Tribunal califica de arbitraria actuación policial en Playa Encuentro y ordena liberar a dos detenidos

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Puerto Plata calificó de arbitraria una actuación policial realizada en Playa Encuentro y ordenó la libertad pura y simple de dos hombres detenidos durante el operativo. 

 La decisión está contenida en la resolución núm. 609-01-2026-SMED-00464, mediante la cual el tribunal rechazó la solicitud de medida de coerción contra Melvin Antonio Martínez Díaz y José Rodríguez, arrestados el pasado 1 de octubre mientras realizaban trabajos de cercado en un terreno previamente desalojado en esa zona. 

 El juez Romaldy Marcelino Henríquez consideró que la actuación de las autoridades fue “arbitraria” y que se produjo “un uso abusivo y desproporcional de la fuerza”, luego de establecer que el Ministerio Público no presentó documentación que acreditara mediante título quién ostenta el derecho de propiedad sobre el inmueble. 

 Tribunal cuestiona falta de acreditación de la propiedad 

De acuerdo con la narración incorporada a la resolución, agentes policiales que realizaban labores de patrullaje observaron a Martínez Díaz y Rodríguez mientras trabajaban en el cercado del terreno. 

Apelación al no ha lugar que favoreció a Gonzalo y a José Ramón Peralta será en noviembre

La Segunda Sala de la Corte Penal del Distrito Nacional fijó para el 16 de noviembre, en horas de la mañana, la primera audiencia del recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra el rechazo de su acusación de presunta corrupción a los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta. Castillo y Peralta fueron favorecidos con la resolución emitida el pasado 29 de mayo por la jueza del Cuarto Juzgado de Instrucción, Altagracia Ramírez. 

 La magistrada emitió su decisión tras conocer la fase preliminar de la acusación que también vincula al exministro de Hacienda, Donald Guerrero, y a otros exfuncionarios, a quienes sí se les dictó auto de apertura a juicio. Ramírez concluyó que el Ministerio Público no presentó "suficientes elementos de prueba" para sustentar las acusaciones que aseguraran la probabilidad de una condena contra el excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, y el exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta. 

 Las acusaciones contra los dos exministros 

A Gonzalo Castillo se le imputó obtener fondos de origen ilícito destinados presuntamente al financiamiento de su proyecto político de cara a las elecciones de 2020. 

Jamaica alerta sobre pérdida de playas y daños al turismo por cambio climático

Santiago de los Caballeros.- El ministro de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Exterior de Jamaica, Alando Nathaniel Terrelonge advirtió que el aumento del nivel del mar y los huracanes amenazan las playas, el turismo y los empleos de su país, y reclamó mayor compromiso internacional para enfrentar el cambio climático. 

 En declaraciones durante el encuentro de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el funcionario sostuvo que los pequeños Estados insulares en desarrollo enfrentan consecuencias severas, pese a contribuir poco a las emisiones de gases que provocan el calentamiento global.

 “Estamos perdiendo la arena de las playas porque el nivel del mar está aumentando”, expresó, al advertir que el fenómeno representa un riesgo para las vidas y la propia existencia de estos países. Terrelonge citó los daños causados por el huracán Melissa, que, según explicó, afectó a Jamaica el año pasado y dejó consecuencias que todavía repercuten en su economía

Señaló que algunos hoteles afectados aún no han completado su reconstrucción, lo que limita la actividad turística y reduce los ingresos y las oportunidades de trabajo para la población. 

Emidom aún evalúa tecnología y costos para explotar tierras raras en Pedernales

Miguel Díaz, vicepresidente de la empresa estatal, explicó a Acento que los 150 millones de toneladas anunciados por el Gobierno deben pasar por estudios de recursos, procesamiento metalúrgico y factibilidad antes de convertirse en reservas explotables. 

 Fiscal Minera Ávila, en Pedernales, bajo los lineamientos del Consejo de Administración de Emidom y según la norma internacional NI 43-101, que establece requisitos para presentar información técnica y científica sobre proyectos mineros. 

 Díaz afirmó que la “calidad del mineral está respaldada por más de 5,000 muestras analizadas en laboratorios internacionales”, y agregó que la empresa todavía investiga cómo procesar el material y validará la ruta metalúrgica seleccionada a escala piloto. 

 El vicepresidente de Emidom, Miguel Díaz, explicó que República Dominicana está desarrollando la capacidad para separar y procesar tierras raras, empezando por el conocimiento geológico y avanzando luego hacia las instalaciones necesarias. 

Abogado de víctimas del Jet Set afirma que el dolo eventual es aplicable al caso

El abogado querellante Jean Carlos Martínez afirmó que existen fundamentos jurídicos para aplicar la figura del dolo eventual en el proceso por el desplome del techo de la discoteca Jet Set, frente a los argumentos de la defensa de Antonio y Maribel Espaillat.

 Martínez destacó la intervención del exjuez de la Suprema Corte de Justicia Juan Hirohito Reyes, quien, según explicó, sostuvo durante los debates que la aplicación del dolo eventual es jurídicamente posible en este caso. 

El abogado recordó que la defensa había cuestionado esa interpretación planteada por los representantes de las víctimas. «En ese sentido, contrario a lo que ha establecido la defensa técnica de los imputados, el dolo se va a configurar en este proceso. El dolo eventual es lo que estamos aspirando», expresó Martínez al referirse a la pretensión de los querellantes. 

 El abogado manifestó que espera que el juez Franny González acoja la solicitud, al considerar que está sustentada en el Código Penal dominicano y en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. 

Por tercera vez y en menos de un año buscan modificar Ley de Residuos Sólidos

Santo Domingo.- Aunque ya ha sido modificada dos veces en menos de un año, un proyecto legislativo en la Cámara de Diputados busca tocar nueva vez la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos (Ley 225-20), la cual tuvo su último cambio el pasado mes de julio. 

