Santiago, RD.- Este viernes el Ministerio Público inició la lectura de la acusación presentada en contra de unas 70 personas físicas y entidades societarias pertenecientes a una red de crimen organizado, dedicada a multiplicidad de delitos que incluye el lavado de activos, narcotráfico y armas de fuego, desarticulada en la Operación Falcón.
La audiencia que se dirime en el Quinto Juzgado de la Instrucción de esta jurisdicción, que preside el magistrado juez Cirilo Salomón Sánchez, el Ministerio Público establece que cuenta con la suficiencia probatoria para obtener apertura a juicio y condenas ejemplares.
La audiencia preliminar inició con la oposición de los abogados de la defensa, no obstante haberse fallado todos los incidentes presentados en tiempo hábil.
Más de un año después de la presentación de la acusación y los abogados de la defensa estar debidamente notificados, los incidentes que presentan redundan en torno a los mismos recursos.
El Ministerio Público, representado por los fiscales Yeny Liranzo y Pedro Martínez, reiteró en la audiencia que puso a disposición del tribunal, en el momento oportuno, cumpliendo con el tiempo procesal otorgado, todos los elementos de prueba y la acusación, por lo que está preparado para dar continuidad a la lectura del dispositivo en la audiencia del próximo jueves 8 de febrero.
Los implicados en la estructura del crimen organizado que la Operación Falcón identificó y desarticuló, enfrentan cargos por delitos de lavado de activos provenientes del narcotráfico, patrocinio del narcotráfico, usurpación de identidad, tráfico de armas de fuego, entre otros ilícitos que, disfrazados como actividades comerciales legales, movilizaba miles de millones de pesos.
La frustrada actividad criminal, generó una descomunal fortuna y la adquisición de inmuebles como villas, apartamentos, terrenos y estaciones de combustibles.
El Ministerio Público reiteró que está preparado para sustentar con pruebas la acusación que ha presentado contra los imputados físicos y societarios de la estructura.
El desmantelamiento de esta red criminal es el resultado de un trabajo coordinado por la Fiscalía de Santiago y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, y que ha contado, además, con el apoyo de la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos (DEA).
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