Abogado afirma que acusación del Jet Set contradice su propia calificación

Santo Domingo.- El abogado querellante Jean Carlos Martínez Segura planteó este viernes que, en el momento procesal correspondiente, el tribunal deberá considerar una variación de la calificación jurídica en el caso por el colapso de la discoteca Jet Set, al entender que los hechos podrían encajar en el tipo penal de homicidio voluntario.

 Durante su intervención en el juicio de fondo contra Antonio y Maribel Espaillat, Martínez Segura sostuvo que existe una contradicción entre afirmar que el hecho era previsible y no fue un accidente, pero mantener una calificación jurídica vinculada, según explicó, a los artículos 319 y 320. 

 Este hecho no fue un accidente”, recordó el abogado al citar lo expresado previamente por representantes del Ministerio Público. También señaló que el procurador adjunto Wilson Camacho sostuvo que el hecho era “claramente previsible”. 

Playas libres: inician acción legal ante tribunal contra prohibición acceso de ciudadanos a playa

Los hermanos José Alcántara y Francisco Alcántara, quiénes se encuentran representados por el abogado Máximo Miñoso Santoni, iniciaron formalmente acciones legales ante los tribunales del país por la restricción de acceso público a la playa en el municipio Boca Chica. 

 Con esta acción buscan garantizar el libre tránsito y defender el derecho constitucional de acceso a las playas de los ciudadanos. 

En la primera audiencia de este 28 de agosto, el juez solicitó de oficio la presencia de las autoridades del Ministerio de Turismo (Mitur), el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Mimarena) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Politur), que deberán comparecer ante el tribunal que conoce una acción constitucional de amparo interpuesta contra el complejo Santo Domingo Bay Convention Resort & Casino. 

 La demanda se originó tras denunciarse la existencia de un muro con garita y agentes de seguridad que obstaculiza e impide la entrada de los ciudadanos a dicha zona playera. 

Audiencia por terrenos de Friusa concluye; expediente quedará en estado de fallo tras plazo de 48 horas

HIGÜEY, LA ALTAGRACIA. — La audiencia relacionada con el proceso de recuperación de aproximadamente 14 mil metros cuadrados de terrenos de dominio público ubicados en Los Altos de Friusa, Bávaro fue celebrada este viernes ante el Tribunal de Tierras de Higüey. 

 Según informaciones recopiladas por BÁVARO DIGITAL, durante la audiencia las partes presentaron sus conclusiones al fondo, mientras el tribunal otorgó un plazo de 48 horas para depositar escritos ampliatorios de conclusiones. Una vez agotado ese período, el expediente quedará en estado de fallo, a la espera de la decisión judicial. 

 El proceso involucra a La Cooperativa Familiar de Vivienda y Servicios Múltiples del Este (COOPFVIESTE) vinculada a la ocupación del inmueble cuya recuperación como patrimonio público se encuentra actualmente en disputa judicial. 

 La iniciativa para la recuperación de estos terrenos ha sido encabezada por Uridy Marte, presidente de la Junta de Vocales del Distrito Municipal Verón–Punta Cana, quien ha sostenido públicamente que el objetivo del proceso es recuperar para el patrimonio público un inmueble que pertenece al dominio público. 

Golpe a construcciones ilegales: Medio Ambiente frena invasión en la franja del río Maimón

Dos edificaciones fueron construidas de forma ilegal dentro de la franja de protección del río Maimón, en el municipio de Juan Adrián, provincia Monseñor Nouel. 

 Tras confirmarse la continuidad de las obras no autorizadas mediante inspecciones técnicas, la Dirección de Fiscalización Ambiental y el Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA) ejecutaron una intervención en la zona.

 En el primer inmueble, el promotor contaba únicamente con un Certificado de Registro de Impacto Mínimo para limpieza y nivelación del terreno. El documento especificaba el respeto a la franja de 30 metros del río.

 Sin embargo, la inspección determinó que se erigió una estructura de dos niveles y que tres de sus seis vértices penetraban el espacio protegido. Las labores en dicha estructura registraban antecedentes de paralización por parte de las autoridades ambientales desde agosto de 2025. 

Pese a las notificaciones y a nuevas ordenes de detención emitidas en 2026, la obra continuó en ejecución hasta la intervención efectuada esta semana. 

