Operación Guepardo: Ministerio Público presentará 1,660 pruebas contra presunto fraude inmobiliario


El Ministerio Público presentará este viernes 16 de octubre ante el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana una acusación penal sustentada en más de 1,660 pruebas contra los imputados de integrar una estructura dedicada al fraude inmobiliario, la estafa electrónica y el lavado de activos, desmantelada mediante la Operación Guepardo. 

 De acuerdo con el expediente, la investigación documentó la afectación de más de 426 víctimas, entre dominicanos y extranjeros, mediante un esquema que promovía y comercializaba proyectos inmobiliarios que, según el órgano acusador, carecían de las condiciones legales, financieras y operativas necesarias para su ejecución. 

 Entre los acusados figuran Yves Alexandre Giroux, Rocío del Alba Rodríguez de Moya, Marisol Nova Nolasco, Astrid Rydelis Bello, Javier Gustavo Ulloa Bueno, Joana Paola Guerrero Milián, Samayra del Rosario Barreto y Cynthia Desirée Giroux Sarita. También están señaladas las sociedades comerciales Novasco Real Estate SRL, REMAX One, Rodeca Marketing Group SRL, RR Marketing Group EIRL y AGOTT 24 SRL, que, según el Ministerio Público, habrían sido utilizadas para canalizar los fondos obtenidos de manera ilícita. 

 La acusación atribuye a los imputados diferentes niveles de participación en el esquema, desde la organización y promoción de los proyectos hasta la administración de las empresas, la suscripción de contratos, el manejo contable de los recursos y la atención de las reclamaciones de los adquirientes. 

Alcalde niega margen de río tenga dueño


Santiago. El alcalde de Santiago de los Caballeros, Ulises Rodríguez, rechazó el reclamo de propiedad presentado por la Sociedad Inmobiliaria Avenida Duarte, S.A. sobre terrenos donde se desarrolla el proyecto de embellecimiento y saneamiento del improvisado barrio Nueva York Chiquito. 

 Dijo que los terrenos en disputa, ubicados en la avenida Circunvalación Sur, en la zona de Nibaje, al sur de esta ciudad, deben preservarse y permanecer a disposición de la ciudadanía.

 La empresa reclama la propiedad de más de 130 mil metros cuadrados en la zona, una controversia que ha derivado en una disputa legal y en la paralización parcial de los trabajos, según la información disponible sobre el caso. 

 Rodríguez sostuvo que el Ayuntamiento cuenta con documentos que respaldan la preservación de esos terrenos, entre ellos un decreto de 2007 que, según explicó, declaró de urgencia y de interés del Estado dominicano el área en cuestión.

FENTICOMMC exige a CONEP y ACOPROVI respeto a derechos de trabajadores de la construcción

La Federación Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción (FENTICOMMC) fijó posición en defensa del Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción (FOPETCONS), mediante comunicación formal dirigida al Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y a la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI), ante iniciativas que buscan desconocer derechos laborales y de protección social del sector. 

 La organización, que preside Pedro Julio Alcántara y representa a sindicatos afiliados a nivel nacional, expresó su profunda preocupación por propuestas que plantean la transformación, eliminación o desnaturalización del FOPETCONS, fondo que garantiza la pensión de miles de trabajadores de la construcción. 

 FENTICOMMC documentó que el 8 de julio de 2019 ACOPROVI planteó ante el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) transformar el FOPETCONS en una AFP o eliminarlo, y que el 30 de junio de 2026 reiteró su posición al poner su equipo técnico a disposición del CNSS para crear una nueva estructura que asumiera sus funciones, vinculada al artículo 61 de la Ley 30-26, artículo que posteriormente fue derogado por el Congreso. 

Ecologistas piden detener trabajos en arroyo de Santiago hasta verificar permisos ambientales

La Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI) solicitó al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Ayuntamiento de Santiago detener preventivamente los trabajos de intervención del arroyo Hoya del Caimito, en el sector El Embrujo, hasta verificar las autorizaciones ambientales y evaluar los posibles efectos de la obra sobre el cauce, la vegetación y la seguridad de las familias. 

 Henry Abreu Domínguez, presidente de la entidad, explicó que el cuestionamiento no es al saneamiento de la cañada, sino a la forma en que se ejecuta el proyecto, que contempla soterrar un tramo del arroyo para construir estacionamientos y un parque infantil. “No es que SOECI se opone a que se intervenga, sino es a la forma de intervenirlo. Porque no podemos intervenir un problema ambiental simplemente tapándolo”, expresó. 