 La pieza, propuesta por Gabriela María Abreu, diputada de La Vega por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), crea el Programa Nacional de Aprovechamiento y Valorización de Residuos Agrícolas Vegetales, promueve su reincorporación a los procesos productivos y reduce su disposición inadecuada. 

 La iniciativa también plantea que los ministerios de Medio Ambiente y Agricultura aprueben, dentro de los 12 meses siguientes a la entrada en vigor de las disposiciones establecidas en el artículo 125-quáter, un plan de implementación con un horizonte de cinco años, previa consulta a productores y gobiernos locales. Además, consigna el apoyo a diferentes modalidades de aprovechamiento de residuos y obliga a rendir cuentas cada año al Congreso Nacional. 

 El Programa Nacional de Aprovechamiento y Valorización de Residuos Agrícolas Vegetales creado en proyecto de ley estará integrado a los instrumentos nacionales de planificación de la gestión de residuos sólidos y facilitará la prevención, separación aprovechamiento y transformación segura de restos vegetales agrícolas no peligrosos, con atención a la conservación del suelo y al desarrollo productivo rural.

 El marco de ley establece una coordinación institucional para ejecutar el programa sin crear un nuevo organismo público con personalidad jurídica ni una plantilla permanente. Se entiende por residuos agrícolas vegetales los restos de cosecha, hojas, tallos, raíces, cáscaras y descartes vegetales provenientes del cultivo, cosecha, clasificación y acondicionamiento de productos agrícolas, cuya aptitud para aprovechamiento se determine conforme a la normativa aplicable. 

Contraloría dice ha investigado 77 proyectos de construcción para examinar manejo recursos Estado

Santo Domingo. Para supervisar la ejecución de los recursos públicos en las dependencias del Estado la Contraloría General de la República (CGR) informó que ha fiscalizado 77 proyectos de infraestructura en lo que va del año 2026 y tiene programadas otras 20 intervenciones técnicas para el último trimestre del año, con lo que proyecta superar las 100 obras fiscalizadas y sobrepasar la meta establecida en su plan anual de fiscalización. 

 El contralor general de la República, Geraldo Espinosa Pérez, explicó que estas fiscalizaciones forman parte de una visión de control que procura acompañar la ejecución de los recursos públicos y disponer de información técnica que permita advertir oportunamente cualquier situación que requiera atención.

 Dentro de estas intervenciones se encuentran la rehabilitación de la carretera Cruce Autopista Duarte-Presa de Tavera, Los Cocos-Baitoa, junto con la red de caminos vecinales y calles de Santo Domingo, así como la reconstrucción de la carretera Cañafistol-Sombrero-El Llano-Boca Canasta, en la provincia Peravia, y la construcción del camino de Las Palomas A, Las Palomas B y Los Castillos de Canabacoa, en Santiago. 

 También han sido objeto de fiscalización el saneamiento pluvial y sanitario de la cañada Arroyo Manzano, en Pantoja, Los Alcarrizos, y la segunda fase del saneamiento pluvial y sanitario de la cañada Los Girasoles, en el Distrito Nacional. En materia educativa y de salud, los equipos técnicos han inspeccionado la construcción del Centro Educativo Básico Manuel de Jesús Galván, en Los Alcarrizos; el Hospital General Doctor Nelson Astacio, en la Ciudad de la Salud; y el hospital traumatológico de San Cristóbal. 

El Estado deberá pagar RD$520 millones por terrenos expropiados en Samaná

El Tribunal Constitucional (TC) rechazó un recurso de revisión de Bienes Nacionales (BN) y dejó firme una condena que había obligado al Estado dominicano a pagar 520.49 millones de pesos a Hacienda Fondeur por unos terrenos expropiados en Samaná.

  El conflicto se originó en 2001, cuando el decreto 598-01 declaró de utilidad pública e interés social una porción de la parcela 3574, en Samaná, para el asentamiento de familias campesinas. La empresa alegó que los terrenos tenían uso forestal y de reforestación y advirtió sobre una posible confusión con otras parcelas. 

 En 2005, el Instituto Agrario Dominicano (IAD) informó que en parte del inmueble existía un asentamiento campesino que había sido oficializado. Años después, Hacienda Fondeur reclamó que se le pagara por los terrenos. 

El 13 de septiembre de 2024, la Dirección General del Catastro Nacional (DGCN) emitió el avalúo administrativo 167-24. La empresa obtuvo además una tasación privada. El 22 de noviembre de 2024, Hacienda Fondeur presentó una demanda de justiprecio contra el Estado, Bienes Nacionales y el IAD.

Instituciones solicitan detención de reubicación de proyecto Gas & Power en Parque Estero Balsa

Distintas instituciones ambientales acudieron a la Procuraduría General de la República (PGR) para depositar una querella en la que solicitan la paralización de la reubicación del proyecto Manzanillo Gaw & Power a las afueras del Parque Nacional de Manglares Estero Balsa de Manzanillo, provincia Montecristi. 

 De acuerdo con las entidades, la reubicación provocaría la destrucción de 575 mil metros cuadrados de zona de vegetación que existe en el área de amortiguamiento del lugar.

 La querella, que es de constitución en actor civil, también pide que el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paino Henríquez, sea procesado por ser “coautor, omisor y promotor” de la instalación en el área protegida de dos plantas privadas de generación eléctrica de 860 megavatios a base de gas natural licuado.

 “Los manglares de esa zona de Montecristi son los mejor conservados del Caribe, son una zona de humedales de importancia internacional y el Estado dominicano se comprometió a conservarlos”, explicó Euren Cuevas Medina, director ejecutivo del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (Insaproma).