Banco Central aclara sobre proceso judicial sobre terrenos del antiguo Aeropuerto de Herrera

El Banco Central advirtió este miércoles que las informaciones publicadas respecto de una sentencia que le impone el pago de US$5 millones al Consorcio Méndez Junior-Méndez Cabral, en relación con terrenos ubicados en el área del antiguo Aeropuerto de Herrera, reflejan una visión incompleta de la situación jurídica del caso. 

 La institución, en una nota, explicó que el proceso judicial al que se refieren algunos medios de comunicación ha tenido una extensa trayectoria procesal, incluyendo decisiones de distintos tribunales, entre ellos el Tribunal Superior de Tierras, así como recursos de casación ante la Suprema Corte de Justicia. 

 Expuso que la decisión tomada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional se encuentra sujeta a los recursos que establece el ordenamiento jurídico dominicano, incluyendo el conocimiento y decisión por parte de la Suprema Corte de Justicia.

 En cuanto al origen de la operación objeto del litigio, el Banco Central precisó que esta se produjo en el marco del pago de acreencias de contratistas del Estado dominicano para la ampliación de la Autopista Duarte, a través de la entonces Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones. 

Falta permisos para inversión millonaria en Pedernales

La intervención del Abogado del Estado y la Policía en terrenos vinculados al proyecto Bonbóga Pedernales ha reavivado el conflicto que mantiene paralizada parte de una iniciativa inmobiliaria valorada en US$ 300 millones, mientras permanecen pendientes permisos municipales para completar su desarrollo. 

 Documentos oficiales establecen que el 28 de noviembre de 2025, mediante el oficio 243-2025 de la Oficina de enlace entre la Policía Nacional y el Abogado del Estado, fue reiterada la solicitud de protección policial para expulsar a presuntos nuevos invasores. 

 Luego, el 6 de abril de 2026, esa autoridad habría vuelto a disponer protección policial para cercar las propiedades, en coordinación con el oficial de enlace correspondiente, que incluyó además una certificación del Instituto Agrario Dominicano (IAD), que indica que esa institución no posee derechos registrados sobre una de las parcelas y que no existe allí un asentamiento campesino formalizado. 

 Líderes comunitarios aseguran que el conflicto ocurre mientras el Ayuntamiento de Pedernales mantiene pendientes autorizaciones para dos de los cuatro lotes del proyecto. 

Senado aprueba en primera lectura el proyecto que regula el turismo náutico recreativo en el país

El Senado de la República aprobó este miércoles, en primera lectura, el proyecto de ley que regula el turismo náutico de recreo en el país. La pieza, propuesta por el senador de la provincia María Trinidad Sánchez, Alexis Victoria Yeb, busca establecer normas para regular las actividades náuticas recreativas. 

Durante su turno de ponencia, el legislador resaltó la importancia de la iniciativa. Como ejemplo, citó casos en los que personas han perdido la vida y mencionó el de Gabriela Cartagena, una joven estadounidense que falleció tras resultar gravemente herida al ser impactada por una lancha en Pedernales. 

 El legislador señaló que Bayahíbe, las islas Catalina y Saona y Boca Chica han sido escenario de accidentes con embarcaciones que, en algunos casos, han dejado personas fallecidas.

 Este miércoles, el proyecto fue liberado de lectura debido a que ya había sido conocido y aprobado por el Senado. Sin embargo, no concluyó su trámite en el Congreso en ese entonces y perimió. 

Tobías Crespo busca retomar proyecto para digitalizar alcaldías y distritos municipales

El diputado de Fuerza del Pueblo (FP) por la circunscripción número dos del Distrito Nacional, Tobías Crespo, planteó retomar un proyecto de ley que busca impulsar la digitalización de las alcaldías y distritos municipales mediante el uso de tecnologías como inteligencia artificial, computación en la nube, Internet de las cosas, automatización, Big Data y blockchain. 

 La iniciativa, denominada proyecto de ley sobre el fomento y despliegue de la Ciudadanía Digital, Identidad Digital y los Municipios Inteligentes (Smart Cities), propone incorporar herramientas digitales a los servicios, procesos y procedimientos administrativos de los gobiernos locales.