 Abreu Domínguez indicó que, según una respuesta del Ministerio de Medio Ambiente a una solicitud de información, no existe un permiso ambiental registrado para el proyecto. Señaló que la organización depositará comunicaciones ante esa institución y el Ayuntamiento para procurar que se revise la situación antes de recurrir a instancias legales. 

 La posición de la SOECI se apoya, además, en un levantamiento técnico preliminar que abarcó unos 420 metros lineales del arroyo y una franja de bosque ribereño de aproximadamente 12,800 metros cuadrados. Según el documento, en el área se identificaron peces, aves, insectos y otros invertebrados, además de árboles, palmas y bambúes que sirven de alimento y refugio a la fauna. 

Parceleros de Yamasá exigen titulación y denuncian intentos de despojo de terrenos

Yamasá. – Más de 150 parceleros de la comunidad de Camarón, en el distrito municipal Los Botados, reclamaron la titulación de unas 1,000 tareas de tierra que cultivan y denunciaron presuntos intentos de despojo que amenazan el sustento de sus familias. 

 Bajo la consigna “Por nuestra protección, venga titulación”, los productores protestaron para solicitar la intervención del Gobierno y del Instituto Agrario Dominicano (IAD), ante la incertidumbre que aseguran enfrentar por la falta de títulos. Juan Villar, uno de los parceleros, afirmó que tienen más de 24 años trabajando esos terrenos, donde siembran diferentes rubros agrícolas. 

Pedro Muñoz, hijo de un productor, expresó: “Nosotros lo que queremos es trabajar”, mientras Juana Sánchez destacó las labores de cultivo que realizan en la comunidad. 

 Sentencias y denuncia de hostigamiento 

Los manifestantes sostuvieron que cuentan con dos sentencias a su favor, pero aseguraron que estas no han sido suficientes para poner fin al hostigamiento y a los presuntos intentos de despojo. 

No se precisaron los detalles de esas decisiones judiciales. En representación de los afectados, Cristóbal Contreras reclamó una respuesta del Gobierno y del IAD. 

Los parceleros reiteraron su determinación de defender las tierras y pidieron atender sus demandas de titulación para poder continuar sus labores agrícolas con seguridad.

Aplazan para el 28 de octubre caso por presunta estafa inmobiliaria en Santiago

El proceso judicial contra varios abogados y presuntos empresarios señalados por una supuesta estafa inmobiliaria resultó aplazado para el próximo 28 de octubre, a las 10:30 de la mañana. 

 El abogado Eriberto Peña, representante de una de las partes querellantes, explicó que la contraparte recibió un plazo de diez días para responder a un escrito depositado ante la Fiscalía.

 Peña indicó que el caso está relacionado con un embargo inmobiliario y la adjudicación de propiedades. Según su denuncia, se habría realizado mediante un procedimiento irregular.

 El jurista alegó que los hechos estarían vinculados con un supuesto grupo de abogados señalado por presuntamente despojar de sus inmuebles a varios ciudadanos. “Se le otorgó un plazo de diez días a la contraparte de los imputados, a los querellados, para que ellos escriban sobre un adendo que fue hecho y depositado en esta Fiscalía”, expresó Peña al referirse a la decisión. 

Asimismo, aseguró que el grupo señalado habría estado relacionado con otros conflictos por la ejecución de inmuebles. También mencionó el caso de la plaza Isabel Emilia. 

 El proceso continuará el 28 de octubre, fecha en la que las partes deberán dar seguimiento a las actuaciones correspondientes.

Pro Consumidor ordena cumplir contratos en Playa Nueva Romana tras reclamo de residentes


SANTO DOMINGO.– El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) ordenó a Promociones BP La Romana, S.R.L., y a Administración Comunidad General BPR (ACOGE) respetar y cumplir las obligaciones establecidas en los contratos y el Reglamento Protector del proyecto turístico Playa Nueva Romana Marina & Golf Residencial, tras acoger parcialmente una reclamación presentada por su junta de vecinos. 

 Mediante la resolución D. E. núm. 1739-26, fechada el 23 de septiembre de 2026 y firmada por su director ejecutivo, Eddy Alcántara, la institución reconoció faltas de ambas empresas por violaciones a distintas disposiciones de la Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario, núm. 358-05. 

