El Tribunal Constitucional (TC) ordenó mediante sentencia a la Procuraduría General de la República (PGR) el pago de RD$6,162,800.00 a favor del señor Simón Bolívar Jiménez Rijo, por concepto de indemnización por expropiación estatal irregular efectuada por vía de hecho administrativa, para la construcción del Centro Correccional y Rehabilitación de La Romana.
Asimismo, ordenó ordenó consignar dicha suma de dinero en el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado correspondiente al año 2024.
La alta corte acogió un recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por Jiménez Rijo contra sentencia Tribunal de Tierras de San Pedro de Macorís el veintinueve La litis con la PGR se originó con la declaración de utilidad pública que hizo el Estado con Decreto 589-10 del 23 de octubre 2010.
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