 En una rueda de prensa este miércoles en el pódium de la Cámara de Diputados, Crespo pidió al Gobierno y al Partido Revolucionario Moderno (PRM) aprovechar su mayoría en el Congreso Nacional para impulsar la aprobación de proyectos de su autoría que han perimido y que, según afirmó, contribuirían a la modernización del Estado y a mejorar los servicios municipales. 

 El legislador explicó que la propuesta contempla su aplicación en las alcaldías y distritos municipales de todo el país, en coordinación con el Gobierno y otras instituciones vinculadas a la gestión municipal.

Punta Bergantín tendrá un programa para medir su impacto económico y social en Puerto Plata

El desarrollo de Punta Bergantín contará con un programa permanente de investigación para medir su impacto económico, social y territorial en Villa Montellano, Puerto Plata y otras comunidades de la región norte. 

 La iniciativa forma parte de un acuerdo firmado por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), el Ministerio de Turismo (Mitur) y el Fideicomiso para el Desarrollo Económico y Social de la Zona de Punta Bergantín, que busca generar información sobre los efectos del nuevo polo turístico en las comunidades de su área de influencia. 

 El estudio dará seguimiento a indicadores como generación de empleos, ingresos, emprendimiento, inversión y calidad de vida. Para ello se creará una base de datos longitudinal que permitirá evaluar la evolución del proyecto mediante informes semestrales y un informe anual.  "Punta Bergantín está derramando mucho desde el punto de vista económico y pretende transformar y ser un catalizador, un detonante de desarrollo en la región completa", aseguró ayer el director general de Punta Bergantín, Andrés Marranzini. 

 El empresario destacó el aporte de los profesionales y estudiantes de la universidad para recoger evidencias de esa transformación e identificar nuevas oportunidades.

Agricultores de Los Saladillos reclaman tierras ocupadas por el Consorcio Azucarero

Las Salinas, Barahona.– Decenas de organizaciones sociales y asociaciones de agricultores de la comunidad Los Saladillos, en el municipio Las Salinas, reclamaron la devolución de miles de tareas de tierra que, según denuncian, están siendo ocupadas por el Consorcio Azucarero de Barahona. Protestas por tierras en Los Saladillos Durante una asamblea comunitaria, los agricultores acordaron mantener las acciones de protesta hasta obtener una respuesta sobre los terrenos que aseguran les pertenecen y que actualmente son utilizados por el consorcio para actividades agrícolas. 

 El dirigente comunitario y comunicador Domingo Feliz, presidente de Asociaciones Incorporadas de la Región Enriquillo y del grupo Raíces Cabraleñas, pidió al presidente Luis Abinader intervenir en el conflicto y buscar una solución al reclamo de los productores de Los Saladillos. 

 Feliz afirmó que los agricultores sostienen que sus terrenos fueron ocupados sin autorización y advirtió que las organizaciones comunitarias continuarán movilizándose hasta que se produzca una respuesta de las autoridades. 

Proyecto de ley que impediría a extranjeros comprar propiedades en la frontera dominicana

Un proyecto de ley busca vetar que ciudadanos extranjeros, ya sea personas físicas o empresas, puedan adquirir terrenos o inmuebles dentro de lo que se llamaría la «zona de seguridad fronteriza».  La iniciativa también alcanzaría a las empresas dominicanas con socios extranjeros: si un socio criollo quisiera vender o ceder sus acciones, no podría traspasarlas a manos foráneas. 

Poder legislativo 

 La propuesta, conocida como el Régimen Jurídico de la Propiedad de las Tierras Fronterizas, fue presentada el 18 de agosto de 2022 por el senador Yván Lorenzo, representante de Elías Piña por el PLD. El proyecto ya había sido sometido antes y perdió vigencia en la legislatura anterior sin ser aprobado.

 Qué dice exactamente el texto

 Según el artículo 39 del proyecto, los inmuebles privados dentro de la zona fronteriza solo podrían transferirse —ya sea vendidos o donados— a personas dominicanas, siempre que el título de propiedad esté debidamente registrado.

Senado aprueba en primera lectura ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa

El Senado de la República aprobó este miércoles en primera lectura el proyecto de ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el cual busca garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración Pública. 