 La decisión también dispone que los proveedores depositen el contrato de compraventa y el reglamento del proyecto para su revisión y posterior registro, en un plazo no mayor de 15 días hábiles a partir de la notificación. 

 Los reclamos de los propietarios La reclamación fue presentada el 30 de junio de 2026 por Juan Miguel Castillo Pantaleón, Pedro Pablo López Leonor, Ramón Artiles, Jacqueline Leroux, Daisy Liriano y Leonel Castellanos, en representación de la Junta de Vecinos Playa Nueva Romana. 

DGM intervendrá lugares de RD que contraten indocumentados


SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Migración (DGM) advirtió que intervendrá fincas, obras en construcción y empresas agropecuarias que contraten a trabajadores indocumentados. 

 El director general de este organismo, vicealmirante Luis Lee Ballester, dijo en un comunicado que con el apoyo de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad, las intervenciones estarán dirigidas a verificar la situación migratoria de los trabajadores. 

 Declaró que serán realizadas labores de inteligencia para ubicar centros de acopio y rutas de traslado, con el objetivo de organizar intervenciones más precisas y sostenidas. 

 El titular de Migración informó además que la institución ha formado 1.187 agentes de reacción rápida, a los que se sumarán 300 jóvenes que reciben capacitación especializada, lo que permitirá ampliar la cobertura en el Gran Santo Domingo y la región Este.

 Informó que en los últimos dos años más de 800.000 extranjeros indocumentados han sido deportados.

Defensa de imputado en Operación Guepardo advierte posible demanda contra el Estado

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– El abogado Robinson Reyes advirtió que el Estado dominicano podría enfrentar una demanda por daños y perjuicios por la acusación contra el canadiense Yves Alexandre Giroux, a quien el Ministerio Público vincula con una presunta red de estafa inmobiliaria desarticulada en 2025 mediante la Operación Guepardo. 

 “Lo acusa de lavado de activos. Lo acusa de enriquecimiento ilícito. Lo acusa de haberse apropiado de dineros depositados en la empresa Novasco SRL, cosas que nunca sucedieron”, expresó el jurista. 

 De acuerdo con un comunicado, Reyes sostuvo que su defendido ha sido señalado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito sin que, a su juicio, existan pruebas suficientes que lo vinculen con las irregularidades investigadas en la empresa Novasco Real Estate. 

 El abogado afirmó que Giroux, quien estuvo casado con Loany Lismeiry Ortiz Nova, identificada por las autoridades como presunta cabecilla de la red, se había separado de ella y desvinculado de la compañía varios meses antes de las actuaciones judiciales. 

Aunque reconoció que inicialmente tenía una participación del 50 % en la empresa, aseguró que no manejaba las finanzas, no administraba las cuentas ni autorizaba desembolsos. 

 Reyes indicó, además, que el Ministerio Público incluyó en el expediente bienes que, según afirmó, fueron adquiridos varios años antes del inicio de la investigación.

Tribunal califica de arbitraria actuación policial en Playa Encuentro y ordena liberar a dos detenidos

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Puerto Plata calificó de arbitraria una actuación policial realizada en Playa Encuentro y ordenó la libertad pura y simple de dos hombres detenidos durante el operativo. 

 La decisión está contenida en la resolución núm. 609-01-2026-SMED-00464, mediante la cual el tribunal rechazó la solicitud de medida de coerción contra Melvin Antonio Martínez Díaz y José Rodríguez, arrestados el pasado 1 de octubre mientras realizaban trabajos de cercado en un terreno previamente desalojado en esa zona. 

 El juez Romaldy Marcelino Henríquez consideró que la actuación de las autoridades fue “arbitraria” y que se produjo “un uso abusivo y desproporcional de la fuerza”, luego de establecer que el Ministerio Público no presentó documentación que acreditara mediante título quién ostenta el derecho de propiedad sobre el inmueble. 

 Tribunal cuestiona falta de acreditación de la propiedad 

De acuerdo con la narración incorporada a la resolución, agentes policiales que realizaban labores de patrullaje observaron a Martínez Díaz y Rodríguez mientras trabajaban en el cercado del terreno. 

