El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ordenó la realización de un nuevo peritaje técnico en relación con el caso de la discoteca Jet Set, siniestro que dejó un saldo de 236 muertos y más de 80 heridos.
El magistrado Raymundo Mejía, mediante el auto núm. 057-2026, tomó la decisión al acoger un pedimento presentado por la defensa de Antonio y Maribel Espaillat, contra quienes se conocerá el juicio preliminar este lunes.
Los abogados Miguel Valerio, Ramón Emilio Núñez y Carlos Alberto Polanco Rodríguez habían solicitado estas diligencias, alegando una falta de respuesta oportuna por parte del Ministerio Público durante la etapa preparatoria.
El tribunal acogió parcialmente la solicitud fundamentando su decisión en la necesidad de garantizar el derecho a la defensa material y la igualdad entre las partes.
Las disposiciones principales incluyen evaluaciones técnicas detalladas para las cuales se designó a los ingenieros José Lockhart, Gabriel Carrera, Michael Gerard Murphy y Alfonso Ibarreta.
El estudio abarcará análisis del concreto, evaluación de la carbonatación y petrografía, análisis de materiales: Pruebas químicas y de corrosión del acero de refuerzo.
Investigaciones geotécnicas para detectar posibles cuevas o fallas en las fundaciones.
Aunque la defensa solicitó originalmente un plazo de 21 semanas, el juez lo estimó como "muy prolongado" y otorgó 30 días hábiles para la entrega de los resultados.
Extracción de datos móviles
Se ordenó, además, que la División de Móviles del Departamento de Informática Forense, del Inacif, realice la extracción completa de la información de un teléfono celular Galaxy A12 perteneciente a la señora Carmen Burgos.
El tribunal acreditó al señor Nicolás Sáenz como consultor técnico para supervisar y garantizar la integridad de dichas evaluaciones.
Solicitudes inadmisibles
El magistrado declaró inadmisible la solicitud de extracción de videos de cámaras de seguridad (DVR) presentada por la defensa. Esta decisión se basó en que el Ministerio Público ya depositó un informe técnico fechado el 17 de marzo de 2026, certificando que dichas imágenes ya fueron procesadas, por lo que la petición carecía de objeto.
El tribunal estableció que la ejecución del peritaje y los costos asociados quedarán a cargo de la parte solicitante, conforme a lo establecido en el Código Procesal Penal. El auto, emitido el 25 de marzo de 2026, ya ha sido notificado a las partes para iniciar el plazo legal de las diligencias.
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