Solicitan intervención de Abinader ante supuesta ocupación ilegal por un funcionario

EL NUEVO DIARIO, SAN PEDRO DE MACORÍS.- La compañía Giol S.R.L. solicitó la intervención urgente del presidente Luis Abinader y la Procuradora General de la República, Miriam Germán, a los fines de poner fin a la ocupación ilegal por parte de un funcionario público, quien supuestamente en compañía de al menos ocho hombres armados y miembros de las Fuerzas Armadas, invadieron un edificio y sustrajeron un furgón repleto de mercancías pertenecientes a dicha empresa. 

 Durante una rueda de prensa encabezada por su representante legal, Dr. Víctor Céspedes Martínez, reveló que el Pastor Arismendi Palmero, sin poseer la calidad de propietario de la propiedad, cercó y cerró los inmuebles ubicados en la Parcela 355-B-2 REF-257, 355-B-2 REF-243, DC 6/2DA del municipio Los Llanos, provincia San Pedro de Macorís, adquiridos lícitamente por dicha empresa, presidida por su gerente, el norteamericano Mark Hafner.

 Señaló que, desde el 9 de enero del presente año 2024, se mantienen ocupadas y militarizadas todas las áreas de la referida edificación, utilizando individuos posicionados en la entrada, quienes exhiben equipos militares, a pesar de la Orden de Desalojo emitida mediante el Oficio No. 380/2021 de fecha del 6 de octubre de 2021, emitida por la Oficina del Abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria del Departamento Este. 

 “En caso de que no acaten la decisión se tomarán todas las medidas pertinentes, tanto a nivel nacional como internacional, con el objetivo de defender nuestro derecho absoluto sobre el inmueble mencionado, y se les advierte que serán responsables penalmente de cualquier situación que pueda contravenir la integridad física del inversionista estadounidense señor Mark Hafner, quien ha invertido durante muchos años en la República Dominicana”, señaló Céspedes. 

 El ex procurador de la República expresó su indignación, al indicar que «no es posible que el señor Pastor Arismendi Palmero, junto con un grupo de personas portando armas visibles, uno de ellos con un chaleco del MOPC, ingrese de manera ilegal al edificio propiedad de Gioll S.R.L, llenándolos de escombros, varilla y cemento, arrojando todo lo que encontraron dentro y desconociendo una orden de desalojo».

 Agregó que el funcionario “aprovechándose de su función como director de la Dirección de Aseguramiento en Salud para los Regímenes Subsidiados de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, se hizo acompañar de militares fuertemente armados con armas fuego de manera amenazante a la calle de Juan Dolio, poniendo en peligro la seguridad de la circulación privada y la paz pública”. 

 Destacó “que este tipo de acciones vulneran el derecho de propiedad y afectan significativamente la seguridad jurídica de la inversión extranjera, especialmente cuando son ejecutadas por un funcionario público. En virtud de ello, solicitó la rápida intervención de las autoridades competentes, con el objetivo de que se resguarde la seguridad jurídica de la inversión extranjera en el país, así como el respeto al debido proceso y la tutela efectiva, según lo establecido en el Artículo 69 de la Carta Magna”. 

 Finalmente indicó que los tribunales de la República y el Abogado del Estado en materia inmobiliaria del Departamento Este, se han pronunciado sobre esta situación a través de la sentencia No. 20210327 emitida por el Tribunal de Tierras de la Jurisdicción Original de San Pedro de Macorís y el Oficio No. 350/2021 de fecha 06 de octubre del año 2021. En ese sentido, recomendaron al señor Pastor Arismendi Palmero y al Ministerio de Defensa de la República Dominicana, desocupar el inmueble que ilegalmente ocupan y, en consecuencia, solicitan que sea entregado a su legítimo propietario. 

 Sobre los hechos 

 En octubre de 2021, se notificó a varios ocupantes ilegales sobre un proceso de desalojo en una parcela en San Pedro de Macorís. La orden se ejecutó en conformidad con la fuerza pública y todos los ocupantes desalojaron voluntariamente. Sin embargo, el cuatro de enero de 2024, el señor Pastor Arismendi y un grupo, incluyendo personas con uniformes militares, invadieron nuevamente el inmueble de la empresa GIOL, S.R.L. Durante este incidente, saquearon un contenedor de la empresa y se presentaron ante la policía con documentación falsa, pretendiendo ser propietarios y evadiendo consecuencias legales.

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