento de RD$ 5,147 millones en 19 proyectos, para un total de 7,096 viviendas construidas. “Ciudad Juan Bosch no es solo un proyecto habitacional, es una ciudad completa, con infraestructura educativa, de salud, seguridad, espacios públicos y obras de ingeniería. Este encuentro con el BHD reafirma el interés del sector financiero en acompañar iniciativas de inversión con alto impacto social, que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias y el crecimiento ordenado y sostenible de República Dominicana”, afirmó Curi Lora. 

Parceleros de Mamá Tingó solicitan al IAD la entrega de títulos definitivos de sus tierras

Mamá Tingó, Monte Plata. -Decenas de parceleros de la Asociación de Agricultores Hato Viejo La Jaguita solicitaron al nuevo incumbente del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Darío Castillo Lugo, que agilice la entrega de los títulos definitivos de propiedad de las parcelas que ocupan en esa comunidad rural.

 Los productores, residentes en el distrito municipal de Mamá Tingó, explicaron que ya recibieron títulos provisionales durante la actual gestión gubernamental, encabezada por el presidente Luis Abinader, lo que les permitió acceder a financiamiento agrícola.

 Indicaron que, gracias a estos documentos temporales, el Banco Agrícola les otorgó préstamos a tasa cero, facilitando el desarrollo de sus actividades productivas. Sin embargo, afirmaron que el siguiente paso es obtener el título definitivo que les garantice plena seguridad jurídica sobre sus terrenos.

Ministerio de Justicia no intervendrá en decisiones judiciales, afirma Antoliano Peralta

El ministro de Justicia, Antoliano Peralta, aseguró que las relaciones que vinculan a esa institución con el sistema judicial no son de carácter jurisdiccional, es decir, no guardan relación con las decisiones ni con los procesos judiciales. 

 El funcionario explicó que ese vínculo se limita al orden administrativo, de propuestas y de formulación de políticas públicas para mejorar el sistema de justicia, lo cual —afirmó— siempre ha sido una atribución propia del Poder Ejecutivo. “Porque cuando el presidente propone un proyecto de ley para modificar un código, esa es una atribución que ejerce el Ejecutivo en aras de mejorar el sistema de justicia”, sostuvo.

 Reformas y Derechos: La misión del nuevo Ministerio de Justicia 

El también exconsultor jurídico del Poder Ejecutivo indicó que la reciente reforma constitucional fue una iniciativa del presidente de la República, ligada al fortalecimiento institucional del sistema judicial. “No introduciremos un meñique en lo que tiene que ver con el quehacer de la justicia. El Ministerio Público y el Poder Judicial, de acuerdo con el orden legal dominicano, mantienen su independencia, tal como está concebida”, precisó. 

Contraloría General emite normativa para registro de nuevos contratos de alquiler y arrendamiento de inmuebles por primera vez


Santo Domingo.- El contralor general de la República, Geraldo Espinosa Pérez, emitió la Resolución núm. IN-CGR-RES-2026-0002, que por primera vez establece controles preventivos para el registro de nuevos contratos de alquileres y arrendamientos, a los fines de asegurar que el inmueble cumpla con los metrajes, distribución, accesibilidad e instalaciones definidas en el pliego de condiciones, ficha técnica o el contrato, según corresponda. 

 Espinosa Pérez explicó que dicha disposición responde al Plan de Transformación de los Procesos Misionales de la Contraloría General, y como parte del establecimiento de controles preventivos para la ejecución y desembolsos de los recursos públicos, especialmente enmarcados dentro de la iniciativa de la supervisión material de obras, bienes y servicios. “La misma representa un paso trascendental en el fortalecimiento de la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, al garantizar que el Estado solo asuma compromisos financieros sobre inmuebles que cumplan efectivamente con las condiciones técnicas y contractuales establecidas”, puntualizó el contralor. 

 Sostuvo que la presente resolución, que entrará en vigencia a partir del primero de marzo de 2026, establece que todo proceso de contratación de alquileres y arrendamientos, deberá constar de manera obligatoria, y previo al proceso de registro de TRE contrato en esta Contraloría, con un Informe de Inspección y Evaluación Técnica de dicho inmueble por parte de un personal técnico de la Contraloría, a los fines de validar las especificaciones técnicas estipuladas en el proceso de contratación y acuerdo contractual resultante; así como la correspondencia de las mismas con las obligaciones financieras a ser contraídas. 

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