 La pieza fue propuesta por presidente del Senado, Ricardo de los Santos Polanco, y tiene como objeto asegurar la conformidad con el ordenamiento jurídico del Estado de toda conducta, acto, actuación u omisión de la Administración Pública; y regular la organización y el funcionamiento de los órganos judiciales competentes en el ámbito de lo contencioso administrativo, así como el proceso contencioso administrativo consagrado en la Constitución dominicana. 

 El proyecto busca que las sentencias contra el Estado no queden el vacío, por lo que plantea una serie consecuencias para el funcionario titular de una entidad administrativa que incurra en desacato de una sentencia. 

 El artículo 84 considera como desacato todas las omisiones o actuaciones realizadas en contravención a lo dispuesto en una sentencia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, así como los actos que se dicten o ejecuten con la finalidad de eludir el cumplimiento de lo dispuesto por el órgano jurisdiccional. Establece que la autoridad pública, órgano de la Administración Pública y el funcionario titular del mismo, que incurran en desacato, serán sancionados con el pago de una multa que va de 10 a 400 salarios mínimos del sector público. Además, el funcionario titular del órgano podrá ser sancionado a cumplir una pena privativa de libertad de seis meses a dos años de prisión. 

El gobierno formaliza la titulación de dos parques nacionales

El presidente Luis Abinader encabezó este jueves la entrega de seis títulos pertenecientes a dos parques nacionales, cuya titularidad no permanecía a nombre del Estado, sino de particulares. 

 La iniciativa que busca proteger el patrimonio natural dominicano dio inicio con el reconocimiento formal del Parque Nacional de Loma Novillero, ubicada en el municipio Villa Altagracia, provincia San Cristóbal, y el Parque Nacional Montaña La Humeadora como propiedad del Estado, asignándole de esta manera seguridad jurídica. 

 “Hasta la fecha, todos los parques nacionales de la República Dominicana, con honrosas excepciones, no se encuentran en su titularidad a nombre del Estado dominicano; aún peor, su titularidad está en manos de terceros”, comentó el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza. 

 Destacó el funcionario que Montaña La Humeadora funciona como una gran productora natural de agua, por lo que su protección garantiza la agricultura, el abastecimiento de agua potable para las comunidades, la conservación de los ecosistemas y la fortaleza del país ante el cambio climático. 

 Resaltó, además, que en esa zona de la Cordillera Central nacen más de 16 ríos y 71 arroyos. Por su parte, el Jefe de Estado señaló que cerca de 42 mil títulos han sido identificados en toda la geografía nacional propios del Estado y solo la reserva natural Bahía de las Águilas contaba con titulación, alcanzada por medio de una sentencia judicial. 

El TC pone límites a gobiernos locales para imponer multas de tránsito y arbitrios

Los ayuntamientos no pueden convertir su facultad para ordenar el tránsito y administrar los espacios públicos en una potestad para imponer multas, retener vehículos y exigir pagos para devolverlos, ni crear arbitrios sin contar con la competencia legal para hacerlo, estableció el Tribunal Constitucional (TC) en dos recientes sentencias. 

 En una decisión que puede tener especial interés para los conductores, el TC determinó que el Ayuntamiento de Moca no podía inmovilizar, remolcar y retener un vehículo por una infracción de estacionamiento y condicionar su devolución al pago de 3,000 pesos, porque esa actuación constituía una consecuencia materialmente sancionadora que el gobierno local no estaba habilitado legalmente para imponer en esos términos. 

 La decisión está contenida en la Sentencia TC/0785/26, aprobada el 12 de junio de 2026, en un proceso iniciado por Juan Carlos Mejía Vásquez contra el Ayuntamiento de Moca. 

 El conflicto se originó cuando personal municipal inmovilizó con un candado, remolcó y retuvo un Honda Pilot, y exigió al propietario el pago de 3,000 pesos para liberarlo. La actuación estaba sustentada en la Ordenanza 01-2025, que establecía tasas de 3,000 a 4,000 pesos por traslado de vehículos, 500 pesos por cada día de retención y 3,000 pesos por inmovilización mediante candado. 

Familia Mañón denuncia al Ministerio de Turismo por mantener terrenos ocupados pese a sentencia del TSA

La familia Mañón denunció que el Ministerio de Turismo se niega a entregar unos 41,000 metros cuadrados de terrenos que, según afirma, mantiene retenidos ilegalmente desde hace varios meses, en contraposición con lo dispuesto por una decisión judicial. 

