El senador por la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras, pidió este miércoles al presidente Luis Abinader declarar de utilidad pública terrenos ocupados por comunidades establecidas desde hace décadas y disponer la compensación de sus propietarios, como vía para avanzar hacia la titulación de las familias que viven en esos asentamientos.
Taveras planteó que el pago a los propietarios se realice mediante un programa financiado con el Presupuesto General del Estado durante un período de diez años, una propuesta que supone comprometer recursos públicos para resolver conflictos de propiedad que afectan a distintas comunidades de la provincia.
La resolución fue recibida por el Ejecutivo en 2025
El legislador afirmó durante una intervención en el Senado que la Resolución 00766 fue recibida por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo el 11 de noviembre de 2025.
Según Taveras, la iniciativa busca dar una respuesta a familias que han construido sus viviendas en esos terrenos durante años y que permanecen sin seguridad jurídica sobre las propiedades que ocupan.
Entre las comunidades mencionadas figuran Santa Lucía, en Boca Chica; Los Coquitos de Mendoza, Brisas del Edén, Buenaventura, Ensanche Isabelita, Valiente, Los Humedales de Pantoja, Los Alcarrizos, La Grúa, Barrio Los Progreso y Nueva Jerusalén.
El senador sostuvo que los levantamientos técnicos y jurídicos relacionados con la situación fueron realizados hace cuatro años por la Oficina Senatorial de Santo Domingo y que esos documentos fueron entregados al Poder Ejecutivo.
La propuesta implica compensar a los propietarios
La salida planteada por Taveras no consiste en desconocer la propiedad privada, sino en que el Estado utilice el mecanismo de utilidad pública y pague a los propietarios el valor que corresponda.
La Ley 368-22, de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, establece que, en el caso de asentamientos irregulares dentro de una propiedad privada, el derecho de los propietarios debe ser respetado, salvo que exista una causa justificada de declaración de utilidad pública y se cumplan el debido proceso y las garantías constitucionales y legales para la expropiación y compensación.
La legislación, promulgada en diciembre de 2022, establece además el marco regulatorio para el ordenamiento territorial y el uso del suelo en el país.
Problema que involucra propiedad y seguridad jurídica
El planteamiento coloca al Estado ante dos obligaciones que deben conciliarse: la protección del derecho de propiedad y la búsqueda de una solución para comunidades que llevan años asentadas en terrenos privados sin contar con títulos definitivos.
La propia normativa sobre ordenamiento territorial contempla la posibilidad de reasentamiento de comunidades bajo determinadas circunstancias y establece garantías específicas cuando se trata de terrenos registrados a nombre de terceros.
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