Apelación al no ha lugar que favoreció a Gonzalo y a José Ramón Peralta será en noviembre

La Segunda Sala de la Corte Penal del Distrito Nacional fijó para el 16 de noviembre, en horas de la mañana, la primera audiencia del recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra el rechazo de su acusación de presunta corrupción a los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta. Castillo y Peralta fueron favorecidos con la resolución emitida el pasado 29 de mayo por la jueza del Cuarto Juzgado de Instrucción, Altagracia Ramírez. 

 La magistrada emitió su decisión tras conocer la fase preliminar de la acusación que también vincula al exministro de Hacienda, Donald Guerrero, y a otros exfuncionarios, a quienes sí se les dictó auto de apertura a juicio. Ramírez concluyó que el Ministerio Público no presentó "suficientes elementos de prueba" para sustentar las acusaciones que aseguraran la probabilidad de una condena contra el excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, y el exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta. 

 Las acusaciones contra los dos exministros 

A Gonzalo Castillo se le imputó obtener fondos de origen ilícito destinados presuntamente al financiamiento de su proyecto político de cara a las elecciones de 2020. 

Jamaica alerta sobre pérdida de playas y daños al turismo por cambio climático


Santiago de los Caballeros.- El ministro de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Exterior de Jamaica, Alando Nathaniel Terrelonge advirtió que el aumento del nivel del mar y los huracanes amenazan las playas, el turismo y los empleos de su país, y reclamó mayor compromiso internacional para enfrentar el cambio climático. 

 En declaraciones durante el encuentro de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el funcionario sostuvo que los pequeños Estados insulares en desarrollo enfrentan consecuencias severas, pese a contribuir poco a las emisiones de gases que provocan el calentamiento global.

 “Estamos perdiendo la arena de las playas porque el nivel del mar está aumentando”, expresó, al advertir que el fenómeno representa un riesgo para las vidas y la propia existencia de estos países. Terrelonge citó los daños causados por el huracán Melissa, que, según explicó, afectó a Jamaica el año pasado y dejó consecuencias que todavía repercuten en su economía

Señaló que algunos hoteles afectados aún no han completado su reconstrucción, lo que limita la actividad turística y reduce los ingresos y las oportunidades de trabajo para la población. 

Emidom aún evalúa tecnología y costos para explotar tierras raras en Pedernales


Miguel Díaz, vicepresidente de la empresa estatal, explicó a Acento que los 150 millones de toneladas anunciados por el Gobierno deben pasar por estudios de recursos, procesamiento metalúrgico y factibilidad antes de convertirse en reservas explotables. 

 Fiscal Minera Ávila, en Pedernales, bajo los lineamientos del Consejo de Administración de Emidom y según la norma internacional NI 43-101, que establece requisitos para presentar información técnica y científica sobre proyectos mineros. 

 Díaz afirmó que la “calidad del mineral está respaldada por más de 5,000 muestras analizadas en laboratorios internacionales”, y agregó que la empresa todavía investiga cómo procesar el material y validará la ruta metalúrgica seleccionada a escala piloto. 

 El vicepresidente de Emidom, Miguel Díaz, explicó que República Dominicana está desarrollando la capacidad para separar y procesar tierras raras, empezando por el conocimiento geológico y avanzando luego hacia las instalaciones necesarias. 

Abogado de víctimas del Jet Set afirma que el dolo eventual es aplicable al caso


El abogado querellante Jean Carlos Martínez afirmó que existen fundamentos jurídicos para aplicar la figura del dolo eventual en el proceso por el desplome del techo de la discoteca Jet Set, frente a los argumentos de la defensa de Antonio y Maribel Espaillat.

 Martínez destacó la intervención del exjuez de la Suprema Corte de Justicia Juan Hirohito Reyes, quien, según explicó, sostuvo durante los debates que la aplicación del dolo eventual es jurídicamente posible en este caso. 

El abogado recordó que la defensa había cuestionado esa interpretación planteada por los representantes de las víctimas. «En ese sentido, contrario a lo que ha establecido la defensa técnica de los imputados, el dolo se va a configurar en este proceso. El dolo eventual es lo que estamos aspirando», expresó Martínez al referirse a la pretensión de los querellantes. 

 El abogado manifestó que espera que el juez Franny González acoja la solicitud, al considerar que está sustentada en el Código Penal dominicano y en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. 