 De acuerdo a los denunciantes, las autoridades de Turismo estarían incumpliendo lo ordenado en la sentencia núm. 0030-1643-2026, por lo que reclama que se haga efectiva la decisión de los tribunales y se restituyan los derechos que corresponden a sus propietarios. 

 Explicaron que se trata de terrenos titulados y de elevado valor económico, con un importante potencial para inversiones turísticas, razón por la cual consideran preocupante que su entrega continúe pendiente. Asimismo, denunciaron la existencia de intereses vinculados a la zona que, según su apreciación, estarían procurando beneficiarse de esos terrenos, situación que calificaron de preocupante y que, a su entender, debe ser investigada por las autoridades competentes. 

Jacinto Mañón recordó que, en un Estado de derecho, las instituciones públicas están obligadas a respetar las decisiones emanadas de los tribunales, conforme al principio de tutela judicial efectiva y al carácter vinculante de las decisiones judiciales.

Tribunal ordena fusión de expedientes en proceso penal por corrupción seguido contra Donald Guerrero y compartes

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Acogiendo la solicitud del Ministerio Público, el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ordenó la fusión de expedientes en el proceso penal por corrupción administrativa que se sigue contra Donald Guerrero y compartes. 

 En su decisión el tribunal ordena la fusión del expediente presentado contra el exsenador Rafael Calderón y Natividad Martínez Capellán con el documento matriz de la acusación presentada contra Donald Guerrero y compartes para conocerlo en un solo proceso. 

 El Ministerio Público estuvo encabezado por el director general de Persecución, Wilson Camacho; la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, así como por los fiscales Miguel Collado, Rosa Ysabel, Miguel Crucey, Rosa Alba García, Jhensy Víctor y Melbin Romero.

 Durante la primera audiencia para conocer el fondo, que estaba programada para conocerse este miércoles, las juezas Arlin Ventura Jiménez (presidenta), Leticia Martínez y Evelyn Rodríguez, rechazaron la solicitud de reposición de plazos presentada por las barras de la defensa y fijaron la continuación del juicio para el próximo 2 de septiembre del año 2026, a las 9:00 de la mañana. 

El Estado pagará RD$2,693 millones por terrenos tras negligencia de abogados de Bienes Nacionales

El Estado dominicano deberá pagar 2,693.9 millones de pesos por 117,937.80 metros cuadrados de terrenos en el área de la avenida José Contreras, en el Distrito Nacional, luego de que una inactividad procesal de los abogados de la Dirección General de Bienes Nacionales (DGBN) provocara la perención del recurso de casación con el que buscaban impugnar la condena.

 El Tribunal Constitucional (TC) confirmó la decisión de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que declaró extinguido ese recurso. Los terrenos fueron declarados de utilidad pública en 1988 para facilitar la ampliación de la avenida José Contreras y los trabajos de embellecimiento de los farallones del Parque Mirador del Sur, así como para construir viviendas de interés social para las personas desplazadas por esas obras. 

Actualmente, en esa zona se encuentra el residencial José Contreras, levantado sobre parte del área que fue objeto del proceso de expropiación. Los sucesores de los antiguos propietarios reclamaron en 2018 el pago del justo precio por los terrenos, proceso que terminó con una sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que fijó el monto en 2,693,994,196.50 pesos. 

El Estado, sin embargo, sostuvo que esa suma estaba muy por encima de lo que realmente adeudaba. Bienes Nacionales alegó que en el año 2000 el Poder Ejecutivo había autorizado la adquisición de 117,935.69 metros cuadrados por 35,380,707 pesos, a razón de 300 pesos por metro cuadrado. Posteriormente, según la institución, se formalizó un acto de venta en el que se consignó un pago de 36 millones de pesos como compensación por los terrenos y se otorgó un recibo de descargo a favor del Estado. Bienes Nacionales sostuvo que, después de esos pagos, el balance pendiente era de 30,576,279.20 pesos, que actualizado mediante el índice de variación de precios certificado por el Banco Central ascendería a 120,244,275.58 pesos.

