Abogado Ángel Lockward y otros acusados por corrupción solicitan extinción penal

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado Ángel Lockward y otros acusados de formar parte del supuesto entramado de corrupción encabezado por el exministro de Hacienda Donald Guerrero, mediante el cual presuntamente se estafó al Estado con más de 19,000 millones de pesos, solicitaron este miércoles la extinción de la acción penal por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso. 

 La solicitud fue presentada ante el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, durante una audiencia en la que algunos procesados plantearon que el plazo máximo de cuatro años establecido para la duración del proceso penal ya habría vencido.

 El abogado Nolberto Rondón, defensa de Lockward junto a Carlos Manuel Escalante, argumentó que el cómputo del tiempo debe incluir actuaciones como la inmovilización de fondos, al considerar que desde ese momento el Estado ejerce de manera concreta su poder punitivo sobre la persona investigada. 

 Según sostuvo, el artículo 150 del Código Procesal Penal establece una garantía vinculada con el derecho constitucional a ser juzgado dentro de un plazo razonable y que, cuando las autoridades bloquean fondos, impiden pagos o restringen la disposición de recursos en el marco de una investigación penal, el ciudadano queda materialmente sometido al proceso.

 Afirmó que, en el caso de Ángel Lockward, existieron actuaciones del Ministerio Público dirigidas a inmovilizar y oponerse al pago de fondos desde febrero de 2022. Indicó que, aun tomando como punto de partida una actuación posterior, el plazo máximo de cuatro años habría vencido el 16 de febrero de 2026.

 El abogado también citó una decisión del Tribunal Constitucional que, según explicó, examinó actuaciones relacionadas con la oposición de pagos y su posible afectación a derechos fundamentales. 

Aseguró que dichas medidas no pueden ser consideradas irrelevantes para determinar el inicio del plazo de duración del proceso. 

 El tribunal está integrado por las magistradas Arlín Ventura Jiménez, presidenta; Leticia Martínez y Evelyn Rodríguez, quienes permitieron a los acusados presentar sus argumentos sobre la solicitud de extinción de la acción penal. 

 En este proceso, el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ordenó la apertura a juicio contra 35 de los 40 imputados incluidos inicialmente en el expediente. El Ministerio Público estuvo representado en la audiencia por el director general de Persecución, Wilson Camacho, y la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz. Además de Donald Guerrero y Ángel Lockward, entre los acusados que deberán responder ante el tribunal figuran el excontralor Daniel Omar de Jesús Camacho Santandreu; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirillo McCabe; el director de Catastro, Claudio Silver Peña, y el exdirector de Casinos, Julián Omar Fernández Figueroa. 

 También fueron enviados a juicio Princesa Alexandra García Medina, Yahaira Brito Evangelista, Edwin Oscar Brito, Mabel Mejía, Nathaly Hernández Guzmán, Kimberly Zayas Martínez, Marino Cabrera, Agustín Mejía Ávila, César Santana, Omar Miqui Arias, Alejandro Constanzo Sosa y Juan Tomás Polanco Céspedes. 

 Según la acusación del Ministerio Público, los imputados presuntamente integraban una estructura que habría desviado miles de millones de pesos mediante pagos irregulares relacionados con expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y el supuesto pago de sobornos destinados a financiar la campaña electoral de 2020.

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