Organizaciones ambientalistas y representantes comunitarios de Manzanillo, Montecristi, presentaron una nueva querella ante la Procuraduría Regional de Medio Ambiente para exigir la paralización inmediata de la construcción de dos plantas de generación eléctrica y una indemnización de US$200 millones por los presuntos daños ocasionados al Parque Nacional Manglares Estero Balsa.
La acción legal señala al consorcio Manzanillo Gas & Power, S.A., responsable del proyecto energético, que contempla la construcción de dos instalaciones con una capacidad de 430 megavatios cada una, para un total de 860 megavatios, y que operarán con gas natural licuado.
Los querellantes alegan que las obras se desarrollan en la zona de amortiguamiento del área protegida y amenazan los ecosistemas de la bahía.
La querella fue depositada por el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático , el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, la Sociedad Ecológica del Cibao y representantes de las comunidades.
Los accionantes buscan que las autoridades judiciales intervengan antes de que, según advierten, los trabajos y la futura operación de las plantas provoquen mayores daños ambientales.
Piden suspender las obras y reclaman una indemnización millonaria.
Entre las principales solicitudes, las organizaciones plantean que el Ministerio Público acuda ante el juez de la Instrucción de Montecristi para solicitar una medida cautelar que ordene detener los trabajos mientras se conoce el proceso judicial.
Además, reclaman que Manzanillo Gas & Power y las empresas que lo integran —Haina Investments Company, ENERLA Energía de Las Américas y Shell Gas and Power Development— sean condenadas al pago de US$200 millones, o su equivalente en pesos dominicanos.
Según el documento, la suma busca compensar los presuntos daños al parque nacional, la biodiversidad, las comunidades cercanas y los propios querellantes.
La acción también solicita penas de diez años de prisión contra Luis Mejía Brache y Sharon Cabral Sánchez, identificados en la querella como administrador del Consejo de Administración y secretaria de la Junta de Administración del consorcio, respectivamente.
Estas peticiones forman parte de las pretensiones de los denunciantes y deberán ser evaluadas por las autoridades competentes.
Esta es la segunda querella presentada por las organizaciones contra el proyecto, cuya inversión supera los US$1,750 millones y que, de acuerdo con la información suministrada por los denunciantes, cuenta con el auspicio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La primera acción fue depositada el 7 de octubre ante la Procuraduría General de la República contra el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Armando Paíno Henríquez. En ese expediente, las organizaciones solicitan que sea procesado por su presunta participación, por acción u omisión, en la instalación de las plantas en la zona cuestionada, y también reclaman una condena de diez años de prisión.
Denuncian eliminación de 575 mil metros cuadrados de vegetación
Uno de los señalamientos centrales de la querella es la presunta eliminación de 575,000 metros cuadrados de vegetación virgen entre octubre y noviembre de 2022. Los ambientalistas sostienen que el terreno fue rellenado para levantar un terraplén de más de seis metros de altura, sobre el cual se construyen las instalaciones eléctricas.
De acuerdo con los denunciantes, esos trabajos se realizaron sin los estudios correspondientes y sin contar con una licencia ambiental. También alegan que el proyecto ocupa la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Manglares Estero Balsa, un espacio vinculado a ecosistemas de alto valor ambiental cuya protección consideran incompatible con las intervenciones denunciadas.
La querella incluye cuestionamientos a otras infraestructuras asociadas al complejo energético, entre ellas una terminal marítima y un gasoducto de 832 metros que, según las organizaciones, atraviesan humedales y lagunas vinculados al sitio Ramsar número 2497, reconocido por su importancia ecológica.
Asimismo, advierten sobre la instalación, frente a los manglares, de unidades flotantes destinadas al almacenamiento de gas y a su almacenamiento y regasificación.
Los accionantes alertan que la construcción y posterior funcionamiento de las plantas y sus instalaciones complementarias podrían ocasionar afectaciones graves e irreversibles en la bahía. Explican que los manglares contribuyen a la reproducción de especies marinas y costeras, protegen las comunidades frente a fenómenos meteorológicos extremos, ayudan a regular el agua y capturan carbono.
Como fundamento de sus reclamos, citan la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Ley 307-04 sobre Pesca y Acuicultura, disposiciones del Código Penal y del Código Civil, la Constitución dominicana y el Convenio Ramsar, entre otras normas.
Las organizaciones solicitan que se investiguen las presuntas infracciones, se suspendan las construcciones y se determinen las responsabilidades correspondientes.
La información suministrada no incluye una respuesta de Manzanillo Gas & Power ni del Ministerio de Medio Ambiente frente a las acusaciones, que hasta ahora forman parte de los señalamientos presentados por los querellantes.
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