Por tercera vez y en menos de un año buscan modificar Ley de Residuos Sólidos

Santo Domingo.- Aunque ya ha sido modificada dos veces en menos de un año, un proyecto legislativo en la Cámara de Diputados busca tocar nueva vez la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos (Ley 225-20), la cual tuvo su último cambio el pasado mes de julio. 

 La pieza, propuesta por Gabriela María Abreu, diputada de La Vega por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), crea el Programa Nacional de Aprovechamiento y Valorización de Residuos Agrícolas Vegetales, promueve su reincorporación a los procesos productivos y reduce su disposición inadecuada. 

 La iniciativa también plantea que los ministerios de Medio Ambiente y Agricultura aprueben, dentro de los 12 meses siguientes a la entrada en vigor de las disposiciones establecidas en el artículo 125-quáter, un plan de implementación con un horizonte de cinco años, previa consulta a productores y gobiernos locales. Además, consigna el apoyo a diferentes modalidades de aprovechamiento de residuos y obliga a rendir cuentas cada año al Congreso Nacional. 

 El Programa Nacional de Aprovechamiento y Valorización de Residuos Agrícolas Vegetales creado en proyecto de ley estará integrado a los instrumentos nacionales de planificación de la gestión de residuos sólidos y facilitará la prevención, separación aprovechamiento y transformación segura de restos vegetales agrícolas no peligrosos, con atención a la conservación del suelo y al desarrollo productivo rural.

 El marco de ley establece una coordinación institucional para ejecutar el programa sin crear un nuevo organismo público con personalidad jurídica ni una plantilla permanente. Se entiende por residuos agrícolas vegetales los restos de cosecha, hojas, tallos, raíces, cáscaras y descartes vegetales provenientes del cultivo, cosecha, clasificación y acondicionamiento de productos agrícolas, cuya aptitud para aprovechamiento se determine conforme a la normativa aplicable. 

Contraloría dice ha investigado 77 proyectos de construcción para examinar manejo recursos Estado

Santo Domingo. Para supervisar la ejecución de los recursos públicos en las dependencias del Estado la Contraloría General de la República (CGR) informó que ha fiscalizado 77 proyectos de infraestructura en lo que va del año 2026 y tiene programadas otras 20 intervenciones técnicas para el último trimestre del año, con lo que proyecta superar las 100 obras fiscalizadas y sobrepasar la meta establecida en su plan anual de fiscalización. 

 El contralor general de la República, Geraldo Espinosa Pérez, explicó que estas fiscalizaciones forman parte de una visión de control que procura acompañar la ejecución de los recursos públicos y disponer de información técnica que permita advertir oportunamente cualquier situación que requiera atención.

 Dentro de estas intervenciones se encuentran la rehabilitación de la carretera Cruce Autopista Duarte-Presa de Tavera, Los Cocos-Baitoa, junto con la red de caminos vecinales y calles de Santo Domingo, así como la reconstrucción de la carretera Cañafistol-Sombrero-El Llano-Boca Canasta, en la provincia Peravia, y la construcción del camino de Las Palomas A, Las Palomas B y Los Castillos de Canabacoa, en Santiago. 

 También han sido objeto de fiscalización el saneamiento pluvial y sanitario de la cañada Arroyo Manzano, en Pantoja, Los Alcarrizos, y la segunda fase del saneamiento pluvial y sanitario de la cañada Los Girasoles, en el Distrito Nacional. En materia educativa y de salud, los equipos técnicos han inspeccionado la construcción del Centro Educativo Básico Manuel de Jesús Galván, en Los Alcarrizos; el Hospital General Doctor Nelson Astacio, en la Ciudad de la Salud; y el hospital traumatológico de San Cristóbal. 

El Estado deberá pagar RD$520 millones por terrenos expropiados en Samaná

El Tribunal Constitucional (TC) rechazó un recurso de revisión de Bienes Nacionales (BN) y dejó firme una condena que había obligado al Estado dominicano a pagar 520.49 millones de pesos a Hacienda Fondeur por unos terrenos expropiados en Samaná.

  El conflicto se originó en 2001, cuando el decreto 598-01 declaró de utilidad pública e interés social una porción de la parcela 3574, en Samaná, para el asentamiento de familias campesinas. La empresa alegó que los terrenos tenían uso forestal y de reforestación y advirtió sobre una posible confusión con otras parcelas. 

