Playas libres: inician acción legal ante tribunal contra prohibición acceso de ciudadanos a playa

Los hermanos José Alcántara y Francisco Alcántara, quiénes se encuentran representados por el abogado Máximo Miñoso Santoni, iniciaron formalmente acciones legales ante los tribunales del país por la restricción de acceso público a la playa en el municipio Boca Chica. 

 Con esta acción buscan garantizar el libre tránsito y defender el derecho constitucional de acceso a las playas de los ciudadanos. 

En la primera audiencia de este 28 de agosto, el juez solicitó de oficio la presencia de las autoridades del Ministerio de Turismo (Mitur), el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Mimarena) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Politur), que deberán comparecer ante el tribunal que conoce una acción constitucional de amparo interpuesta contra el complejo Santo Domingo Bay Convention Resort & Casino. 

 La demanda se originó tras denunciarse la existencia de un muro con garita y agentes de seguridad que obstaculiza e impide la entrada de los ciudadanos a dicha zona playera. 

La comparecencia de las instituciones estatales está prevista para la próxima audiencia, fijada para el 10 de septiembre, en la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo. 

 La decisión fue tomada luego de que el tribunal aplazara el conocimiento del proceso y solicitara formalmente la presencia de las entidades gubernamentales vinculadas a la regulación, protección y vigilancia de los espacios costeros. 

 El abogado Miñoso Santoni enfatizó que esta acción judicial busca salvaguardar un derecho constitucional por protección efectiva del libre tránsito, recordando que las playas son bienes de dominio público y ningún interés privado puede conculcar el disfrute colectivo. 

 Dentro de las peticiones hechas al juez está el descenso judicial a la zona, que realice una inspección directa para verificar existencia de obstáculos, infraestructura y agentes de seguridad que impiden el paso. Además, solicitaron una sanción económica de un astreinte de una suma RD$ 100 mil pesos diarios por cada día que transcurra sin restituirse el paso público, mientras se mantenga las prohibiciones de acceso.

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