Parceleros piden declarar en emergencia ambiental terrenos del IAD en La Romana

La Romana. – Organizaciones de parceleros solicitaron al presidente Luis Abinader declarar en estado de emergencia ambiental varios proyectos agrícolas del Instituto Agrario Dominicano (IAD) en La Romana, debido a denuncias de tala de árboles, producción clandestina de carbón, ocupación de terrenos y presuntas irregularidades en la comercialización de parcelas.

 Denuncias en proyectos del IAD El reclamo fue presentado por la Asociación Frente Agropecuario, Revolucionario y Comunitario Mi Propio Esfuerzo (Farcompe), la Asociación de Parceleros María Trinidad Sánchez y el Proyecto Agrícola Agropecuario y Porcino (Proaagropor-Cumayasa), que señalaron particularmente los proyectos 406, 476 y 520, ubicados en zonas de Cumayasa, Villa Hermosa, El Gato y La Noria. 

 Los representantes de las organizaciones, Mario Díaz, Ángela María Acosta y Eusebio Rijo, pidieron una intervención del Gobierno para determinar la situación legal de las tierras y frenar, según denunciaron, las actividades que afectan los terrenos destinados a la producción agropecuaria. 

 Mario Díaz afirmó que las organizaciones han intimado, en cuatro ocasiones, mediante actos de alguacil, al IAD y al Ministerio de Agricultura para que realicen un saneamiento integral de los proyectos. 

 Explicó que la revisión debe incluir los expedientes de los parceleros, la ocupación física de los terrenos y la documentación utilizada para acreditar derechos sobre las parcelas. «Queremos que se investigue todo y que, si una documentación es legítima, se respete; si existen documentos falsos, duplicados o utilizados fraudulentamente para negociar terrenos del Estado, que se determine quiénes son los responsables”, sostuvo Díaz.

 Los denunciantes también pidieron investigar versiones sobre personas que estarían ofreciendo terrenos de la Reforma Agraria a dominicanos y extranjeros mediante títulos u otros documentos, cuya autenticidad y validez, señalaron, deben ser establecidas por las autoridades. 

 Las organizaciones aclararon que su denuncia no está dirigida contra una nacionalidad específica, sino contra cualquier persona que eventualmente ocupe, comercialice o explote terrenos estatales sin derechos reconocidos legalmente. 

 Reclamos de saneamiento y vigilancia

 Los parceleros reconocieron que representantes del Ministerio de Medio Ambiente y del Servicio Nacional de Protección Ambiental (Sempa) han acudido a algunas de las zonas señaladas tras recibir sus denuncias. Sin embargo, consideran insuficiente la capacidad operativa para mantener una vigilancia permanente en el área.

 Según los denunciantes, se requiere más personal, vehículos y recursos para enfrentar las actividades que atribuyen a personas que ocupan o explotan los terrenos. Como parte de su propuesta, indicaron que están dispuestos a facilitar un local de concreto para instalar un destacamento y mantener una dotación de seguridad en la zona. 

 Díaz sostuvo que los terrenos de la Reforma Agraria están siendo afectados por la tala de árboles y la fabricación de carbón, actividades que, según afirmó, ponen en riesgo áreas destinadas a la producción agrícola.

 El sueño de los gobiernos que impulsaron la Reforma Agraria no puede terminar convertido en carbón. Esas tierras fueron destinadas a producir alimentos, generar empleos y garantizar un futuro digno a los agricultores”, manifestó. 

 Los parceleros también solicitaron que las autoridades determinen si en la zona se han producido transferencias o ventas irregulares de terrenos y que, de comprobarse violaciones a la ley, se establezcan las responsabilidades correspondientes. Las organizaciones plantearon una intervención conjunta del IAD, los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente, el SEMPA, el Ministerio Público y los organismos de seguridad. 

 Entre las medidas solicitadas figuran un levantamiento físico y georreferenciado de las parcelas, la revisión de los expedientes de los ocupantes, la investigación de las denuncias sobre ventas y transferencias, así como la identificación de las áreas afectadas por tala y producción de carbón. 

 También pidieron recuperar los terrenos que sean ocupados ilegalmente, siempre mediante los procedimientos establecidos por la ley, y garantizar los derechos de los parceleros que puedan demostrar su condición de beneficiarios.

 Los representantes de las organizaciones dijeron que continuarán documentando las situaciones denunciadas y reclamando una respuesta de las instituciones responsables de la administración, protección y regularización de esos terrenos.

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