 En 2005, el Instituto Agrario Dominicano (IAD) informó que en parte del inmueble existía un asentamiento campesino que había sido oficializado. Años después, Hacienda Fondeur reclamó que se le pagara por los terrenos. 

El 13 de septiembre de 2024, la Dirección General del Catastro Nacional (DGCN) emitió el avalúo administrativo 167-24. La empresa obtuvo además una tasación privada. El 22 de noviembre de 2024, Hacienda Fondeur presentó una demanda de justiprecio contra el Estado, Bienes Nacionales y el IAD.

Instituciones solicitan detención de reubicación de proyecto Gas & Power en Parque Estero Balsa


Distintas instituciones ambientales acudieron a la Procuraduría General de la República (PGR) para depositar una querella en la que solicitan la paralización de la reubicación del proyecto Manzanillo Gaw & Power a las afueras del Parque Nacional de Manglares Estero Balsa de Manzanillo, provincia Montecristi. 

 De acuerdo con las entidades, la reubicación provocaría la destrucción de 575 mil metros cuadrados de zona de vegetación que existe en el área de amortiguamiento del lugar.

 La querella, que es de constitución en actor civil, también pide que el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paino Henríquez, sea procesado por ser “coautor, omisor y promotor” de la instalación en el área protegida de dos plantas privadas de generación eléctrica de 860 megavatios a base de gas natural licuado.

 “Los manglares de esa zona de Montecristi son los mejor conservados del Caribe, son una zona de humedales de importancia internacional y el Estado dominicano se comprometió a conservarlos”, explicó Euren Cuevas Medina, director ejecutivo del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (Insaproma).

DGII simplifica la cancelación de unidades en régimen de condominio


Un trámite que antes tomaba semanas de papeleo ahora se resuelve con un proceso digital que impacta directamente el patrimonio de miles de propietarios dominicanos.

 La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) habilitó un procedimiento específico para la cancelación de unidades funcionales constituidas bajo el régimen de condominio, un trámite que afecta directamente a propietarios de apartamentos, locales comerciales y oficinas registrados bajo este esquema legal en todo el país. 

 El régimen de condominio, regulado principalmente por la Ley 5038 sobre Condominios y administrado en coordinación con la Jurisdicción Inmobiliaria, permite que un inmueble se divida en unidades funcionales independientes con su propio registro.

 Cuando un propietario necesita fusionar, modificar o eliminar una de estas unidades, debe actualizar su situación ante la DGII para que el cambio se refleje correctamente en el sistema tributario. Esto tiene implicaciones directas sobre el Impuesto al Patrimonio Inmobiliario (IPI), la facturación electrónica y los registros del Número de Comprobante Fiscal asociados a cada unidad. 

Si un local comercial dentro de un condominio desaparece como unidad independiente, pero su registro ante la DGII permanece activo, el propietario puede enfrentar cobros o requerimientos fiscales sobre un inmueble que legalmente ya no existe en esa forma. 

ADECLA cumple 15 años impulsando un desarrollo ordenado y sostenible para La Altagracia


LA ALTAGRACIA, REPÚBLICA DOMINICANA.– La Asociación de Desarrolladores y Constructores de la Provincia La Altagracia (ADECLA) celebró sus 15 años de trayectoria reafirmando su compromiso con un crecimiento ordenado, sostenible y responsable en una de las provincias de mayor dinamismo turístico, inmobiliario y constructivo del país. 

 El presidente ejecutivo del gremio, Mario Betances, sostuvo que el desarrollo acelerado de La Altagracia debe ir acompañado de una planificación seria, una visión de largo plazo y una articulación efectiva entre el sector privado, las autoridades y las comunidades. 

 Más de 150 miembros activos

 Actualmente, ADECLA reúne a más de 150 miembros activos, entre desarrolladores, constructores y aliados vinculados al sector. La entidad se ha consolidado como una plataforma de representación, diálogo y búsqueda de soluciones ante los retos que plantea el crecimiento de la provincia.

 Betances destacó que Punta Cana y toda La Altagracia continúan creciendo, pero recordó que ese avance debe responder también a las necesidades actuales y futuras del territorio. “Hoy ADECLA es el gremio líder del sector construcción en la región, y seguimos trabajando de la mano de nuestras autoridades y aliados para que Punta Cana siga siendo sinónimo de crecimiento responsable”, afirmó. 

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