El Ministerio Público presentará este viernes 16 de octubre ante el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana una acusación penal sustentada en más de 1,660 pruebas contra los imputados de integrar una estructura dedicada al fraude inmobiliario, la estafa electrónica y el lavado de activos, desmantelada mediante la Operación Guepardo.
De acuerdo con el expediente, la investigación documentó la afectación de más de 426 víctimas, entre dominicanos y extranjeros, mediante un esquema que promovía y comercializaba proyectos inmobiliarios que, según el órgano acusador, carecían de las condiciones legales, financieras y operativas necesarias para su ejecución.
Entre los acusados figuran Yves Alexandre Giroux, Rocío del Alba Rodríguez de Moya, Marisol Nova Nolasco, Astrid Rydelis Bello, Javier Gustavo Ulloa Bueno, Joana Paola Guerrero Milián, Samayra del Rosario Barreto y Cynthia Desirée Giroux Sarita.
También están señaladas las sociedades comerciales Novasco Real Estate SRL, REMAX One, Rodeca Marketing Group SRL, RR Marketing Group EIRL y AGOTT 24 SRL, que, según el Ministerio Público, habrían sido utilizadas para canalizar los fondos obtenidos de manera ilícita.
La acusación atribuye a los imputados diferentes niveles de participación en el esquema, desde la organización y promoción de los proyectos hasta la administración de las empresas, la suscripción de contratos, el manejo contable de los recursos y la atención de las reclamaciones de los adquirientes.
Según la investigación, las operaciones tenían como propósito captar dinero de las víctimas mediante ofertas inmobiliarias fraudulentas, obtener beneficios económicos y ejecutar transacciones para ocultar, administrar y disfrutar los recursos.
Imputadas detenidas en Colombia
El Ministerio Público informó que Loany Lismeiry Ortiz Nova y Keylis Belfon Arismendi se encuentran detenidas en Colombia, país al que, según el órgano acusador, huyeron para evadir su responsabilidad penal.
Las autoridades dominicanas están a la espera de una respuesta oficial de Colombia sobre la solicitud de extradición de ambas imputadas.
La investigación fue coordinada por los fiscales Claudio Cordero, de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y Mayerling Rondón, de la Fiscalía de La Romana, bajo la responsabilidad institucional de sus titulares, la procuradora de corte Ramona Nova y la procuradora fiscal Reina Rodríguez.
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