Tribunal cancela la concesión minera a Falcondo por incumplimientos

El Tribunal Superior Administrativo (TSA) puso fin a casi siete décadas de concesión minera de Falconbridge Dominicana (Falcondo), al determinar que la empresa incumplió obligaciones esenciales mientras la explotación de los yacimientos de Quisqueya I permanecía paralizada desde noviembre de 2023. 

 La Segunda Sala del TSA acogió la acción presentada por el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), en representación del Estado dominicano, y ordenó la terminación de los contratos de concesión suscritos hace casi 70 años, en 1956 y 1969, correspondientes a Quisqueya I, una extensión de 22,392 hectáreas entre La Vega y Monseñor Nouel. 

 La sentencia núm. 0030-03-2026-SSEN-00332, emitida el 12 de agosto de 2026, consideró acreditados incumplimientos relacionados con la explotación de los recursos mineros, obligaciones económicas y laborales y la entrega de información técnica requerida por la legislación. Según una nota de prensa, uno de los elementos determinantes fue que las operaciones productivas de Quisqueya estaban detenidas desde el 17 de noviembre de 2023, conforme a una certificación de la Dirección General de Minería. A esto se sumó que Falcondo no había entregado los informes semestrales de progreso correspondientes a 2023, 2024 y 2025, ni los informes anuales de operaciones de 2023 y 2024.  Para el tribunal, esas faltas comprometían obligaciones directamente vinculadas con el propósito de la concesión: explotar efectivamente los recursos otorgados por el Estado y mantener informadas a las autoridades sobre el desarrollo de las operaciones. 

La sentencia que favoreció a Vidal Plast, la empresa acusada de provocar explosión mortal en San Cristóbal

A casi tres años de iniciado el juicio de fondo por la trágica explosión que costó la vida a más de 30 personas y dejó decenas de heridos en San Cristóbal, el tribunal de esta jurisdicción dictó ayer sentencia absolutoria a favor de la empresa Vidal Plast y sus ejecutivos. 

 En el dispositivo de su sentencia, leída ayer, la jueza Wilma Cuello descargó de toda responsabilidad penal y civil a los miembros de la familia Vidal, a quien el Ministerio Público acusó de “homicidio involuntario”. 

 La lectura íntegra de la sentencia será leìda el 9 de septiembre próximo, según infotmó Teobaldo Guzmán, abogado de la empresa. De su lado, el doctor Faxas explicó que las cinco partes querellantes originales que èl representa legalmente habían desistieron de la acción civil durante el juicio, por considerar que las pruebas presentadas por el Ministerio Público era supuestamente “inconsistentes” y no demostraban la responsabilidad de los acusados. 

 Informò que hora, las víctimas han dirigido sus acciones legales hacia instituciones del Estado, ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), por responsabilidad patrimonial. 

Tribunal ordena al alcalde de SDE entregar documentación de City Center a Informe TV

DIARIO ECO/SANTO DOMINGO ESTE, RD.- El Tribunal Superior Administrativo (TSA) ordenó al alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio, entregar de manera inmediata al grupo de medios Informe TV documentación pública relacionada con el proyecto inmobiliario City Center, tras acoger una acción interpuesta por el medio y su propietario, Mauricio Carpio. 

 La decisión está contenida en la sentencia núm. 0030-03-2026-SSEN-00272, de fecha 16 de julio de 2026, mediante la cual el tribunal dispuso la entrega de documentos relacionados con el pago de los árbitros, los permisos de construcción del proyecto y el proceso de aprobación de City Center ante el Concejo de Regidores.

 De acuerdo con lo planteado por los demandantes, el proceso de aprobación ante el Concejo de Regidores “nunca fue realizado”. La documentación solicitada busca esclarecer los procedimientos administrativos y el manejo de recursos públicos vinculados al proyecto, según informó Informe TV tras conocerse la decisión judicial. 

 El medio consideró que el fallo reafirma el derecho ciudadano de acceso a la información pública y el deber de transparencia de las autoridades municipales. 

Asimismo, sostuvo que el alcalde Dio Astacio debe rendir cuentas sobre los procedimientos cuestionados en la demanda y llamó a que las explicaciones oficiales trasciendan las publicaciones en redes sociales.

Fuente: https://diarioeco.com.do/tribunal-ordena-al-alcalde-de-sde-entregar-documentacion-de-city-center-a-informe-tv/